Vacunación en México: Gobierno de AMLO dejó a 6 millones de niños sin vacuna; gastó más que Peña Nieto y compró menos
Para entender mejor
En los dos primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 6 millones de bebés y de niñas y niños hasta 6 años de edad no fueron vacunados. Su gobierno no compró los biológicos requeridos o lo hizo con retraso, como resultado del cambio que ordenó en los procedimientos de compra para tratar de cumplir con su política de austeridad y el supuesto combate a la corrupción.
Y aún cuando argumentó que se ahorraría dinero, eso tampoco ocurrió. El gobierno de AMLO gastó 24% más en la compra de vacunas en 2019, que Enrique Peña Nieto en 2018. Peor aún: compró menos dosis. Por eso, cuando las familias buscaron las vacunas obligatorias para sus niños, no las encontraron, dejándolos desprotegidos contra la hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo o sarampión. Todas, enfermedades prevenibles por vacunación.
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Ciertamente ningún gobierno ha vacunado a la totalidad de niños con todo el esquema básico, pero este gobierno superó cualquier número y dejó a más niños sin protección. En 2018, 575 mil niños no fueron vacunados, pero en 2019 sumaron 2.6 millones, un aumento de 352% al comparar ambos años.
Y en 2020, se llegó a 3.4 millones de niños desprotegidos.
El cuadro básico de vacunación incluye más de una vacuna para niños en diferentes edades, por ello, para este análisis, Animal Político tomó solo una vacuna por grupo de edad. Es decir, BCG para recién nacidos; primera dosis de triple viral para niños de un año; DPT para 4 años; y segunda dosis de triple viral para 6 años de edad.
Luego, con base a la información que entregó la Secretaría de Salud vía transparencia sobre la cobertura de vacunación, es decir, el número de niños en México por edad, y el número de los que efectivamente fueron vacunados se pudo determinar la cifra de infancias que no recibieron vacunas entre 2017 y 2021.
¿Por qué en 2019 no había vacuna BCG y otras para niños en México?
La disminución se explica por decisiones como ésta: por primera vez en tres décadas, el gobierno no compró en 2019 la vacuna BCG para recién nacidos que los protege contra la tuberculosis, pese a ser considerada como la segunda enfermedad infecciosa más mortífera, solo después de la COVID-19, como lo prueban los documentos obtenidos por transparencia y la revisión de contratos de adquisición de las instituciones de salud.
Tampoco adquirió la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina (DPT) en ese mismo 2019. Resultado: México fue uno de los 10 países con menos niños con esa vacuna, cifra que lo igualó a Angola, país del continente Africano, de acuerdo con la comparación hecha por la UNICEF.
Esto ocurrió antes de la pandemia. Es decir, no se puede atribuir a ésta que no se compraran. Por eso, el impacto de la emergencia sanitaria fue mayor para México, que resultó ser el quinto país con menos vacunas aplicadas en ese periodo, solo después de Filipinas, Indonesia, Pakistán e India, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sexenio de AMLO: menos niños con esquema de vacunación completo
De ahí que en este sexenio haya menos niños con todas las vacunas que les corresponde de acuerdo a su edad. En 2018 el promedio de esquema completo de vacunación en niños mayores a un año fue de 89.8%, y el año siguiente bajó a 79%. Aunque se ha ido recuperando hasta alcanzar 88% en 2022, sigue habiendo rezagos.
La vacunación es el primer contacto de un mexicano con su gobierno, “la introducción a la sociedad”. Es el primer capítulo de tu vida en el sector público, pero si en tus primeros minutos de vida en el sector público te dicen ‘no hay’, ¡es catastrófico!”, afirma Giorgio Franyuti, director Medical Impact, organización que ha tenido que sumar la aplicación de vacunas a los servicios médicos que lleva de forma altruista a las regiones más marginadas del país, ante la caída en cobertura durante este sexenio.
La falta de vacunación no solo deja en vulnerabilidad a generaciones de niños, cuyos efectos podrán verse en el futuro, sino que abre el riesgo a la aparición de un brote o el resurgimiento de enfermedades erradicadas, lo que –además– podría aumentar las hospitalizaciones, secuelas como discapacidades, o pago de seguros por incapacidad laboral.
Esto podría costar hasta 166 mil millones de pesos al gobierno –siete veces más de lo gastado en vacunas en los últimos cinco años– lo que presionaría las finanzas de las instituciones públicas, de acuerdo con un cálculo de la propia Secretaría de Salud.
¿Por qué cayó la cobertura de vacunación de niños en México?
Si México había sido pionero y ejemplo en América Latina, ¿por qué bajó la cobertura de vacunación en niños y niñas, incluso antes de la pandemia?
Animal Político revela en esta investigación la serie de decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que afectaron el proceso de vacunación que había funcionado desde hace cuatro décadas.
