Falso: AMLO dice que no interviene en elección, pero hay pruebas de lo contrario
Contrario a lo presumido por el gobierno federal, hay evidencia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí ha intervenido en el proceso rumbo a las elecciones de 2024, descalificando en múltiples ocasiones a la oposición en la conferencia matutina en Palacio Nacional y por otro lado defendiendo la continuidad de su partido en el poder.
Durante lo que va del año la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha aprobado 7 acuerdos de medidas cautelares ordenando a la Presidencia de la República eliminar de las versiones estenográficas y videos de sus conferencias las expresiones electorales del presidente, que en el pasado cuando era opositor justo se quejó de que mandatarios como Vicente Fox interfirieran con los comicios.
En las conferencias que se solicitó modificar, el titular del Ejecutivo ha acusado constantemente que la panista Xóchitl Gálvez es la candidata de la “mafia del poder” y de la oligarquía, y en cambio ha elogiado a los representantes de su partido para sustituirlo en la presidencia.
“Estoy seguro que va a continuar la transformación, que le va a ganar el pueblo a la oligarquía, va a ganar la democracia a la oligarquía”, dijo por ejemplo en la conferencia del 11 de julio.
“Deben de tener la tranquilidad quienes simpatizan con la transformación de México, que los sustitutos son muy buenos, es gente con cercanía al pueblo, preparada, con experiencia política, honestos, independientes… los que van a recibir el bastón de mando del movimiento de transformación, al que voy a entregarle el bastón de mando, hombre o mujer, pues van a tener autonomía, van a ser independientes, van a tener sólo como amo al pueblo de México”.
En otra conferencia, del 14 de julio y pese a los llamados del INE para ya no hablar del proceso electoral, López Obrador pidió que se investigaran contratos de sus empresas en administraciones pasadas, e incluso subió un tuit con información fiscal de los negocios de la senadora, que permanece en su cuenta.
Y en la medida cautelar más reciente aprobada por la Comisión de Quejas y Denuncias, se señaló de nueva cuenta al presidente por incurrir en dichos de presunta violencia política de género y de índole electoral en contra de la opositora Xóchitl Gálvez, en las conferencias matutinas del 3 y 7 de agosto.
En ellas insistió en la idea de que “los dueños de México” eligieron a Gálvez como candidata, “la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo”.
De 2020 a la fecha, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha aprobado 22 acuerdos de medidas cautelares en contra del mandatario, por su intromisión con comentarios en el desarrollo de proceso electorales como el del Estado de México este año, ya que en la conferencia del 27 de marzo llamó a aplicar el “plan C”.
Esto, para “que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, si a la transformación. Ese es el plan C, ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo ‘basta’ y se inició la transformación”.
También se registraron medidas cautelares hacia el mandatario por sus comentarios en los procesos de Revocación de Mandato, y las elecciones en 2021.
El 7 de junio pasado, la Sala Superior del Tribunal confirmó un acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, en la que se amonestó al presidente de la República, por incumplir con la adopción de una medida cautelar, “que consistía en eliminar los extractos de la conferencia mañanera del 27 de marzo”.
Otra resolución importante se dio el 6 de julio pasado, cuando la Sala Regional Especializada del Tribunal ordenó inscribir en la lista de sujetos sancionados por violentar la ley electoral a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República.
Y del mismo modo a Martha Jessica Ramírez González, Directora General de Comunicación Digital del Presidente, por opiniones electorales durante el periodo de intercampañas de los procesos electorales locales en el Estado de México y de Coahuila, en el que el presidente hizo un llamado directo a no votar por los “conservadores”.
Un hecho más que involucró un presunto uso irregular de recursos públicos con fines electorales este año fue la difusión en plataformas del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) de biografías y semblanzas de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó medidas cautelares y ordenó eliminar de internet en las cuentas del SPR las cápsulas con datos de vida de los aspirantes, al considerar que “pudieran vulnerar los principios de la equidad en la contienda” electoral; al respecto el presidente del SPR, Jenaro Villamil, manifestó su inconformidad y anunció que apelaría.
Intervención de gobernadores y alcaldes en el proceso de Morena, bardas con propaganda en edificios públicos…
Además de los dichos del presidente López Obrador en sus conferencias matutinas, durante este año al menos 11 gobernadores y funcionarios municipales de Morena han sido denunciados ante el INE por presunta utilización indebida de recursos públicos y/o vulneración al principio de imparcialidad, al participar en eventos o hacer proselitismo a favor de los aspirantes del partido guinda a la candidatura presidencial de 2024.
Animal Político reportó que el pasado 25 de julio vehículos oficiales del ayuntamiento de Ecatepec gobernado por el morenista Luis Fernando Vilchis Contreras fueron utilizados para transportar decenas de paquetes de botellas de agua, para las personas que acudirían a una asamblea informativa de Claudia Sheinbaum.
También se ha acreditado el apoyo de alcaldes morenistas de la Ciudad de México a la ex jefa de Gobierno en Gustavo A Madero, Iztapalapa, Xochimilco e Iztacalco.
