Empleo, seguridad y derechos de mujeres: Sheinbaum presenta informe de 100 días y mezcla dichos falsos y verdaderos
La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre las acciones que consideró más importantes de sus primeros 100 días de gobierno, y en su discurso se detectaron dichos engañosos sobre seguridad, empleo, apoyos a la ciencia y salud, además de supuestos beneficios de la reforma judicial y la eliminación de órganos autónomos.
Aunque, por otro lado, al defender el papel de las mujeres, también dio datos verdaderos sobre reformas constitucionales que impulsó a favor de sus derechos, y la activación de nuevos apoyos para mujeres de entre 60 y 64 años.
Aquí puedes leer la verificación de El Sabueso, que tiene como base la revisión de cifras, documentos y análisis de especialistas:
Frase: “Cerramos el año 2024 con récord de empleos formales para cualquier diciembre, 22 millones, 238 mil 379”
Calificación: Mentir con la verdad
La mandataria mencionó un “récord de empleos formales”, pero en 2024 sólo se sumaron 213 mil 993 puestos. Esa es la segunda menor cifra de empleo desde 2009. Entre noviembre y diciembre se perdieron 405 mil 259 puestos, la peor baja para ese lapso desde 1997.
La cifra de 22 millones 238 mil 379 a la que se refirió la presidenta sí es la más alta en el registro histórico del IMSS, pero se da porque cada año crece la población que busca incorporarse al mercado laboral. La organización México, Cómo Vamos calcula que con ese crecimiento deberían sumarse más de 1 millón 200 empleos formales cada año, y los 213 mil 993 de 2024 se quedan lejos de esa meta.
Hasta noviembre de 2024, el 54.6% de la población económicamente activa tenía un empleo informal, y en noviembre de 2023 el porcentaje fue de 54.7%, según datos del INEGI. No hay un cambio importante desde entonces. Se pidió un comentario a Presidencia sobre estos datos, pero no dieron una respuesta.
Frase: “Entre septiembre y diciembre de 2024, los homicidios dolosos bajaron 16%”
Calificación: Engañoso
La reducción de 16% en los asesinatos a la que se refirió la presidenta se presenta al comparar meses del mismo año, y con el antecedente que diciembre ha sido uno de los meses con menos homicidios dolosos al menos desde 2020, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con lo presentado por el gabinete de seguridad en la conferencia matutina del 9 de enero, el año pasado se contabilizaron 30 mil 057 asesinatos, 1.16% más que en 2023.
El SESNSP aún no presenta en su sitio web la actualización de la cifra de asesinatos en diciembre, pero según el acumulado de víctimas por entidad presentado en la mañanera, en el periodo de octubre-diciembre de 2024 se contabilizaron 7 mil 288 víctimas de homicidios, 2.9% más que en los mismos meses de 2023. Se cuestionó a Presidencia por estas cifras, pero no respondieron.
El aumento en los asesinatos respecto a 2023 coincide con uno de los procesos electorales más violentos, el incremento de la violencia en Sinaloa por la detención del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada y casos de abusos por parte del Ejército mexicano.
Datos del SESNSP también muestran un aumento del 5.7% en las víctimas de extorsión en octubre y noviembre de 2024 frente a los mismos meses del 2023. Dicho delito no fue mencionado por la mandataria en el Zócalo, y tampoco la crisis de desaparecidos que se padece desde sexenios atrás.
Frase: “Las mujeres ya estamos en la Constitución con reconocimiento a la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencias y a trabajo igual, salario igual”
Clasificación: Verdadero
Las reformas citadas por Claudia Sheinbaum entraron en vigor desde el 16 de noviembre de 2024, tras la publicación del decreto que estableció siete modificaciones a favor de los derechos de las mujeres en la Constitución, mismas que formaron parte de las propuestas de campaña de la morenista.
Estos cambios fueron incluidos en los artículos 4 y 123 de la Constitución. En el primero, se contempla la protección del derecho a una vida libre de violencia y la garantía del Estado para la igualdad sustantiva, lo que implica el mismo acceso a derechos y oportunidades para todas las mujeres, de acuerdo con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.