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Aunque Animal Político entregó estos hallazgos a la Secretaría de Salud desde el 10 de enero para solicitar una entrevista con el titular, Jorge Alcocer; con el exsubsecretario, Hugo López Gatell, y con la exoficial mayor de Hacienda y actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ninguno aceptó responder y dar su versión de los hechos.
Vacunas para el cuadro básico: compraron tarde y más caro
El gobierno de López Obrador compró más caro y menos dosis, como comprueba la información oficial de la Secretaría de Salud obtenida por transparencia y la revisión de los contratos en Compranet, la plataforma en la que el gobierno está obligado, por ley, a registrar todas sus adquisiciones.
Se trata de las vacunas del cuadro básico: hexavalente y pentavalente; influenza, BCG, hepatitis B, anti neumocócica, triple viral, doble viral, rotavirus, DPT (difteria, parotiditis y tétanos) y su refuerzo, TD (tétanos y difteria) y VPH (Virus de Papiloma Humano).
En 2018, el gobierno federal compró 45 millones de estas vacunas, y pagó 4 mil 90 millones de pesos en contratos. El año siguiente la adquisición bajó a 35 millones de dosis, pero el gasto ascendió a 5 mil 100 millones de pesos, 24% más que en 2018. En 2020 la adquisición se recuperó, con 44 millones de dosis, pero el gasto fue todavía mayor: 5 mil 245 millones de pesos, de acuerdo a los contratos registrados en Compranet y la información de la Secretaría de Salud obtenida por transparencia.
No se puede saber cuántas vacunas adquirió el gobierno en 2021 y 2022, porque la Secretaría de Salud se negó a entregar información, argumentando que el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) había sido el encargado de las compras esos años, pero éste tampoco entregó los datos.
El INSABI usó como argumento que, por su desaparición, ya no era sujeto obligado y remitió al organismo que lo sustituyó, el IMSS-Bienestar, el cual -a su vez- respondió que aún no concluía el proceso de entrega-recepción y, por tanto, no tenía acceso a la información.
Pero la revisión de los contratos de 2019 y 2020 comprueban los retrasos.
Ignora Gobierno de AMLO recomendaciones para comprar vacunas a tiempo
Cada año, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) firmaba los contratos en junio con los laboratorios o con las empresas intermediarias para garantizar el abasto de vacunas para el año siguiente. Aunque los acuerdos se negociaban mucho antes, porque los pedidos debían apartarse con los laboratorios que producen las vacunas para todo el mundo.
Sin embargo, en este caso no hubo negociación previa, afirman a Animal Político diversas fuentes de gobierno e industria que participaron en el proceso. Durante la transición advirtieron al equipo de Salud que debían solicitar las vacunas un año antes, debido a que los biológicos pueden llevar ese tiempo de producción, y los laboratorios surten solo a quienes hacen pedidos con anticipación. Más aún, porque se preveía un posible desabasto de la vacuna BCG, pero México tenía prioridad para venta, dado que era de millones de dosis.
La recomendación fue ignorada.
López Gatell dijo que comprarían las vacunas directamente a laboratorios a través de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud OPS/OMS, por medio de Fondos Rotatorio y Estratégico de estos organismos internacionales, para “obtener beneficios respecto a los precios ofertados”, como quedó de manifiesto en la instalación de esa mesa de negociación el 27 de diciembre de 2018.
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Meses después, en 2019, la industria volvió a acercarse con el entonces subsecretario de Salud, Hugo López Gatell y la entonces oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, para acordar los requerimientos para el país; pero aplazaron el proceso. Nuevamente argumentaron que negociarían mejores precios para cumplir con la política de austeridad ordenada por el presidente López Obrador, que consistía en centralizar las compras en Hacienda.
Sin embargo, el acuerdo de que Hacienda fuera el comprador fue oficializado hasta octubre de 2019, con la publicación del “Acuerdo por el que se delegan diversas facultades al titular de la Oficialía Mayor de la SHCP, en materia de compras consolidadas”, con el que delegó en su Oficial Mayor la facultad de determinar los bienes y servicios que serían contratados de manera consolidada. Pero esta decisión retrasó, prácticamente todo el año, los procesos de compra.
López Gatell explicaría luego un poco de esa negociación en una conferencia de prensa del presidente. Se ufanaba de “no dejarnos confundir por las presiones de los mercados. Si hay un producto o cinco que son equivalentes, tienen que competir. Así logramos ahorrar 50% los costos del tratamiento de hepatitis C y VIH”. Efectivamente el gobierno gastó 50% menos en la compra de antirretrovirales, pero las personas con VIH han denunciado desabasto, a tal grado que en nueve entidades del país ni una persona recibió tratamiento en 2021 y 2022.
