Sarampión: 1.5 millones de niños sin vacunar en primer año de AMLO, previo a la pandemia; compraron tarde y menos dosis
La vacunación contra el sarampión cayó en 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, antes de la pandemia de Covid-19. En ese periodo se retrasaron los procesos de compra, como resultado de la búsqueda de ahorros en sintonía con la política de austeridad. Los biológicos fueron comprados tres meses antes de acabar el año y en menor cantidad de las dosis requeridas.
Ese año, 1 millón 500 mil niñas y niños de 1 y 6 años que debían recibir el biológico contra el sarampión no fueron vacunados.
Hasta el momento, México registra 7 mil 624 casos de sarampión acumulados entre 2025 y 2026. Esto nos coloca en riesgo de perder el certificado internacional de país libre del virus otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016. Ante el brote que inició en enero de 2025, hay países como España y Canadá, que ya perdieron ese estatus, el primero apenas el pasado 27 de enero y el segundo desde el año pasado. Estados Unidos también será revisado por la OPS.
En nuestro país, el secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que la caída en la vacunación obedeció a la pandemia de Covid, entre 2020 y 2021. No obstante, documentos oficiales confirman que la disminución inició desde antes.
En 2018 la cobertura de la primera dosis de sarampión para menores de 1 año había sido de 97 %, mientras que la segunda, para niños de 6, fue de 99 %, lo que arroja una inmunización prácticamente total en ese rango de edades. Sin embargo, el año siguiente hubo un cambio notorio en esa tendencia, pues la vacunación descendió a 73 %, de acuerdo con el reporte de la Organización Panamericana de la Salud.
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Traducido en cifras, esto quiere decir que, de un total de 4.3 millones de niñas y niños —a quienes en 2019 les correspondía recibir la vacuna SRP, conocida como triple viral contra sarampión, rubéola y paperas— el gobierno de López Obrador vacunó únicamente a 2 millones 821 mil.
Esto significa que 1.5 millones de menores en edad de ser inmunizados no recibieron el biológico. Así lo confirmó el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) en los datos entregados a la Auditoría Superior de la Federación, publicados en la auditoría número 172-DS.
Animal Político hizo solicitudes de información a CENSIA para saber el número de vacunas que la autoridad había calculado para cubrir a la población que lo requería en 2019, lo que se conoce como el cálculo de “necesidad”. Además de pedir los contratos de compra de cada vacuna.
La institución respondió que se necesitaban 4 millones 343 mil dosis de la vacuna triple viral para 2019. Mientras que los contratos confirmaron la compra de 4 millones 238 mil dosis, según la respuesta a la solicitud con folio 10500.
Esto es: el gobierno de López Obrador compró 105 mil dosis menos de las requeridas.
A esta situación se suma otro elemento: en años previos, los contratos se realizaban en el primer trimestre del año, pero en 2019 López Obrador ordenó aplicar una política de “austeridad” y ahorrar en todas las compras, incluyendo fármacos, alterando los procesos de adquisiciones.
Entre enero y junio de 2019, Birmex sólo había conseguido 439 mil dosis de triple viral de la empresa Merck Sharp & Dohme Corp. Apenas 10 % del total requerido para todo el año, como consta en el registro de compras y facturas obtenidas por transparencia.
La compra de más de 3 millones de vacunas contra el sarampión —el mayor volumen de dosis del año— se concretó hasta el 12 de septiembre, tres meses antes de terminar el año. Pero ni siquiera fueron aplicadas en el último trimestre: 1.4 millones de dosis estuvieron en almacenes hasta enero de 2020 por incumplir con especificaciones de calidad, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.
Compras tardías
Al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el entonces subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo que comprarían las vacunas directamente a laboratorios a través de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud OPS/OMS.
Cumpliendo con la política de “austeridad” de López Obrador. Lo haría por medio de Fondos Rotatorio y Estratégico de esos organismos internacionales, para “obtener beneficios respecto a los precios ofertados”, según asentó en la instalación de esa mesa de análisis para conseguir las adquisiciones, el 27 de diciembre de 2018.
