El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dejó de surtir 15 millones de recetas de pacientes de los servicios médicos públicos, una cifra que representa 5 veces más que las recetas no surtidas en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando fueron 3.1 millones.
Y aun cuando no hay abasto de medicinas, tampoco se han conseguido ahorros. Hoy se gasta 29% más de lo que se gastó el sexenio pasado, aunque se compran menos medicinas.
El resultado: los pacientes gastaron 39% más en la compra de medicinas en 2022 que en 2018, en términos reales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022.
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Y para los más pobres fue peor, pues en 2018 desembolsaban 211 pesos, pero en 2022 su gasto aumentó a 427 pesos.
Si bien el sistema de salud siempre ha tenido fallas y carencias, los testimonios y las estadísticas confirman que el cambio en el sistema de compras no logró los objetivos ni de ahorro ni de abastecimiento.
Se apostó por compras consolidadas de todos los productos que se necesitaban, pero las empresas a las que se acudió e incluso la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) de la ONU incumplieron con la entrega y obligaron al gobierno y hospitales a realizar compras de emergencia, que sólo significaron mayores precios.
Un análisis del Instituto Farmacéutico México (INEFAM), demuestra que compraron menos y más caro. Al revisar contratos encontraron que en 2018 adquirieron mil 747.2 millones de piezas y pagaron 73 mil millones de pesos (mdp), pero en 2022 el gasto por mil 81.5 millones de piezas fue por 75 mil 225 mdp. Es decir, 665.7 millones de piezas menos 3% más dinero.
Además, la Auditoría Superior de la Federación también detectó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ni siquiera entregó la totalidad de medicamentos contratados, por lo que tuvo que hacer reembolsos en los años siguientes.
Liliana, enfermera de las caravanas de Oaxaca, el programa que atiende a los más pobres del estado donde solo tienen servicios de salud una vez al mes, asegura que nunca en los 25 años que lleva trabajando habían tenido tal desabasto de medicinas.
“Hemos llegado a tener un 20% de lo que es el paquete, el stock de medicamentos del cuadro básico. El año pasado, unos cuatro meses se nos surtió bien, pero de ahí el surtimiento ya fue muy escaso, incluso en el mes de julio, de julio-agosto nos dieron como cuatro claves nada más, sería un total de unos 40 medicamentos”.
Cuarenta medicamentos para atender a comunidades en las que puede dar hasta 30 consultas por día es completamente insuficiente, dice. “Nos falta insulina, nos hizo falta para el tratamiento a los pacientes crónicos”.
Ella, como el resto del personal médico, son quienes dan la cara a los pacientes y reciben las quejas, pero también las carencias y las historias de tragedia, como las mujeres que siguen muriendo en el parto o los niños con tumores que no tienen recursos ni para pagar los traslados al hospital que puede quedarles a horas de distancia.
“A veces es difícil porque eres tú quien te enfrentas a la realidad de los pacientes; entiendo su molestia, pero sale de tus manos el brindarles una buena atención y que lleve un buen control de su padecimiento porque no contamos con el medicamento necesario para otorgar una buena atención de calidad”, dice.
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Lo que menciona Liliana no parece aislado. El colectivo Cero Desabasto ha dado seguimiento en distintos informes a las recetas sin surtir en el sistema médico y hasta 2022 no se recuperaban los niveles prepandémicos, y ni siquiera ha igualado los niveles del sexenio de Enrique Peña Nieto.
En ese año, 2022, el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar dejaron de surtir efectivamente 15 millones 251 mil recetas, es decir, no entregaron a los usuarios uno o ningún medicamento que los médicos le habían prescrito para tratar su padecimiento.
Al desagregar los datos por institución, el IMSS, por ejemplo, está en un máximo histórico de recetas sin surtir. En 2018, el surtimiento estaba en 99.3%, con 217 millones de recetas prescritas y 1.4 millones sin ser surtidas efectivamente. El siguiente año fueron 5 millones sin surtir.
