Tren Maya: comunidades y colectivos exigen planes concretos de restauración ante impactos del megaproyecto
A más de dos meses de la acción pacífica en la Estela de Luz, comunidades de la Península de Yucatán y colectivos junto con la organización Greenpeace México acudieron a las primeras mesas de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la Ciudad de México para abordar los impactos del Tren Maya.
Durante los diálogos, comunidades y colectivos demandaron a las autoridades ambientales presentar planes de acción concretos con responsables y fechas de ejecución para restaurar la Selva Maya tras los impactos provocados por las obras y operación del megaproyecto Tren Maya.
Los habitantes de la Península de Yucatán que dieron sus testimonios ante la Semarnat demandaron “no más decisiones de escritorio” sin tomar en cuenta lo que viven en el territorio.
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Impactos significativos e irreversibles como la degradación de los ecosistemas, enfermedades vinculadas a la contaminación de los cuerpos de agua, fragmentación del tejido social, militarización y agudización de la violencia contra las y los defensores ambientales, inseguridad y una enorme presión sobre los servicios ambientales que presta la bioregión, fueron parte de las amenazas y problemáticas que llevaron a las oficinas de la secretaría.
Además, expusieron la falta de inspección para el cumplimiento de las regulaciones y leyes ambientales vinculadas a la escasez de personal y presupuesto de las instancias.
Amenazas como la tala ilegal, descargas de las granjas porcícolas a los mantos acuíferos, extinción masiva de abejas, uso indiscriminado de agrotóxicos y megaproyectos sin presentaciones de manifestaciones de impacto ambiental, también fueron parte de las preocupaciones que comunidades y la organización Greenpeace México señalaron, ya que, carecen de vigilancia y sanciones efectivas.
Autoridades del Tren Maya no acudieron a la reunión
Entre las organizaciones que estuvieron presentes en las mesas de trabajo con sus representantes fueron Proyecto Aak Mahahual A.C., Cenotes Urbanos, Selvame del Tren, Centro comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on.
Además, estuvo en la reunión el Comisariado Ejidal de Santa María Chi, Yuc, U Tumben Nekil Kuxtal, Kanan DH, Terravida, Colectivo de Comunidades mayas de los Chenes,Gema del Mayab AC. y Greenpeace México.
Por parte de las autoridades ambientales de la Semarnat, estuvieron presentes representantes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico (Dggfsoe).
También se presentó el Sistema Nacional de Información para la Restauración Ambiental (Sbra), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Dirección General de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
Sin embargo, los faltantes a las mesas de trabajo fueron las autoridades del proyecto Tren Maya y representantes de los gobiernos estatales.
Piden incorporar propuestas de la sociedad civil
Durante las sesiones de trabajo, comunidades de la Península de Yucatán, representantes de colectivos y Greenpeace México enfatizaron la importancia de incorporar las propuestas de la sociedad civil para contar con un modelo de desarrollo sostenible y utilizar las herramientas ambientales disponibles para prevenir y contener impactos ambientales.
La jornada comenzó con una mesa plenaria en la que participaron autoridades federales, organizaciones ambientales y representantes comunitarios. En ese espacio se habló de las preocupaciones, propuestas y experiencias en torno a los problemas socioambientales que vive la región.
Enseguida continuaron dos mesas de trabajo temáticas. En ellas se abordaron temas relacionados con la conservación, la gestión territorial, la vigilancia ambiental, la restauración ecológica y la protección de las personas defensoras de los territorios.
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La Semarnat señaló que en cada mesa se generaron propuestas de colaboración y rutas institucionales para fortalecer la coordinación y el seguimiento intersectorial.
La militarización también fue un tema que se tocó en la reunión con las autoridades ambientales donde, comunidades y sociedad civil refutaron que la presencia de la Sedena en la Península trajo un evidente “control del espacio público” por parte de esa secretaría. Además, de un aumento en materia de inseguridad y la reproducción de múltiples violencias.
