
“Antes decían que este hospital era de especialidades, pero ahora ya no. Dicen que hacen falta muchos médicos, medicamentos y aparatos”. Silvia Rodríguez, una mujer de 57 años, describe así al Hospital General de Tláhuac, su única posibilidad de atención médica porque no tiene seguridad social.
Silvia tiene el cabello entrecano, largo, trenzado; en su dentadura hay varios huecos, y las líneas marcadas de su rostro moreno le hacen ver mayor. Está en la sala de espera del área de urgencias. Trajo a su esposo porque tiene un dolor en el estómago insoportable. “Él nunca llora y ahorita hasta gritaba del dolor, por eso se convenció de venir”, dice, mientras sujeta con fuerza la bolsa de tela sobre sus piernas. Se le nota la angustia en los ojos.
Durante la conversación cuenta con toda naturalidad que ella misma necesita una cirugía para extirpar las piedras en la vesícula que le diagnosticaron en 2023, pero está resignada a vivir sin ella.
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– ¿Por qué no la operaron?
– Aquí dicen que ya no son especialidades porque no tienen los aparatos, que se han descompuesto, y que ellos no pueden hacer nada porque no les mandan el gobierno. Luego me mandaron al Hospital General, y ahí tampoco me atendieron porque no había cirujano. Y no he tenido la economía para operarme en un particular.
– ¿Ya ha preguntado cuánto cuesta?
– Sí, sale como 8 mil o 10 mil pesos, pero no tenemos la posibilidad de tener esa cantidad para operarme. Y no tenemos seguro ni nada de eso, por eso recurrimos aquí a los hospitales.
– ¿Y ahorita cómo se siente, no le da molestias la vesícula?
– De repente me dolía bastante, pero ya después he tomado medicamentos, así que me controle nada más el dolor.
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Silvia trabaja como ayudante haciendo quesadillas en un puesto ambulante. Antes de eso trabajó por décadas limpiando bodegas en la Central de Abasto, pero durante la pandemia la mandaron a descansar, por ser de la tercera edad.
En la plática, también confiesa que siente bolitas en diferentes partes del cuerpo. “Yo creo que es cáncer”, dice, mientras arrecia el llanto y su voz apenas se escucha. “Mire, tóqueme aquí”, pide, mientras guía la mano de la reportera a su brazo y cuello. “Hay unas que me duelen y otras que no, pero me dicen que no es nada, que sólo son de grasita”.
No le ha dicho a nadie de su padecimiento para no preocupar a sus hijos. Además no tiene mucho caso, insiste, porque jamás podría pagar un tratamiento de cáncer. Su única esperanza es su fe. “Le pido mucho a Dios que me ayude. Cuando me siento mal sólo le pido a Él. Nunca nos puede fallar”.
Mientras se limpia la cara con su blusa, regresa al caso de su esposo. Dice que no es la primera vez que padece del estómago. Antes de la pandemia lo operaron en este hospital por un absceso en la pared del estómago, pero ahora, los mismos médicos dicen que ya no tienen los aparatos para atenderlo.

