En los dos primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 6 millones de bebés y de niñas y niños hasta 6 años de edad no fueron vacunados. Su gobierno no compró los biológicos requeridos o lo hizo con retraso, como resultado del cambio que ordenó en los procedimientos de compra para tratar de cumplir con su política de austeridad y el supuesto combate a la corrupción.

Y aún cuando argumentó que se ahorraría dinero, eso tampoco ocurrió. El gobierno de AMLO gastó 24% más en la compra de vacunas en 2019, que Enrique Peña Nieto en 2018. Peor aún: compró menos dosis. Por eso, cuando las familias buscaron las vacunas obligatorias para sus niños, no las encontraron, dejándolos desprotegidos contra la hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo o sarampión. Todas, enfermedades prevenibles por vacunación.

Ciertamente ningún gobierno ha vacunado a la totalidad de niños con todo el esquema básico, pero este gobierno superó cualquier número y dejó a más niños sin protección. En 2018, 575 mil niños no fueron vacunados, pero en 2019 sumaron 2.6 millones, un aumento de 352% al comparar ambos años. 

Y en 2020, se llegó a  3.4 millones de niños desprotegidos.

La disminución se explica por decisiones como ésta: por primera vez en tres décadas, el gobierno no compró en 2019 la vacuna BCG para recién nacidos que los protege contra la tuberculosis, pese a ser considerada como la segunda enfermedad infecciosa más mortífera, solo después de la COVID-19, como lo prueban los documentos obtenidos por transparencia y la revisión de contratos de adquisición de las instituciones de salud.  

Tampoco adquirió la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina (DPT) en ese mismo 2019. Resultado: México fue uno de los 10 países con menos niños con esa vacuna, cifra que lo igualó a Angola, país del continente Africano, de acuerdo con la comparación hecha por la UNICEF.

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Esto ocurrió antes de la pandemia. Es decir, no se puede atribuir a ésta que no se compraran. Por eso, el impacto de la emergencia sanitaria fue mayor para México, que resultó ser el quinto país con menos vacunas aplicadas en ese periodo, solo después de Filipinas, Indonesia, Pakistán e India, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sexenio de AMLO: menos niños con esquema de vacunación completo

De ahí que en este sexenio haya menos niños con todas las vacunas que les corresponde de acuerdo a su edad. En 2018 el promedio de esquema completo de vacunación en niños mayores a un año fue de 89.8%, y el año siguiente bajó a 79%. Aunque se ha ido recuperando hasta alcanzar 88% en 2022, sigue habiendo rezagos. 

La vacunación es el primer contacto de un mexicano con su gobierno, “la introducción a la sociedad”. Es el primer capítulo de tu vida en el sector público, pero si en tus primeros minutos de vida en el sector público te dicen ‘no hay’, ¡es catastrófico!”, afirma Giorgio Franyuti, director Medical Impact, organización que ha tenido que sumar la aplicación de vacunas a los servicios médicos que lleva de forma altruista a las regiones más marginadas del país, ante la caída en cobertura durante este sexenio. 

La falta de vacunación no solo deja en vulnerabilidad a generaciones de niños, cuyos efectos podrán verse en el futuro, sino que abre el riesgo a la aparición de un brote o el resurgimiento de enfermedades erradicadas, lo que –además– podría aumentar las hospitalizaciones, secuelas como discapacidades, o pago de seguros por incapacidad laboral.

Esto podría costar hasta 166 mil millones de pesos al gobierno –siete veces más de lo gastado en vacunas en los últimos cinco años– lo que presionaría las finanzas de las instituciones públicas, de acuerdo con un cálculo de la propia Secretaría de Salud.

¿Por qué cayó la cobertura de vacunación de niños en México?

Si México había sido pionero y ejemplo en América Latina, ¿por qué bajó la cobertura de vacunación en niños y niñas, incluso antes de la pandemia? 

Animal Político revela en esta investigación la serie de decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que afectaron el proceso de vacunación que había funcionado desde hace cuatro décadas.

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Aunque Animal Político entregó estos hallazgos a la Secretaría de Salud desde el 10 de enero para solicitar una entrevista con el titular, Jorge Alcocer; con el exsubsecretario, Hugo López Gatell, y con la exoficial mayor de Hacienda y actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ninguno aceptó responder y dar su versión de los hechos.

Vacunas para el cuadro básico: compraron tarde y más caro 

El gobierno de López Obrador compró más caro y menos dosis, como comprueba la información oficial de la Secretaría de Salud obtenida por transparencia y la revisión de los contratos en Compranet, la plataforma en la que el gobierno está obligado, por ley, a registrar todas sus adquisiciones.