¿Qué piden las comunidades y organizaciones?
Comunidades indígenas de la Península de Yucatán junto con representantes de colectivos y Greenpeace México exigen a las autoridades ambientales atender cuatro ejes prioritarios.
- Freno inmediato a los impactos y daños del Tren Maya
Las comunidades y organizaciones resaltaron lo necesario que es contar con un diagnóstico integral de los daños e impactos acumulativos y sinérgicos del megaproyecto ferroviario; así como implementar un Programa de restauración integral regional de la Península.
- Límites a megaproyectos en materia de energía, agrotóxicos, granjas e inmobiliarios, como Mahual
Urge que se desarrolle una estrategia regional de prevención con vigilancia ambiental, participación comunitaria y sanciones concretas.
- Alto a proyectos que rebasen límites ecológicos
Es una obligación contar con lineamientos vinculantes basados en capacidad de carga y de la participación y visión comunitaria, en tanto no se tengan resultados de límites de cambio aceptable y capacidad de carga.
Las organizaciones y comunidades fueron enfáticas al señalar que será inaplazable la implementación de instrumentos de regulación de uso de suelo más claros y restrictivos que blinden el ecosistema selvático.
- Moratoria a megaproyectos y autorizaciones de cambio de uso de suelo y Programa Peninsular de Restauración
Tras reconocer los daños a la selva Maya por parte de la Semarnat, urge contar con la reparación de daños y la restauración integral del territorio con la participación de los pueblos y visión territoriales.
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La militarización de los territorios en la Península de Yucatán, tras las obras y operación del Tren Maya, también fueron parte de las discusiones que se llevaron a estas mesas de trabajo en las que comunidades testificaron cómo han experimentando dichos cambios.
De acuerdo con las comunidades, esa”irrupción a sus territorios” ha incrementado la inseguridad y facilitado la reproducción de múltiples violencias que se observan desde el control del espacio público por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el cambio en la dinámica social interna de las personas.
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La sentencia contra la médica ha sido criticada por organismos como la CIDH, que la consideran una prueba de la intención de las autoridades de silenciar las voces críticas.
30 años de cárcel. La pena máxima de cárcel que la legislación venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro y violación le fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años.
Sin embargo, la profesional de la salud no mató ni secuestró a nadie. Su delito fue que, en medio del fragor de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, en el estado andino de Táchira (fronterizo con Colombia), en el que llamaba a votar en contra de Nicolás Maduro y lo responsabilizaba de la crisis económica que atraviesa el país.
Ocho días después de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganó Maduro aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden dicha declaración, la policía arrestó a Orozco.
“Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: ‘Acompáñenos’. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella”, le contó a BBC Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz.
La grabación de la doctora llegó a manos de unos simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía tras amenazarla con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas para cocinar subsidiados.
El caso de Orozco es el último de una serie de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercieron su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales. Un derecho que las autoridades venezolanas advierten que “no es absoluto”.
La excusa para la invasión
“Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir”.
Esto habría dicho la jueza Luz Dary Moreno Acosta al condenar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, relató el hijo de la médica.
¿Pero qué dijo la doctora para ser condenada a la pena máxima? “Ella le pidió a la comunidad que saliera a votar (contra Maduro) y (que los vecinos) dejaran la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos”, narró Ruiz.
El hijo de la doctora admitió que el mensaje era “subido de tono” , pero negó que su madre cometiera un delito.
“Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar cauchos (neumáticos). Ni tampoco pidió una invasión extranjera”, aseguró.
En las últimas semanas, EE.UU. ha reunido en las aguas del Caribe una flota de naves de guerra -entre las que está su portaaviones más moderno y grande, el USS Gerald R. Ford-, con el propósito declarado de combatir el narcotráfico.
Sin embargo, desde Caracas sostienen que este despliegue militar en realidad persigue “un cambio de régimen” en Venezuela.