En 2020, el año de la pandemia, cuando los servicios médicos se enfocaron en la atención de la Covid-19 y bajó la atención habitual, el número de recetas aumentó a 15 millones y 2021 tuvo el máximo de 22 millones sin surtir. Aunque en 2022 bajó a 12 millones, el porcentaje de surtimiento es de 94.7.
En el gobierno de Peña Nieto el número de recetas sin surtir fue de 3.1 millones de recetas. La institución con el mayor faltante fue el IMSS, con 1.4 millones, le siguió el ISSSTE, con 779 mil; Pemex, con 548 mil; Sedena, con 194 mil y Semar, con 205 mil.
Sin embargo, el presupuesto tiene un escenario totalmente opuesto al desabasto: el gobierno de López Obrador ha gastado más que Peña Nieto para la adquisición de medicinas.
En la revisión a la partida presupuestal “medicinas y productos farmacéuticos”, de todo el sector Salud, el gobierno pagó 61 mil 315 millones de pesos en 2018, pero en 2024 el presupuesto fue de 79 mil 401 millones de pesos, lo que significa un aumento de 29% en términos reales.
Solo en 2020, el gobierno gastó menos que en 2018, con 55 mil millones de pesos, pero las compras llegaron hasta 69 mil millones de pesos en 2023.
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Al revisar el gasto por institución, la Secretaría de Salud tuvo el mayor aumento, con 137%, pues en 2018 el gasto fue de 5 mil 644 millones de pesos, pero en 2024 fue de 13 mil 367 millones de pesos.
Mientras que el crecimiento en el IMSS fue de 41%, con 40 mil 579 millones de pesos en 2018 y 57 mil 270 millones de pesos en 2024. El ISSSTE, Sedena y Semar, en cambio, fueron las instituciones con recortes de 43%, 95% y 68%, respectivamente. Entonces, ¿Por qué si se gastó más hubo menos medicinas?
Desde el sexenio de Felipe Calderón comenzó a implementarse las compras consolidadas para el sector salud, que básicamente consistió en que el IMSS asumió la responsabilidad de negociar las compras de medicamentos e insumos médicos para todas las instituciones de salud. El argumento fue que, al comprar millones de piezas, se obtendrían mejores precios y evitarían que cada institución hiciera compras pequeñas, que solo representan sobrecostos.
Sin embargo, desde el inicio de su gobierno, López Obrador dijo que cambiaría esa forma de compra para combatir la corrupción y encontrar ahorros. Pero lo que resultó es que en ninguna de las compras en cuatro años lograron adquirir la totalidad de la demanda.
El primer intento fue centralizar las compras en Hacienda, incluyendo las medicinas, a través de la Oficialía Mayor, cargo entonces ocupado por Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía, pese a que ni ella ni la institución tenían experiencia en la adquisición de artículos tan particulares como los medicamentos.
En esa primera compra, Hacienda informó que había hecho compras por 7 mil millones de pesos en medicamentos, lo que había generado ahorros por mil millones de pesos con respecto a 2018, pero en realidad no compraron lo que se requería. Necesitaban 792 partidas de medicinas, pero sólo licitaron 632. De ellas, compraron 404 (64%) y 228 quedaron desiertas (36%).
Luego, el gobierno decidió que el Instituto de Salud para el Bienestar, creado el 29 de noviembre de 2019, compraría las medicinas a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para surtir a todas las instituciones de salud del país e incluso, contrataría a proveedores de cualquier parte del mundo que ofrecieran mejores condiciones de venta.
Mientras que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa del Estado productora de vacunas, se convertiría en la nueva distribuidora de medicinas, luego que en marzo de 2019, presidencia vetó a las empresas Grupo Fármacos Especializados S. A.; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S. A. y Maypo, acusándolas de acaparar el mercado de distribución de medicinas en el sexenio anterior.
De esa compra, el INSABI y la UNOPS reconocieron que solo adjudicaron 50.8% de las claves de medicamentos y 55% de las de material de curación que se solicitaron para 2021. El año siguiente dijeron que tuvieron ahorros de 10 mil millones de pesos, pero solo compraron 91% de las claves.