Adquisición de vacunas inició con retrasos en sexenio de AMLO
Durante el primer semestre de 2019 aún había vacunas disponibles de las compras del año anterior (2018), pero no habría para el resto del año, debido a la falta de previsión desde el proceso de transición presidencial, y el retraso de adquisición de 2019. “Cuando quisieron comprar, ya era tarde, las empresas ya tenían todo comprometido”, afirma una fuente de la industria.
El proceso de adquisición comenzó el 13 de junio de 2019 –seis meses después del intento de compra a través de la Organización Panamericana y Mundial– con el acuerdo de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para realizar la compra consolidada de vacunas de la Secretaría de Salud, el ISSSTE, IMSS y la Secretaría de Marina. Solo hasta entonces comenzó la búsqueda de proveedores.
Para agosto de 2019, familias y personal médico ya reclamaban la falta de biológicos del cuadro básico para niños y niñas, cuyos testimonios fueron recogidos por la prensa, pero el presidente López Obrador negó el desabasto y respondió llamando a los medios “hampa del periodismo” por publicar la noticia.
El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo en una entrevista realizada el 12 de agosto de 2019 que “todas las vacunas del esquema nacional de vacunación han sido compradas, excepto doble y triple viral”. “Fueron adquiridas en tiempo y serán entregadas y distribuidas en tiempo”. “No tienen por qué faltar”, atajó, ante la insistencia de Joaquín López Dóriga por la falta de vacunas.
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No fue cierto. Apenas el 7 de agosto habían firmado solo los contratos de las vacunas DT (contra tétanos y difteria) y Virus de Papiloma Humano; cinco días después firmaron la compra de la vacuna hexavalente, de acuerdo con los registros de contratos de Compranet.
Mientras que el contrato de adquisición de la vacuna triple viral, tan urgente ante la detección de casos de sarampión en Estados Unidos y su inminente llegada a México, ocurrió el 21 de agosto. Los contratos de las vacunas antineumocócica, rotavirus, TDPA y antiinfluenza ocurrieron después de esa entrevista, entre el 2 de septiembre y el 28 de noviembre de 2019. Es decir, las contrataciones ocurrieron entre dos y cinco meses después de lo habitual.
¿Cómo era la compra de vacunas para niños antes del Gobierno de AMLO?
Esos retrasos no son cosa menor, se trata de la afectación a un proceso que ha funcionado prácticamente como relojería, pues a partir del contrato arranca una serie de acciones que puede llevar meses hasta que los niños y niñas de cada rincón del país sean vacunadas.
Primero, las vacunas llegan al aeropuerto y deben pasar por una revisión de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para confirmar la temperatura de los biológicos y cumplir con la trazabilidad a través del número de lote y requerimientos como la fecha caducidad y permisos sanitarios.
Después el proveedor debe llevarla a los almacenes centrales de las instituciones. Luego, son distribuidas a las jurisdicciones sanitarias de cada entidad federativa, que a su vez se encargan de repartir las respectivas dosis a los hospitales y centros de salud del país, e incluso, llevarlas a las comunidades más lejanas en hieleras que llevan médicos y enfermeras que deben recorrer hasta 10 horas de caminos sinuosos.
A la demora en la firma de contratos se sumó que en 2019 la Secretaría de Salud no compró las vacunas para recién nacidos BCG, contra la tuberculosis, y Hepatitis B; ni DPT (difteria, tétanos, tos ferina), para niños de 4 años; mientras que de la vacuna Rotavirus compraron 27 mil dosis menos de las requeridas para niños de 2 y 4 meses.
De ahí que en 2019 sólo aplicaron 1 millón 685 mil vacunas BCG, las sobrantes del año previo, lo que se vio reflejado en la caída de 20% con respecto a 2018, cuando aplicaron 2 millones 112 mil dosis, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud obtenidos por transparencia.
Al medir la cobertura, es decir, el número de niños que requerían la vacuna y el número de inmunizados, solo 7 de cada 10 niños recibieron la vacuna en 2019, cifra similar a la registrada en 1990, pues desde hacía 25 años la cobertura se había mantenido entre 91% y 100%, de acuerdo con el registro histórico de la Organización Panamericana de la Salud.
Pandemia de Covid-19 agudizó la falta de aplicación de vacunas a niños para otras enfermedades
Por eso, el año siguiente, la pandemia no fue la causa del desplome de aplicación, sino que agudizó el problema. En 2020 la cobertura de BCG llegó hasta 28%, la segunda más baja registrada en cuatro décadas, y ubicó al país con la mayor caída en América Latina, pues el promedio de la región fue de 73% que sí alcanzó Brasil. Incluso Chile mantuvo la cobertura en 100%.
Con la vacuna DPT, aplicada en niños de 4 años para prevenir la difteria, tos ferina y tétanos, ocurrió lo mismo. Mientras que en 2017 y 2018 la cobertura fue de 91%, en 2019 bajó a 77%, y el año siguiente descendió a 57%.