Quince minutos después, su esposo, de 62 años, salió del consultorio con una receta de la joven médica que está de turno. “¿Qué te dijeron?”–pregunta ella. “Que algo me cayó mal” –responde él. Le estira la mano para enseñarle el pedazo de papel, aunque la mujer no sabe leer. Entonces, le pide a la reportera que la lea para ver qué le recetaron. Es un Omeprazol, tratamiento para el reflujo. “Pero dicen que no hay en la farmacia, que lo tenemos que comprar afuera”, explica el hombre, pálido.
Ambos se dirigen hacia la salida. Él camina con cierta dificultad, a paso lento, sin separar la mano de su abdomen. Ella camina a un lado, resignada, como en cada visita a este hospital.
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El Hospital General de Tláhuac fue inaugurado en 2010 por el entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía. Se trataba de un hospital que atendería a 240 mil personas y que inició operaciones con las especialidades de Pediatría, Medicina Interna, Cirugía General, Traumatología, Geriatría, Oftalmología, Neurología y Terapia Intensiva, con 19 consultorios y 200 camas.
Según el entonces secretario de Salud, Armando Ahued, el hospital requería 200 millones de pesos de presupuesto anual para cumplir la expectativa de atención, que consistía en 34 mil consultas de especialidad, 28 mil servicios de urgencia, mil 400 cirugías programadas, mil 320 ambulatorias, y 200 mil estudios de laboratorio.
Los pasillos que estaban relucientes hace 15 años, hoy tienen los pisos desechos, techos caídos, y por dentro, lo que no está visible para los visitantes, es prácticamente un cascarón. Los estantes de medicamentos están vacíos, la falta de insumos hacen imposible utilizar algunos medicamentos inyectables, y el personal, cada vez más disminuido, hace malabares para intentar salvar vidas.
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Así lo pudo constatar Animal Político al recorrer el hospital Hospital de Tláhuac y hablar con personal de diferentes áreas, días después de que decidieron bloquear la vialidad para denunciar las carencias y tras el cierre del área de terapia intensiva por la renuncia del último médico que la atendía, en enero pasado. En casi todos los casos pidieron anonimato, para evitar represalias.
Explican que poco a poco el hospital dejó de ser de especialidades. El geriatra y el neurólogo se fueron. En ese momento tampoco había ginecólogos los fines de semana, por lo que no podían atender ni partos, y hace más de un año dejaron de hacer cirugías de ortopedia. Aunque sí hay especialistas, no se cuenta con todo el material para atender fracturas.
“Vea las gavetas, están vacías”, dice una doctora mientras las señala. Sólo son un par de muebles en el área de Pediatría y efectivamente no hay ni siquiera Vida suero oral, quizá el insumo más básico para tratar la deshidratación, de esos que hasta antes se regalaban a manos llenas en los centros de salud.

“Tenemos un niño con diarrea y hay que pedirle a los papás que traigan su propio suero comprado. Aquí los que se están beneficiando más pues son las cadenas de farmacia”, dice el personal.
Otra de las pacientes es una niña con diabetes, a quien deben revisarle la glucosa cada hora. Solo de un día necesitarían 24 tiras reactivas, pero únicamente hay 3. “¡Tres tiras para más de 24 horas! De plano hay que estar peleando y matándose por una tira reactiva con otras áreas. ¿Qué hace enfermería? Comprarlas de su bolsa”, agrega una doctora.
También faltan suspensiones y jarabes, pero el personal médico resuelve como puede. “Disolvemos tabletas con agua y calculamos lo que corresponde por peso a los niños. O a veces traemos muestras médicas que nos regalan en los congresos y lo vamos dosificando como se necesite; damos dosis en jeringa y así sacamos para varios, pero a veces ni un simple paracetamol tenemos. Ahorita estamos consiguiendo norepinefrina para otra niña grave que tenemos acá, porque tampoco hay”.
Las carencias, dice, “han sido más evidentes en los últimos 3, 4 años, pero así súper mal estos últimos año y medio, o sea, nos hemos quedado sin medicamentos básicos de lo básico.

Este era un Hospital financiado con recursos locales y federales a través del Seguro Popular, desaparecido por instrucción del expresidente Andrés Manuel López Obrador acusando corrupción, aunque no hay un solo imputado al respecto. En su lugar, creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero fue extinto dos años después.
En ese proceso, no se sabe dónde quedó el dinero que financiaba el Seguro Popular. De 2010 y hasta 2018 el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del Seguro Popular había acumulado 119 mil millones de pesos, pero en 2023, sólo tenía 45 mil millones de pesos. Es decir, en 4 años AMLO disminuyó 62% del dinero ahorrado durante 13 años, y sin explicar en qué lo gastó.
Ahora el hospital depende del IMSS-Bienestar, a cargo del gobierno Federal, pero se trata del tercer proceso de transición, con las complicaciones administrativas y de distribución de recursos que conlleva.

