Tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya agravan daños ambientales irreversibles y elevan la violencia en la Península de Yucatán
Para entender mejor
El Tren Maya, megaproyecto emblema del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo anunció desde 2018 e inició su construcción en junio de 2020, ya presenta impactos socioambientales significativos e irreversibles que fueron documentados por la “Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya” en Quintana Roo y Campeche, específicamente en los tramos 5, 6 y 7.
Entre los hallazgos que recabó la Misión Civil de Observación destaca un incremento en la violencia criminal e institucional en el territorio. Un ejemplo de esto ocurre en los tramos del sur, donde previamente predominaban territorios rurales con bajo índice delictivo.
De acuerdo con las organizaciones responsables del informe, las disputas criminales se concentraban en las ciudades turísticas de Cancún y Playa del Carmen, pero a partir de la construcción y operación del Tren Maya ahora alcanzan a los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco.
La Misión Civil de Observación destaca que la ocupación militar ha incrementado la percepción de inseguridad e impunidad en la Península de Yucatán; las violencias sociales y de derechos humanos que documentó fueron presentadas en un informe que elaboraron organizaciones, como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, las defensoras de Carrillo Puerto, Quintana Roo.
También estuvo presente el trabajo de Cenotes Urbanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, los centros de derechos humanos Frayba y 3, Kanan Derechos Humanos, Greenpeace México, Jaltun, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Territorios Diversos para la Vida (TerraVida) y el Colectivo Cantukun de Kinchil.
A los recorridos para realizar el informe también se sumaron Alicia Castellanos y Carlos Rodríguez, académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Giovanna Gasparello del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); y, como observadores, integrantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Tren Maya generó una irreversible degradación ambiental
La Misión Civil de Observación dio seguimiento a la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en la que se identificó al caso como Megaproyecto Tren Maya.
En su momento, la octava audiencia local del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza evaluó la implementación del proyecto de transporte ferroviario que planteó un plan de reordenamiento territorial en la península de Yucatán; se advirtió la destrucción y degradación ecológica de los ecosistemas, así como el bienestar de los pueblos maya y la sustentabilidad de sus culturas y territorios ancestrales.
En la sentencia que dictó el tribunal se responsabilizó al Estado mexicano por la violación de los derechos fundamentales de la naturaleza y del pueblo maya, así como el derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas.
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La misión evidenció en su informe que también las obras paralelas a la construcción y operación del megaproyecto han generado una extendida, irreversible y acelerada degradación ambiental.
La deforestación de más de 11 mil hectáreas de selva, la fragmentación de ecosistemas, la perforación y destrucción de cenotes y cavernas, la alteración de humedales, la contaminación del acuífero y la pérdida de hábitat de especies emblemáticas ya son visibles en los tramos 5, 6 y 7 que fueron evaluados. Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna acción de mitigación.
Las organizaciones señalan la actuación irresponsable de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y las omisiones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El informe también resalta la importancia de los territorios forestales de la Península de Yucatán, que forma parte de la Selva Maya, reconocida como “el segundo macizo forestal tropical más grande de América Latina”. En él se encuentran los corredores biológicos “Yum Balam-Sian Ka’an-Calakmul” en los que se alojan ecosistemas de importante valor biológico.
La Misión Civil de Observación determinó que los trabajos para instalar las vías del tren, como bodegas, áreas de mantenimiento, caminos de acceso al trazo y bancos de materiales, generaron impactos ambientales irreversibles.
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Los impactos se deben a la pérdida de conectividad ecológica por la fragmentación del territorio, la deforestación, la destrucción del hábitat de la flora y de la fauna, el relleno de humedales, y daños causados al sistema hidrológico subterráneo y superficial.
Además, en compañía de expertos del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), la misión recorrió los humedales que se encuentran en los alrededores del estero de Chaac, en el municipio de Othón P. Blanco, donde testimonios describieron cómo la construcción de la vía y obras alternas interfirió en los flujos hidrológicos naturales.
Las intervenciones dañaron manglares, lo que generó repercusiones graves. Un ejemplo fueron las inundaciones de 2023 y 2024 que impactaron áreas urbanas y agrícolas en Bacalar, Chetumal y otros poblados del sur de Quintana Roo.
Tren Maya detonó expansión inmobiliaria y turística
En 2018, con el entonces reciente anuncio de la construcción del megaproyecto Tren Maya, la especulación de tierras y la previsión de un aumento en la rentabilidad de los negocios que conectarían con el proyecto emblema de López Obrador “multiplicó, por mucho, los impactos”, advirtió la Misión Civil en su informe.
Las organizaciones señalaron que los cambios apuntan a un aumento en la inseguridad para la población de la Península de Yucatán; en materia de impacto social documentaron que el cercamiento del espacio público, la enajenación de lugares y actividades, y la incomunicación de la población local son parte de las consecuencias determinadas por la presencia militar en los territorios atravesados por los tramos 5 y 6 del Tren Maya.
A lo largo del tramo 7 las organizaciones detectaron afectaciones a la propiedad privada y a las actividades productivas de comunidades rurales, por parte de militares encargados de la construcción del tren.
Lo anterior se documentó con las denuncias que la Misión Civil recopiló en relación con la intrusión de personal militar en predios y parcelas que irrumpió con la ruptura de cercas y el abandono de gran cantidad de desechos y material pétreo en los terrenos cultivados.
Esas acciones dejaron inservibles los terrenos, afectando, directamente, las actividades productivas de los ejidatarios.
Las obras del Tren Maya también trajeron la extracción de grandes cantidades de líquido de los pozos locales, llegando a secar aljibes y jagüeyes. Uno de los casos fue el de habitantes de comunidades del municipio de Calakmul quienes denunciaron la apropiación de agua de esas fuentes por parte de personal militar, sin que existiera alguna mediación para tener el consentimiento de la comunidad.
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Las organizaciones advierten del boom inmobiliario en la Península de Yucatán y el Colegio de Ingenieros Civiles señaló que la construcción del Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, propiciaron una urbanización irregular y la especulación sobre los precios de los terrenos, la cual ha crecido hasta 400 % desde 2019.
Lo anterior, denuncian las organizaciones, se ha acompañado por la omisa acción de instituciones ambientales.
Otro de los puntos donde se hace evidente el impulso de una urbanización irregular y la apropiación de tierras es el tramo carretero de Cancún hacia Tulum, “con especial dinamismo”, señalan, desde que comenzó la construcción del tren.
Lo anterior se debe a que se creó un corredor para la especulación inmobiliaria entre la Carretera Federal 307 y las líneas férreas del Tren Maya. Se trata de 57 kilómetros que van de la salida de Playa del Carmen a Tulum, pasando por Puerto Aventuras, Akumal, Chemuyil y Jacinto Pat.
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El megaproyecto dio paso a nuevas áreas de inversión inmobiliaria con los 23 kilómetros que van de Tulum al entronque con la carretera al Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. El informe reveló que la urbanización y la especulación inmobiliaria sobre tierras de propiedad social no se encuentran bajo control. Hasta ahora, ni las autoridades federales ni locales han trabajado en esa problemática.
Al contrario, va en aumento la proliferación de proyectos de hoteles, espacios turísticos, condominios, desarrollos inmobiliarios y residenciales, centros comerciales y de servicio en zonas selváticas que carecen de permisos ambientales y licencias de construcción.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, entre finales de 2023 y octubre de 2024 se contabilizaron más de 600 proyectos inmobiliarios en la zona.
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El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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