“Estamos aquí por necesidad”: médicos de farmacias laboran en la precariedad ante la falta de empleo en hospitales públicos
Desde hace tres años, Brian Cejudo es médico en un consultorio junto a una farmacia en la colonia Santa María la Rivera, en la Ciudad de México. Ha sido su única oportunidad de empleo desde que egresó de la UNAM.
“Entrar en una institución llega a ser un poco más difícil. Entonces, uno busca la opción de trabajar y ejercer la carrera, y en este tipo de lugares es más fácil empezar a generar ingresos, empezar a agarrar experiencia”, dice en entrevista antes de iniciar su jornada.
El costo de la consulta es de 60 pesos, una cantidad razonable para quienes carecen de seguridad social o tienen ingresos que no les permitirían pagar más. Pero, por otro lado, representa una precarización para los profesionales de la salud.
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“Son muchos años de carrera como para cobrar muy poco. La gente luego no sabe cuánto cuestan los libros, los uniformes, el transporte, todo lo que conlleva la carrera. Hay quien exige que inclusive sea más barata la consulta. Pero aunque es poco el pago, también tenemos esa parte humana, donde nos ponemos en el lugar del paciente y se entiende un poco”, comenta el médico.
Brian puede hacer hasta 20 consultas en un turno completo. Eso significa mil 200 pesos de ingreso en un día, pero también hay ocasiones en que sólo hace la mitad de atenciones y, por tanto, obtiene la mitad de ingreso.
El joven describe su trabajo como un convenio entre él y la farmacia: “La farmacia nos ayuda a nosotros a tener pacientes y nosotros a que vendan sus productos. En este tipo de trabajos tenemos ese convenio: te presto el consultorio, por decirlo de una manera, y tú me mandas a comprar los productos”.
Sin embargo, médicos como Brian no tienen un salario fijo, ni prestaciones de ningún tipo, ni siquiera de salud, paradójicamente.
Aunque deciden su horario, si no trabajan, no ganan.
La precarización laboral
La flexibilización de horario, que es visto como ventaja, sobre todo para los más jóvenes, más bien es una precarización laboral, ante la ausencia de contratos, antigüedad y con largas jornadas de trabajo. Esto, en realidad, los inserta en el sector informal de la economía.
“La progresiva precarización del trabajo parece no ser privativa de las actividades terciarias de subsistencia (comercio al por menor o negocios familiares) sino también en la ocupación de los recursos humanos en salud”, advierte el estudio “Condiciones de empleo y precariedad laboral de los médicos de México: análisis basado en una encuesta nacional”, realizado por los investigadores Julio César Montañez-Hernández, Sandra Patricia Díaz-Portillo, Germán Guerra y Hortensia Reyes-Morales, del Instituto Nacional de Salud Pública.
Gandhy Salgado, médico internista de 37 años, trabajó en consultorios de farmacias durante tres años, antes de realizar su examen para la especialidad en 2012. Su experiencia le hace reconocer que el motivo principal por el que un médico decide trabajar en un consultorio adyacente a farmacia es por necesidad, “porque no es un lugar tan agradable para trabajar”.
Trabajó en esos consultorios en 2012, en la colonia Aragón en la Ciudad de México, un espacio “aclientado”, por lo que hacía hasta 40 consultas al día por 30 pesos cada una. Ganaba mil 200 pesos la jornada, pero aún así era un monto mucho mayor a los 4 mil pesos quincenales que entonces cobraba un médico general en una institución pública.
Después trabajó en Guadalajara, en Farmacias Tapatías, mientras hacía un curso de preparación para el examen de admisión a la especialidad. Ahí sí tenía sueldo base de mil pesos, aunque había menos gente. Sin embargo, la mayor ventaja de estos trabajos, dice, es que en esos consultorios siempre hay vacantes. “Prácticamente te quedas a trabajar inmediatamente”, admite.
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Sin embargo, el estudio de los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública advierte que éstas no son ventajas, sino condiciones laborales que traen consecuencias: “A corto plazo puede afectar su salud, calidad de vida y la de sus familias, además de limitar las posibilidades de crecimiento profesional. A medio plazo, puede influir en las tasas de desocupación y desperdicio laboral. Asimismo, puede afectar la calidad de los servicios brindados a la población”.
De ahí que los investigadores recomiendan “la formulación y el establecimiento de una política de recursos humanos en México que considere conjuntamente la formación de los profesionales de la salud y las necesidades de salud de la población, y que a su vez regule el mercado público y privado”.
Sin embargo, no existe ninguna iniciativa gubernamental enfocada en no sólo proteger los derechos laborales del personal médico, ni supervisar la práctica médica, pese a que el crecimiento de los Consultorios Adyacentes a Farmacias han sido una constante en al menos 15 años.
Aumentan médicos en el sector privado
Gandhy Salgado logró hacer la especialidad en Medicina Interna, lo que le permitió dejar los consultorios de farmacia y buscar mejores oportunidades en el sector público, aunque en realidad tampoco significó una mejoría.
