Tren Maya: el poder que AMLO dio a la Sedena para controlar y vigilar los tramos 5, 6 y 7
El informe de la Misión Civil de Observación en la Península de Yucatán evidencia que Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) fueron omisos, durante su sexenio, a los daños socioambientales que causaron las obras y operación del proyecto Tren Maya en el territorio.
En el documento “Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya”, evidencian los impactos generados en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.
La promesa de “desarrollo económico” del proyecto emblema de Andrés Manuel trajo despojo y ocupación militar con la llegada del ejército a las comunidades indígenas y espacios públicos.
Incluso, se documentó un incremento en la inseguridad y diversificaciones de violencias como consecuencia de la militarización de este megaproyecto ferroviario.
De acuerdo con los testimonios recabados por la Misión Civil de Observación la ocupación militar trajo despojo y una fuerte presencia militar en sitios como las estaciones del Tren Maya, caminos, bancos de materiales, aeropuertos, hoteles, parques temáticos, museos, zonas arqueológicas, comunidades indígenas, escuelas y canchas públicas.
El despliegue militar en la zona comenzó a crecer con el inicio de las obras del Proyecto Integral de Desarrollo Tren Maya.
Desde ese momento la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han tenido una presencia multiplicada. Por un lado por las implicaciones socioambientales en torno a este megaproyecto ferroviario pero también por la premura con que se planificó e impulsó.
El inicio de la intervención militar en la península
Como es sabido, el proyecto Tren Maya se inició con irregularidades legales y la falta de una consulta idónea para las comunidades locales.
Pese a la cosmovisión de las comunidades maya, el gobierno federal no espero su consentimiento para las el inicio de las obras de este megaproyecto, violentando así el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas que, a su vez, promueven su identidad y participación en decisiones que les afecten.
De esta manera, los hallazgos en el informe de la Misión Civil de Observación determinaron que la intervención militar se convirtió en el mecanismo de disciplinamiento principal que dio paso al desarrollo de la obra.
Hasta junio de 2025, el director general del Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, declaró que la presencia militar en el territorio donde se despliega este megaproyecto es de 6 mil 583 efectivos. Para la Misión Civil de Observación, esta cifra contrasta con los 3 mil 320 pasajeros promedio transportados por día, según datos proporcionados en ese mismo periodo.
¿Cómo llegaron los militares al Tren Maya?
Durante la primera fase de la construcción del proyecto Tren Maya, las obras se asignaron a empresas contratistas como Mota-Engil, ICA, CICSA y Carso.
Pero, en agosto de 2023, eso cambió cuando López Obrador decidió cambiar la estrategia y transfirió la construcción, la administración y sus beneficios a la Secretaría de la Defensa (Sedena).
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Para la Misión Civil esa dinámica empoderó a los militares e incrementó la militarización. De esta manera; el militarismo que se impuso al sur-sureste del país reconfiguró el territorio.
Una vez que la Sedena tuvo el control de las obras y operación del proyecto Tren Maya otros megaproyectos, emblema de la administración de López Obrador desde 2018, fueron incorporados paulatinamente a los militares.
De esta manera, subrayan en el informe, la Sedena se ungió como ocupante del territorio con una autoridad irremplazable y omnipresente, con el respaldo, además, del decreto del 22 de noviembre de 2021, en el que los proyectos y obras del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.
Dicho decreto otorgó el carácter de Proyecto de Seguridad Nacional al Tren Maya.
La Misión Civil de Observación determinó que la entrega de las obras del Tren Maya a la Sedena dio paso a que los militares ocuparan el territorio, donde caminos, estaciones, almacenes, cuarteles, bancos de material, hoteles, aeropuertos y otros, son figuras que pasaron a manos de la corporación militar en un proceso de ocupación del territorio.
Como resultado de esta ocupación, tras el decreto que otorgó a las obras del tren el estatuto de seguridad nacional, dio como resultado que la Sedena actuará como depositaria y beneficiaria de la obra. Ésto determinaría una compleja interacción entre constructores, administradores y habitantes de la zona.
¿Cómo ha afectado la militarización en el territorio?
Con la ocupación militar, el informe de la Misión Civil de Observación señala que han sido expropiadas las tierras de los ejidos y directamente los militares han invadido propiedades.
De manera que, las atraviesan con caminos y negocian en condiciones muy desfavorables para los dueños.
Además de la construcción de los seis hoteles de lujo que han construido a un lado de sitios arqueológicos emblemáticos o en reservas de la Biósfera, como Calakmul. Estas acciones ponen en riesgo el patrimonio arqueológico, social y ambiental.
