No fuimos Dinamarca: “¿Por qué tenemos que pedir ayuda a juez para vivir?”; aumentan 6 veces amparos para recibir atención médica
Durante tres meses, Roberto González, de 43 años, acudió al Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE Veracruz, para recoger las dosis de capecitabina, el medicamento que daría continuidad al tratamiento contra el cáncer de colón que padecía. En cada ocasión le dijeron lo mismo: no hay. Por eso es que tuvo que comprarla, a un costo de 9 mil pesos cada caja, que solo le duraba un mes.
Hasta que supo de la organización Justicia vs cáncer, un colectivo de profesionales jurídicos que brindan servicios legales gratuitos para personas afectadas por la falta de medicamentos y atención integral para combatir la enfermedad.
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Después de ponerse en contacto con ellos, le asignaron una abogada para ayudarle a formular una demanda de amparo, misma que presentó ante juzgados. Tres días después el juez falló a su favor y con esa resolución se presentó nuevamente en la farmacia del hospital para que le entregaran el medicamento, aunque le pidió una disculpa al administrador, por “haberlo hecho de esta manera (mediante amparo)”, le dijo.
Pacientes acuden al amparo para intentar acceder a medicamentos
La respuesta del funcionario fue inesperada para Roberto. “No, discúlpanos a nosotros porque esto viene desde oficinas centrales. Estas claves no nos las están mandando. No depende de nosotros y tenemos muchos casos así”.
El siguiente mes volvió por su tratamiento, pero nuevamente le dijeron que no había. Otra vez acudió con la organización e interpuso otro recurso, y así lo hizo tres veces más: solo obtuvo los medicamentos a través de amparos. “Por qué tenemos que llegar a esto, a esperar a meter un recurso legal para seguir viviendo, porque eso es: es por nuestra vida”, lamenta.
Crecen 628% los amparos ante desabasto de medicamentos
Roberto no es el único caso. En 2022, se registraron mil 602 juicios de amparo promovidos por desabasto de medicamentos e insumos para la salud, mientras que en 2018 hubo 220 recursos. Esto significa un crecimiento de 628%, de acuerdo con el informe “Radiografía del desabasto de Medicamentos en México 2022”, del colectivo Cero Desabasto.
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La información obtenida por el colectivo, a través de transparencia, revela que las demandas de amparo han crecido durante este sexenio. En 2017 solo hubo 229 juicios y en 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, 220. Al inicio del gobierno de López Obrador se registraron 387, un crecimiento de 75%.
En 2020, el año de inicio de la pandemia hubo 1,092 juicios, y el máximo registrado ocurrió en 2021, con 2,307 procesos registrados ante tribunales colegiados de circuito.
Pacientes pagan medicinas y tratamientos ante desabasto
Roberto pudo resolver el abasto de sus medicinas a través de los amparos, pero meses antes, cuando le detectaron un tumor en el colón que debía ser extirpado de manera urgente, no quiso arriesgarse a esperar meses a que el ISSSTE pudiera realizarle la cirugía, puesto que tardó tres meses solo para tener la primera cita con el oncólogo.
Él y su esposa decidieron utilizar los ahorros de ella para pagar la operación en un hospital privado, que costó 1 millón de pesos. El cirujano que lo atendió le recomendó continuar el tratamiento de radioterapia y quimioterapia en el ISSSTE, donde es derechohabiente.
Así lo hizo, pero en el ISSSTE, el doctor que lo valoró le dijo que no era necesario realizarle radioterapia y eso lo obligó a también pagarlas en el privado.
Sin embargo, meses después le detectaron perforaciones intestinales. Llegar a ese diagnóstico también le tomó cuatro meses, por eso acudió al hospital privado. Esta vez tuvo que pedir prestado, organizar rifas y sus padres están en proceso de venta de una propiedad para poder pagar esa deuda.
Jorge espero un año para ser operado y lo consiguió con amparos
Otro caso es el de Jorge, de 48 años de edad, quien tuvo que esperar un año y la tramitación de amparos para que finalmente fuera operado de una hernia en un hospital del ISSSTE.
Desde marzo de 2022 acudió a su clínica familiar en Puebla por las molestias. Desde las consultas y luego en los exámenes preoperatorios, “no había día que no escuchara reclamos airados por deficiencias en servicios básicos como rayos X, laboratorios o subrogaciones”.
Una vez cumplido todo el papeleo en el Hospital Regional de Puebla le dijeron que en dos o tres semanas le darían fecha para la operación. Nunca pasó.
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Ante la incertidumbre por la falta de respuesta, un compañero de trabajo, abogado, le recomendó interponer un amparo y se ofreció a ayudarle. Así lo hicieron y después de todo el proceso legal, Jorge finalmente fue operado la semana pasada.
Después de leer los reportajes publicados por Animal Político, dice, “confirmo que mi caso es la excepción en un sistema que está desfondado. En mi caso, el amparo al final fue la única opción para forzar a la institución a garantizar lo que debe garantizar”.
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El Vaticano había ordenado en 2023 una investigación y en 2024 ya había apartado al fundador de una comunidad que llegó a tener miles de miembros.
El papa Francisco disolvió el Sodalicio de Vida Cristiana, la comunidad religiosa católica con sede en Perú investigada durante años por denuncias de presuntos abusos sexuales y psicológicos por parte de su fundador y otros responsables.
Un comunicado de la Asamblea del Sodalicio confirmó una noticia que se había filtrado días antes en el portal especializado en información eclesiástica Infovaticana.
El comunicado del Sodalicio no da detalles de una decisión sobre la que el Vaticano no ha hecho aún ningún anuncio oficial. No es habitual que el Papa disuelva una comunidad religiosa católica aunque esté envuelta en un escándalo.
El Sodalicio, formado por laicos y sacerdotes católicos, fue fundado en Perú por Luis Fernando Figari en 1971 y llegó a contar con unos 20.000 miembros en América Latina y Estados Unidos.
Reconocido oficialmente como comunidad religiosa por el papa Juan Pablo II en 1997, el grupo ha sido objeto de varias investigaciones por parte de la fiscalía peruana y el Vaticano en la última década.
Un informe encargado por la sociedad publicado en 2017 concluyó que Figari y otros exmiembros de alto rango habían abusado de al menos 19 menores y 10 adultos.
Cómo se ha llegado hasta aquí
En 2023, tras años de denuncias, el papa Francisco envió a Perú al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y al sacerdote español Jordi Bertomeu, con la misión de investigar los numerosos abusos presuntamente cometidos en el seno del Sodalicio.
En 2024, la Santa Sede expulsó del grupo a Figari, que negó haber cometido delito alguno.
La periodista Pao Ugaz, coautora del libro “Mitad monjes, mitad soldados” sobre los escándalos de la sociedad, le dijo a BBC Mundo cuando se conoció la expulsión de Figari que se trataba de “una decisión valiente” que “anuncia el principio del fin de una organización que hasta ahora había gozado de impunidad”.
La decisión final sobre una sociedad ampliamente percibida como ejemplo de abuso e impunidad era esperada desde hacía meses por sus críticos.
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