
Para entender mejor
Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud de Tlaxcala, informó que un niño de un año con un mes de nacido murió debido a complicaciones con el sarampión.
En un comunicado subido a sus redes sociales, señaló que el cuadro clínico del infante tenía un esquema de vacunación incompleto, pues no contaba con la dosis de antisarampión correspondiente.
“El pasado 25 de enero, el menor presentó fiebre de 38 grados, y el 27 de enero, exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retro auriculares, por lo que recibió medicamentos sin valoración médica”, explicó.
Recordó que ante la dificultad respiratoria que presentaba, su madre acudió a un médico, y posteriormente llevó a su hijo al Hospital General de San Pablo del Monte, en Puebla, donde ingresó el 28 de enero, presentando deterioro general con dificultad respiratoria.

“Se solicitó su traslado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo ante un caso sospechoso de sarampión. (…) El avance de la enfermedad complicó su estado de salud, por lo que falleció este 30 de enero”, señaló.
En ese sentido, el sector salud exhortó a padres de familia a que lleven a vacunar a sus hijos, como parte de las acciones para proteger su salud, y llama a la población a revisar sus cartillas de vacunación para que, en caso de que les falten dosis por aplicar, acudan a recibirlas a los macrocentros de vacunación o a los Centro de Salud en el estado.
La vacunación contra el sarampión cayó en 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, antes de la pandemia de Covid-19. En ese periodo se retrasaron los procesos de compra, como resultado de la búsqueda de ahorros en sintonía con la política de austeridad. Los biológicos fueron comprados tres meses antes de acabar el año y en menor cantidad de las dosis requeridas.
Ese año, 1 millón 500 mil niñas y niños de 1 y 6 años que debían recibir el biológico contra el sarampión no fueron vacunados.
Hasta el momento, México registra 7 mil 624 casos de sarampión acumulados entre 2025 y 2026. Esto nos coloca en riesgo de perder el certificado internacional de país libre del virus otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016. Ante el brote que inició en enero de 2025, hay países como España y Canadá, que ya perdieron ese estatus, el primero apenas el pasado 27 de enero y el segundo desde el año pasado. Estados Unidos también será revisado por la OPS.
En nuestro país, el secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que la caída en la vacunación obedeció a la pandemia de Covid, entre 2020 y 2021. No obstante, documentos oficiales confirman que la disminución inició desde antes.
Esto significa que 1.5 millones de menores en edad de ser inmunizados no recibieron el biológico. Así lo confirmó el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) en los datos entregados a la Auditoría Superior de la Federación, publicados en la auditoría número 172-DS.
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A esta situación se suma otro elemento: en años previos, los contratos se realizaban en el primer trimestre del año, pero en 2019 López Obrador ordenó aplicar una política de “austeridad” y ahorrar en todas las compras, incluyendo fármacos, alterando los procesos de adquisiciones.

Entre enero y junio de 2019, Birmex sólo había conseguido 439 mil dosis de triple viral de la empresa Merck Sharp & Dohme Corp. Apenas 10 % del total requerido para todo el año, como consta en el registro de compras y facturas obtenidas por transparencia.
La compra de más de 3 millones de vacunas contra el sarampión —el mayor volumen de dosis del año— se concretó hasta el 12 de septiembre, tres meses antes de terminar el año. Pero ni siquiera fueron aplicadas en el último trimestre: 1.4 millones de dosis estuvieron en almacenes hasta enero de 2020 por incumplir con especificaciones de calidad, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.

El Congreso en México está cambiando la ley para reducir la jornada laboral semanal a 40 horas. Pero el cambio no garantiza a los trabajadores tener dos días de descanso.
Trabajar de lunes a sábado ha sido para varias generaciones de mexicanos lo habitual.
Las leyes laborales que rigen en el país tienen más de un siglo, ya que fueron elaboradas tras la Revolución Mexicana para garantizar a los obreros algunos beneficios, como las jornadas de 8 horas y el descanso dominical.
Pero mientras en muchos países del mundo se redujo la semana laboral a 40 horas (o menos), en México -y otros países de América Latina y el mundo- ese beneficio no fue implementado.