Se trata de las vacunas del cuadro básico: hexavalente y pentavalente; influenza, BCG, hepatitis B, anti neumocócica, triple viral, doble viral, rotavirus, DPT (difteria, parotiditis y tétanos) y su refuerzo, TD (tétanos y difteria) y VPH (Virus de Papiloma Humano).  

En 2018, el gobierno federal compró 45 millones de estas vacunas, y pagó 4 mil 90 millones de pesos en contratos. El año siguiente la adquisición bajó a 35 millones de dosis, pero el gasto ascendió a 5 mil 100 millones de pesos, 24% más que en 2018. En 2020 la adquisición se recuperó, con 44 millones de dosis, pero el gasto fue todavía mayor: 5 mil 245 millones de pesos, de acuerdo a los contratos registrados en Compranet y la información de la Secretaría de Salud obtenida por transparencia. 

No se puede saber cuántas vacunas adquirió el gobierno en 2021 y 2022, porque la Secretaría de Salud se negó a entregar información, argumentando que el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) había sido el encargado de las compras esos años, pero éste tampoco entregó los datos. 

El INSABI usó como argumento que, por su desaparición, ya no era sujeto obligado y remitió al organismo que lo sustituyó, el IMSS-Bienestar, el cual -a su vez- respondió que aún no concluía el proceso de entrega-recepción y, por tanto, no tenía acceso a la información.

Pero la revisión de los contratos de 2019 y 2020 comprueban los retrasos. 

Ignora Gobierno de AMLO recomendaciones para comprar vacunas a tiempo

Cada año, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) firmaba los contratos en junio con los laboratorios o con las empresas intermediarias para garantizar el abasto de vacunas para el año siguiente. Aunque los acuerdos se negociaban mucho antes, porque los pedidos debían apartarse con los laboratorios que producen las vacunas para todo el mundo.

Sin embargo, en este caso no hubo negociación previa, afirman a Animal Político diversas fuentes de gobierno e industria que participaron en el proceso. Durante la transición advirtieron al equipo de Salud que debían solicitar las vacunas un año antes, debido a que los biológicos pueden llevar ese tiempo de producción, y los laboratorios surten solo a quienes hacen pedidos con anticipación. Más aún, porque se preveía un posible desabasto de la vacuna BCG, pero México tenía prioridad para venta, dado que era de millones de dosis.

La recomendación fue ignorada.

López Gatell dijo que comprarían las vacunas directamente a laboratorios a través de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud OPS/OMS, por medio de Fondos Rotatorio y Estratégico de estos organismos internacionales, para “obtener beneficios respecto a los precios ofertados”, como quedó de manifiesto en la instalación de esa mesa de negociación el 27 de diciembre de 2018. 

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Meses después, en  2019, la industria volvió a acercarse con el entonces subsecretario de Salud, Hugo López Gatell y la entonces oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, para acordar los requerimientos para el país; pero aplazaron el proceso. Nuevamente argumentaron que negociarían mejores precios para cumplir con la política de austeridad ordenada por el presidente López Obrador, que consistía en centralizar las compras en Hacienda. 

Sin embargo, el acuerdo de que Hacienda fuera el comprador fue oficializado hasta octubre de 2019, con la publicación del “Acuerdo por el que se delegan diversas facultades al titular de la Oficialía Mayor de la SHCP, en materia de compras consolidadas”, con el que delegó en su Oficial Mayor la facultad de determinar los bienes y servicios que serían contratados de manera consolidada. Pero esta decisión retrasó, prácticamente todo el año, los procesos de compra. 

López Gatell explicaría luego un poco de esa negociación en una conferencia de prensa del presidente. Se ufanaba de “no dejarnos confundir por las presiones de los mercados. Si hay un producto o cinco que son equivalentes, tienen que competir. Así logramos ahorrar 50% los costos del tratamiento de hepatitis C y VIH”. Efectivamente el gobierno gastó 50% menos en la compra de antirretrovirales, pero las personas con VIH han denunciado desabasto, a tal grado que en nueve entidades del país ni una persona recibió tratamiento en 2021 y 2022. 

Adquisición de vacunas inició con retrasos en sexenio de AMLO

Durante el primer semestre de 2019 aún había vacunas disponibles de las compras del año anterior (2018), pero no habría para el resto del año, debido a la falta de previsión desde el proceso de transición presidencial, y el retraso de adquisición de 2019. “Cuando quisieron comprar, ya era tarde, las empresas ya tenían todo comprometido”, afirma una fuente de la industria.