Incluso, en la auditoría al INSABI sobre las compras de 2021, la ASF comprobó que la UNOPS no entregó ni siquiera la totalidad de medicamentos que sí se habían contratado y pagado, por lo que debía hacer reembolsos por 32 millones 600 mil dólares.
Para 2022, el INSABI terminó el acuerdo con la UNOPS, pese a que supuestamente éste haría las compras de medicinas hasta 2024. Por eso es que ese año, el Instituto hizo los procesos de compra en solitario, pero no adquirió el 22% de la demanda.
En todos los casos, además de estos procesos de licitación, las instituciones como el IMSS e incluso hospitales, tuvieron que hacer otros concursos para adquirir las medicinas que no les llegaron por medio de la UNOPS o el INSABI y que necesitaban con urgencia, por eso es que compraron a distintos precios.
Apenas el 23 de diciembre, el presidente emitió un decreto para que ahora BIRMEX sea la institución encargada de realizar las compras y distribución de medicinas para 2024; se trata del cuarto cambio en materia de adquisiciones. Sumado a la instalación de una “megafarmacia”, donde estarían “todos los medicamentos del mundo”, como parte de la estrategia para evitar el desabasto. Pero en sus dos primeras semanas de funcionamiento sólo surtió 67 recetas, el 0.01% de las 600 mil que atiende el IMSS a diario.
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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) también hizo un análisis de las adquisiciones de medicinas revisando los contratos de 2018 a 2022 y encontró que el resultado de esos fallidos intentos de compra fue que hubo más contratos con montos más pequeños, “contrario al objetivo de las compras consolidadas que busca comprar en volúmenes grandes con precios de mayoreo”.
En 2022, el 20% del monto total de compras de medicamentos se asignó en contratos menores a cinco millones de pesos, mientras que en 2018 esta proporción fue únicamente de 5%.
“Por eso es que las instituciones públicas de salud fueron obligadas a realizar adquisiciones con poco tiempo, lo que implicó condiciones de desventaja para negociar mejores precios en la compra”, concluye el informe Compras públicas ineficientes, medicamentos más caros.
Otro ejemplo de ello fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación que, al revisar las adquisiciones de Pemex en 2021, encontró que la UNOPS no había adjudicado las claves de medicinas que Pemex requería, 26 millones 943 mil piezas, por lo que Pemex hizo contratos por su cuenta “para garantizar el abasto al mes de junio de 2021, en tanto la UNOPS realizaba el procedimiento de contratación para el suministro de julio a diciembre de 2021”.
A partir de 2025, todas las personas que deseen viajar a este país para una estadía corta necesitarán solicitar previamente un permiso ETA.
El gobierno británico afirma que es un paso más hacia su objetivo de digitalizar el sistema de fronteras e inmigración de Reino Unido.
Para ello, a partir de 2025, todas las personas que deseen viajar a este país para una estadía corta necesitarán solicitar previamente un permiso ETA (siglas en inglés de Autorización Electrónica de Viaje).
Hasta ahora, la mayoría de los visitantes a Reino Unido no necesitaban pasar por el complejo proceso de solicitar una visa. Sólo necesitaban su pasaporte para cruzar la frontera.
Pero en enero de 2025, esos viajeros -cuyos países formaban parte del programa libre de visa en Reino Unido- deberán solicitar una ETA, incluidos aquellos que viajen en tránsito para cambiar de aviones en ese país.
Posteriormente, en abril de 2025, el programa se extenderá a todos los ciudadanos de los países europeos.
El esquema comenzó a ser implementado en noviembre de 2023 para los nacionales de Bahréin, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
Según el Ministerio del Interior británico, el programa ETA está en línea con el enfoque que muchos otros países, como Estados Unidos y Australia, han adoptado en materia de seguridad fronteriza.
Las autorizaciones electrónicas de viaje están vinculadas digitalmente al pasaporte del viajero y, según el gobierno británico, ayudarán a que se lleven a cabo controles de seguridad más estrictos antes de que las personas comiencen su viaje a Reino Unido.
La medida, dice el gobierno, ayudará también “a evitar el abuso del sistema de inmigración”.