En cuanto a la capital del país, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE también aprobó medidas cautelares por el caso de espacios públicos de entes de gobierno (del Servicio de Transporte Eléctricos de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México) donde se detectaron al menos 18 pintas con propaganda a favor de Claudia Sheinbaum.
En el caso de Guerrero, el medio Amapola periodismo detectó que las campañas de Sheinbaum y Ebrard son operadas por funcionarios estatales y municipales.
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En medio de una nueva ola de detenciones y de un gran despliegue militar y policial, Nicolás Maduro espera iniciar este 10 de enero su tercer sexenio al frente del país suramericano. El opositor Edmundo González también dice que se va a juramentar.
Este 10 de enero debe iniciarse en Venezuela un nuevo período presidencial que arranca con tensión e incertidumbre.
La detención y posterior liberación este jueves de la líder opositora María Corina Machado fue un avance del creciente conflicto político que este viernes vivirá una jornada clave.
Se espera que Nicolás Maduro asuma un tercer mandato en la tradicional ceremonia de investidura en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano.
Y a su vez, Edmundo González, considerado como presidente electo por la oposición y gobiernos internacionales, afirma que regresará a Venezuela a juramentarse al haber demostrado su triunfo en las presidenciales de julio con la publicación de las actas.
Ante esta nueva fase del conflicto, el país está sumido en la incertidumbre y bajo un gran despliegue militar y policial que no impidió que este jueves miles de manifestantes salieran a las calles a protestar contra Maduro.
También los simpatizantes del gobierno mostraron fuerza en las calles y están llamados a hacerlo de nuevo este viernes.
“Estamos a partir de hoy en una nueva fase”, dijo este jueves Machado.
Pero, ¿por qué este día 10 es significativo?
1. Lo que manda la ley
“El candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional”.
Esto establece el artículo 231 de la Constitución de 1999 y para dar cumplimiento a dicho mandato, Maduro acudirá este viernes al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano, para asumir su cargo ante los diputados.
El formalismo, sin embargo, se ha visto empañado por las dudas que, dentro y fuera del país, hay sobre la anunciada victoria del actual mandatario en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, el aspirante a la reelección se impuso con el 52 % de los votos.
Sin embargo, el organismo no ha presentado hasta el momento los resultados detallados que certifiquen esa declaración.
En contraposición, la oposición asegura que el ganador de los comicios fue su abanderado, el diplomático Edmundo González Urrutia, quien habría obtenido casi el 70 % de los votos, según el 80 % de las actas de escrutinio obtenidas por la alianza antichavista.
La veracidad de las actas en poder de la oposición fue corroborada por el Centro Carter, uno de los pocos veedores internacionales independientes que fueron invitados por las autoridades a seguir el proceso.
González Urrutia, a quien Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos ya han reconocido como presidente electo, ha asegurado que regresará este viernes a Venezuela para ceñirse la banda presidencial.
En septiembre salió de Venezuela y se instaló en España ante la amenaza de ser arrestado.
Las autoridades han advertido al excandidato opositor que será detenido si pone un pie en Venezuela.
2. Más vigilancia y más detenciones
Desde principios de año la presencia policial y militar se ha visto reforzada en toda Venezuela, pero particularmente en Caracas.
Miles de uniformados han sido desplegados en los alrededores del Palacio presidencial de Miraflores, así como del cercano Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, ambos en el centro histórico de la ciudad.
Por su parte, en las autopistas para acceder a la capital y en sus principales calles los militares y policías han instalado puntos de control para revisar los vehículos que transitan por ellas y a sus ocupantes, aseguraron a BBC Mundo, fuentes en el terreno que pidieron reservar su identidad.
La presencia policial fue notable en las protestas de este jueves.
“La derecha venezolana está como nerviosa por un despliegue de las fuerzas policiales y militares que es muy normal”, dijo esta semana el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
“A Venezuela van a venir presidentes y representantes de más de 100 países para la toma de posesión y tenemos que garantizar la seguridad a esos invitados, pero también de los venezolanos”, justificó el funcionario, que aseguró que hay en marcha planes desestabilizadores y “golpistas”.
Aunque Cabello calificó de “normal” el operativo, hay elementos inusuales. Uno de ellos es la participación de los miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los dos organismos de inteligencia venezolanos.
El DGCIM, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional, figura entre los cuerpos de seguridad señalados por instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas de cometer torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad.
En un video difundido por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), uno de los directivos del organismo de inteligencia, el coronel Alexander Granko Arteaga, justificó esta actuación porque “el país está amenazado”.
Esta explicación fue respaldada por Maduro, quien este miércoles anunció la detención de siete “mercenarios extranjeros”, los cuales engrosarían la lista de 150 aprehendidos en los últimos meses.
“Siguen las capturas, porque una información lleva a otra. Buena información hay para desmantelar lo que estamos desmantelando, una conspiración internacional financiada por el gobierno saliente de Estados Unidos”, declaró.
Pero no solamente presuntos mercenarios han sido arrestados. Hasta el miércoles, partidos opositores y organizaciones de derechos humanos habían contabilizado que más de una decena de políticos, dirigentes vecinales y activistas de derechos humanos habían sido detenidos en al menos tres estados del país.
