
Un Tribunal Colegiado estableció un freno legal al determinar que las obras del Tramo 5 del Tren Maya —que recorre el estado de Quintana Roo, conectando la zona norte y centro de la Riviera Maya— solo pueden continuar si las autoridades federales cumplen con la supervisión ambiental ordenada.
La resolución deriva del amparo en revisión 199/2024 promovido por la organización ambientalista Sélvame del Tren, en el que el Tribunal Colegiado no admitió el recurso de revisión de la Profepa y, en cambio, validó los argumentos de la parte quejosa al modificar la sentencia de primera instancia.
Con ello, el tribunal declaró procedente la suspensión definitiva contra actos y omisiones de la Subprocuraduría de Recursos Naturales y de la Dirección General de Delitos, Comunicaciones y Quejas de la Profepa, lo que obliga a las dependencias federales a realizar verificaciones, inspecciones y medidas de protección ambiental en la zona mientras continúa el litigio.

Además, cualquier denuncia pública, alerta ciudadana o señalamiento sobre posibles daños deberá ser revisado y atendido por las autoridades, pues ignorarlo implicaría incumplir la suspensión definitiva.
El fallo también establece que, si se detecta riesgo para cenotes, selva, fauna o acuíferos, las instituciones tienen la obligación de intervenir mientras continúa el litigio.
El Tren Maya, megaproyecto insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo anunció desde 2018 e inició su construcción en junio de 2020, ya presenta impactos socioambientales significativos e irreversibles que fueron documentados por la “Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya” en Quintana Roo y Campeche, específicamente en los tramos 5, 6 y 7.
Entre los hallazgos se reporta un incremento en la violencia criminal e institucional en territorios que hasta antes de la obra registraban bajo índice delictivo. Las disputas que antes se concentraban en Cancún y Playa del Carmen se han extendido a Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco. La misión señala que la presencia militar ha elevado la percepción de inseguridad e impunidad en la Península de Yucatán.
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El informe retoma la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que responsabilizó al Estado mexicano de violar los derechos fundamentales de la naturaleza y del pueblo maya. La misión documentó una deforestación de más de 11 mil hectáreas, fragmentación de ecosistemas, perforación y destrucción de cenotes y cavernas, alteración de humedales, contaminación del acuífero y pérdida de hábitat para fauna emblemática.
Las organizaciones denunciaron una “extendida, irreversible y acelerada degradación ambiental” y señalaron la actuación “irresponsable” de la Sedena, así como omisiones de Profepa y Semarnat. Hasta la fecha, advirtieron, no se ha implementado ninguna acción de mitigación.
En los humedales del estero de Chaac, en Othón P. Blanco, expertos y pobladores describieron cómo las obras del tren alteraron los flujos hidrológicos, provocando daños a manglares e inundaciones severas en 2023 y 2024 que afectaron Bacalar, Chetumal y comunidades aledañas.
El documento también señaló la militarización del territorio, el cercamiento de espacios públicos y la afectación a actividades comunitarias a lo largo de los tramos 5 y 6. En el tramo 7 se documentaron intrusiones de personal militar en predios y parcelas, ruptura de cercas y abandono de desechos que dejaron inservibles tierras ejidales.
Los habitantes de Calakmul denunciaron que la extracción de grandes cantidades de agua por parte del personal militar llegó a secar aljibes y jagüeyes sin consulta previa.

El informe advierte de un boom inmobiliario descontrolado desde el anuncio del proyecto, con especulación territorial que ha elevado los precios de la tierra hasta en un 400% desde 2019. Entre finales de 2023 y octubre de 2024 se contabilizaron más de 600 proyectos inmobiliarios, muchos en zonas selváticas sin permisos ambientales ni licencias de construcción.
La misión identificó un corredor de especulación a lo largo de 57 kilómetros entre Playa del Carmen y Tulum, y otro entre Tulum y el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, donde proliferan desarrollos hoteleros, residenciales y comerciales sin regulación efectiva.