Pero ahora las cosas en México podrían cambiar: el Congreso está discutiendo una reforma de la ley laboral para reducir a 40 horas la semana de trabajo.
La iniciativa impulsada por el gobierno quiere darles a los trabajadores más tiempo libre, lo que podría aumentar su productividad.
Pero algunos legisladores y organizaciones de trabajadores y sindicatos consideran que lo que está proponiendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es engañoso.
Señalan que no haya una especificación directa en la ley de que el trabajador pueda descansar dos días a la semana y que eso puede hacer que la semana laboral de 40 horas se siga distribuyendo en seis días, eliminando la esperanza de tener libres 48 horas completas.
También aseguran que algunos de los derechos de los trabajadores vigentes, como los pagos por horas extra, están en juego con la reforma de la ley.
“No agregar el segundo día de descanso obligatorio es un punto de por sí mismo muy problemático”, dice Rodolfo Gómez, portavoz de la organización Frente Nacional por las 40 Horas.
“Sería un gran retroceso de los derechos laborales. Agregaría más precarización al trabajador de la que tiene. Y dejaría claro de qué lado está el gobierno, con los patrones”, señala a BBC Mundo.
En México, desde la promulgación de la Constitución de 1917, que fue producto de la lucha revolucionaria, se establecieron jornadas de 8 horas con un día de descanso. Es decir, 48 horas a la semana.
Los mexicanos se han quedado desde entonces entre los trabajadores del mundo con menos horas libres.
Entre los 40 Estados que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los de América Latina -México, Colombia. Costa Rica y Chile- han aparecido en la última década entre los que tienen un promedio de horas a la semana más elevado, con entre 42 y 45.
Los trabajadores de Países Bajos son los que menos horas de trabajo a la semana tienen, con 30,1 horas. El promedio de todos los países de la OCDE es de 37 horas.
En el caso de Colombia y Chile, sus legisladores han reformado las leyes recientemente para reducir gradualmente la jornada semanal hasta las 40 horas, algo que no ha sucedido ni en México ni Costa Rica, que hasta ahora permiten las 48 horas a lo largo de seis días (o turnos más largos con más días de descanso).
En México, hasta 2024 la ley solo garantizaba seis días de vacaciones al año, uno de los niveles más bajos del mundo (ahora son un mínimo de 12), lo que también se traducía en más horas trabajadas al año. Y, según datos oficiales, casi el 15% de los trabajadores activos en México trabaja más de 48 horas a la semana.
Además, el país tiene a más del 50% de su población en edad laboral trabajando en la economía informal, lo que les resta derechos y protección social.
La realidad es que trabajar más horas no se traduce en una mayor productividad. De hecho, México se encuentra entre los países que menos productividad por horas trabajadas tiene entre los países de la OCDE.
La experiencia de otros países demuestra que un trabajador con un descanso apropiado, jornadas distribuidas más equitativamente y mejores incentivos salariales y capacitación llega a tener una mayor productividad.
Stefano Scarpetta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, dice que avanzar gradualmente hacia una semana laboral de 40 horas puede ser una medida acertada para México, “siempre que se aplique con cautela y se acompañe de medidas complementarias”.
“México es actualmente uno de los países de la OCDE con más horas de trabajo, pero los niveles de productividad siguen siendo comparativamente bajos. Esto sugiere que el simple hecho de trabajar más horas no se traduce necesariamente en un mejor rendimiento económico”, señala a BBC Mundo.
El experto indica que hay lecciones de reformas pasadas.
Una es la necesidad de una aplicación gradual, que permita la adaptación de la reducción de horas de trabajo a lo largo de varios años para facilitar la adaptación de los empleadores. En el caso de México, la reforma plantea reducir dos horas por año a partir de 2027 y hasta 2030.
En la implementación, por otra parte, debe garantizarse que haya un “seguimiento adecuado” de las horas trabajadas para evitar que el beneficio quede “en el papel”. Que los trabajadores tengan un control electrónico del tiempo trabajado ayuda a que haya un registro adecuado de sus 40 horas trabajadas.