Entre estas aprehensiones destacan la de Rafael Tudares, yerno de González Urrutia; la del excandidato presidencial Enrique Márquez y del activista de derechos humanos Carlos Correa.
Las autoridades han confirmado las aprehensiones y las justificaron diciendo que los arrestados forman parte de una “conspiración”.
Hasta el momento no han revelado el paradero de los detenidos ni les han permitido contactar a sus familiares, por lo cual defensores de derechos humanos han calificado los casos como “desapariciones forzadas”.
El martes Maduro dio un paso más en su “unión cívico militar policial” al activar la Organización de Defensa Integral (ODI), instancia que, según explicó, “integra a todo el poder político, el poder popular, a la Fuerza Armada, a la Milicia y a todas las fuerzas policiales”.
En un acto celebrado en el Palacio de Miraflores, el gobernante juramentó a los cuerpos de combatientes de las distintas empresas públicas, los cuales están integrados por trabajadores y a quienes se les vio portando armas de guerra.
Asimismo, desde el miércoles, grupos de motociclistas simpatizantes del oficialismo, conocidos como “colectivos”, han sido vistos recorriendo las calles de Caracas y otras ciudades.
3. La estrategia de la oposición
“El enorme despliegue militar y policial busca inhibir cualquier tipo de protesta contra toma de posesión”, explicó a BBC Mundo un funcionario judicial, el cual pidió reservar su identidad por razones de seguridad.
Sin embargo, María Corina Machado, la líder opositora a las que las autoridades venezolanas no dejaron competir en las presidenciales de julio pasado, pidió a los venezolanos vencer el miedo provocado por las más de 2.000 detenciones ocurridas tras los comicios y los numerosos casos de torturas y malos tratos.
“Llegó la hora (…) Todos sabemos que esto se acabó”, dijo al instar a sus compatriotas salir en masa a las calles del país para manifestarse en contra de la posesión de Maduro.
“Que el miedo nos tenga miedo”, planteó.
El llamado fue atendido y este jueves se registraron decenas de protestas en todo el país, de las cuales 11 fueron reprimidas, según datos provisionales de la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Pero la estrategia opositora no solo busca “calentar las calles” para forzar un quiebre en la coalición que sostiene a Maduro en el poder, sino que también ha estado maniobrado internacionalmente con el mismo fin.
González Urrutia realizó en los últimos días una gira que lo llevó a Argentina, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana para recabar apoyos.
Asimismo, el excandidato opositor ha anunciado que volverá al país para juramentarse y ha dicho que irá acompañado por varios exmandatarios hispanoamericanos.
Desde Caracas, por su parte, han advertido que este plan supone un “gravísimo riesgo” para los implicados, quienes serían considerados “invasores” y tratados como tales.
“Le recomiendo que no se pongan a inventar”, afirmó el ministro Cabello, quien recordó que en los últimos años la Fuerza Aérea ha derribado 400 aeronaves que han ingresado ilegalmente al territorio venezolano.
El funcionario también ha asegurado que el verdadero plan opositor es que González Urrutia se juramente en alguna de las embajadas venezolanas que el gobierno no controla desde 2019.
La analista Carmen Beatriz Fernández dice que la doble estrategia opositora tiene por propósito crear “un momentum político entorno a la figura de Edmundo González Urrutia”
“Lo que no sabemos es si esa estrategia será tan exitosa como para conseguir su objetivo: su juramentación”.
“En el mejor de los casos, el plan está conduciendo a un quiebre (dentro del chavismo) y a una negociación que permita la asunción de González Urrutia, el día 10 o después. Y en el peor de los casos le hace la vida más difícil a Maduro para seguir en el poder”, precisó a BBC Mundo la profesora de Comunicación Política de la Universidad de Navarra (España).
4. ¿Quiénes apoyan a quién?
Las autoridades venezolanas han asegurado que unos 2 mil invitados de 100 países asistirán a la tercera toma de posesión de Maduro desde 2013, pero solo cinco son presidentes.
La prensa venezolana dio por hecho que los gobernantes de Cuba y de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente, asistirán.
Luis Arce, presidente de Bolivia, otro de los aliados de Venezuela, ha anunciado que no asistirá, pese a reconocer el cuestionado triunfo de Maduro. Su ausencia se deberá a la presencia de su rival y otrora mentor político, el expresidente Evo Morales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles su ausencia y la atribuyó no solo a la negativa de las autoridades venezolanas a mostrar las actas que corroborarían el triunfo de Maduro en las elecciones, sino también a la reciente ola de detenciones.
La reelección de Maduro ha sido cuestionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y por un número importante de países latinoamericanos.
Los gobiernos antes mencionados han descartado enviar a representantes a la posesión y algunos de ellos ya consideran a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela.
La decisión de países como Paraguay de reconocer al opositor como el vencedor de los comicios desató la ira de Maduro, que decidió romper relaciones diplomáticas con ese país.
Rusia, Irán y China, por su parte, han reconocido la reelección de Maduro y enviarán delegaciones a la ceremonia.
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