En el artículo 123 se estableció que “a trabajo igual corresponderá salario igual”, sin importar sexo, nacionalidad ni género y como parte de los mecanismos que buscan erradicar la brecha salarial.
Además de estas reformas, el decreto también incluye otros cambios como la paridad de género en los nombramientos de titulares del Poder Ejecutivo y sus equivalentes estatales y municipales y la perspectiva de género, como un principio para la procuración de justicia.
En su informe en el Zócalo, Sheinbaum también incluyó los dichos verdaderos de que mujeres de 63 y 64 años ya están recibiendo su tarjeta del Banco de Bienestar, para el nuevo apoyo de mujeres a partir de los 60 años, y que se anunció también un programa de apoyo para mujeres artesanas.
Crédito: Cuartoscuro / Graciela López
Frase: “El Poder Judicial será autónomo… (con la elección del 1 de junio). Nosotros somos demócratas y lo queremos es que se termine la corrupción en el Poder Judicial”
Calificación: Engañoso
Aunque los jueces, magistrados y ministras y ministros de la Corte se elegirán por voto popular, los comités de evaluación que definirán las candidaturas de los poderes Ejecutivo y Legislativo están integrados por personas afines a Morena, el partido de la presidenta.
Además, entre las personas que aspiran a contender por un cargo se identificaron varias personas con alguna relación con ese partido, como te contamos en esta nota, y las tres ministras de la Corte que tienen pase directo a la boleta electoral han manifestado abiertamente su simpatía por Morena.
Por otro lado, expertos consultados por El Sabueso han afirmado en repetidas ocasiones que la reforma judicial no contempló alguna medida específica para combatir la corrupción.
Frase: “La desaparición de algunos organismos autónomos… para que no haya engaño, sus funciones permanecen y se van a mejorar, sin corrupción”
Calificación: Engañoso
Organizaciones civiles y expertos alertan que el paso de las funciones del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) a la Secretaría Anticorrupción, es decir al propio gobierno, puede obstaculizar el acceso a la información pública.
El INAI como órgano autónomo había sido el encargado de gestionar las quejas en caso de incumplimiento para responder solicitudes de información pública; con el nuevo modelo, estas negativas tendrían que resolverse en instancias como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ello implicaría no sólo un retraso en los procesos de entrega de información, sino también que ciudadanos tengan que pagar un abogado, dificultando la transparencia.
A principios de enero, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, explicó que se realizarán mesas de trabajo para resolver algunos pendientes como el tema de los medios de impugnación. Aunque actualmente no hay claridad en cómo seguirá este proceso.
Para justificar su eliminación, la presidenta dijo el 6 de enero pasado que el Instituto de Transparencia se había dedicado a la corrupción; sin embargo, no se conocen denuncias o investigaciones formales de su gobierno o del de su antecesor, por corrupción en contra de funcionarios de dicho organismo autónomo.
Sheinbaum recordó en su conferencia mañanera que la ASF ubicó presuntas irregularidades del gasto del INAI en 2022 por 1 millón 500 mil pesos, de 975 millones que tuvo de presupuesto. Pero sobre ese mismo año, 2022, la ASF señaló presuntas irregularidades en la construcción del Tren Maya por más de 700 millones.
Frase: “Se destinarán recursos suficientes para implementar los proyectos de desarrollo científico y tecnológico… Como me comprometí, México será una potencia científica”
Calificación: Engañoso
En contraste con su afirmación, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 tiene un recorte presupuestal del 3.7% para la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, antes CONACyT, respecto al monto aprobado en 2024 en términos reales.
Un ejemplo de este recorte es la disminución presupuestal para el programa de Becas de posgrado y apoyos a la calidad, el cual tiene una baja de 0.4% al pasar de 14 mil 364 millones de pesos en 2024 a 14 mil 302 millones de pesos.