Lo anterior acrecienta en la zona el uso de agua, genera basura y contaminantes, y aumenta la afluencia de personas en las inmediaciones de las edificaciones prehispánicas.
De la libertad, al miedo y la violencia
De acuerdo con los testimonios recabados y los recorridos realizados por representantes de la Misión Civil de Observación en la Península de Yucatán, encontraron que “la impunidad y la amplia circulación de miembros de las fuerzas armadas en toda la región, es una ocupación que no termina con la construcción del tren”.
La documentación de la presencia militar acompañada del despojo territorial cambió la dinámica y el perfil comunitario de las comunidades que colindan con las estaciones cercanas a los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.
“Lo mismo pueden encontrarse en un restaurante que en el supermercado, la tienda, la farmacia, las salas de cine, los bares y los parques, moviéndose entre los pobladores a pesar de estar ostensiblemente armados. La libertad con que circulaban los niños, las mujeres y la población en general se ha transformado en miedo y violencia”, sentenció la Misión Civil en el informe.
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Asimismo, los testimonios recabados durante los recorridos que realizó la Misión Civil insistieron en la indefensión de las comunidades frente a las arbitrariedades de los militares, tanto en terreno, en las dinámicas sociales, en la manera descuidada como transitan por caminos o a campo traviesa y en la disposición unilateral de los territorios.
Sin embargo, el atropello al estado de derecho y la acción de la justicia también son parte de esa acumulación de violencias por parte de los militares en el territorio.
La Misión Civil indicó que “ni los amparos concedidos por los jueces correspondientes han sido respetados. Mucho menos las quejas de los pobladores”.
Las instalaciones militares continúan siendo parte del paisaje a lo largo del proyecto Tren Maya como ocurre con el levantamiento de instalaciones militares en toda la vía trazada que, desde un inicio, se utilizaron para realizar y proteger la obra.
Sin embargo, la Misión Civil reveló que en poblaciones como Carrillo Puerto se observan campamentos militares a la entrada, a la salida y en el centro de la ciudad.
“Ahí es donde se planean desarrollos más intervencionistas o donde la resistencia al proyecto es mayor, ahí la presencia militar es mucho más explícita y reiterada. El despliegue y presencia acrecentada de la corporación militar no es exclusivo de la zona, aunque ahí sea especialmente notorio y abundante”, advierten.
Violencias documentadas a lo largo del Tren Maya
Como parte de los resultados a hallazgos en los recorridos que la Misión Civil realizó a lo largo del Tren Maya, detectaron sitios específicos donde las violencias crecieron.
Actos documentados como el despojo de tierras, trata de personas en modalidad de explotación sexual y pederastía, incluso el boom inmobiliario en sitios naturales.
Uno de estos sitios es la ruta norte de Quintana Roo donde se encuentra el tramo 5 norte del Tren Maya, correspondiente al área del sistema de cuevas inundadas Sac Aktun. En ese lugar la violencia se relaciona con el daño al territorio, principalmente, con la instalación de las más de 15 mil pilas de metal y concreto en el sistema de cuevas.
Los 850 kilómetros de costa de Quintana Roo también se han visto afectados con las obras y operación del proyecto Tren Maya ya que, se incentivó la extensión de la industria turística. Una de las múltiples violencias relacionadas son las extorsiones y el derecho de piso que se han incorporado a la cotidianidad de los pequeños negocios.
Otro sitio donde se detectó una crecida de violencias es la ruta Chetumal a Xpujil donde la apertura del derecho de vía arrasó con la selva o pasó sobre tierras de las comunidades y ejidos dedicados a la apicultura, la agricultura o la ganadería.
Una de las violencias más marcadas en esa región está relacionada con el acceso al agua donde, una buena parte de las comunidades carece de un servicio eficiente de este recurso.
“El gobierno les ofreció la reparación del acueducto para proveerles el líquido vital a cambio de su aceptación al proyecto del tren, promesa que no se ha cumplido. Los testimonios de compromisos incumplidos son recurrentes. Sea que los ejidatarios o pobladores aceptaron vender parte de sus tierras, los militares las ocuparon, y hasta ahora no han entregado el pago”, señalaron en el informe.
Además, lugares como Calakmul, Escárcega y Candelaria no se quedan atrás. Ahí, los militares arremetieron con los modos de vida, su cultura y cosmovisión de las comunidades que habitan en esos sitios.