Meses después de esa reunión, la industria farmacéutica se acercó con él y la entonces oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, para acordar los requerimientos de vacunas para el país, pero los rechazaron, según confirman fuentes allegadas al proceso.
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Ambos funcionarios argumentaron que negociarían mejores precios para cumplir con la política de austeridad que consistía en centralizar las compras en Hacienda. Tal decisión retrasó las compras en comparación con otros años, cuando los contratos se concretaban en los primeros meses.
El proceso de compra del mayor volumen de vacunas contra el sarampión inició hasta el 19 de julio de 2019, con un documento en el que la Secretaría de Salud justificaba la adjudicación directa de compra de vacunas a Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), debido a que “no fue posible identificar más de un posible oferente”.
El documento reconocía que “México realizó oportunamente la gestión para su adquisición. Sin embargo, la oferta no cubre la demanda y de no adquirir la cantidad disponible se corre el riesgo de desabasto total, lo que podría generar aumento de enfermedades prevenibles por vacunación, retrocediendo los logros alcanzados al momento en el país”.
Esto permitió que CENSIA —la institución compradora de vacunas— pudiera contratar a Birmex. El contrato de compra de la vacuna triple viral entre ambas instituciones se concretó el 21 de agosto de 2019 por 368 millones de pesos.
Sin embargo, Birmex sólo fue intermediario porque compró los biológicos a la empresa Commodities Trading Enterprise Limited, según se asienta en el contrato AV-042/2019 del 12 de septiembre de 2019, por 25 millones 154 mil dólares (492 millones de pesos con un tipo de cambio de 19.58 pesos de ese día).
Dosis detenidas
El retraso no sólo ocurrió en la compra, sino también en la distribución. Al menos 1.4 millones de dosis estuvieron retenidas en almacenes hasta enero de 2020. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó que “no cumplieron con las especificaciones de calidad y seguridad requeridas”, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.
Ante esto, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, solicitó al titular de la Cofepris “su intervención, a fin de lograr la liberación simplificada de los 14 lotes de vacunas (SPR-VACUNA) provenientes de la India”, según se asienta en el oficio SPPS-2868-2019 del 24 de septiembre de 2019, recabado por la ASF.
En respuesta, la Cofepris dijo que liberaba los lotes “documentalmente”, pero advertía la necesidad de una farmacovigilancia de su distribución en las últimas semanas de octubre, toda vez que se encontraban “en inmovilidad preventiva” en almacenes de los estados.
La irregularidad detectada por la Cofepris consistió en que “las pruebas de potencia y termoestabilidad para el componente de rubéola resultaron fuera de especificación por presentar una potencia inferior a la mínima aceptable y no haber aprobado la prueba de estabilidad ante la exposición a una temperatura de 37°C por 7 días”. Sin embargo, después de una segunda prueba solicitada por Birmex, se concluyó que pasaron las pruebas de seguridad.
Finalmente, en el oficio número CSG-304-2020 del 31 de enero de 2020, el Consejo de Salubridad General presidido por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, exhortó “al titular de la COFEPRIS, para que libere la totalidad de las dosis de vacunas SRP que mantiene bajo restricción y se proceda, de manera inmediata, a la distribución de las mismas en las diversas instituciones de salud”.
Los lotes fueron liberados hasta entonces, únicamente por gestión del secretario de Salud, pero significó que las vacunas compradas en 2019 estuvieran disponibles hasta 2020.
Por primera vez desde 2016, México se encuentra bajo evaluación internacional. En abril tendrá una reunión ante la Organización Panamericana de la Salud para revisar si mantiene su estatus de país libre de sarampión ante el brote activo.
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El comercio en Little Village, un vecindario de Chicago conocido como el “México del Medio Oeste”, está de capa caída tras semanas de un intenso operativo de la agencia migratoria de EE.UU.
Durante las últimas semanas, todos los ojos han estado puestos en Mineápolis, Minesota, donde la furia pública por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) generó una oleada de disturbios en la ciudad.