También reducir las horas sin implementar otras medidas complementarias podría dificultar el cambio, según Scarpetta: “Tiende a funcionar mejor cuando las empresas invierten en capacitación, digitalización y cambios organizativos”.
Y abrir los cambios al diálogo entre patrones y empleados es algo necesario, pues “tiende a facilitar los ajustes”.
“Existen pruebas sólidas en todos los países de la OCDE de que, a partir de cierto punto, trabajar más horas reduce la productividad en lugar de aumentarla. Cuando las personas trabajan muchas horas, se acumula el cansancio, aumentan los índices de error y se resiente la innovación. El riesgo de accidentes, incluidos los mortales, aumenta”, explica Scarpetta.
“Sin embargo, la productividad no aumenta automáticamente por el simple hecho de trabajar menos. La productividad proviene de las capacidades, la tecnología y la organización eficiente del trabajo, no simplemente del tiempo dedicado al trabajo. Los trabajadores que descansan lo suficiente y tienen un equilibrio adecuado tienden a estar más sanos, más concentrados y más comprometidos”, continúa.
“La cuestión no es trabajar menos por trabajar menos, sino trabajar de forma más inteligente, garantizando que las horas sean razonables, se respeten y se combinen con las inversiones adecuadas para impulsar la eficiencia”.
La presidenta Claudia Sheinbaum, al asumir el gobierno en 2024, puso entre sus 100 objetivos de gobierno la reducción “paulatina” de la jornada semanal laboral.
Como cuando se incrementaron los salarios mínimos de manera pronunciada a partir de 2018, los sectores patronales han argumentado que los cambios deberían hacerse gradualmente para proteger a las empresas, principalmente las micro, pequeñas y medianas (micropymes).
Organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana han advertido que las empresas tendrán que absorber los costes de sostener los salarios al tiempo que ven reducida la disponibilidad de tiempo de los empleados.
“Lo único que queda es la productividad y eficiencia, ya sea con automatización o capacitación para que las horas que queden de la semana sean más eficientes para poder tener la misma productividad en la semana”, dijo el presidente del organismo, José Enrique Carrasco Encinas.
La patronal ha dicho que no se opondrá a los cambios y ha pedido incentivos al gobierno para conseguir la aplicación gradual hasta 2030.
Pero tanto activistas como algunos legisladores de oposición han advertido que la redacción de la nueva ley, que no garantiza dos días de descanso, sino solamente un límite semanal de 40 horas, puede hacer que los empleadores solo las redistribuyan en los seis días. Los turnos de lunes a sábado, entonces, se mantendrían sin violar la ley.
“Si para completar su semana, [el empleado] tiene que trabajar, por ejemplo, solo seis horas, es muy complicado asegurarse que el patrón va a respetarle solo ese tiempo y no le va a hacer trabajar de más”, advierte Rodolfo Gómez, del Frente por las 40 horas.
Si no existe una contabilidad precisa de horas de trabajo, como recomienda la OCDE, quedará a discreción de los empleadores la repartición de las cargas de trabajo.
La reforma también modifica los esquemas de tiempo extra y sus remuneraciones. Hasta ahora, los empleados podían trabajar tres horas extra al día, tres veces a la semana, a cambio de un 200% de sueldo adicional. A partir de la décima hora, el beneficio es de 300% hasta un máximo de 12 horas al día.
Pero la nueva ley solo señala que el límite de horas extra será de 12, lo cual elimina el pago triple al alcanzar ese máximo. Esto, según Gómez y otros críticos de la reforma, favorece al empleador y perjudica los ingresos de los trabajadores que son empleados más allá de las 8 horas al día.
“Es un engaño, es una falacia y es un retroceso en los derechos laborales hasta este momento. Es una traición totalmente a la clase trabajadora. Es una grosería lo que están haciendo”, dice Gómez.
En la discusión de la reforma en el Senado, los legisladores aprobaron por unanimidad la reforma, a pesar de que algunos senadores advirtieron que había problemáticas con las redefiniciones a la ley.
El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para su ratificación.
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