El proceso de adquisición comenzó el 13 de junio de 2019 –seis meses después del intento de compra a través de la Organización Panamericana y Mundial– con el acuerdo de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para realizar la compra consolidada de vacunas de la Secretaría de Salud, el ISSSTE, IMSS y la Secretaría de Marina. Solo hasta entonces comenzó la búsqueda de proveedores.  

Para agosto de 2019, familias y personal médico ya reclamaban la falta de biológicos del cuadro básico para niños y niñas, cuyos testimonios fueron recogidos por la prensa, pero el presidente López Obrador negó el desabasto y respondió llamando a los medios “hampa del periodismo” por publicar la noticia.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo en una entrevista realizada el 12 de agosto de 2019 que “todas las vacunas del esquema nacional de vacunación han sido compradas, excepto doble y triple viral”. “Fueron adquiridas en tiempo y serán entregadas y distribuidas en tiempo”. “No tienen por qué faltar”, atajó, ante la insistencia de Joaquín López Dóriga por la falta de vacunas.

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No fue cierto. Apenas el 7 de agosto habían firmado solo los contratos de las vacunas DT (contra tétanos y difteria) y Virus de Papiloma Humano; cinco días después firmaron la compra de la vacuna hexavalente, de acuerdo con los registros de contratos de Compranet. 

Mientras que el contrato de adquisición de la vacuna triple viral, tan urgente ante la detección de casos de sarampión en Estados Unidos y su inminente llegada a México, ocurrió el 21 de agosto. Los contratos de las vacunas antineumocócica, rotavirus, TDPA y antiinfluenza ocurrieron después de esa entrevista, entre el 2 de septiembre y el 28 de noviembre de 2019. Es decir, las contrataciones ocurrieron entre dos y cinco meses después de lo habitual. 

¿Cómo era la compra de vacunas para niños antes del Gobierno de AMLO?

Esos retrasos no son cosa menor, se trata de la afectación a un proceso que ha funcionado prácticamente como relojería, pues a partir del contrato arranca una serie de acciones que puede llevar meses hasta que los niños y niñas de cada rincón del país sean vacunadas.

Primero, las vacunas llegan al aeropuerto y deben pasar por una revisión de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para confirmar la temperatura de los biológicos y cumplir con la trazabilidad a través del número de lote y requerimientos como la fecha caducidad y permisos sanitarios.

Después el proveedor debe llevarla a los almacenes centrales de las instituciones. Luego, son distribuidas a las jurisdicciones sanitarias de cada entidad federativa, que a su vez se encargan de repartir las respectivas dosis a los hospitales y centros de salud del país, e incluso, llevarlas a las comunidades más lejanas en hieleras que llevan médicos y enfermeras que deben recorrer hasta 10 horas de caminos sinuosos.

A la demora en la firma de contratos se sumó que en 2019 la Secretaría de Salud no compró las vacunas para recién nacidos BCG, contra la tuberculosis, y Hepatitis B; ni DPT (difteria, tétanos, tos ferina), para niños de 4 años; mientras que de la vacuna Rotavirus compraron 27 mil dosis menos de las requeridas para niños de 2 y 4 meses. 

De ahí que en 2019 sólo aplicaron 1 millón 685 mil vacunas BCG, las sobrantes del año previo, lo que se vio reflejado en la caída de 20% con respecto a 2018, cuando aplicaron 2 millones 112 mil dosis,  de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud obtenidos por transparencia.  

Al medir la cobertura, es decir, el número de niños que requerían la vacuna y el número de inmunizados,  solo 7 de cada 10 niños recibieron la vacuna en 2019, cifra similar a la registrada en 1990, pues desde hacía 25 años la cobertura se había mantenido entre 91% y 100%, de acuerdo con el registro histórico de la Organización Panamericana de la Salud.  

Pandemia de Covid-19 agudizó la falta de aplicación de vacunas a niños para otras enfermedades

Por eso, el año siguiente, la pandemia no fue la causa del desplome de aplicación, sino que agudizó el problema. En 2020 la cobertura de BCG llegó hasta 28%, la segunda más baja registrada en cuatro décadas, y ubicó al país con la mayor caída en América Latina, pues el promedio de la región fue de 73% que sí alcanzó Brasil. Incluso Chile mantuvo la cobertura en 100%.