Con este panorama, cuando se le pregunta a un médico qué le diría a los ciudadanos, éste pide su comprensión y hace una recomendación: “Si no estás enfermo, cuídate. Pero si tienes una enfermedad y tienen que ir a un hospital como éste, sepan que puede haber atención médica o no. No sabemos qué va a pasar porque todos están igual”.
Por eso, pensándose él mismo como paciente, remata: “Ahorita no me quiero enfermar. No hay que enfermarnos ahorita, salvo que tengas dinero”.
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Entre los insumos faltantes en este hospital está, por ejemplo, la jeringa para suministrar la anestesia epidural, indispensable para atender los partos. A falta de esto, y ante una urgencia, tienen que aplicar anestesia general, lo que incluso podría traer afectaciones al bebé, reconoce una de las médicas.
Pone otro ejemplo: semanas antes recibieron nuevos concentradores de oxígeno para las cirugías, no tienen consumibles y no los pueden usar. “Nos tocó situaciones en las cuales tuvimos que terminar cirugías con ventilación manual”, relata.

Noemí Guerrero, representante del Sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de Salud (FINTRAS), denuncia que no tienen ni jabón para la higiene del personal. “No tenemos equipos de bombas de infusión, tiras reactivas, medicamentos que son muy esenciales para los pacientes como es gluconato de calcio, enoxaparina”.
Cansados de esto, en enero pasado se atrevieron a encabezar una manifestación y cerraron la vialidad afuera del hospital para hacer presión a las autoridades, quienes ya sabían de las necesidades, pues en 2024 acudieron a hacer un diagnóstico. Pero casi un año después la situación sólo empeora. “Es muy importante que la autoridad resuelva porque no es a favor de nosotros, es a favor de la población”, insiste Noemí Guerrero.
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Después de esa protesta consiguieron que contrataran más personal y reabrieron el área de Terapia intensiva, pero hasta junio seguían con faltantes de medicamentos, igual que a inicio de año.
Mientras tanto, los pacientes se desesperan. Marisela ha batallado desde agosto de 2024 para que operen a su esposo diabético. Finalmente lo intervinieron, pero ahora necesita sesiones de diálisis, pero no hay insumos.
“Las sesiones de hemodiálisis en particular me salen entre 2 mil y 1,800 la sesión, y serían tres veces a la semana. No tengo los recursos. No sé qué hacer”, dice Marisela. Por eso hace un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Haga más programas para diálisis, tengan más especialistas. Que nos den un mejor servicio y una mejor calidad”.
Los médicos explican que nunca han tenido todos los tratamientos o insumos, pero cuando faltaban, podían pedir a los familiares que los compraran. Aún cuando ese gasto significaba un sacrificio, las familias lo hacían porque sabían que eso podría salvar la vida de sus enfermos.
Sin embargo, a partir de la declaración de gratuidad durante el sexenio de López Obrador se eliminaron las cuotas de recuperación en los hospitales. Por tanto, los médicos tienen prohibido solicitar algo a los familiares, aún cuando tampoco haya lo necesario en el hospital. “Estamos completamente atados de manos y atados jurídicamente”, dice impotente uno de los médicos.

Aún así, hay quienes, ante la urgencia, desafían esa orden. “Una vez sí expedí una receta para que compraran unos antibióticos y gracias a Dios ese paciente salió vivo. Puse en riesgo mi trabajo, pero también era la diferencia entre la vida y la muerte”.
Su colega agrega durante la conversación: “La gente está engañada. Obviamente ellos vienen y exigen porque en la televisión ven que hay una megafarmacia y que no debe haber rechazo, pero realmente aquí no se ejecuta, la operación es muy diferente. ¿Cómo voy a atender si no tengo insumos, si no tengo medicamentos?”.
Por eso, hacen un último llamado a los pacientes: “Ayúdenos también a protestar. A nosotros no nos hacen caso. Al contrario, nos amenazan y nos corren”.

