Retirarán árboles y fauna en 261 hectáreas para construir terminal de carga del Tren Maya en Cancún
A dos semanas del recién declarado Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, un acuerdo que firmó México junto con Guatemala y Belice en presencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la dependencia autorizó el desmonte de 261 hectáreas de selva para construir la terminal de carga del Tren Maya que se ubicará en Cancún, Quintana Roo. Este sitio albergará almacenes de residuos peligrosos.
La construcción de la Terminal Multimodal Cancún costará 7 mil 760 millones de pesos. Este dinero público se destina a subsidios para una obra de carga.
Pese a que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) señaló deficiencias en el proyecto al indicar que los pasos de fauna carecen de sustento técnico; el resolutivo autorizó el proyecto.
Sobre esto, Greenpeace México evidenció que las instituciones ambientales en México han sido reducidas a ventanillas de trámite, sin capacidad de defensa real.
La organización denunció en un comunicado que este nuevo derribo de selva para la ampliación del Tren Maya, pone en riesgo a 12 especies, entre ellas el pavo ocelado, una ave endémica en la Península de Yucatán.
Los ejemplares arbóreos que serán derribados en las 261 hectáreas autorizadas corresponden a selva mediana subperennifolia.
La organización ambientalista advirtió que con este nuevo desmonte autorizado en la selva traerá afectaciones importantes para la Península de Yucatán.
Terminal es un peligro para la selva
También advirtieron que la terminal contará con almacenes de residuos peligrosos, infraestructura pesada, patios de maniobras, zonas aduaneras, zonas de combustible, y hospedaje para Guardia Nacional.
Además de la pérdida de selva en Cancún; la terminal en el municipio de Progreso, Yucatán, talará hasta 104 hectáreas más.
Greenpeace enfatizó que con la pérdida de selva habrá decenas de kilómetros de nuevas vías, estaciones y centros logísticos, fragmentan el hábitat de miles de especies.
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También recordó que el Tren Maya es un megaproyecto extractivista y de despojo, no un proyecto comunitario.
“Exigimos un gran acuerdo que proteja la Selva Maya de todas las amenazas que la acechan todos los días”, demandaron en el comunicado.
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El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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