Durante tres meses, Roberto González, de 43 años, acudió al Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE Veracruz, para recoger las dosis de capecitabina, el medicamento que daría continuidad al tratamiento contra el cáncer de colón que padecía. En cada ocasión le dijeron lo mismo: no hay. Por eso es que tuvo que comprarla, a un costo de 9 mil pesos cada caja, que solo le duraba un mes.
Hasta que supo de la organización Justicia vs cáncer, un colectivo de profesionales jurídicos que brindan servicios legales gratuitos para personas afectadas por la falta de medicamentos y atención integral para combatir la enfermedad.
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Después de ponerse en contacto con ellos, le asignaron una abogada para ayudarle a formular una demanda de amparo, misma que presentó ante juzgados. Tres días después el juez falló a su favor y con esa resolución se presentó nuevamente en la farmacia del hospital para que le entregaran el medicamento, aunque le pidió una disculpa al administrador, por “haberlo hecho de esta manera (mediante amparo)”, le dijo.
La respuesta del funcionario fue inesperada para Roberto. “No, discúlpanos a nosotros porque esto viene desde oficinas centrales. Estas claves no nos las están mandando. No depende de nosotros y tenemos muchos casos así”.
El siguiente mes volvió por su tratamiento, pero nuevamente le dijeron que no había. Otra vez acudió con la organización e interpuso otro recurso, y así lo hizo tres veces más: solo obtuvo los medicamentos a través de amparos. “Por qué tenemos que llegar a esto, a esperar a meter un recurso legal para seguir viviendo, porque eso es: es por nuestra vida”, lamenta.
Roberto no es el único caso. En 2022, se registraron mil 602 juicios de amparo promovidos por desabasto de medicamentos e insumos para la salud, mientras que en 2018 hubo 220 recursos. Esto significa un crecimiento de 628%, de acuerdo con el informe “Radiografía del desabasto de Medicamentos en México 2022”, del colectivo Cero Desabasto.
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La información obtenida por el colectivo, a través de transparencia, revela que las demandas de amparo han crecido durante este sexenio. En 2017 solo hubo 229 juicios y en 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, 220. Al inicio del gobierno de López Obrador se registraron 387, un crecimiento de 75%.
En 2020, el año de inicio de la pandemia hubo 1,092 juicios, y el máximo registrado ocurrió en 2021, con 2,307 procesos registrados ante tribunales colegiados de circuito.
Roberto pudo resolver el abasto de sus medicinas a través de los amparos, pero meses antes, cuando le detectaron un tumor en el colón que debía ser extirpado de manera urgente, no quiso arriesgarse a esperar meses a que el ISSSTE pudiera realizarle la cirugía, puesto que tardó tres meses solo para tener la primera cita con el oncólogo.
Él y su esposa decidieron utilizar los ahorros de ella para pagar la operación en un hospital privado, que costó 1 millón de pesos. El cirujano que lo atendió le recomendó continuar el tratamiento de radioterapia y quimioterapia en el ISSSTE, donde es derechohabiente.
Así lo hizo, pero en el ISSSTE, el doctor que lo valoró le dijo que no era necesario realizarle radioterapia y eso lo obligó a también pagarlas en el privado.
Sin embargo, meses después le detectaron perforaciones intestinales. Llegar a ese diagnóstico también le tomó cuatro meses, por eso acudió al hospital privado. Esta vez tuvo que pedir prestado, organizar rifas y sus padres están en proceso de venta de una propiedad para poder pagar esa deuda.
Otro caso es el de Jorge, de 48 años de edad, quien tuvo que esperar un año y la tramitación de amparos para que finalmente fuera operado de una hernia en un hospital del ISSSTE.
Desde marzo de 2022 acudió a su clínica familiar en Puebla por las molestias. Desde las consultas y luego en los exámenes preoperatorios, “no había día que no escuchara reclamos airados por deficiencias en servicios básicos como rayos X, laboratorios o subrogaciones”.
Una vez cumplido todo el papeleo en el Hospital Regional de Puebla le dijeron que en dos o tres semanas le darían fecha para la operación. Nunca pasó.