La Misión Civil resaltó que los testimonios y las observaciones directas registran un constante paso de camiones, volquetes, tráileres de carga y otros vehículos militares propiedad de la Sedena, que ocupan buena parte de la carretera y con frecuencia impiden el paso.
“Van y vienen, no siempre con el cuidado necesario, al punto que atropellaron a un joven que murió y por el que hubo una fuerte protesta de la población. Ocurre que la gente debe orillarse para dejarlos pasar y así evitar nuevos accidentes”, señalaron testimonios dentro del informe.
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La tasa de suicidio en Chile en 2024 llegó a alrededor de 10.5 muertes por 100 mil habitantes, cuatro puntos por sobre la tasa de fallecimientos por homicidios en ese mismo periodo. Pero, ¿cómo se caracteriza este complejo problema de salud pública en el país sudamericano?
“No sé si ustedes saben que en Chile hay más suicidios al año que homicidios. En Chile se suicida más gente que la que muere en condiciones o víctima de la delincuencia”, dijo el presidente Gabriel Boric semanas atrás.
La afirmación, que podría ser simplemente un dato de salud pública, no lo es si se considera el contexto en el que se dijo: una campaña electoral donde la principal preocupación de los chilenos es la inseguridad.
“Los dos, por cierto, son terribles, no se trata de que una valga más que la otra, pero de una se habla mucho, de la otra se habla poco. Y por eso es importante hablar muy firme y muy fuerte de salud mental, es para cuidarnos, es para cuidarnos entre todos”, agregó Boric.
La sensación de inseguridad ha aumentado en los últimos años en ese país, entre otros factores, por el incremento de los niveles de violencia en delitos comunes como el robo y la reciente presencia de grupos criminales como el Tren de Aragua.
La contracara de aquello es que las cifras de delitos violentos han ido a la baja respecto del año pasado, según datos del Ministerio de Seguridad Pública de Chile.
La agenda de seguridad ha estado en el centro del debate nacional en el marco de las elecciones presidenciales, cuyo balotaje se celebrará el próximo 14 de diciembre entre la comunista Jeannete Jara y el derechista ultraconservador José Antonio Kast.
Y, aunque en mucha menor medida, el tema de la salud mental también ha sido parte de la discusión. Jara ha puesto especial énfasis en el tema. Ella tiene una historia personal al respecto: su primer marido se suicidó poco después de haberse casado.
“Un fallecimiento por suicidio es un duelo casi eterno”, ha dicho.
En su programa de gobierno propone justamente fortalecer la estrategia de prevención del suicidio y la implementación de un nuevo modelo de atención de salud mental en urgencias.
Kast, por otro lado, tiene entre sus propuestas fortalecer el plan nacional de salud mental y dar apoyo principalmente a adultos mayores.
Una tendencia sostenida
La tasa de suicidio en Chile en 2024 llegó a alrededor de 10,5 muertes por 100.000 habitantes.
El número es un poco mayor al promedio mundial (≈9,0), pero se encuentra entre los más altos de América Latina, de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud de 2019.
Chile está por debajo de Uruguay, país que tiene de las tasas más altas de la región (21,35), pero por sobre países como México, Colombia o Brasil.
A la vez, tiene una tasa similar a las estimaciones para Europa, pero menor a la de Estados Unidos, la que ronda entre los 14 y 16 suicidios por 100.000 habitantes, de acuerdo a cifras del Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Más allá de la comparativa global, hace años y ya de manera sostenida se ha observado que el suicidio representa una mayor cantidad de muertes que los homicidios en el país, siendo la primera la principal forma de muerte violenta entre el 2018 y el 2024, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud de Chile.
“Esto implica que, pese a la creciente preocupación pública por la violencia interpersonal y el crimen, la violencia autoinfligida continúa representando una carga mayor desde la perspectiva de salud pública. En promedio, Chile enfrenta aproximadamente el doble de muertes por suicidio que por homicidio”, se lee en el Informe violencia autoinfligida e interpersonal, elaborado por el gobierno del país sudamericano.
En 2024 se registraron 1.984 suicidios, mientras que en el mismo periodo se registraron 1.207 víctimas de homicidios, lo que equivale a una tasa de 6,0 muertes por 100.000 habitantes.
“Eminentemente masculino”
De acuerdo a un estudio de académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, que indagó en la evolución histórica del fenómeno del suicidio en Chile (1920-2020), este ha ido aumentando significativamente en el porcentaje total de muertes en el país.
Si a inicios del siglo XX ocupaba una parte casi insignificante en el porcentaje total de decesos (0,2%), hoy se ubica en torno a un 2%.