El ejército israelí confirmó los ataques, que se producen durante un alto el fuego que Israel y Hamás se acusan mutuamente de haber roto. La agresión alcanzó apartamentos residenciales, tiendas de campaña, refugios y una comisaría de policía.
Al menos 28 personas han muerto en una oleada de ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza el sábado, según las autoridades locales.
La agencia de defensa civil, gestionada por Hamás, afirma que entre los fallecidos hay niños y mujeres. Añadió que, en uno de los ataques, helicópteros artillados alcanzaron una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la ciudad meridional de Jan Yunis.
Los palestinos han calificado estos ataques como los más intensos desde que entró en vigor a principios de este mes la segunda fase del alto el fuego, negociado por el presidente estadounidense Donald Trump en octubre.
El ejército israelí confirmó que se llevaron a cabo varios ataques en respuesta a lo que, según afirmó, fue una violación del acuerdo por parte de Hamás el viernes.
Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de violar la tregua desde que entró en vigor el año pasado.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que “se identificó a ocho terroristas saliendo de la infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafah”, una zona de Gaza donde las fuerzas israelíes están desplegadas en virtud del acuerdo de octubre.
Las FDI afirmaron que, junto con la Agencia de Seguridad de Israel (ISA, por sus siglas en inglés), habían atacado objetivos en varios lugares, entre ellos “cuatro comandantes y otros terroristas”, así como un almacén de armas, una fábrica de armas y “dos bases de lanzamiento pertenecientes a Hamás en el centro de la Franja de Gaza”.
Hamás ha condenado los ataques y ha instado a Estados Unidos a tomar medidas inmediatas, añadiendo que “estas continuas violaciones” confirman que el Gobierno israelí “continúa su brutal guerra de genocidio contra la Franja”.
Afirmó que siete de las víctimas pertenecían a una familia desplazada de Jan Yunis, y un portavoz de la defensa civil añadió que los ataques alcanzaron apartamentos residenciales, tiendas de campaña, refugios y una comisaría de policía.
Funcionarios del hospital Shifa de la ciudad de Gaza dijeron que un ataque aéreo sobre la ciudad alcanzó un edificio de apartamentos, matando a tres niños y dos mujeres.
“Encontramos a mis tres sobrinas pequeñas en la calle. Dicen ‘alto el fuego’ y todo eso. ¿Qué hicieron esos niños? ¿Qué hicimos nosotros?”, dijo Samer Al Atbash, tío de las tres niñas fallecidas, según la agencia de noticias Reuters.
Las imágenes de video y fotografías tomadas a lo largo de Gaza muestran varios cadáveres siendo sacados de entre los escombros y numerosos edificios destruidos.
Los ataques se producen cuando el paso fronterizo de Rafah, en la frontera de Gaza con Egipto, está previsto que reabra el domingo, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel recuperaran el cadáver del último rehén israelí a principios de esta semana.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto condenó los ataques en un comunicado al que ha tenido acceso la agencia de noticias AFP, e instó a todas las partes a “actuar con la máxima moderación”.
La guerra entre Israel y Hamás comenzó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.
Israel respondió lanzando una campaña militar en Gaza, durante la cual han muerto más de 71.660 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.
El ministerio afirma que al menos 509 palestinos han muerto desde que comenzó el alto al fuego el 10 de octubre de 2025. También han muerto cuatro soldados israelíes.
Aunque Israel ha cuestionado anteriormente las cifras del Ministerio de Sanidad de Hamás, los medios de comunicación locales informaron de que una fuente de alto rango de seguridad afirmó que el ejército acepta que más de 70.000 palestinos han muerto durante la guerra en Gaza.
Las cifras del Ministerio de Sanidad son consideradas fiables por la ONU y otros grupos de derechos humanos, y han sido ampliamente citadas por los medios de comunicación internacionales.
Israel no permite que las organizaciones de noticias, incluida la BBC, entren en Gaza para informar de forma independiente.
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