México registra su peor pérdida de empleos formales en diciembre desde 1997: Sheinbaum usa dichos engañosos sobre economía
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó datos engañosos sobre empleo, al afirmar que en noviembre se había alcanzado el “nivel más alto”, que en enero se recuperarían los trabajos formales perdidos en diciembre y que el país se ubica entre las naciones con menos desocupación del mundo.
México registró en noviembre la cifra de creación de empleo formal más baja para ese mes desde 2008, según datos oficiales. Y con la cifra total que dio Sheinbaum del cierre del año, de 22 millones 238 mil 379 puestos registrados ante el IMSS, resulta que se registró la mayor pérdida de empleos formales para un mes de diciembre desde 1997, con una reducción de 405 mil 259 puestos respecto a noviembre.
Es la segunda mayor caída de un mes a otro desde que se tiene registro, y dicha pérdida de empleos formales tan sólo es superada por la que se registró de marzo a abril del 2020, a causa de la pandemia por el Covid-19.
“En diciembre, todos los diciembres hay una disminución del empleo, pero hasta noviembre estábamos en el nivel más alto; en enero esto, es evidente que se va a recuperar, normalmente es así”, dijo Claudia Sheinbaum.
“Todos los diciembres hay una caída… Tenemos que trabajar en esto porque muchas veces el contrato de las personas llega hasta diciembre por distintas razones en donde el empleador no quiere destinar los recursos necesarios para aguinaldos, etcétera, etcétera, y hay que trabajar en ello. Pero estamos en los niveles más altos en noviembre de empleo”.
El comunicado del gobierno sobre los dichos de la mandataria desinformó, al mencionar que en noviembre supuestamente se había alcanzado el máximo de empleos formales con 22 millones 238 mil, siendo que en ese mes en realidad la cifra alcanzada fue de 22.6 millones.
Se pidió un comentario a Presidencia, sobre las cifras presentadas, y no respondieron. En el caso del IMSS, mencionaron que hasta el 6 de enero presentarían su reporte de empleo sobre diciembre, pero no negaron la cifra mencionada por Sheinbaum.
Como te contamos en este Sabueso, es cierto que el país logró un nivel histórico de desocupación. Pero de acuerdo con datos del Inegi hasta noviembre el 54.6% de los empleos en México son informales.
En 2021 se logró alcanzar un balance de generación de empleos formales de 846 mil 416, pero en 2022 la cifra sufrió una caída a 752 mil 748 empleos, y en 2023 siguió la tendencia a la baja con 651 mil 490, de acuerdo con datos del IMSS.
En el acumulado de 2024, la generación de empleo formal registrada ante el IMSS cayó un 67% con respecto al 2023, con un balance de 213 mil 993 empleos más, la segunda menor cifra de empleo acumulado desde 2010, tan solo superada por el 2020, año de la pandemia en que se perdieron 647 mil 710 empleos.
Sheinbaum presumió desde inicios del mes pasado que se había logrado en noviembre una cifra récord de empleo afiliado al IMSS, con 22.6 millones puestos de trabajo. Pero la organización México, Cómo Vamos calcula que para satisfacer la demanda de acuerdo con el crecimiento poblacional deben sumarse 100 mil puestos al mes. De ahí que colocara en noviembre su semáforo laboral en rojo.
Gráfico mostrado por la presidenta Sheinbaum
Peso acumula devaluación de 22% en 2024
La presidenta también afirmó que “México está entre las monedas que menos depreciación tuvo” y presentó un gráfico en el que compara la depreciación del peso mexicano contra distintas monedas del mundo.
Sin embargo, su comparación es engañosa, pues solo considera la devaluación acumulada del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, un periodo de tiempo muy limitado en el que la moneda mexicana experimentó una pérdida de su valor de 5.8% con respecto al dólar estadounidense, al pasar de los 19.64 pesos a los 20.78 pesos por dólar.
Si se hace el mismo análisis, tomando como base las 18 monedas que se compararon en Palacio Nacional, pero consideramos la depreciación que se experimentó durante todo el 2024, encontramos que ésta ha sido del 22% y no del 5.8%, como se afirma en el gráfico que presentó Claudia Sheinbaum, ya que de acuerdo con datos del Banco de México, al iniciar el año el peso mexicano se ubicaba en los 17.02 pesos por dólar.
Asimismo, México se ubica en el tercer país con la mayor devaluación dentro de las 18 monedas examinadas, luego de la pérdida del 27% y 25% de su valor que experimentaron el real brasileño y el rublo ruso frente al dólar estadounidense en 2024.
El país tiene un porcentaje de devaluación superior a monedas como el Euro (-7%), el franco suizo (-6%), la corona sueca (-9%) o el yen japonés (-11%), frente a las cuales supuestamente el peso mexicano les llevaba ventaja en el gráfico presentado por el gobierno.
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La ley Laken Riley podría entrar en vigor antes de que comience su mandato Donald Trump, que ha prometido mano dura contra la inmigración ilegal.
Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación.
Lo recoge una nueva y polémica ley que podría entrar en vigor incluso antes de que el próximo lunes 20 de enero Donald Trump inicie su mandato como presidente del país norteamericano.
El aún proyecto de ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado, es obra del Partido Republicano de Trump pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas.
La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
Sus defensores creen que aumentará la seguridad ciudadana, mientras las voces críticas aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los migrantes.
Analizamos en qué consiste esta ley, cuáles serán sus repercusiones y por qué es tan polémica.