El perfil de quienes más se suicidan hoy en Chile se concentra en la población masculina, algo que coincide con las tendencias mundiales.
Manuel Alberto Llorca, uno de los investigadores a cargo del estudio historiográfico del suicidio en Chile, explica a BBC Mundo por qué este es un fenómeno “eminentemente masculino”.
“En Chile el suicidio afecta principalmente a hombres. De cada cinco suicidios, aproximadamente cuatro los cometen ellos”, sostiene.
Llorca explica que esta brecha se da, por un lado, porque “los hombres tienden a ser más violentos, pero también tienen más acceso a armas letales, es decir, son más efectivos al momento de intentarlo, mientras que las mujeres lo son menos”.
“También los hombres consumen mucho más alcohol que la mujeres, lo que normalmente es un gatillante. El hombre recurre menos a atención psicológica y tiene menor tolerancia a la frustración, sobre todo, en países machistas donde se espera que sea el proveedor”, agrega.
Según el Ministerio de Salud de Chile, los hombres de 65 y más años se han mantenido como el grupo con mayor tasa de mortalidad desde 2004, con excepción de los últimos dos años, donde de acuerdo a números preliminares los hombres de los grupos de 40 a 64 años y de 20 a 39 se suicidaron más.
En contraste con aquello, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud de Chile, la prevalencia de trastornos depresivos, por ejemplo, es mayor en mujeres que en hombres. Lo mismo si se mira el riesgo de tener una lesión autoinfligingida con intención suicida, la que es el doble en la población femenina respecto de la masculina.
En Chile también se ha reportado una disminución del suicidio entre adolescentes, aunque sigue encontrándose entre las primeras causas de mortalidad para la población entre 15 y 29 años, según el Ministerio de Salud.
La subsecretaria de Salud Pública de Chile, Andrea Albagli, explica a BBC Mundo la importancia que ha tenido la creación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que desde 2013 ha permitido institucionalizar una política específica a nivel estatal.
Bajo ese marco el país se fijó como meta sanitaria disminuir la mortalidad por suicidio entre los jóvenes, algo que dio resultados positivos.
“Tenemos una disminución general de la mortalidad por suicidio y, por sobre todo, una disminución mayor en la población joven”, señala Albagli.
Mayor riesgo en la vejez
A la vez, el país ha registrado un aumento en el riesgo de fallecimiento por suicidio entre la población masculina adulta y adulta mayor, y en particular en mayores de 80 años.
“Si uno mira la tasa de mortalidad por suicidio según sexo y según edad, que es otra manera de medir el riesgo específico, ahí te surge interesantemente otro grupo poblacional prioritario -y esto no solo ocurre en Chile sino que a nivel mundial- y es que es mucho mayor en población adulta mayor entre hombres”, explica Albagli.
La subsecretaria y psicóloga de profesión recalca que “la cifra es muy elocuente: para el periodo 2018-2022, la tasa de mortalidad acumulada en mujeres sobre 80 años fue de 1,4 por 100.000 habitantes, en el caso de los hombres de ese mismo tramo de edad fue de 31,1”.
“Si evalúas por sexo y por edad, no hay riesgo más alto que el riesgo de muerte por suicidio en población adulta mayor masculina”, agrega.
De acuerdo a la autoridad, uno de los factores de riesgo significativos entre la población de hombres adultos mayores es una mayor tendencia al aislamiento, la soledad, la ausencia de red de apoyo y la precariedad económica.
Si se mira el fenómeno desde una perspectiva geográfica, en tanto, se puede ver que las regiones del sur del país como Aysén, La Araucanía y Los Ríos exhiben tasas consistentemente superiores al promedio nacional en las últimas dos décadas, de acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Salud Pública.
El estigma y otros determinantes
“Las causas del suicidio son múltiples, ya que incluyen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales presentes a lo largo de la vida”, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre este fenómeno.
Está bien documentado en la experiencia comparada que las tasas de suicidio son mayores en países menos desarrollados.
A nivel mundial, se cometen unos 720.000 suicidios por año, y más de tres cuartas partes ocurren en países de ingreso bajo o medio, de acuerdo a la Organización Panamericana de Salud (OPS).
En el caso de los países de ingresos medios y altos, como ese el caso de Chile, la OMS ha informado sobre una relación entre el suicidio y los trastornos mentales, “en particular, la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, si bien el principal factor de riesgo es, con diferencia, un intento previo de suicidio”.
