Las 67 recetas que surtió la Megafarmacia del Bienestar en dos semanas desde su inauguración representan apenas el 0.01% de las 600 mil recetas que atiende el IMSS a diario, y solo cubrirían 0.04% del promedio de recetas no surtidas que tiene el Instituto en dos semanas.
De enero a agosto de 2023 -que es el más reciente del que se encontraron datos en la Plataforma Nacional de Transparencia-, el IMSS ordinario negó o dejó sin surtir 3 millones 161 mil 092 recetas.
Esa cifra arroja en promedio 13 mil recetas sin surtir al día, unas 182 mil en dos semanas. Entonces las 67 que atendió la Megafarmacia en dos semanas cubrirían apenas el 0.04% de desabasto en un periodo similar.
El porcentaje se reduce aún más si se consideran las recetas que solo fueron surtidas parcialmente. En el periodo de enero-agosto, fueron 637 mil 416.
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En 2022, según datos que recabó el colectivo Cero Desabasto, el IMSS ordinario negó o dejó de surtir 10 millones 810 mil 934 recetas. Eso arroja que en promedio dejó de surtir unas 29 mil recetas al día.
Y eso se refiere tan solo al IMSS ordinario, para los derechohabientes con trabajo formal. El mismo colectivo documentó que en 2022 el ISSSTE negó o dejó de surtir 665 mil, y el IMSS-Bienestar 46 mil 267.
Si se suman las recetas no surtidas en 2022 de los tres sistemas, la cifra sube a 11 millones 522 mil.
El pasado 29 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la llamada Megafarmacia del Bienestar en el Estado de México, como una medida para encarar el desabasto de medicinas que se ha padecido durante su sexenio y prometiendo que desde dicho almacén se trasladarían medicamentos vía terrestre o aérea, hasta donde la gente los requiera.
“Van a estar las medicinas en los centros de salud, en las unidades médicas, en los hospitales, pero si llega una persona, un paciente y no hay la medicina, se va a poder hablar a ese centro de distribución”, dijo el mandatario.
“Todas las medicinas de manera gratuita, que no cuesten, que no se cobre ni el envío. Ese es el ideal que hoy empezamos a convertir en realidad, este sueño que teníamos y que queremos que sea una realidad, el derecho a la salud”, agregó.
Kilmar Ábrego está encarcelado en El Salvador pese a que no tiene antecedentes penales.
La justicia de Maryland le exigió al gobierno de Donald Trump que devuelva a EE.UU. a un hombre que reconoció haber deportado por error a una megaprisión de El Salvador.
La administración Trump envió el mes pasado a Kilmar Ábrego García al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), junto a más de 200 venezolanos y salvadoreños, muchos de los cuales son miembros de las pandillas, según informaron las autoridades sin aportar pruebas.
La Corte Suprema de EE.UU. respaldó parcialmente la semana pasada la orden de la jueza Paula Xinis, que le exigía al gobierno que “facilitara” el regreso del salvadoreño, después de admitir que su deportación fue un “error administrativo”.
Los funcionarios de Trump siguen mostrándose contrarios a la orden, mientras que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo esta semana que no dejará que Ábrego regrese a Estados Unidos.
La jueza Xinis dio este martes al gobierno de Trump dos semanas para brindar más información sobre lo que ha hecho para liberar a Ábrego.
Kilmar Ábrego llegó a Estados Unidos desde El Salvador ilegalmente en 2011.
Fue arrestado en 2019 junto a otros tres hombres en Maryland y detenido por las autoridades federales de inmigración.
Ese mismo año, un juez de inmigración le otorgó protección legal contra la deportación sobre la base de que podría estar en riesgo de persecución por parte de las pandillas de El Salvador.
Ábrego, de 29 años, había estado viviendo con su esposa y sus hijos bajo este estatus legal protegido en Maryland hasta el momento en que fue deportado a mediados de marzo.
La esposa del detenido, Jennifer Vásquez Sura, una ciudadana estadounidense, ha dicho que las administraciones de Trump y Bukele “continúan jugando juegos políticos con su vida”.
La administración Trump informó que la deportación de Ábrego fue un error administrativo. También dijeron que tiene vínculos con la pandilla MS-13, un grupo criminal que figura dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras.
Desde el gobierno de Trump dijeron que un informante confidencial demostró los vínculos de Ábrego con esta banda, algo que los familiares y abogados del salvadoreño desmienten.
La jueza federal que preside su caso dijo que Ábrego no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en El Salvador, y que los vínculos con las pandillas que se le atribuyen son “una acusación singular y sin fundamento”.
Ábrego García no ha sido acusado de tener vínculos con las pandillas.
Bukele dijo este lunes en un encuentro que mantuvo con Trump en la Casa Blanca que no enviaría de vuelta a Ábrego García porque “no nos gusta mucho liberar a los terroristas en nuestro país”, a pesar de que no se han visto pruebas que vinculen al joven con el terrorismo.
“La pregunta es absurda”, dijo Bukele, aliado de Trump desde que este regresó a la Casa Blanca en enero. “No tengo el poder de regresarlo a Estados Unidos”.
La Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en la reunión que “depende de El Salvador si quieren regresarlo”.
Bondi dijo que la Corte Suprema dictaminó “que si El Salvador quiere enviarlo de vuelta, facilitará la acción, proporcionando un avión”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que los demócratas y los medios de comunicación dijeron que habían “deportado a un candidato al padre del año”, alegando una vez más que era un miembro de la pandilla MS-13.
Poco después de su deportación al Cecot, los familiares de Ábrego le exigieron a la administración Trump que lo trajera de vuelta a Estados Unidos.
La jueza Xinis ordenó al gobierno que “facilitara y efectuara” su regreso antes del 7 de abril.
Después de que la administración Trump apelara el fallo ante la Corte Suprema, los jueces dictaminaron unánimemente que la administración Trump debe tratar de “facilitar” su regreso, al tiempo que solicitaron a la jueza del caso que aclare su directiva de “efectuar”.
Los jueces no le dieron al gobierno un plazo para que Ábrego sea liberado.
El martes, la jueza Xinis volvió a ordenar a la administración Trump que proporcionara más información sobre lo que ha hecho para liberar a Ábrego García y agregó que decidiría en dos semanas si el gobierno está actuando de buena fe o en desacato al tribunal.
Un funcionario estadounidense dijo durante el fin de semana que Ábrego García estaba “vivo y seguro” en la megaprisión de El Salvador.
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