Inhabilitan al ‘rey de las vacunas’ en México, sin tener sustituto
No tener la vacuna BCG, la más importante para recién nacidos que los previene de contraer tuberculosis, fue producto de la falta de estrategia para conseguir otro proveedor tras inhabilitar a la única empresa con los permisos sanitarios para importarla: Laboratorios Imperiales Pharma S. A. de C. V., propiedad de Francisco Álvarez Morphy, apodado “El rey de las vacunas” por haber acaparado los contratos de biológicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
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La empresa incumplió con las entregas de las vacunas BCG, triple viral y hepatitis B en el último trimestre de 2018, que sumaban 3 millones de dosis y 161 millones de pesos, de acuerdo con información obtenida por transparencia. Por eso fue descartada –por instrucción verbal– para la adquisición de BCG que debía contratarse antes del primer semestre de 2019; y sin que el gobierno tuviera otra empresa que le vendiera esa vacuna.
El proveedor argumentó que en el caso de la vacuna doble viral, contra sarampión y rubéola, se encontraba retenida por la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), porque tras las revisiones, el dictamen arrojaba resultados fuera de las normas.
Aunque la empresa buscó una conciliación, y pese a la urgencia por las vacunas ante los brotes de sarampión en Estados Unidos y su inminente llegada a México, la Secretaría de Salud rechazó la posibilidad de algún acuerdo en enero de 2019, como reportó la periodista Ángeles Cruz en el periódico La Jornada.
Hugo López Gatell y las diferencias con la empresa de ‘el Rey de las Vacunas’
Meses después, en agosto, Hugo López Gatell declaró al mismo diario que no había posibilidad alguna de conciliación con la empresa y tampoco permitió que se realizara una segunda evaluación de las vacunas que estaban bajo resguardo de la Cofepris; además, dijo que había interpuesto una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud.
No fue así. La Secretaría respondió, vía transparencia, que no tenía en sus archivos ninguna denuncia contra la empresa ante el OIC, por lo que declaraba la información como “inexistente”.
Finalmente la empresa fue inhabilitada y sancionada en dos ocasiones, en agosto de 2019 y en junio de 2020, por la Secretaría de la Función Pública, entonces dirigida por Irma Eréndira Sandoval, por presuntamente falsear información en el contrato de la vacuna doble viral del año previo. Por lo tanto, todas las dependencias debían “abstenerse” de cualquier contratación con la compañía por los siguientes dos años.
Al preguntar vía transparencia a la Función Pública cuál fue la información falseada, respondió que las pruebas se limitaban a que la empresa “manifestó bajo protesta de decir verdad que contaba con capacidad de respuesta inmediata, con las condiciones apropiadas para el cumplimiento de contrato, y con todos los permisos que la autoridad sanitaria debía emitir para dicho fin; cuando dicha información no fue veraz”.
Tres años después la compañía ganó la batalla en los tribunales: Invalidó la inhabilitación gracias a la sentencia emitida por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que consistió en “dejar sin efectos la publicación de fecha 29 de junio de 2020”, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2023.
Cancelan la semana de vacunación
En 2019 se canceló la estrategia que había funcionado durante 26 años: la Semana Nacional de Salud, la principal estrategia de difusión a nivel nacional y de aplicación de biológicos de manera masiva que ocurría tres veces por año, en febrero, mayo y octubre, y a la que se debía el éxito, en gran medida, de la vacunación en el país.
Ese año la tercera semana de salud, de octubre, fue cancelada; decisión que fue tomada en agosto de ese año –justamente cuando las denuncias de desabasto se incrementaron– por parte del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI), un organismo creado sin amparo legal y carente de algún reglamento que lo normara.
En su lugar, la Secretaría de Salud estableció las “Jornadas Nacionales de Salud Pública”, que hasta agosto de 2019 no tenía lineamientos, y comenzaron a operar tres meses después. Sin embargo, no solo incluyeron vacunación sino que promovían también los programas de salud reproductiva, mental, bucal, alimentación, activación física, entre otros. Además, las Jornadas solo tendrían dos periodos, en mayo y octubre, eliminando la semana de febrero.
A esto se sumó que en 2019 no hubo la habitual campaña de difusión en radio, televisión, medios impresos, y digitales para informar a la población sobre los beneficios de las vacunas y los riesgos de no inmunizarse, como documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La poca difusión y la eliminación de un periodo de vacunación en el año disminuyó la posibilidad de que la población acudiera masivamente y demandara las vacunas que, en realidad no habían sido compradas o que llegarían tarde a sus estados.
En el gobierno de López Obrador, también dejó inoperante el Consejo Nacional de Vacunación (Conava), creado en 1991 para decidir y coordinar la política de vacunación en el país, y que debía ser dirigido por el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario de Prevención y Protección, López Gatell; representantes de (Cofepris) y los directores del IMSS, ISSSTE, el Instituto Nacional de Pediatría, de Salud Pública, y el Hospital Infantil de México.