En plena pandemia de Covid 19, en 2020, entró a trabajar al Hospital General de Zihuatanejo, perteneciente entonces al Seguro Popular y la Secretaría de Salud, con un contrato por honorarios.
Estuvo siete meses, de los cuales cuatro no le pagaron a tiempo debido a la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que se haría cargo de su salario, pero que nunca se concretó. “No puedo trabajar de gratis”, pensó entonces y renunció.
Al mismo tiempo también trabajaba en el Hospital General de Zona número 8 en Zihuatanejo, perteneciente al IMSS, pero la experiencia no fue la mejor. Su contrato se llamaba “de sustitución 08”, pese a que me habían dicho que sería de modalidad “base 02” y aunque había tres plazas de base vacantes, nunca se la dieron.
“Además tenían una forma muy cuadrada de trabajar, había demasiada burocracia y tenía entre 15 y 20 pacientes solo a mi cargo. En plena pandemia terminaba trabajando 10 horas con el traje de protección puesto”.
Finalmente decidió abandonar el sector público, y optó por la práctica privada. Desde hace cinco años tiene su propio consultorio en Zihuatanejo y sus ingresos han mejorado, además de que controla su agenda y tiene más tiempo para su vida personal.
Si bien la práctica médica en el sector público es “más gratificante” y desafiante porque llegan otro tipo de pacientes, y además “ayudas a la gente, tampoco iba a permitir que pisotearan mis derechos laborales ni soportar un trato indigno”, sentencia.
Salgado es parte del aumento de 6 % de médicos en el sector privado entre 2018 y 2024, de acuerdo con datos del Sexto Informe de Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras en 2018 había 89 mil médicos trabajando en el sector privado, para 2024 aumentó a 95 mil.
Y es que el sector público tampoco puede absorber a los 17 mil 500 alumnos de pregrado egresados de la carrera de médico cirujano al año, más los 9 mil 300 especialistas. Esto pese a que México tiene un déficit de personal médico. Hay 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 3.5.
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Si bien el IMSS aumentó su número de médicos en 40 % (14.565 médicos) entre 2003 y 2015 y el Seguro Popular, creado en 2003, permitió el cambio de estatus laboral de 24 mil 534 trabajadores que estaban contratados por honorarios en 2009, no fue suficiente.
En el sexenio pasado, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que en cinco años había crecido la oferta de plazas médicas. Pasó de una oferta de 4 mil 537 plazas en 2018, a 9 mil 509 en 2023, lo que representa un 105 % más en especialidades como Medicina Familiar, de Urgencias, Interna y Cirugía General. Además presumió que, en 2023, el IMSS sumó al 83 % de médicos egresados de residencias.
Sin embargo, en el subsistema de salud que atiende a las personas sin seguridad social la precariedad laboral también es una constante, de ahí que el personal médico ha salido a manifestarse en los últimos años.
Sobre todo porque en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador desapareció Seguro Popular y fue sustituido por el Insabi, lo agudizó la incertidumbre laboral dado el descontrol administrativo. El Instituto desapareció a los dos años de operación y ahora el sistema está a cargo del IMSS-Bienestar.
Incluso, apenas este 8 de junio, un grupo de personal médico protestó frente a la presidenta Claudia Sheinbuam, interrumpiendo su discurso durante la inauguración de dos nuevas áreas en el Hospital de la Niñez Poblana.
El reclamo fue por la carencia de prestaciones de ley, seguridad social y un salario justo, pues su ingreso ascendía a 3 mil 200 pesos. “Seguimos siendo olvidados. Nos dijeron que va a llegar y no nos dicen cuándo, no nos han dado ningún tipo de opción, no nos han convocado para decirnos algo”, declararon al Sol de Puebla.
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El anuncio de Trump tiene como objetivo cortar los ingresos del gobierno de Nicolás Maduro, pero algunos analistas advierten que la medida podría profundizar la crisis económica en Venezuela y generar consecuencias negativas para Washington.
Para Venezuela, el petróleo no es simplemente un bien de exportación. Constituye el eje central de su economía y la principal fuente de ingresos y de divisas con las que el país importa alimentos, medicinas y otros bienes esenciales.
Por ello, el bloqueo “total y completo” contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela —anunciado el martes por el presidente de EU, Donald Trump— no solo podría afectar al gobierno de Nicolás Maduro, sino también a amplios sectores de la población venezolana.
Varios expertos advierten que una medida de este alcance también puede resultar contraproducente para Washington.
Trump dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde acusó al gobierno de Maduro de utilizar petróleo “robado” para financiarse y para sostener el “narcoterrorismo, tráfico de personas, asesinatos y secuestros”.
Sus declaraciones se producen una semana después de que Washington incautara un buque petrolero frente a las costas venezolanas, una acción que Caracas denunció como “un robo descarado” y “un acto de piratería”.
El mandatario estadounidense también afirmó este martes en Truth Social que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”, y añadió que esta presencia militar “seguiría creciendo” y que sería “algo como nunca antes se había visto”.