El presidente Donald Trump se comprometió a “reducir la intensidad” de la situación y el llamado zar de la frontera, Tom Homan, declaró este jueves el fin del operativo en el estado.
Chicago ya ha visto una leve disminución en el envío de más agentes migratorios y de sus medidas severas en las calles.
La llamada Operación Midway Blitz se lanzó en septiembre contra lo que el gobierno de Trump llamó “inmigrantes ilegales criminales” y alcanzó su auge en las semanas siguientes.
Desde entonces, Chicago y específicamente sus vecindarios hispanos, han tenido que ajustarse a la nueva normalidad.
En el sector Little Village, La Villita, el temor a las redadas ha causado que la gente no salga de casa, convirtiendo a uno de los núcleos económicos clave de Chicago en algo parecido a un pueblo fantasma, dicen los comerciantes y funcionarios de la ciudad.
“El comercio ha caído a la mitad durante la semana, algunas veces menos que eso. La gente no quiere gastar dinero”, afirma Carlos Macías, dueño de una tienda y restaurante Carnicería y Taquería Aguascalientes, que su padre abrió hace 50 años en la calle 26, la principal avenida.
Macías recuerda cómo una redada en su propio negocio propagó el miedo entre la comunidad. Los agentes escondían sus caras con pasamontañas, cuenta, y algunos portaban rifles mientras otros tenían pistolas en sus cartucheras.
Mientras se movían por el lugar, hicieron una barrida visual del espacio, mirando directamente a los ojos de los empleados y la clientela, algunas personas se agacharon bajo las mesas, recuerda, y otras empezaron a llorar. Otros corrieron hacia la parte de atrás del edificio, sin estar seguros de las intenciones de los agentes. Con la creciente tensión, Macías intervino.
“Esta es mi propiedad”, les dijo Macías. “No tienen permiso para estar aquí”.
Sus palabras tuvieron poco efecto. El incidente sigue grabado en su mente y cree que es una de las razones de la caída en el negocio.
Pero, aunque las redadas pueden provocar que la gente se quede en casa, Trump asegura que son necesarias para proteger a los ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Seguridad Interna afirma que lanzó la Operación Midway Blitz en honor a Katie Abraham, una estudiante de 20 años que murió atropellada por un inmigrante ilegal ebrio guatemalteco que se fugó.
La agencia asegura que más de 800 inmigrantes indocumentados han sido arrestados, incluyendo agresores sexuales, ladrones, asesinos y pandilleros.
Sin embargo, los expedientes de los tribunales federales divulgados en noviembre registraron que un número alto de los detenidos no eran considerados un riesgo significativo para el público.
La contracción en Little Village está teniendo repercusiones en la economía más amplia de la ciudad, señalan los funcionarios.
El corredor de tres kilómetros es uno de los núcleos económicos clave de Chicago, que genera uno de los recaudos impositivos más altos por fuera de la llamada Magnificent Mile (Milla Magnífica) en el centro.
Y, contrario a las elegantes boutiques y tiendas de marca internacional que salpican esa zona élite en la Avenida Michigan Norte, esta calle atraviesa lo que es predominantemente un vecindario hispano.
Los negocios son propiedad de los lugareños y sirven principalmente una comunidad latina, la clientela de base que muchos dicen se está quedando de puertas adentro por el miedo.
El concejal Michael Rodríguez declara que ha recibido informes de los restaurantes y expendios de comida locales que las ventas han caído hasta 60%. Una tienda local de teléfonos celulares no registró una sola venta durante un período de dos semanas, dice.
“Desde que el presidente Trump ha estado en el poder, hemos notado un importante traspié en los días subsiguientes en enero y febrero”, expresó Rodríguez.
“Cualquier impacto perjudicial en el entorno comercial de la calle 26 tiene un efecto negativo en la región”.
Pero algunos líderes políticos apoyan el plan de deportación de Trump, que fue una política central de su campaña electoral en 2024.
“Me encanta lo que está haciendo”, dice Lupe Castillo, una residente de Little Village y candidata republicana al Congreso por el 4to Distrito de Illinois.