De acuerdo con su reglamento, dicho organismo está obligado a sesionar al menos tres veces para definir las estrategias, e incluso solucionar cualquier problema que impidiera cumplir con la cobertura de vacunación. Sin embargo, en cinco años del actual gobierno sólo sesionó dos veces, una para su instalación y la segunda para decidir a qué población vacunarían contra la Covid-19, según respondió la Secretaría de Salud a las solicitudes de sus actas de sesión.
Tanto la existencia del Consejo Nacional de Vacunación como de las Semanas de Salud eran consideradas como parte de “las fortalezas” del Programa Universal de Vacunación, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su revisión hasta 2018.
Y para rematar, el Censia, el otro organismo creado en 2001 para establecer, difundir, evaluar las políticas de vacunación y estar en coordinación con las entidades federativas, por primera vez en su historia, estuvo sin titular durante dos años tras la renuncia de Miriam Veras, en 2021.
INSABI y su participación en la compra de vacunas en México
Ese año, 2021, el gobierno cambió nuevamente al comprador de vacunas, y dio la encomienda al recién creado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), pero que fue extinguido en 2023; por lo que el nuevo encargado de las compras será su sustituto, el IMSS-Bienestar.
Esos cambios también obedecieron a un supuesto combate a la corrupción de los gobiernos anteriores. Sin embargo, Animal Político solicitó a la Secretaría de Salud, los casos de corrupción que hubiese detectado y denunciado ante el Órgano Interno de Control en la compra de vacunas durante el sexenio pasado y el actual.
Tanto Censia, como la subsecretaría de Prevención, dirigida por Hugo López Gatell, aseguraron que no hubo ningún caso de corrupción en estas adquisiciones, por lo que declararon la información como “inexistente”.
A la vacunación “la arrolló un tren”
“La causa del desabasto es multidimensional, pero las aristas principales dentro de eso es, en efecto, la política de austeridad: se decidió ahorrar la vida humana para construir un tren”, asegura Giorgio Franyuti, director de la organización Medical Impact. Por eso, el resumen de lo que pasó, insiste, es que “a la vacunación en México la arrolló un tren”, dice, en referencia al Tren Maya, una obra prioritaria del presidente López Obrador.
Por eso es que su organización, que brinda atención médica humanitaria a sitios de extrema marginación y difícil acceso en México, Guatemala, Colombia, Sierra Leona y Kenia, tuvo que incluir la vacunación como parte de las labores, pese a que era una materia que no requería acciones extra desde la sociedad civil, a diferencia de otras necesidades en materia de salud.
“En mi experiencia no veía estas deficiencias del 2018 para abajo, al contrario, la vacunación no era tan relevante para la sociedad civil porque los esquemas eran admirables o al menos decentes”, dice en entrevista con Animal Político.
Alberto Sotomayor, coordinador de investigación de Pacto por la Primera Infancia, sostiene que el cambio en el modelo de adquisición gubernamental y concentrado en la Secretaría de Hacienda afectó la compra de biológicos que “requería de mucho experto” que conociera el mercado internacional, los tiempos de fabricación de la vacuna, traslado, etc.
A esto se sumó, dice, la intención del gobierno de “tomar distancia” con ciertas industrias farmacéuticas, y luego la pandemia, cuando la industria se enfocó en encontrar primero la vacuna contra la COVID; entonces creo que fue una serie de elementos que se conjugaron y las consecuencias fue un enorme desabasto en muchísimas vacunas”.
En resumen, dice, “hubo mucha negligencia, hubo una serie de decisiones bastante negligentes y nos va a llevar mucho tiempo recomponerlo porque es un problema bastante complejo, sofisticado, que requiere una serie de adecuaciones, no todo se soluciona con dinero, necesita estrategia, comunicación”.
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“El olor del miedo”
San Javier descansa sobre el río Uruguay, unos 360 kilómetros al noroeste de Montevideo. Desde sus costas se avistan unos islotes cercanos, ya del lado argentino de la frontera fluvial.
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Los interrogadores buscaban establecer vínculos entre los presos y la Unión Soviética.
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Algunos fueron liberados luego de varios días.
Pero a 11 detenidos les hicieron firmar a fuerza de golpes y torturas una declaración que establecía que sí, que eran comunistas, que integraban un grupo armado.
La justicia militar los envió entonces al penal de Libertad, que pese a su nombre es una cárcel en el sur del país. Desconcertados, comunistas presos en su mismo piso les preguntaban quiénes eran, por qué ninguno encajaba en sus nociones sobre los miembros del partido.
Algunos pasarían un año y medio encerrados. Otros, cuatro años.
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Víctor Macarov, uno de los que estuvo preso hasta 1984, declaró en la causa que sólo se trataba de “jóvenes sin experiencia política, que eran los únicos que les podían haber firmado (…) que había un submarino, que aterrizaban Boeings en el Puerto Viejo entre las chircas”.