Venezuela —que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— ha condenado la orden de bloqueo como una “amenaza grotesca”, que, según el gobierno de Maduro, busca “robar” la riqueza del país.
Desde septiembre, Estados Unidos ha acumulado una importante presencia militar frente a las costas venezolanas en el Caribe, que incluye a más de 15,000 efectivos y al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.
El ejército estadounidense también ha estado realizando una serie de ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental en los que han muerto al menos 95 personas.
El presidente Trump afirma que el objetivo de esta campaña militar es combatir el narcotráfico en la región y acusa al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar el llamado Cartel de los Soles.
Sin embargo, diversos analistas sostienen que la estrategia podría también estar orientada a impulsar un cambio de régimen en Venezuela.
Más de 30 buques sancionados operan en Venezuela
Venezuela produce actualmente cerca de 1 millón de barriles diarios de crudo, lo que representa aproximadamente el 1% de la producción mundial.
Una cifra que contrasta con los más de 3 millones de barriles diarios que el país produjo en 1998, el año previo a la llegada al poder del mentor político e ideológico de Maduro, el expresidente Hugo Chávez.
El desplome de la producción responde a una combinación de mala gestión, falta de inversión en el sector, pérdida de personal calificado, corrupción y sanciones internacionales.
Por ello, el impacto de un bloqueo petrolero sobre el mercado mundial sería limitado, al menos en el corto plazo.
Pero, para millones de venezolanos, las consecuencias podrían ser mucho más profundas y directas.
Cuando el presidente Donald Trump impuso un paquete de sanciones económicas estrictas a Venezuela en 2018, durante su primer mandato, la medida profundizó la ya grave crisis económica y humanitaria que atravesaba el país sudamericano.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), solo ese año la economía venezolana se contrajo en torno al 15%, una de las caídas más pronunciadas de su historia reciente.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, afirma que el bloqueo anunciado por Trump podría tener un efecto “aún más devastador si lo mantiene y persiste”.
“Creo que la administración Trump espera poder darle un giro rápido a esta medida. Espera que el lenguaje hiperbólico e incendiario que usó en Truth Social ponga al círculo íntimo de Maduro en su contra y promueva una transición rápida“, le dice a BBC Mundo.
“Pero si eso no pasa, se prevé una gran crisis, porque un gran porcentaje de las exportaciones venezolanas viaja por este tipo de embarcaciones sancionadas”, agrega.
“Y los ingresos provenientes de esas exportaciones no sólo se usan para pagar y sobornar a burócratas, sino para comprar medicinas y alimentos, por lo que se prevé una gran escasez de ambas cosas”.
Un informe reciente de la organización Transparencia Venezuela reveló que el 41% de los buques petroleros (40) que operaron en las costas venezolanas en noviembre fueron buques sancionados, parte de la llamada flota de buques fantasma.
Por su parte, el servicio independiente de seguimiento Tanker Trackers estima que unos 37 buques incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estaban operando en aguas venezolanas a principios de este mes.
El economista venezolano Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, en Houston, señala que la medida anunciada por Trump también forzará al gobierno de Nicolás Maduro a ofrecer mayores descuentos en el petróleo que vende a través de canales informales para sortear las sanciones.
“En cualquier escenario, esto provocará una reducción de los ingresos, lo que a su vez causará una devaluación del bolívar y un aumento de la inflación. Y si la situación se prolonga, es probable que genere una caída significativa del PIB”, añade.
El FMI proyectó que la inflación en Venezuela cerrará 2025 en aproximadamente 269,9 %, según su informe World Economic Outlook publicado el 14 de octubre de 2025.
Consecuencias negativas para Trump
Expertos advierten que el bloqueo también podría tener consecuencias negativas tanto para la oposición venezolana como para el propio gobierno de Donald Trump.
“Si la medida no logra desalojar al gobierno de Nicolás Maduro y los venezolanos comunes comienzan a sufrir sus efectos, es posible que muchos terminen culpando a la oposición y a Trump de la crisis”, señala Sabatini.
Y una mayor pobreza en Venezuela probablemente también impulse una nueva ola migratoria hacia países de América Latina y a Estados Unidos.
Según datos de la ONU, cerca de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país desde el inicio de la crisis económica y política, convirtiendo la situación en una de las mayores crisis migratorias del mundo.
El economista estadounidense Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), considera que el bloqueo anunciado por Trump podría terminar perjudicándolo políticamente si se mantiene en el tiempo.
“Cerca del 90% de las divisas extranjeras que obtiene Venezuela provienen de las exportaciones de petróleo, por lo que un bloqueo como el anunciado podría generar más pobreza y más migración”, le dice Weisbrot a BBC Mundo.
“Es un riesgo considerable para Trump: si la migración venezolana hacia Estados Unidos aumenta de forma significativa, es probable que sus votantes le hagan pagar el precio en las elecciones de medio mandato del próximo año”.
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