“Nos faltan 10”: mineros marchan en todo el país para exigir justicia por sus compañeros desaparecidos en Concordia, Sinaloa
Este sábado, al grito de “¡Nos faltan 10!” y bajo el lema “Los mineros estamos de luto”, trabajadores del sector minero marcharon de manera simultánea en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hermosillo y Pachuca para exigir justicia por los 10 mineros privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, el pasado 23 de enero —cinco de ellos ya localizados en una fosa clandestina— y para demandar mayores garantías de seguridad en su trabajo.
Convocados por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, los participantes portaron cascos, camisas blancas y chalecos, atendiendo el llamado emitido el 11 de febrero, cuando la organización invitó a la ciudadanía a sumarse a un acto pacífico “en memoria de nuestros compañeros y de todos los desaparecidos”.
Zacatecas: “Los mineros estamos de luto”
En Zacatecas, trabajadores mineros recorrieron las calles del centro histórico acompañando a familiares y amigos de Ignacio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez, quienes fueron reportados como desaparecidos y posteriormente localizados sin vida en una fosa clandestina en El Verde, Concordia.
La movilización formó parte de la jornada nacional de protesta y se centró en la exigencia de justicia y de condiciones seguras para ejercer la labor minera.
Durante la marcha, Rubén del Pozo, presidente del Consejo Directivo Nacional de la AIMMGM, ofreció un mensaje en el que reconoció la gravedad del momento que vive el sector. “Reconocemos los esfuerzos de seguridad que se están haciendo, pero nos damos cuenta de que son insuficientes”, dijo.
Y agregó: “Hemos superado los riesgos de la seguridad en las minas y lamentablemente hoy tenemos que enfrentar los riesgos de la seguridad fuera de las minas. Esto tenemos que reconocerlo y tenemos que redoblar el esfuerzo. Nuestro recuerdo, nuestra gratitud a todos ustedes y nuestro pésame a las familias de nuestros compañeros mineros”.
Hermosillo: marcha silenciosa y misa por los mineros
En Hermosillo, Sonora, integrantes del sector minero realizaron una marcha pacífica que inició alrededor de las 11:00 de la mañana desde las oficinas estatales de la AIMMGM y avanzó en silencio hacia la Catedral de la ciudad.
Los participantes portaron moños negros y mantuvieron un ambiente solemne. “Queremos trabajar con seguridad”, expresaron, recordando que solo cinco de los diez mineros secuestrados han sido identificados hasta ahora.
El contingente continuó hacia la Plaza Zaragoza, donde se celebró una misa en memoria de los desaparecidos y fallecidos. Representantes del sector y familiares lamentaron el clima de violencia que ha golpeado al gremio, subrayando la solidaridad hacia quienes aún esperan respuestas de las autoridades.
Puedes leer: Identifican los cuerpos de 5 mineros hallados en fosa clandestina de Concordia, Sinaloa
Pachuca: homenaje y llamado a garantizar seguridad
En Pachuca, Hidalgo, la AIMMGM encabezó una marcha que comenzó en Plaza Perisur y concluyó en el Monumento al Minero, frente al hospital del ISSSTE. Ahí se realizó un homenaje a los trabajadores asesinados en Concordia.
La presidenta del distrito, Alba Elena Pérez Rodríguez, dirigió un mensaje en el que subrayó el impacto para las familias de los mineros desaparecidos en Concordia: “Los que cometieron esta canallada destruyeron 10 familias y, sin esos trabajadores mineros, la vida de esos hogares se ha desmoronado”.
Los asistentes realizaron primero medio minuto de silencio y luego medio minuto de aplausos en honor a los mineros cuyo nombre fue leído en el acto, entre ellos Antonio de la O Valdez, José Antonio Jiménez, José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Manuel Castañeda Hernández.
La organización reiteró su exigencia de justicia y rechazó cualquier forma de violencia que afecte al sector. También llamó a las autoridades a reforzar el Estado de derecho en las zonas mineras para impedir que hechos como los ocurridos en Sinaloa se repitan.
El caso de los 10 mineros desaparecidos en Concordia
El 23 de enero, diez trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver fueron secuestrados por un grupo armado en viviendas asignadas por la compañía en el municipio de Concordia, en Sinaloa.
Días después, autoridades federales y estatales localizaron fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, donde fueron encontrados cuerpos. La Fiscalía General de la República confirmó que cinco correspondían a los mineros desaparecidos.
Ante estos hechos, el presidente nacional de la AIMMGM, Rubén del Pozo, demandó días atrás que el caso no quedara impune, afirmando: “Exigimos que no quede impune este hecho que enluta a todo el sector minero y a la sociedad en su conjunto”.
Con información de Proyecto Puente, Criterio Hidalgo y Noroeste.
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Las medidas tienen por objeto aumentar el control israelí sobre la Cisjordania ocupada en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
Los palestinos, varios países árabes, grupos israelíes contra la ocupación y Reino Unido han criticado las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Israel para la Cisjordania ocupada, diciendo que equivalen a una anexión de facto.
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, anunció las medidas que facilitarían a los colonos judíos la toma de control de tierras palestinas. “Seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino”, afirmó.
Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania se consideran ilegales según el derecho internacional.
Las medidas, que se espera que sean aprobadas por el máximo comandante militar israelí en Cisjordania, tienen por objeto aumentar el control de Israel sobre el territorio en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
El anuncio se produjo pocos días antes de la reunión prevista este miércoles entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.
Los asentamientos en Cisjordania se expandieron el año pasado a su ritmo más rápido desde que se inició el seguimiento, según denunció la ONU.