Mientras que el programa que tiene un mayor recorte es el destinado al Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación con una baja del 16% en términos reales. Igualmente, los siete programas de la nueva secretaría tienen un recorte presupuestal para este año, de acuerdo con un análisis de Fundar.
A precios reales, el anexo 12 destinado a Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un aumento del 3%, aunque Fundar destacó que este apartado plantea dudas sobre su efectividad, ya que incluye programas que no están relacionados directamente con los principales objetivos de este sector.
Y aunque la mandataria resaltó la creación del carro eléctrico Olinia como parte de los proyectos de desarrollo científico y tecnológico, omitió mencionar que se realizará con la academia y se invitará a empresas privadas.
Frase: “Se aprobó la Ley que brinda seguridad social a las y los repartidores beneficiando a más de 600 mil personas”
Categoría: Engañoso
Esta reforma, propuesta por la presidenta a inicios de diciembre de 2024, sí modificó la Ley Federal del Trabajo y representa un avance en los derechos laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales. Sin embargo, de acuerdo con datos ofrecidos por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, de entrada menos de la mitad de los repartidores en el país podrán obtener estos beneficios.
En la conferencia matutina del 16 de octubre del 2024, Bolaños refirió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró 658 mil personas empleadas en plataformas digitales, de las que sólo 272 mil alcanzaban ingresos iguales o mayores al salario mínimo, lo indispensable para obtener la seguridad social que ofrece la reforma.
Las y los trabajadores de plataformas digitales no cuentan con horarios ni salarios fijos, por lo que apenas “el 41 por ciento de ellas logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual”, señaló el secretario.
Quienes no alcancen los montos mensuales del salario mínimo quedarán exentos de lo estipulado en las fracciones V y VI del artículo 291-K del decreto, las cuales contemplan la inscripción de personas trabajadoras al IMSS y las aportaciones al Infonavit.
Frase: “Estamos dedicados a fortalecer y mejorar la atención de las tres instituciones de salud pública: IMSS, ISSSTE e IMSS bienestar”.
Categoría: Engañoso
La presidenta destacó al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, pero no mencionó en su discurso a la Secretaría de Salud, que sufrió un recorte presupuestal de 34% para 2025, en términos reales.
Con esa baja para la Secretaría de Salud, y de otros fondos, el gasto funcional en salud que incluye los recursos para todas las dependencias que ofrecen este servicio bajará 12.2% en 2025, en comparación con los recursos destinados el año pasado.
“Veinticuatro de los veinticinco programas de la SSa presentarían recortes. Los mayores serían en Atención a la salud con 20.5 mil mdp menos y el Programa de vacunación con 10.1 mil mdp menos”, alertó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El IMCO advirtió que los incrementos al IMSS-Bienestar, ISSSTE e IMSS no serán suficientes para compensar los recortes presupuestales a otros entes públicos destinados a la salud de la población, luego de que en el sexenio de López Obrador se pasara de 20.1 millones de mexicanos con carencias en el acceso a servicios en salud en 2018 a 50.4 millones en 2022.
Frase: “Presentamos una reforma a la Ley del Infonavit. Que quede claro: el ahorro de los trabajadores es de los trabajadores. El objetivo es verdaderamente garantizar el derecho a la vivienda de las y los trabajadores; así como que sea posible realizar auditorías”
Calificación: Engañoso
Aunque la presidenta defendió la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) diciendo que “el ahorro de los trabajadores es de los trabajadores”, con ella se permite al gobierno utilizar esos recursos para su plan de construcción de vivienda social, sin que se hayan detallado los proyectos, cómo se elegirían a los beneficiarios entre los derechohabientes del Instituto y cuáles serían las garantías sobre el uso de los recursos.
Morena y la presidenta Sheinbaum aseguran que con la reforma se busca transparentar la operación del Infonavit y permitir que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haga revisiones, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó desde 2020 que la ASF podía hacer dichas evaluaciones, y la figura de auditor externo está contemplada en la ley vigente.