El plan fue anunciado en marzo de 2023 por el ministro de Inmigración del entonces gobernante partido Conservador, Robert Jenrick, quien declaró que “las ETA mejorarán nuestra seguridad fronteriza al aumentar nuestro conocimiento sobre quienes buscan venir a Reino Unido y evitar la llegada de quienes representan una amenaza”.
“También mejorará los viajes para los visitantes legítimos”, agregó.
La nueva autorización ETA es similar al ESTA (Sistema Electrónico para Autorización de Viaje) de Estados Unidos para los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar a ese país.
La ETA requerirá que el viajero envíe al sitio web del Ministerio del Interior sus datos biográficos, biométricos y de contacto, que incluirán fotos de su rostro, antes de viajar.
Cuando el viajero llegue al país, los agentes fronterizos comprobarán la ETA y podrán hacer preguntas complementarias antes de decidir si permite la entrada al viajero.
Lo que se intenta, dicen los funcionarios, es que con la tecnología de reconocimiento facial se puedan crear eventualmente “corredores sin contacto” en los que algunos pasajeros puedan entrar al país sin hablar con los agentes fronterizos.
Con ello, agregan, se “reducirán las filas en la frontera y se ayudará a acelerar los viajes legítimos a Reino Unido“.
La ETA tendrá un costo de £10 (unos US$13,20) y permitirá múltiples viajes a Reino Unido para estadías de hasta 6 meses a la vez durante 2 años o hasta que caduque el pasaporte del titular, lo que ocurra primero.
Por lo general, el viajero podrá esperar una decisión sobre su ETA en un plazo de tres días, y en caso de que el permiso sea rechazado, se deberá solicitar una visa.
Los viajeros de países que no tienen acuerdos de entrada sin visa con Reino Unido deberán seguir solicitando la visa correcta para entrar al país.
Asimismo, las personas que intenten viajar a Reino Unido para vivir, trabajar o estudiar deberán solicitar una visa electrónica que proporcione una prueba digital de su estado migratorio.
Los permisos ETA – que podrán ser solicitados por ciudadanos no europeos a partir del 27 de noviembre de 2024- serán requeridos para viajar al país a partir del 8 de enero de 2025.
Los ciudadanos europeos podrán comenzar a solicitar las ETA a partir del 5 de marzo de 2025 para viajar a partir del 2 de abril de ese año.
La decisión de incluir en el nuevo programa de ETA a los pasajeros que pasan por Reino Unido en tránsito ha generado críticas de agentes de viaje y administradores de los aeropuertos británicos.
Un informe de Heathrow, el principal aeropuerto de Londres, indicó en agosto pasado que ha experimentado una reducción de 90.000 pasajeros en las rutas que comenzaron a ser incluidas en el programa ETA en noviembre pasado (en siete países de Medio Oriente).
Y describió el sistema ETA como “devastador para la competitividad de nuestro centro de operaciones”.
Como informó la revista Aviation Week, el aeropuerto londinense advirtió que el sistema de ETA hará que el país sea “menos competitivo y perjudicará el crecimiento económico” al aplicarlo a los pasajeros en tránsito.
“Queremos trabajar en colaboración con los ministros del Ministerio del Interior durante los próximos meses para abordar esta cuestión y aprender de las lecciones de los países en los que se ha puesto a prueba, donde ya hemos visto la pérdida de una cantidad significativa de pasajeros en tránsito”, dijo un portavoz del aeropuerto.
Los programas de permisos de viaje no son nuevos.
La autorización electrónica de viaje ESTA de Estados Unidos, que ahora cuesta US$21 y dura dos años, se introdujo por primera vez en 2009.
Mientras tanto, la Unión Europea anunció que tiene previsto introducir un programa similar de autorización de viaje en 2025.
El programa europeo se llamará ETIAS (Sistema de Información y Autorización de Viaje Europeo).
El ETIAS tendrá un costo de 7 euros (US$7,82) y será requerido para ciudadanos que no pertenecen a la UE, incluido Reino Unido, para viajar a 30 países de Europa.
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