“Así como usted sufre, las personas que están en el Gobierno también sufren”, le dijo la jueza a Orozco, de acuerdo con el relato del hijo, quien dijo que obtuvo los detalles de unos abogados que estuvieron presentes cuando la titular del Tribunal 4 de Juicio de Táchira leyó su veredicto.
Aunque el fallo no ha sido publicado, desde la Fiscalía venezolana confirmaron a BBC Mundo que se produjo, pero rechazaron las peticiones para que hicieran comentarios sobre el mismo.
Ni siquiera el hecho de que Orozco sufriera un infarto durante el año que ha permanecido detenida sirvió de atenuante para la justicia.
En marzo pasado, la jueza Moreno rechazó permitirle a la doctora seguir el juicio en libertad condicional, por considerar que “existe peligro de fuga” y porque “pudiera influir en los testigos para que informen falsamente al tribunal, y ponga en peligro la verdad de los hechos y la realización de la justicia”.
El dictamen se produjo semanas después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtiera que “buscarían” a todo aquel que respaldara una invasión.
“Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer”, alertó semanas atrás.
Cuidado con lo que dices
Otras personas que escucharon el audio de Orozco aseguraron a BBC Mundo que “era una grabación de 17 minutos bastante agresiva en algunas partes”. Esto, explicaría porque a la doctora le aplicaron el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.
“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”, establece la norma.
La vaguedad y amplitud de la disposición le ha valido la crítica de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales sostienen que puede ser empleado para silenciar a las voces críticas.
Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercer la libertad de expresión. Varias de las aprehensiones están vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, reportó la organización Espacio Público.
Antes de que se conociera la condena contra Orozco se produjeron otros dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50 años, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel por un audio que envió a un grupo de WhatsApp en el que se quejaba porque no le entregaron la bombona de gas que pagó e invitaba a sus vecinos a una protesta.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años del llanero estado Barinas, fue condenada también a 15 años de prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. No obstante, su familia sostiene que la grabación no fue hecha por Telles sino que es un montaje realizado con inteligencia artificial.
Estos casos explican porque muchos en el país han optado por evitar discutir sobre determinados temas a través de plataformas digitales o constantemente borran los historiales de sus teléfonos.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que la polémica legislación contra el odio tenía “un carácter preventivo educativo y disuasivo”.
“La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Y en Venezuela hay una legislación que lo regula”, advirtió un funcionario judicial en ejercicio bajo condición del anonimato.
Sin sustento
La condena contra la médica ha sido criticada tanto dentro como fuera del país.
“Este caso evidencia que la falta de independencia del sistema de justicia venezolano está profundamente arraigada y que continúa funcionando como parte del aparato represivo del Estado”, denunció a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees.
Tras afirmar que la Ley contra el Odio “restringe severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y genera un fuerte efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática”, De Mees aseguró a BBC Mundo que “la aplicación de esta ley en casos como el descrito confirma el clima de miedo y autocensura” reinante en el país y “desalienta cualquier forma de disidencia, incluso más allá de las fronteras de Venezuela”.
Por su parte, juristas venezolanos han puesto en duda el fundamento jurídico de la sentencia contra la doctora Orozco.
“Para que se dé el delito de incitación al odio el mensaje ha debido provocar una expresión de odio por parte de un individuo contra otro. ¿A quién incitó ella? La doctora lo que hizo fue expresar su propio sufrimiento”, explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.
Tampoco consideró correcto la aplicación de los delitos de traición y conspiración.
“La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora para acabar con la democracia y las instituciones? Y el delito de traición habla de unirse con naciones o enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya aliado con nadie”, agregó.
“Con este tipo de sentencias el gobierno quiere quitarnos el derecho a pataleo (protesta), afirmó el hijo de la condenada, quien reiteró que su mamá jamás ha participado en actividades políticas de ninguna naturaleza.
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