Con la vacuna DPT, aplicada en niños de 4 años para prevenir la difteria, tos ferina y tétanos, ocurrió lo mismo. Mientras que en 2017 y 2018 la cobertura fue de 91%, en 2019 bajó a 77%, y el año siguiente descendió a 57%.

Inhabilitan al ‘rey de las vacunas’ en México, sin tener sustituto 

No tener la vacuna BCG, la más importante para recién nacidos que los previene de contraer tuberculosis, fue producto de la falta de estrategia para conseguir otro proveedor tras inhabilitar a la única empresa con los permisos sanitarios para importarla: Laboratorios Imperiales Pharma S. A. de C. V., propiedad de Francisco Álvarez Morphy, apodado “El rey de las vacunas” por haber acaparado los contratos de biológicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

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La empresa incumplió con las entregas de las vacunas BCG, triple viral y hepatitis B en el último trimestre de 2018, que sumaban 3 millones de dosis  y 161 millones de pesos, de acuerdo con información obtenida por transparencia. Por eso fue descartada –por instrucción verbal– para la adquisición de BCG que debía contratarse antes del primer semestre de 2019; y sin que el gobierno tuviera otra empresa que le vendiera esa vacuna. 

El proveedor argumentó que en el caso de la vacuna doble viral, contra sarampión y rubéola, se encontraba retenida por la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), porque tras las revisiones, el dictamen arrojaba resultados fuera de las normas. 

Aunque la empresa buscó una conciliación, y pese a la urgencia por las vacunas ante los brotes de sarampión en Estados Unidos y su inminente llegada a México, la Secretaría de Salud rechazó la posibilidad de algún acuerdo en enero de 2019, como reportó la periodista Ángeles Cruz en el periódico La Jornada. 

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Hugo López Gatell y las diferencias con la empresa  de ‘el Rey de las Vacunas’

Meses después, en agosto, Hugo López Gatell declaró al mismo diario que no había posibilidad alguna de conciliación con la empresa y tampoco permitió que se realizara una segunda evaluación de las vacunas que estaban bajo resguardo de la Cofepris; además, dijo que había interpuesto una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud. 

No fue así. La Secretaría respondió, vía transparencia, que no tenía en sus archivos ninguna denuncia contra la empresa ante el OIC, por lo que declaraba la información como “inexistente”. 

Finalmente la empresa fue inhabilitada y sancionada en dos ocasiones, en agosto de 2019 y en junio de 2020, por la Secretaría de la Función Pública, entonces dirigida por Irma Eréndira Sandoval, por presuntamente falsear información en el contrato de la vacuna doble viral del año previo. Por lo tanto, todas las dependencias debían “abstenerse” de cualquier contratación con la compañía por los siguientes dos años. 

Al preguntar vía transparencia a la Función Pública cuál fue la información falseada, respondió que las pruebas se limitaban a que la empresa “manifestó bajo protesta de decir verdad que contaba con capacidad de respuesta inmediata, con las condiciones apropiadas para el cumplimiento de contrato, y con todos los permisos que la autoridad sanitaria debía emitir para dicho fin; cuando dicha información no fue veraz”. 

Tres años después la compañía ganó la batalla en los tribunales: Invalidó la inhabilitación gracias a la sentencia emitida por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que consistió en “dejar sin efectos la publicación de fecha 29 de junio de 2020”, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2023. 

Cancelan la semana de vacunación

En 2019 se canceló la estrategia que había funcionado durante 26 años: la Semana Nacional de Salud, la principal estrategia de difusión a nivel nacional y de aplicación de biológicos de manera masiva que ocurría tres veces por año, en febrero, mayo y octubre, y a la que se debía el éxito, en gran medida, de la vacunación en el país. 

Ese año la tercera semana de salud, de octubre, fue cancelada; decisión que fue tomada en agosto de ese año –justamente cuando las denuncias de desabasto se incrementaron– por parte del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI), un organismo creado sin amparo legal  y carente de algún reglamento que lo normara. 

En su lugar, la Secretaría de Salud estableció las “Jornadas Nacionales de Salud Pública”, que hasta agosto de 2019 no tenía lineamientos, y comenzaron a operar tres meses después. Sin embargo, no solo incluyeron vacunación sino que promovían también los programas de salud reproductiva, mental, bucal, alimentación, activación física, entre otros. Además, las Jornadas solo tendrían dos periodos, en mayo y octubre, eliminando la semana de febrero. 

A esto se sumó que en 2019 no hubo la habitual campaña de difusión en radio, televisión, medios impresos, y digitales para informar a la población sobre los beneficios de las vacunas y los riesgos de no inmunizarse, como documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).   