La propuesta de reforma rompe con el modelo tripartita en áreas clave de transparencia y supervisión de recursos, al aumentar la presencia del gobierno federal en dichos órganos, encima de la representación empresarial y de los trabajadores.
Además se establece que el director general del Infonavit, nombrado directamente por la Presidencia de la República, tenga derecho de veto sobre las decisiones del Consejo de Administración que no se tomen por unanimidad. Este Consejo es el encargado de decidir sobre inversiones y financiamientos del Infonavit.
Frase: “(El Tren Maya) es un éxito. De octubre a diciembre lo usaron cerca de 400 mil pasajeros”.
Calificación: Engañoso
Las cifras oficiales disponibles sólo alcanzan a octubre pasado, y datos difundidos por la empresa Tren Maya apuntan a una cifra menor a los 400 mil pasajeros que presumió la presidenta.
Según la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario del Gobierno de México, en los primeros 10 meses del año el Tren Maya transportó a 506 mil 398 pasajeros, de ellos, 72 mil 270 en octubre.
En un video del primer aniversario del Tren Maya, se dio la cifra de 603 mil 082 hasta el 15 de diciembre pasado. Aunque luego, en el evento del primer aniversario, el director del Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, aseguró que hasta esa fecha habían viajado casi 700 mil usuarios.
Para obtener la cifra que dio Sheinbaum, debieron sumarse más de 327 mil pasajeros entre noviembre y diciembre, muy por encima del promedio registrado en los 10 meses previos, de 50 mil 639 al mes. El Sabueso consultó con Presidencia la fuente de estos datos, y se mantiene en espera de su respuesta.
Desde su construcción el Tren Maya ha sido objeto de críticas de habitantes de la Península de Yucatán y activistas por el impacto ambiental que ha provocado. Por ejemplo, hasta marzo de 2024 se reportó la tala de 7.2 millones de árboles en su recorrido.
Mientras que activistas denunciaron que la construcción causó perforaciones en cavernas y cenotes del acuífero, la única fuente de agua potable para habitantes de la zona, lo que puede generar contaminación del líquido. El propio gobierno reconoció el derrame de cemento en esa cuenca.
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En medio de una nueva ola de detenciones y de un gran despliegue militar y policial, Nicolás Maduro espera iniciar este 10 de enero su tercer sexenio al frente del país suramericano. El opositor Edmundo González también dice que se va a juramentar.
Este 10 de enero debe iniciarse en Venezuela un nuevo período presidencial que arranca con tensión e incertidumbre.
La detención y posterior liberación este jueves de la líder opositora María Corina Machado fue un avance del creciente conflicto político que este viernes vivirá una jornada clave.
Se espera que Nicolás Maduro asuma un tercer mandato en la tradicional ceremonia de investidura en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano.
Y a su vez, Edmundo González, considerado como presidente electo por la oposición y gobiernos internacionales, afirma que regresará a Venezuela a juramentarse al haber demostrado su triunfo en las presidenciales de julio con la publicación de las actas.
Ante esta nueva fase del conflicto, el país está sumido en la incertidumbre y bajo un gran despliegue militar y policial que no impidió que este jueves miles de manifestantes salieran a las calles a protestar contra Maduro.
También los simpatizantes del gobierno mostraron fuerza en las calles y están llamados a hacerlo de nuevo este viernes.
“Estamos a partir de hoy en una nueva fase”, dijo este jueves Machado.
Pero, ¿por qué este día 10 es significativo?
1. Lo que manda la ley
“El candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional”.
Esto establece el artículo 231 de la Constitución de 1999 y para dar cumplimiento a dicho mandato, Maduro acudirá este viernes al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano, para asumir su cargo ante los diputados.
El formalismo, sin embargo, se ha visto empañado por las dudas que, dentro y fuera del país, hay sobre la anunciada victoria del actual mandatario en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, el aspirante a la reelección se impuso con el 52 % de los votos.
Sin embargo, el organismo no ha presentado hasta el momento los resultados detallados que certifiquen esa declaración.
