Organizaciones civiles exigen parlamentos abiertos a legisladores para conocer la información en materia de transparencia tras eliminación del INAI
Organizaciones de la sociedad civil exigieron a legisladores un parlamento abierto que permita conocer la información en materia de transparencia, y así tener estándares amplios en materia de protección a los derechos humanos tras la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En un comunicado, la organización Fundar y Artículo 19, indicaron que, si bien se observa positivo que se recuperen principios que rigen el derecho a la información, se busca modificar el Sistema Nacional de Transparencia, un andamiaje que había colocado a México como un referente en la región.
Por lo que se tienen que mantener obligaciones de transparencia y procedimientos, así como requisitos y términos para acceder a la información e impugnar respuestas de los sujetos obligados, pues hay disposiciones que reducen el estándar de derecho que ya planteaba la Ley General de Transparencia.
Incremento de causas para reservar información
Expuso que hay puntos preocupantes en los que se encuentra un incremento en el número de causas para reservar la información de sujetos obligados.
“Sobre expedientes judiciales o procesos administrativos, denuncias e Inconformidades. Cuando el acceso a información sobre denuncias y procedimientos contra personas servidoras públicas y particulares que manejan recursos del Estado es un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción”, añadió en el primer punto.
Señaló que sobre estudios y proyectos cuya divulgación pudiera causar daños al interés del Estado es genérica, pues podría ser utilizada de manera discrecional, lo que podría emplearse para limitar información ambiental, social y económica sobre proyectos con impacto directo en comunidades, como obras de infraestructura o concesiones de recursos naturales.
“Que ponga en riesgo el funcionamiento o integridad de los sistemas de telecomunicaciones desarrollados por el gobierno Federal, así como instalaciones, infraestructuras, proyectos, planes o servicios de protección estratégicos, prioritarios o de defensa. (…) Especialmente cuando hay un interés de la sociedad de conocer información relacionada con megaproyectos que afecten los territorios de las poblaciones o esté relacionada con la emisión de contaminantes”, aclaró el comunicado.
No prohibir información “es fundamental”
La organización indicó que “es fundamental” que se mantenga la prohibición de reserva sobre información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y actos de corrupción, ya que la divulgación es clave para su atención.
“Las organizaciones de la sociedad civil hemos empujado por más de veinte años la agenda de transparencia en el país, por lo que consideramos fundamental que en la transformación del andamiaje institucional y jurídico en la materia se abra un espacio efectivo de participación ciudadana y con ello la experticia acumulada en este camino”, externó.
Recomendó mantener el principio de máxima publicidad en la legislación secundaria tal como se encuentra contemplado actualmente, así como dar continuidad al conjunto de obligaciones vigentes y su respectivo mecanismo de denuncia, para fortalecer las obligaciones temáticas por sujeto obligado.
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“Garantizar como parte de las funciones de la nueva entidad la realización de la prueba de daño, la prueba de interés público, la facultad prima facie y la definitividad de sus resoluciones y establecer mecanismos para que las instituciones a nivel federal y estatal con la facultad competente puedan presentar controversias y acciones de control constitucional ante acciones que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales”, señaló.
Añadió que se tiene que mantener el recurso de atracción para que las autoridades federales puedan intervenir y resolver asuntos locales que sean de interés público en materia de transparencia
“Definir el papel de las autoridades garantes en este nuevo esquema sobre la Plataforma Nacional de Transparencia y que el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública establezca lineamientos claros sobre el funcionamiento de la plataforma, así como medidas para el mantenimiento, protección y actualización continua de la misma, e incluir el principio de explicabilidad en decisiones automatizadas para la protección de los datos personales”, finalizó.