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Ante la incertidumbre por la falta de respuesta, un compañero de trabajo, abogado, le recomendó interponer un amparo y se ofreció a ayudarle. Así lo hicieron y después de todo el proceso legal, Jorge finalmente fue operado la semana pasada.
Después de leer los reportajes publicados por Animal Político, dice, “confirmo que mi caso es la excepción en un sistema que está desfondado. En mi caso, el amparo al final fue la única opción para forzar a la institución a garantizar lo que debe garantizar”.
Coventry asumirá su nuevo cargo en junio, en un momento crítico para el movimiento olímpico.
La exnadadora de 41 años, ganadora de dos medallas de oro olímpicas, sustituye al alemán Thomas Bach –que ocupaba el cargo desde 2013– y se convierte en la primera mujer, la primera africana y la persona más joven en ocupar el cargo.
El jefe del Atletismo Mundial, el británico Sebastian Coe, figuraba entre los favoritos para ganar la elección celebrada en Grecia, pero Coventry consiguió la mayoría absoluta con 49 de los 97 votos disponibles en la primera ronda de votación.
El segundo clasificado, el español Juan Antonio Samaranch Jr, obtuvo 28 votos, mientras que Coe consiguió 8.
Coventry, que ya forma parte de la junta ejecutiva del COI y se decía que era la candidata preferida de Bach, es la décima persona que ocupa el cargo más alto del deporte mundial y estará en el puesto durante al menos durante los próximos ocho años.
Coventry ha ganado siete de las ocho medallas olímpicas de Zimbabue, incluido el oro en los 200 metros espalda en los Juegos de 2004 y 2008.
“La joven que empezó a nadar en Zimbabue hace tantos años nunca podría haber soñado con este momento”, declaró Coventry, quien se impuso a seis rivales masculinos para ganar la votación.
“Estoy especialmente orgullosa de ser la primera mujer presidenta del COI, y también la primera africana.
“Espero que esta votación sirva de inspiración a mucha gente. Hoy se han roto los techos de cristal, y soy plenamente consciente de mis responsabilidades como modelo a seguir“.
Coventry era la candidata preferida del presidente saliente, Thomas Bach.
Durante su campaña para lograr la presidencia del COI, Coventry se comprometió a modernizar el organismo, promover la sostenibilidad, adoptar nueva tecnología y potenciar a los atletas.
Apoyó una prohibición general de que las mujeres transgénero compitan en los deportes olímpicos femeninos.
Coventry se ha enfrentado a críticas en Zimbabue en su calidad de ministra de Deportes desde 2018, pero defendió su asociación con el gobierno del controvertido presidente Emmerson Mnangagwa.
La injerencia gubernamental en el fútbol provocó que la FIFA expulsara a Zimbabue de las competencias internacionales en 2022, mientras que el año pasado Estados Unidos impuso sanciones a Mnangagwa y otros altos cargos por corrupción y abusos de los derechos humanos.
La votación de este jueves tuvo lugar en un hotel de lujo situado en una localidad costera a unos 100 kilómetros al sur de Olimpia, cuna de los Juegos de la Antigüedad.
Los miembros del COI tuvieron que entregar sus teléfonos antes de la votación electrónica secreta.
Análisis de Dan Roan, editor de BBC Deportes
Este es un momento histórico para el COI y para el deporte mundial.
Como primera mujer que ocupa el cargo más importante del deporte, Kirsty Coventry es una pionera. Pero, como miembro del Comité Ejecutivo del COI, también conoce bien al organismo.
Coventry era la candidata preferida del presidente saliente, Thomas Bach, y su convincente victoria tras una campaña discreta se considerará un reflejo de su influencia.
Los miembros del COI se mostraron indiferentes ante su estrecha relación con el controvertido gobierno de Zimbabue.
Coventry asumirá su nuevo cargo en junio, en un momento crítico para el movimiento olímpico.
Tendrá que lidiar con un tenso panorama geopolítico, con la posible reintegración de Rusia a los Juegos y el regreso del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca antes de los Juegos de Los Ángeles de 2028.
También tendrá que abordar cuestiones como la de la participación de los atletas transgénero, el cambio climático y garantizar que los Juegos sigan siendo relevantes en el futuro.
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