“A ver, si había un piloto que aterrizaba un Boeing en el Puerto Viejo tendría que estar enseñando a manejar aviones de combate”, ironizó. “Y si hay un submarino tendríamos que buscarlo, reflotarlo y cobrar una entrada para que la gente lo visite”.
“Sospechosos”
Puerto Viejo es el punto del río Uruguay donde desembarcó en 1913 cerca de medio millar de inmigrantes rusos para fundar su colonia.
Su objetivo era crear el reino de Dios en la tierra, explica Virginia Martínez, profesora de Historia, en su libro “Los rusos de San Javier” .
Pertenecían a una secta denominada Nuevo Israel que escapaba de la persecución de la Rusia zarista y fueron atraídos por un Uruguay que recibía de brazos abiertos a inmigrantes de diversos lugares.
El líder de la comunidad era Vasili Lubkov, a la vez profeta y administrador general. Lo llamaban “Papá”.
En sus inicios, la colonia reunió a unas 150 familias de campesinos que tenían un sistema de propiedad colectiva de la tierra y sembaban trigo, maíz y lino. También produjeron el primer aceite de girasol uruguayo.
Con el tiempo, el liderazgo de “Papá” generó disidencias internas. Y la colonia de San Javier, con sus peculiares reglas y costumbres, motivó debates en la prensa y hasta en el Parlamento de un país que ya consagraba la laicidad.
Al final Lubkov fue privado de su poder de administrador y, junto a un grupo de familias, emprendió el viaje de vuelta a sus tierras de origen en 1926. Pero entonces Rusia ya había conformado la Unión Soviética, y el profeta fue enviado a un campo de concentración.
A San Javier llegaron nuevos inmigrantes rusos, ucranianos y de otras nacionalidades, muchos huyendo entonces de la Revolución rusa y el socialismo.
En el pueblo surgieron tensiones con los reclamos de tierras liderados por comunistas. En 1933 una persona murió y otras resultaron heridas cuando la policía reprimió una reunión sindical.
Pero San Javier nunca fue un bastión comunista ni de izquierda. Muchos allí simplemente desatendían la política o simpatizaban con el tradicional Partido Colorado, que gobernaba el país cuando llegaron los primeros colonos.
Poco pareció importarle eso al régimen militar que se instaló en Uruguay a partir de 1973 y que, al igual que otros gobiernos de facto durante esos años en Sudamérica, consideró al comunismo y a la izquierda en general como un enemigo a destruir en el marco de la Guerra Fría.
El mero hecho de que en San Javier hablaran ruso, hubiera bailes o comidas eslavas y algunos fueran a estudiar becados en Moscú “los transformó para la ideología profundamente anticomunista de la dictadura en sospechosos”, dijo Martínez en el juicio.
El mismo año en que dieron el golpe de Estado, los militares realizaron allanamientos y arrestos en San Javier. Volvieron en 1976 con más represión.
Pero nada se compara a lo que ocurriría después.
“Un gran quiebre”
“¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Asesinos!”.
María Zavalkin repite en el juzgado de Fray Bentos los gritos que soltó cuando le entregaron el cuerpo sin vida de su esposo, el médico Vladimir Roslik Bichcov, el lunes 16 de abril de 1984.
Roslik murió a los 42 años. Su cadáver estaba dentro de un cajón sin tapa en una morgue de la misma ciudad, describe Zavalkin. Tenía la cabeza vendada, parte de la nariz negra y una camisa con sangre en el pecho.
Ella le gritaba entonces al médico Eduardo Saiz, jefe del servicio sanitario del batallón Nº 9 del Ejército, que huía del lugar.
Zavalkin conocía a Saiz desde 1980, cuando su marido fue preso y torturado en ese cuartel y ella intentaba llevarle medicamentos.
Roslik era uno de los 11 detenidos de San Javier enviados a la cárcel de Libertad. Pasó 18 meses allí por supuestos vínculos con el Partido Comunista, que Zavalkin descarta.
Cuando fue liberado y volvió a su casa en San Javier, le pidió por favor a su esposa que jamás le preguntara lo que había pasado.
“Nunca quiso hablar, pero cambió”, dice Zavalkin ante el juez. “Estuvo en el baño no sé cuánto rato, mirándose en el espejo”.
Nacido en San Javier de padres rusos, Roslik había estudiado Medicina en Moscú becado por la universidad Patrice Lumumba.
De vuelta en su pueblo natal en 1969, pasó a ser un médico solicitado por muchos vecinos que valoraban sus conocimientos, disponibilidad y manejo del idioma ruso.
Pero al salir de la cárcel las autoridades le prohibieron ejercer su profesión y, según Zavalkin, “eso fue lo que más sufrió”.