“Me da lástima que haya llegado a esto, pero es la culpa de los demócratas. Este país tiene reglas. Puedes entrar, pero hazlo de la forma correcta. Así te puedes quedar aquí y buscar la vida que quieres”.
Castillo, que ha vivido en Little Village durante más de 40 años, afirma que esta es la primera vez que ha visto agentes federales en el vecindario, pero los residentes deberían continuar apoyando a los negocios locales.
“Simplemente no llames mucho la atención”, aconseja. “Yo conozco a estas personas del vecindario, no son malas, así que, ¿por qué deberían tener miedo? Sólo están buscando a los malos”.
El concejal Rodríguez señala que unos pocos negocios se han mantenido estables durante este período de incertidumbre, como algunas tiendas de comestibles selectas. Sin embargo, como un residente de Little Village de toda la vida, asegura que nunca ha visto algo así.
“Por primera vez en mi vida teníamos estacionamiento público disponible a lo largo de la calle 26”, dice Rodríguez. “A la hora del almuerzo, cuando nuestros restaurantes típicamente están llenos, veíamos restaurantes vacíos. Incluso durante la pandemia parecía que éramos más resilientes”.
En respuesta a las redadas migratorias, la ciudad de Chicago ha lanzado un programa de apoyo a los negocios locales que se han visto afectados. Ana Valencia, secretaria municipal de Chicago, introdujo la iniciativa llamada Shopping in Solidarity (Compras en solidaridad) para instar a los residentes, y los habitantes de toda la ciudad, a comprar localmente y apoyar a sus vecinos.
“Creo que los chicaguenses han encontrado la manera de unirse durante estas crisis”, expresa Valencia. “Lo que me derrite el corazón es ver a la gente venir aquí y ver lo vibrante que es el vecindario”.
A pesar de estos esfuerzos, el resultado de la diminución de tráfico peatonal se está sintiendo en todo el corredor, aún en restaurantes de larga data como la Taquería Los Comales, un lugar emblemático de Little Village por más de cinco décadas.
Aunque la Cámara de Comercio de Little Village no tiene datos de las ventas diarias en el vecindario, Christina González, miembro de la junta y dueña de la Taquería Los Comales, indica que las ventas de muchas tiendas han caído entre 30% y 60%. Dice que ella misma se ha visto forzada a recortar las horas de trabajo de sus empleados.
“No necesitamos 10 mesera sirviendo cuatro mesas”, explica González. “Simplemente no tiene sentido”.
La mayoría de los empleados son contratados localmente, añade, porque los residentes tienden a buscar empleo cerca de casa.
“La comunidad depende de estos pequeños negocios para el empleo y los ingresos”, cuenta González. “Si no tienen las horas para sostener eso, entonces no están percibiendo los ingresos que necesitan y empiezan a prescindir de otros lujos”.
Aunque todavía es muy temprano para conocer la totalidad del impacto económico a nivel nacional, los economistas advierten que las deportaciones masivas podrían perjudicar el PIB, ya que muchos migrantes trabajan en los sectores de la agricultura, construcción y manufactura.
Un informe de 2024 del Instituto Peterson para la Economía Internacional, un centro de análisis independiente arguyó que las deportaciones masivas podrían reducir el PIB en 7% en el curso de tres años.
Igualmente, un informe de 2024 de la Comisión Económica Conjunta del Congreso encontró que, dependiendo de la magnitud de las deportaciones, los precios podrían subir hasta en 9,1% para 2028.
No obstante, los adeptos de las políticas del presidente han sostenido que la inmigración descontrolada costaría más al fin de cuentas, incluso aplicándoles presión a los servicios públicos.
En 2024, el Centro de Estudios Migratorios, un centro de análisis que aboga por niveles menores de inmigración, declaró en un testimonio ante el Congreso que una vida de fuga fiscal (impuestos pagados menos los costos) por cada inmigrante ilegal era de unos US$68.000.