La poca difusión y la eliminación de un periodo de vacunación en el año disminuyó la posibilidad de que la población acudiera masivamente y demandara las vacunas que, en realidad no habían sido compradas o que llegarían tarde a sus estados. 

En el gobierno de López Obrador, también dejó inoperante el Consejo Nacional de Vacunación (Conava), creado en 1991 para decidir y coordinar la política de vacunación en el país, y que debía ser dirigido por el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario de Prevención y Protección, López Gatell; representantes de (Cofepris) y los directores del IMSS, ISSSTE, el Instituto Nacional de Pediatría, de Salud Pública, y el Hospital Infantil de México. 

De acuerdo con su reglamento, dicho organismo está obligado a sesionar al menos tres veces para definir las estrategias, e incluso solucionar cualquier problema que impidiera cumplir con la cobertura de vacunación. Sin embargo, en cinco años del actual gobierno sólo sesionó dos veces, una para su instalación y la segunda para decidir a qué población vacunarían contra la Covid-19, según respondió la Secretaría de Salud a las solicitudes de sus actas de sesión. 

Tanto la existencia del Consejo Nacional de Vacunación como de las Semanas de Salud eran consideradas como parte de “las fortalezas” del Programa Universal de Vacunación, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su revisión hasta 2018. 

Y para rematar, el Censia, el otro organismo creado en 2001 para establecer, difundir, evaluar las políticas de vacunación y estar en coordinación con las entidades federativas, por primera vez en su historia, estuvo sin titular durante dos años tras la renuncia de Miriam Veras, en 2021. 

INSABI y su participación en la compra de vacunas en México

Ese año, 2021, el gobierno cambió nuevamente al comprador de vacunas, y dio la encomienda al recién creado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), pero que fue extinguido en 2023; por lo que el nuevo encargado de las compras será su sustituto, el IMSS-Bienestar.

Esos cambios también obedecieron a un supuesto combate a la corrupción de los gobiernos anteriores. Sin embargo, Animal Político solicitó a la Secretaría de Salud, los casos de corrupción que hubiese detectado y denunciado ante el Órgano Interno de Control en la compra de vacunas durante el sexenio pasado y el actual.

Tanto Censia, como la subsecretaría de Prevención, dirigida por Hugo López Gatell, aseguraron que no hubo ningún caso de corrupción en estas adquisiciones, por lo que declararon la información como “inexistente”.

A la vacunación “la arrolló un tren”

 “La causa del desabasto es multidimensional, pero las aristas principales dentro de eso es, en efecto, la política de austeridad: se decidió ahorrar la vida humana para construir un tren”, asegura Giorgio Franyuti, director de la organización Medical Impact. Por eso, el resumen de lo que pasó, insiste, es que “a la vacunación en México la arrolló un tren”, dice, en referencia al Tren Maya, una obra prioritaria del presidente López Obrador.

Por eso es que su organización, que brinda atención médica humanitaria a sitios de extrema marginación y difícil acceso en México, Guatemala, Colombia, Sierra Leona y Kenia, tuvo que incluir la vacunación como parte de las labores, pese a que era una materia que no requería acciones extra desde la sociedad civil, a diferencia de otras necesidades en materia de salud.

“En mi experiencia no veía estas deficiencias del 2018 para abajo, al contrario,  la vacunación no era tan relevante para la sociedad civil porque los esquemas eran admirables o al menos decentes”, dice en entrevista con Animal Político.

Alberto Sotomayor, coordinador de investigación de Pacto por la Primera Infancia, sostiene que el cambio en el modelo de adquisición gubernamental y concentrado en la Secretaría de Hacienda afectó la compra de biológicos que “requería de mucho experto” que conociera el mercado internacional, los tiempos de fabricación de la vacuna, traslado, etc.

A esto se sumó, dice, la intención del gobierno de “tomar distancia” con ciertas industrias farmacéuticas, y luego la pandemia, cuando la industria se enfocó en encontrar primero la vacuna contra la COVID; entonces creo que fue una serie de elementos que se conjugaron y las consecuencias fue un enorme desabasto en muchísimas vacunas”.

En resumen, dice, “hubo mucha negligencia, hubo una serie de decisiones bastante negligentes y nos va a llevar mucho tiempo recomponerlo porque es un problema bastante complejo, sofisticado, que requiere una serie de adecuaciones, no todo se soluciona con dinero, necesita estrategia, comunicación”.