Ambos tuvieron un hijo, Valery, cuatro meses antes de que los militares volvieran por Roslik en la madrugada del domingo 15 de abril de 1984.
En la redada, una reedición súbita de lo vivido cuatro años antes, detuvieron a otros habitantes de San Javier para llevarlos al batallón de Fray Bentos e interrogados bajo tortura sobre presuntos vínculos con el comunismo y traslados de submarinos con armas por el río.
“¡Otra vez no!”, gritaba Roslik cuando los soldados irrumpieron en su casa, le colocaron esposas y capucha, y se lo llevaron en llantos, recuerda Zavalkin emocionada.
A las seis de la mañana del día siguiente, su padre le avisó que su marido había fallecido. Entonces ella asumió que lo habían matado.
La primera autopsia de Roslik, realizada por Saiz, apuntó sin embargo a signos compatibles con una muerte por paro cardiorrespiratorio, sin violencia.
Luego de enfrentar a Saiz a los gritos y de recibir un certificado de defunción con omisiones notorias, Zavalkin llamó a un médico conocido que le recomendó solicitar otra autopsia.
El nuevo examen fue autorizado en la ciudad de Paysandú con otros médicos militares y estableció como causa de la muerte “anemia aguda; síndrome asfictivo”.
El médico de confianza de Zavalkin participó de esa autopsia y registró varios signos de violencia en el cadáver.
Un informe posterior de peritos forenses en base a ambas autopsias concluyó que Roslik tuvo “una muerte violenta multicausal”, con desgarro del hígado, varios traumatismos y obstrucción de la vía aérea con un material fluido similar al del estómago.
El régimen se negaba a admitir que Roslik había sido asesinado. En cambio, insistía en que integraba “una agrupación subversiva vinculada al clandestino Partido Comunista” que traficaba armas.
Pero los resultados de la segunda autopsia y del último informe forense fueron revelados por la prensa, y se supo que Roslik murió detenido bajo tortura.
Ese sería el último crimen de una dictadura que se desmoronaba poco a poco, como sus mentiras.
“Lo que pasó con el asesinato de Roslik”, dice la profesora Martínez en el juzgado, “es un gran quiebre en el país” y “en la conciencia de buena parte de la sociedad”.
Infiltrados
Cómo surgió exactamente la idea de los militares uruguayos de invadir San Javier en 1980 y 1984 sigue siendo un misterio.
Daniel Rey Piuma, un desertor de la Armada hoy fallecido, sostuvo en un libro ya en democracia que el operativo de 1980 comenzó con una denuncia anónima enviada a una unidad naval distante, sobre la correspondencia de dos personas del pueblo.
En esos años la colonia recibía correo de la Unión Soviética, sobre todo porque muchos tenían familiares allí, explicaron testigos del juicio. Pero descartaron que se tratara de material político prohibido.
Sin embargo, tras aquella denuncia anónima los servicios de inteligencia del régimen infiltraron el pueblo. Enviaron agentes que se hacían pasar por turistas, cazadores o vendedores de autos, en busca de información sobre presuntas actividades subversivas.
“Hicieron una inteligencia sostenida y se dieron cuenta de que ahí no había tal célula armada”, indicó Martínez ante el juez.
Pero el Ejército invadió San Javier de todos modos. Y, además de detener a adultos y menores de edad, clausuró el Centro Cultural Máximo Gorki donde los locales practicaban idioma, danzas y música de Rusia.
Los soldados destrozaron murales que decoraban el escenario del club y se llevaron piezas de utilería como espadas, palos y una vieja estrella con la hoz y el martillo como pruebas de que había comunistas con armas, testificó José Erramuspe, que integraba la comisión del centro cultural.
Las autoridades informaron que en San Javier incautaron distintas armas largas y cortas. Pero la mayoría eran escopetas y revólveres de bajo calibre, material más típico de un pueblo rural que de un arsenal soviético.
El fiscal Perciballe sostuvo que servicios militares de inteligencia “montaron ficticiamente esta idea de que en San Javier había gente vinculada a la Unión Soviética y al Partido Comunista, que es absolutamente falsa”, para reforzar la posición del régimen antes de un plebiscito constitucional convocado en 1980 buscando seguir en el poder.
Sin embargo, en noviembre de ese año los uruguayos votaron contra la propuesta constitucional de las Fuerzas Armadas.
Y en 1984 los sectores más duros de la dictadura intentaron reflotar la noción de una amenaza comunista en San Javier para obstaculizar el retorno de la democracia al país, porque “querían mantener sus beneficios” y “la impunidad que tenían hasta ese momento”, indicó Perciballe.
Entre los nueve imputados en el juicio figuran oficiales que estaban a cargo del batallón de Fray Bentos durante las detenciones y torturas, como Óscar Mario Roca y Sergio Caubarrere, y otros acusados de conducir los apremios físicos, como Dardo Ivo Morales y Abel Pérez.