En contraposición, la oposición asegura que el ganador de los comicios fue su abanderado, el diplomático Edmundo González Urrutia, quien habría obtenido casi el 70 % de los votos, según el 80 % de las actas de escrutinio obtenidas por la alianza antichavista.
La veracidad de las actas en poder de la oposición fue corroborada por el Centro Carter, uno de los pocos veedores internacionales independientes que fueron invitados por las autoridades a seguir el proceso.
González Urrutia, a quien Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos ya han reconocido como presidente electo, ha asegurado que regresará este viernes a Venezuela para ceñirse la banda presidencial.
En septiembre salió de Venezuela y se instaló en España ante la amenaza de ser arrestado.
Las autoridades han advertido al excandidato opositor que será detenido si pone un pie en Venezuela.
2. Más vigilancia y más detenciones
Desde principios de año la presencia policial y militar se ha visto reforzada en toda Venezuela, pero particularmente en Caracas.
Miles de uniformados han sido desplegados en los alrededores del Palacio presidencial de Miraflores, así como del cercano Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, ambos en el centro histórico de la ciudad.
Por su parte, en las autopistas para acceder a la capital y en sus principales calles los militares y policías han instalado puntos de control para revisar los vehículos que transitan por ellas y a sus ocupantes, aseguraron a BBC Mundo, fuentes en el terreno que pidieron reservar su identidad.
La presencia policial fue notable en las protestas de este jueves.
“La derecha venezolana está como nerviosa por un despliegue de las fuerzas policiales y militares que es muy normal”, dijo esta semana el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
“A Venezuela van a venir presidentes y representantes de más de 100 países para la toma de posesión y tenemos que garantizar la seguridad a esos invitados, pero también de los venezolanos”, justificó el funcionario, que aseguró que hay en marcha planes desestabilizadores y “golpistas”.
Aunque Cabello calificó de “normal” el operativo, hay elementos inusuales. Uno de ellos es la participación de los miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los dos organismos de inteligencia venezolanos.
El DGCIM, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional, figura entre los cuerpos de seguridad señalados por instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas de cometer torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad.
En un video difundido por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), uno de los directivos del organismo de inteligencia, el coronel Alexander Granko Arteaga, justificó esta actuación porque “el país está amenazado”.
Esta explicación fue respaldada por Maduro, quien este miércoles anunció la detención de siete “mercenarios extranjeros”, los cuales engrosarían la lista de 150 aprehendidos en los últimos meses.
“Siguen las capturas, porque una información lleva a otra. Buena información hay para desmantelar lo que estamos desmantelando, una conspiración internacional financiada por el gobierno saliente de Estados Unidos”, declaró.
Pero no solamente presuntos mercenarios han sido arrestados. Hasta el miércoles, partidos opositores y organizaciones de derechos humanos habían contabilizado que más de una decena de políticos, dirigentes vecinales y activistas de derechos humanos habían sido detenidos en al menos tres estados del país.
Entre estas aprehensiones destacan la de Rafael Tudares, yerno de González Urrutia; la del excandidato presidencial Enrique Márquez y del activista de derechos humanos Carlos Correa.
Las autoridades han confirmado las aprehensiones y las justificaron diciendo que los arrestados forman parte de una “conspiración”.
Hasta el momento no han revelado el paradero de los detenidos ni les han permitido contactar a sus familiares, por lo cual defensores de derechos humanos han calificado los casos como “desapariciones forzadas”.
El martes Maduro dio un paso más en su “unión cívico militar policial” al activar la Organización de Defensa Integral (ODI), instancia que, según explicó, “integra a todo el poder político, el poder popular, a la Fuerza Armada, a la Milicia y a todas las fuerzas policiales”.
En un acto celebrado en el Palacio de Miraflores, el gobernante juramentó a los cuerpos de combatientes de las distintas empresas públicas, los cuales están integrados por trabajadores y a quienes se les vio portando armas de guerra.