Mientras los economistas y los políticos debaten las cifras, para Gonzáles y sus empleados la preocupación es más inmediata: cómo mantener las luces encendidas y la comida en la mesa.
Adolfo Peña, dueño de la Zapatería Linda’s, revela que sus ingresos han caído por lo menos a la mitad desde que Trump asumió el poder. El declive ha sido particularmente difícil para él. Votó por Trump en las pasadas elecciones y Peña describe el resultado como una amarga desilusión.
“Esto es lo peor que nos ha pasado”, manifiesta. “Desafortunadamente, voté por él. Eso es lo que más me duele. Tenía confianza en que iba a cambiar las cosas”.
Peña confesó que parte de su decisión de votar por Trump fue motivada por su frustración con la política fronteriza de Joe Biden. Durante la presidencia de Biden, Chicago experimentó un aumento en el número de migrantes, con la ciudad recibiendo más de 51.000 llegados de la frontera sur de EE.UU.
Little Village se convirtió en un punto de entrada clave, con uno de los mayores refugios en la región que albergaba 220 personas a comienzos de 2024.
La victoria electoral de Trump en 2024 fue impulsada por un aumento en el apoyo de los votantes latinos como Peña, que estaban preocupados por la economía con la carga de la inmigración indocumentada.
Pero desde que Trump asumió el cargo, Peña señala que sus utilidades netas han sufrido más, primero cuando impuso aranceles a múltiples países, incluyendo algunos de sus proveedores, y luego durante la Operación Midway Blitz.
“Cuando se presentó este problema con ICE, todo el mundo desapareció”, lamenta.
En el Pollo Feliz, otro restaurante del vecindario, Marya trabaja detrás de la caja registradora y confirma que ha visto el tráfico peatonal disminuir. Los que entran al restaurante ordenan para llevar.
“Los que vienen son los que tienen papeles”, comenta Marya, que no quiso dar su apellido. “Antes, la gente solía venir de lejos. Desde que los agentes de inmigración están aquí, eso ya no sucede más”.
Marya afirma que entiende ese miedo. Ha sido testigo de los agentes migratorios deteniendo vendedores ambulantes comerciando tamales, chicharrones y empanadas. También recuerda detectándolos temprano en la mañana en vehículos con vidrios ahumados, algunos con sus caras cubiertas y rifles expuestos.
Rodríguez, el político local, dice que el número de vendedores ambulantes no es el mismo. Antes, varios vendedores de comida llegaban temprano a asegurar sus puestos en las esquinas, con los clientes ya esperando en fila antes de que los puestos terminaran de instalarse. En los meses más cálidos, casi todas las esquinas de la calle 26 estaban ocupadas.
Ese ajetreo ha desaparecido desde entonces. Algunos comerciantes dejaron de vender comida por completo, y las esquinas que solían estar repletas ahora lucen vacías.
“Los vendedores callejeros, que pueden no tener un estatus de documentación formal en nuestro país, me han manifestado su preocupación no sólo de perder su sustento, sino de ser separados a la fuerza de sus familias”, cuenta. “Tienen miedo de que sus hijos no tendrán a sus padres a la mesa”.
Edwin y Luna, que venden huevos en una de las esquinas de la calle 26, expresan que los vendedores ambulantes salen menos y por períodos más cortos.
“No quieren salir”, afirman. “Nosotros no estamos asustados, pero al mismo tiempo, sí lo estamos. No respetan que seas de aquí. No les importa”.
ICE podría incrementar sus redadas en todo Estados Unidos en los próximos meses.
El gobierno de Trump planea emplear miles de agentes más, abrir nuevos centros de detención y trabajar con compañías privadas para localizar personas sin estatus migratorio legal. El Congreso también aprobó US$170.000 millones de financiación para ICE y la Patrulla Fronteriza hasta septiembre 2029.
Para los residentes de Little Village, el temor de ICE está siempre presente.
Determina quién sale, quién trabaja y quién compra. A pesar de la incertidumbre, las familias, los negocios y los miembros de la comunidad mantienen su decisión de adaptarse y perseverar en esta nueva normalidad.
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