Cuba sufre una fuerte escasez de combustible debido a la presión de Estados Unidos, que ha amenazado con imponer aranceles a los países que envíen petróleo a la isla.
Cuba continúa bajo presión.
Tres aerolíneas canadienses suspendieron vuelos hacia la nación caribeña esta semana debido a la escasez de combustible para sus aeronaves.
La decisión del gigante aéreo Air Canada y de otras dos compañías más pequeñas, Air Transat y WestJet, representa un nuevo golpe para el sector turístico, uno de los pilares económicos del territorio insular.
Además, este miércoles en Rusia la Agencia Federal del Transporte Aéreo anunció la evacuación de los turistas rusos de la isla, mientras que varias grandes compañías aéreas informaron que evacuarán a sus pasajeros y cancelarán sus vuelos.
El gobierno de Alemania también emitió una advertencia en contra de viajes no esenciales a Cuba.
Desde el martes no hay combustible comercial disponible en los aeropuertos del país, una situación que se mantendrá hasta el 11 de marzo, según la Organización de Aviación Civil Internacional.
En un comunicado enviado a BBC Mundo este miércoles, la Oficina de Turismo de Cuba en Londres dijo que “el alojamiento y los servicios turísticos en todo el destino permanecen plenamente operativos”.
“El sector está preparado para recibir a los visitantes con la calidez y la excelencia que caracterizan a Cuba”, señala el texto.
La isla, sometida a un embargo comercial estadounidense desde 1962, lleva años sumida en una profunda crisis económica marcada por prolongados apagones y falta de combustible, medicinas y alimentos.
Ahora también quedó aislada de los suministros petroleros provenientes de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro fue detenido el 3 de enero en una operación militar estadounidense y ahora enfrenta cargos criminales en Nueva York.
El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los envíos de petróleo de su país están detenidos ante las amenazas arancelarias de Washington.
En enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza a su administración imponer aranceles a los países que envíen combustible a suelo cubano.
En aquel momento aseguró que, con esta presión, el gobierno de La Habana “caerá muy pronto”.
Los aranceles podrían aplicarse a cualquier nación que, de manera directa o indirecta, venda o proporcione petróleo al archipiélago.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, declaró recientemente que el país tiene “el derecho absoluto de importar combustible” de cualquier proveedor dispuesto a hacerlo “sin interferencias ni subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos”.
Canadá es el principal mercado de visitantes internacionales para Cuba, de acuerdo con datos de su Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).
Las cancelaciones de vuelos afectarán aún más a una industria que ya venía mostrando un declive, incluso entre los propios turistas canadienses.
De acuerdo con la ONEI, 1,8 millones de viajeros visitaron la isla en 2025. Es la cifra más baja en dos décadas, excluyendo los años de pandemia (2020-2022), señala la publicación financiera Bloomberg.
El informe de ONEI indica que, comparado con 2024, la caída en visitantes fue de un 18%. Lejos quedó el récord de 2018, cuando llegaron 4,6 millones de turistas gracias a la momentánea mejoría de relaciones con Estados Unidos, bajo las administraciones de Barack Obama y Raúl Castro.
En el caso de los turistas canadienses, con 754.010 en 2025, la cifra representó un 12,41% menos que el año anterior.
Air Canada opera 16 vuelos semanales a cuatro destinos cubanos desde Toronto y Montreal que estarán detenidos durante la escasez de combustible.
La aerolínea también anunció que en los próximos días evacuará a unos 3.000 clientes que se encuentran en la isla.
El anuncio ¡de este miércoles de las aerolíneas de Rusia también supondrá un duro golpe para el turismo en Cuba, ya que los turistas de ese país fueron el segundo grupo más numeroso en la isla en 2024, precisamente por detrás de los canadienses, con 185.816 visitantes.
El turismo inyectó a la economía cubana US$917 millones en 2025, lejos de la meta de US$1.200 millones, según Bloomberg, que cita al Ministerio de Economía y Planificación.
La industria turística es un pilar del sector de servicios de Cuba, que representa alrededor del 70% del producto interno bruto, y una entrada clave de divisas a la isla.
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