En el banquillo de acusados también está el exmédico militar Saiz.
El fiscal reclama condenas de entre 11 y 15 años y medio de prisión.
Los imputados se declaran inocentes y sus abogados niegan que haya pruebas para condenarlos.
“La Fiscalía ha construido un relato que, más allá de lo jurídico, es un relato político e histórico, pretendiendo juzgar una época y no las acciones concretas y personales de los acusados”, sostuvo una de las abogadas defensoras, Graciela Figueredo, al inicio del juicio oral.
Agregó que “los acusados cumplieron funciones militares formales en un contexto institucional determinado, sin haber ordenado, participado ni colaborado en actos ilícitos”.
Otro abogado defensor, Fernando Doti, sostuvo que en el batallón “se seguía una cadena de mando”.
“No se estaba en poder, dicho de otra manera, de cuestionar o detener las acciones ordenadas porque venían desde una jerarquía o una cadena de mando”, indicó.
El argumento de la “obediencia debida” ha sido esgrimido por exmilitares uruguayos en otros casos por violaciones de derechos humanos, aunque es considerado contrario al derecho internacional.
En el gobierno de facto en Uruguay hubo miles de prisioneros políticos y torturados. Según cifras oficiales, 197 personas desaparecieron (la gran mayoría aún sin ser encontradas) y 202 fueron asesinadas por responsabilidad del Estado entre 1968 y 1985.
Ya en su etapa final, el juicio sobre San Javier es una de las causas por crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar que se abrieron en el país después que en 2011 se invalidara una ley que blindaba de persecución a los responsables de esos delitos, la cual había sido ratificada en dos votaciones populares.
El asesinato de Roslik quedó excluido de la causa debido a una sentencia previa que lo consideró cosa juzgada.
Pero Zavalkin siente que está más cerca de alcanzar la justicia que busca desde 1984.
“Recién ahora, menos mal que estoy lúcida todavía, es que se ha podido hacer todo esto”, dice a sus 72 años.
“Una novela de terror”
El infierno que vivió San Javier aún se evoca de distintas formas allí.
El camino principal que conduce al pueblo hoy se llama Vladimir Roslik.
Una fundación sin fines de lucro con el mismo nombre impulsada por la familia de Roslik ha abierto una policlínica, un hogar de ancianos y un centro de atención a la infancia en el pueblo.
En la comunidad se mantienen tradiciones rusas en comidas como el borsch o el vareniki, y el grupo local Kalinka de danza tradicional reunió recientemente a unas 200 personas en un espectáculo en el Centro Cultural Máximo Gorki, que reabrió en democracia.
Pero hoy es difícil escuchar la lengua que trajeron los inmigrantes. “Casi nadie entiende nada” de ruso, dice Norma Karamán, quien en el pasado enseñó ese idioma en el pueblo.
Durante el juicio, Zavalkin vinculó el cambio a los operativos militares de los años ’80. “La gente se asustó. Y lo del ruso se borró: nadie quería hablar ruso”, relató.
Otros testigos también hablaron de secuelas de miedo y desconfianza entre vecinos.
“Vivimos aterrorizados mucho tiempo”, dijo Ana Semikin, quien presenció la detención de su padre. “Sufrir todo eso de buenas a primeras fue muy difícil. No sólo para las familias; fue muy difícil para el pueblo. Convivir con la gente también, porque muchos creían lo que decía el diario, lo que pasaban por la televisión una y otra vez”.
Sergio Onetto, quien fue detenido durante días en 1980 cuando tenía 17 años, sostuvo que “tal vez la peor secuela fue la secuela social”.
“San Javier era un pueblo muy amiguero. Yo entraba y salía de un montón de casas sin golpear la puerta. Y un montón de personas me pidieron que no fuera más”, testificó.
Al año siguiente, Onetto se mudó a Montevideo, donde más tarde se recibiría de psiquiatra. Pero cuando volvía a San Javier de visita, recordó, veía cómo “se les trancó el proyecto de vida” a sus amigos jóvenes que pasaron más tiempo presos.
Uno de ellos es Vladimir Roslik Dubikin, sobrino homónimo del médico asesinado, en quien notó un “deterioro psíquico muy importante” tras salir del penal de Libertad. Hoy vive internado en una casa de salud.
“En mayor o menor medida, todos salimos con secuelas psicológicas”, testificó Macarov. “Las torturas hechas por un ser humano a otro ser humano no creo que se puedan olvidar”.
Susana Zanoniani, una exmaestra del pueblo que fue detenida y torturada en 1980 junto a jóvenes que fueron alumnos suyos, habló como testigo por videoconferencia a sus 80 años y reclamó justicia por las víctimas, “por el que está loco, por los que se mataron, por los que se murieron injustamente”.
“Nada hoy crea una novela de terror como la que hicieron los militares en San Javier”, reflexionó. “Porque fue una novela de terror”.
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