El organismo destaca que, sin embargo, muchos casos ocurren de forma impulsiva en situaciones de crisis derivadas de problemas económicos, desempleo, desigualdad, dolor crónico, suicidio de una persona cercana, exposición a la violencia, falta de acceso a los servicios de salud mental y el estigma.
Sobre ese estigma es que la administración del presidente Gabriel Boric ha enfocado su estrategia de prevención.
De hecho, en octubre pasado se lanzó la primera campaña comunicacional nacional dedicada a la salud mental. Con el lema “Estigmatizar cierra puertas. Abramos la conversación a la salud mental”, el gobierno chileno busca justamente generar mayor conciencia sobre la prevención del suicidio en ese país.
El mandatario chileno ha jugado un rol activo en hablar del tema, haciendo público su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) e incluso abordando abiertamente una internación voluntaria en un hospital psiquiátrico antes de llega a la presidencia.
“Durante mucho tiempo el tema de la salud mental se ha vivido en silencio, con estigmas, de manera prejuiciosa, siendo que es parte esencial de la salud integral de toda la población. Si alguien está haciendo deporte y se fractura y se va a operar lo cuenta sin ningún problema…Pero si alguien estuvo internado en un hospital psiquiátrico, como yo, que estuve internado tres semanas en un hospital psiquiátrico voluntariamente, el solo hecho de decirlo como que provoca escozor”, dijo en septiembre pasado en la inauguración de un centro de salud primaria especializado en salud mental en la capital chilena.
Los desafíos pendientes
Pese a que en sectores del mundo académico y de la salud mental se ha valorado que el gobierno chileno tenga entre sus prioridades este tema, también advierten que hay muchos desafíos pendientes.
A la administración actual se le ha cuestionado por poner demasiado énfasis en el relato y no así en políticas públicas concretas.
“Aquí no ha habido ningún aumento significativo en inversión en términos de salud mental durante este gobierno. Y la atención psiquiátrica en el sector público sigue siendo bien miserable. Eso no ha cambiado en absolutamente en nada”, dice Llorca.
Esto último coincide con las conclusiones del último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, el que detectó que “en el sistema público de salud una mujer o un hombre adulto deben esperar 236 días -en promedio- para recibir atención psiquiátrica. Mientras que un niño, niña o adolescente tiene que esperar 292 días”.
“Se trata de situación que afecta la accesibilidad a ayuda, algo fundamental para garantizar el derecho a la salud mental”, agrega un reporte del organismo.
En su informe el INDH también advierte sobre el hecho de que “pese a los esfuerzos y compromisos del Estado de aumentar el presupuesto destinado a salud mental, existe poca claridad respecto de su progreso en relación con las necesidades existentes”.
En el 2025 el Estado de Chile destinó un 4,5% de su gasto público en salud a la salud mental, por debajo del 6% recomendado por la OMS, aunque por sobre lo que destinan en promedio los países a nivel mundial.
La académica de la Universidad de Chile y Directora del Centro Colaborador OPS/OMS para el Desarrollo, Capacitación e Investigación en Salud Mental, Olga Toro, ha advertido sobre los desafíos pendientes.
“Aun cuando se reconoce que hay más conciencia, persisten la barrera del estigma, el limitado reconocimiento de la participación de personas con experiencia vivida y los débiles mecanismos de coordinación intersectorial que disminuyen la efectividad de los esfuerzos públicos”, afirmó en octubre pasado.
Otro de los desafíos pendientes que reportan expertos es la falta de especialistas en el sistema de salud pública.
La subsecretaria Albagli asegura que la estrategia adoptada por el gobierno chileno ha tenido buenos resultados.
Para ella, poner el foco en el relato va en línea con la primera prioridad en materia de salud mental: terminar con el estigma social que lo rodea y que así las personas no teman a pedir ayuda.
De hecho, destaca que entre 2021 y 2025 la red pública de salud mental experimentó un aumento histórico en su actividad asistencial, con las prestaciones ambulatorias pasando de 3,2 millones en 2021 a 6,3 millones en 2024.
Asimismo, las hospitalizaciones psiquiátricas se incrementaron de 34.000 en 2021 a más de 50.000 en 2024.
Por otro lado, la autoridad recalca que el gobierno ha impulsado políticas específicas que han tenido resultados concretos. Entre otros, el establecimiento en 2023 de la Línea de prevención del suicidio *4141, la que opera 24 horas al día y ya suma más de 227.000 llamadas gestionadas y miles de personas conectadas con atención de salud.
Si tú o alguien de tu entorno piensa en el suicidio, busca ayuda. Puedes encontrar recursos de apoyo en este enlace.
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