No fuimos Dinamarca: “¿Por qué tenemos que pedir ayuda a juez para vivir?”; aumentan 6 veces amparos para recibir atención médica
Durante tres meses, Roberto González, de 43 años, acudió al Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE Veracruz, para recoger las dosis de capecitabina, el medicamento que daría continuidad al tratamiento contra el cáncer de colón que padecía. En cada ocasión le dijeron lo mismo: no hay. Por eso es que tuvo que comprarla, a un costo de 9 mil pesos cada caja, que solo le duraba un mes.
Hasta que supo de la organización Justicia vs cáncer, un colectivo de profesionales jurídicos que brindan servicios legales gratuitos para personas afectadas por la falta de medicamentos y atención integral para combatir la enfermedad.
Consulta el especial completo. No fuimos Dinamarca: el saldo de la austeridad de AMLO en salud
Después de ponerse en contacto con ellos, le asignaron una abogada para ayudarle a formular una demanda de amparo, misma que presentó ante juzgados. Tres días después el juez falló a su favor y con esa resolución se presentó nuevamente en la farmacia del hospital para que le entregaran el medicamento, aunque le pidió una disculpa al administrador, por “haberlo hecho de esta manera (mediante amparo)”, le dijo.
Pacientes acuden al amparo para intentar acceder a medicamentos
La respuesta del funcionario fue inesperada para Roberto. “No, discúlpanos a nosotros porque esto viene desde oficinas centrales. Estas claves no nos las están mandando. No depende de nosotros y tenemos muchos casos así”.
El siguiente mes volvió por su tratamiento, pero nuevamente le dijeron que no había. Otra vez acudió con la organización e interpuso otro recurso, y así lo hizo tres veces más: solo obtuvo los medicamentos a través de amparos. “Por qué tenemos que llegar a esto, a esperar a meter un recurso legal para seguir viviendo, porque eso es: es por nuestra vida”, lamenta.
Crecen 628% los amparos ante desabasto de medicamentos
Roberto no es el único caso. En 2022, se registraron mil 602 juicios de amparo promovidos por desabasto de medicamentos e insumos para la salud, mientras que en 2018 hubo 220 recursos. Esto significa un crecimiento de 628%, de acuerdo con el informe “Radiografía del desabasto de Medicamentos en México 2022”, del colectivo Cero Desabasto.
Lee más: Secretaría de Salud pagó a Birmex 134 mdp de sobreprecio por vacunas para infancias en 2020
La información obtenida por el colectivo, a través de transparencia, revela que las demandas de amparo han crecido durante este sexenio. En 2017 solo hubo 229 juicios y en 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, 220. Al inicio del gobierno de López Obrador se registraron 387, un crecimiento de 75%.
En 2020, el año de inicio de la pandemia hubo 1,092 juicios, y el máximo registrado ocurrió en 2021, con 2,307 procesos registrados ante tribunales colegiados de circuito.
Pacientes pagan medicinas y tratamientos ante desabasto
Roberto pudo resolver el abasto de sus medicinas a través de los amparos, pero meses antes, cuando le detectaron un tumor en el colón que debía ser extirpado de manera urgente, no quiso arriesgarse a esperar meses a que el ISSSTE pudiera realizarle la cirugía, puesto que tardó tres meses solo para tener la primera cita con el oncólogo.
Él y su esposa decidieron utilizar los ahorros de ella para pagar la operación en un hospital privado, que costó 1 millón de pesos. El cirujano que lo atendió le recomendó continuar el tratamiento de radioterapia y quimioterapia en el ISSSTE, donde es derechohabiente.
Así lo hizo, pero en el ISSSTE, el doctor que lo valoró le dijo que no era necesario realizarle radioterapia y eso lo obligó a también pagarlas en el privado.
Sin embargo, meses después le detectaron perforaciones intestinales. Llegar a ese diagnóstico también le tomó cuatro meses, por eso acudió al hospital privado. Esta vez tuvo que pedir prestado, organizar rifas y sus padres están en proceso de venta de una propiedad para poder pagar esa deuda.
Jorge espero un año para ser operado y lo consiguió con amparos
Otro caso es el de Jorge, de 48 años de edad, quien tuvo que esperar un año y la tramitación de amparos para que finalmente fuera operado de una hernia en un hospital del ISSSTE.
Desde marzo de 2022 acudió a su clínica familiar en Puebla por las molestias. Desde las consultas y luego en los exámenes preoperatorios, “no había día que no escuchara reclamos airados por deficiencias en servicios básicos como rayos X, laboratorios o subrogaciones”.
Una vez cumplido todo el papeleo en el Hospital Regional de Puebla le dijeron que en dos o tres semanas le darían fecha para la operación. Nunca pasó.
Te puede interesar: Héroes de la vacunación: personal médico resiste carencias y traslados de 10 horas para aplicar una dosis
Ante la incertidumbre por la falta de respuesta, un compañero de trabajo, abogado, le recomendó interponer un amparo y se ofreció a ayudarle. Así lo hicieron y después de todo el proceso legal, Jorge finalmente fue operado la semana pasada.
Después de leer los reportajes publicados por Animal Político, dice, “confirmo que mi caso es la excepción en un sistema que está desfondado. En mi caso, el amparo al final fue la única opción para forzar a la institución a garantizar lo que debe garantizar”.
Relacionado
El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández sale de una prisión de EE.UU. tras ser indultado por Donald Trump
- Por qué Honduras sigue siendo el país más pobre de Centroamérica pese a una década de crecimiento
- Juan Orlando Hernández: quién es el expresidente de Honduras que salió de prisión tras ser indultado por Trump y por qué la justicia de EE.UU. lo acusó de promover un “narcoestado”