Así es la ley
El nombre de la ley, Laken Riley, es el de una estudiante de enfermería de 22 años brutalmente asesinada en febrero del año pasado en el estado de Georgia.
El venezolano de 26 años José Ibarra interceptó a Riley mientras hacía ejercicio en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, intentó violarla y, como la víctima se resistía, la golpeó hasta la muerte, según lo revelado en el juicio.
Ibarra, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre, es un migrante indocumentado venezolano que tenía pendientes acusaciones previas de al menos dos delitos menores en Estados Unidos, uno de ellos el hurto de varios productos en un supermercado.
El caso generó conmoción en la sociedad estadounidense. Los conservadores argumentaron que, si el agresor hubiera sido detenido y expulsado por sus casos previos, Laken Riley todavía estaría viva.
Esto llevó al Partido Republicano a proponer, un mes después del suceso, una ley específica para evitar casos similares.
De hecho, bajo la ley Laken Riley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.
La ley se alinea con las políticas de línea dura que Trump previsiblemente aplicará en su próximo mandato.
El republicano prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, enfocándose inicialmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La ley Laken Riley, según algunos expertos, facilitará la deportación de quienes estén acusados de cometer estos delitos menores, que se tramitará durante su arresto y sin necesidad de juicio.
Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.
Por otro lado, las autoridades de cada estado podrán demandar al gobierno federal si creen que no está aplicando correctamente las leyes sobre migración.
Los incumplimientos denunciables de Washington incluirían liberar a migrantes en custodia, no arrestar a personas con orden de expulsión, otorgar libertad condicional de forma inadecuada a irregulares o no aplicar restricciones de visados a los países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EU.
La tramitación
La ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado controlado por los demócratas y regresó a la cámara baja.
El pasado 7 de enero los congresistas la volvieron a aprobar con 264 votos a favor, (entre ellos 48 demócratas) y avanzó de nuevo al Senado.
Allí corrió mejor suerte que en la primera ocasión, ya que todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter a debate el texto para su posible enmienda y aprobación.
Expertos señalan que la derrota en las elecciones de 2024, en las que la inmigración fue un tema central de campaña, ha llevado a muchos demócratas a respaldar propuestas más restrictivas en esta materia, e incluso el propio partido está cambiando su enfoque al respecto.
“Estoy a favor de dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como ésta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto”, afirmó recientemente John Fetterman, senador del Partido Demócrata por Pensilvania, uno de los “estados péndulo” que cambiaron su voto a republicano el pasado noviembre.
La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días, y según analistas, existe la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el día 20 en la Casa Blanca.
En todo caso, está en fase de deliberaciones y existen discrepancias entre republicanos y demócratas sobre su contenido final.
Mientras los republicanos defienden aprobar el texto íntegro original, los demócratas han señalado su intención de enmendar aspectos controvertidos, como la posibilidad de detener y deportar, sin necesidad de pruebas ni juicio, a migrantes acusados de pequeños delitos.
Por qué es polémica
La aparente violación de la presunción de inocencia de los detenidos es el aspecto más polémico de esta nueva ley, que ha generado una oleada de críticas de quienes la consideran incompatible con los valores democráticos y constitucionales de Estados Unidos.
Sus defensores argumentan que, al privar de libertad o expulsar a presuntos delincuentes, se protegerá a las comunidades de delitos cometidos por personas en situación irregular.
También sostienen que la posibilidad de deportación por delitos menores disuadirá a los migrantes indocumentados de involucrarse en actividades ilegales.
Mientras, las voces críticas la consideran una amenaza a las protecciones constitucionales y un retroceso en los principios de justicia.
“Es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva; se puede detener a cualquier cantidad de personas y meterlas en el sistema de justicia penal simplemente por haber sido acusadas, sin condena ni admisión de culpabilidad”, declaró este domingo en un programa televisivo Pramila Jayapal, una de los congresistas que han criticado el proyecto de ley en el dividido Partido Demócrata.
Los detractores de esta polémica legislación argumentan que la detención sin fianza de cualquier migrante acusado -aunque no necesariamente condenado- de delitos menores como el hurto eliminaría el derecho a audiencias individualizadas, algo garantizado incluso en casos de delitos graves en el sistema de justicia penal.
Esto plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés).
El NILC también advierte que obligar a las autoridades migratorias a detener a las personas antes de que puedan asistir a sus audiencias penales podría obstaculizar gravemente el trabajo de los fiscales, aumentar el caos en los tribunales y complicar la resolución de casos criminales.
Los detractores de la ley también creen que la avalancha de trabajo que caería sobre jueces y fiscales por delitos menores como hurtos o robos les restaría tiempo y recursos para abordar casos de delitos más graves.
La organización Voto Latino argumenta que la ley no mejorará la seguridad pública ya que no hay evidencia de una correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad.
Esta ONG considera la ley Laken Riley una herramienta política para estigmatizar a los migrantes y acentuar las divisiones sociales.
Otro aspecto polémico es la capacidad que la ley otorga a los estados para demandar al gobierno federal sobre acciones relacionadas con políticas migratorias.
Según el NILC, esto podría convertir los tribunales en escenarios de interminables disputas entre los estados y Washington, obstaculizando la implementación efectiva de la ley.
Sus defensores, sin embargo, alegan que permitirá a las autoridades locales, que conocen más de cerca los problemas de sus comunidades, participar de forma más activa a la hora de aplicar y supervisar las leyes de inmigración.
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