Asimismo, desde el miércoles, grupos de motociclistas simpatizantes del oficialismo, conocidos como “colectivos”, han sido vistos recorriendo las calles de Caracas y otras ciudades.
3. La estrategia de la oposición
“El enorme despliegue militar y policial busca inhibir cualquier tipo de protesta contra toma de posesión”, explicó a BBC Mundo un funcionario judicial, el cual pidió reservar su identidad por razones de seguridad.
Sin embargo, María Corina Machado, la líder opositora a las que las autoridades venezolanas no dejaron competir en las presidenciales de julio pasado, pidió a los venezolanos vencer el miedo provocado por las más de 2.000 detenciones ocurridas tras los comicios y los numerosos casos de torturas y malos tratos.
“Llegó la hora (…) Todos sabemos que esto se acabó”, dijo al instar a sus compatriotas salir en masa a las calles del país para manifestarse en contra de la posesión de Maduro.
“Que el miedo nos tenga miedo”, planteó.
El llamado fue atendido y este jueves se registraron decenas de protestas en todo el país, de las cuales 11 fueron reprimidas, según datos provisionales de la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Pero la estrategia opositora no solo busca “calentar las calles” para forzar un quiebre en la coalición que sostiene a Maduro en el poder, sino que también ha estado maniobrado internacionalmente con el mismo fin.
González Urrutia realizó en los últimos días una gira que lo llevó a Argentina, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana para recabar apoyos.
Asimismo, el excandidato opositor ha anunciado que volverá al país para juramentarse y ha dicho que irá acompañado por varios exmandatarios hispanoamericanos.
Desde Caracas, por su parte, han advertido que este plan supone un “gravísimo riesgo” para los implicados, quienes serían considerados “invasores” y tratados como tales.
“Le recomiendo que no se pongan a inventar”, afirmó el ministro Cabello, quien recordó que en los últimos años la Fuerza Aérea ha derribado 400 aeronaves que han ingresado ilegalmente al territorio venezolano.
El funcionario también ha asegurado que el verdadero plan opositor es que González Urrutia se juramente en alguna de las embajadas venezolanas que el gobierno no controla desde 2019.
La analista Carmen Beatriz Fernández dice que la doble estrategia opositora tiene por propósito crear “un momentum político entorno a la figura de Edmundo González Urrutia”
“Lo que no sabemos es si esa estrategia será tan exitosa como para conseguir su objetivo: su juramentación”.
“En el mejor de los casos, el plan está conduciendo a un quiebre (dentro del chavismo) y a una negociación que permita la asunción de González Urrutia, el día 10 o después. Y en el peor de los casos le hace la vida más difícil a Maduro para seguir en el poder”, precisó a BBC Mundo la profesora de Comunicación Política de la Universidad de Navarra (España).
4. ¿Quiénes apoyan a quién?
Las autoridades venezolanas han asegurado que unos 2 mil invitados de 100 países asistirán a la tercera toma de posesión de Maduro desde 2013, pero solo cinco son presidentes.
La prensa venezolana dio por hecho que los gobernantes de Cuba y de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente, asistirán.
Luis Arce, presidente de Bolivia, otro de los aliados de Venezuela, ha anunciado que no asistirá, pese a reconocer el cuestionado triunfo de Maduro. Su ausencia se deberá a la presencia de su rival y otrora mentor político, el expresidente Evo Morales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles su ausencia y la atribuyó no solo a la negativa de las autoridades venezolanas a mostrar las actas que corroborarían el triunfo de Maduro en las elecciones, sino también a la reciente ola de detenciones.
La reelección de Maduro ha sido cuestionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y por un número importante de países latinoamericanos.
Los gobiernos antes mencionados han descartado enviar a representantes a la posesión y algunos de ellos ya consideran a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela.
La decisión de países como Paraguay de reconocer al opositor como el vencedor de los comicios desató la ira de Maduro, que decidió romper relaciones diplomáticas con ese país.
Rusia, Irán y China, por su parte, han reconocido la reelección de Maduro y enviarán delegaciones a la ceremonia.
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