Entre las nuevas medidas israelíes se encuentra la anulación de una prohibición vigente desde hace décadas sobre la venta directa de terrenos en Cisjordania a judíos, así como la desclasificación de los registros catastrales locales. Hasta ahora, los colonos solo podían comprar viviendas a empresas registradas en terrenos controlados por el gobierno de Israel.
Los ministros israelíes presentaron el cambio como “una medida que aumentará la transparencia y facilitará la redención de tierras”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó posteriormente que se trataba de corregir una “distorsión racista” que “discriminaba a los judíos, estadounidenses, europeos y cualquier persona que no fuera árabe en lo que respecta a la compra de bienes inmuebles en Judea y Samaria”.
El gabinete también decidió derogar el requisito legal que exigía la obtención de un permiso de transacción para completar cualquier compra de bienes inmuebles, reduciendo así la supervisión destinada a prevenir el fraude.
La preocupación de los palestinos y del mundo árabe
Los palestinos temen que estas medidas aumenten la presión entre los habitantes de Cisjordania para que vendan sus tierras, y que se produzcan actos de falsificación y engaño.
El presidente palestino, Mahmud Abás, que lidera la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de Cisjordania, calificó las medidas de “peligrosas” y de “intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina”.
Pidió a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU que intervinieran de inmediato.
La ONG israelí Peace Now afirmó que la decisión del gabinete ponía en peligro la Autoridad Palestina e implicaba la cancelación de acuerdos y la imposición de una anexión de facto.
Acusó al gobierno israelí de “romper todas las barreras posibles en el camino hacia el robo masivo de tierras en Cisjordania”.
Reino Unido se sumó a las críticas condenando “enérgicamente” la medida y pidió a Israel que revocara la decisión, afirmando que “cualquier intento unilateral de alterar la composición geográfica o demográfica de Palestina es totalmente inaceptable y sería incompatible con el derecho internacional”.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Qatar calificaron el anuncio como “una aceleración de los intentos de anexión ilegal y desplazamiento del pueblo palestino”.
En su declaración “advirtieron contra las continuas políticas expansionistas y las medidas ilegales aplicadas por el gobierno israelí en la Cisjordania ocupada, que alimentan la violencia y el conflicto en la región”.
Los derechos sobre la tierra se encuentran en el centro del conflicto entre Israel y Palestina, y la venta de terrenos a colonos es un negocio turbio en el que a menudo intervienen intermediarios.
La Autoridad Palestina lo considera traición y, por lo tanto, técnicamente se castiga con la pena de muerte, aunque a los condenados se les suele imponer penas de cárcel.
La expansión de los asentamientos
Otras medidas controvertidas anunciadas por Smotrich, responsable ministerial de las políticas de asentamientos, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, incluyen la transferencia de la concesión de licencias de construcción exclusivamente a las autoridades israelíes en la Tumba de los Patriarcas y sus alrededores, un importante lugar religioso.
Conocida con este nombre por los judíos y como Mezquita de Ibrahim por los musulmanes, este lugar situado en el corazón de la volátil ciudad palestina de Hebrón es venerado por judíos, musulmanes y cristianos como el lugar de enterramiento de Abraham, Isaac y Jacob. Es el segundo lugar más sagrado del judaísmo y el cuarto del islam.
Las nuevas medidas también otorgan a los organismos israelíes poderes de supervisión y ejecución en materia medioambiental y arqueológica en las zonas administradas por la Autoridad Palestina.
Además, se reactivaría un comité para permitir al Estado de Israel realizar compras “proactivas” de terrenos en Cisjordania, lo que se presenta como “una medida destinada a garantizar reservas de terreno para los asentamientos de las generaciones venideras”.
A raíz de los históricos Acuerdos de Oslo de 1993, la recién creada Autoridad Palestina recibió el control total sobre las zonas urbanas palestinas —aproximadamente el 20% del territorio— conocidas como Zona A.
En la Zona B, con un porcentaje similar, la Autoridad Palestina solo tenía control administrativo, mientras que Israel mantenía el control sobre la seguridad.
Israel conservaba el control total sobre la seguridad y la administración del 60% de Cisjordania, donde se encuentran los asentamientos, conocida como Zona C.
Más de 700.000 colonos israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este (que Israel se ha anexionado), territorios capturados por Israel a Jordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos reclaman esas tierras para su futuro Estado independiente, junto con la Franja de Gaza.
La Administración Trump ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel.
En respuesta a la última medida, un funcionario de la Casa Blanca reiteró la oposición de Estados Unidos a la anexión, afirmando que “una Cisjordania estable mantiene la seguridad de Israel y está en consonancia con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región”.
Smotrich, un colono que dirige un partido a favor de los asentamientos, ha prometido duplicar la población de colonos en Cisjordania.
En diciembre, el gabinete de Israel aprobó una propuesta para construir 19 nuevos asentamientos. Israel también se está preparando para iniciar la construcción de un polémico proyecto de asentamientos cerca de Jerusalén, conocido como E1, que dividiría efectivamente el norte y el sur de Cisjordania.
Según la ONU, solo en 2025 se desplazó a más de 37.000 palestinos, una cifra récord, en un año en el que, según la organización, también se registraron niveles sin precedentes de violencia por parte de los colonos israelíes.
La coalición gobernante de Netanyahu incluye a muchos miembros favorables a los colonos que quieren que Israel se anexione Cisjordania, con la que afirman tener vínculos religiosos e históricos.
El primer ministro, que se enfrenta a unas elecciones a finales de este año, ha declarado que nunca aceptará la creación de un Estado palestino, ya que, según él, supondría una amenaza para la seguridad de su país.
En 2024, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, emitió un dictamen consultivo no vinculante en el que afirmaba que la ocupación israelí de los territorios palestinos era ilegal y debía terminar.
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