
El secretario de Salud del gobierno federal, David Kershenobich, pide no ver al pasado; evade los cuestionamientos sobre las múltiples fallas en el sector, agravadas durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y prefiere enfocarse en lo que está tratando de corregirse en el actual sexenio.
Con nueve meses en el cargo, desde que inició el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el actual funcionario dice, incluso, que no le inquietan los recortes al sector salud, aplicados en el primer presupuesto de la nueva administración.
“No me preocupa la reducción del gasto. Lo que me preocupa es cómo hacerlo más eficiente”, dice, mientras explica que la estrategia en materia de salud de la actual administración consiste en fortalecer la política pública de prevención y hacer más eficientes los procesos dentro de los hospitales.
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El sistema de salud nunca ha tenido lo suficiente, pero actualmente arrastra los efectos de los recortes ordenados por el expresidente López Obrador como parte de su política de austeridad. Además del desabasto que provocaron los seis intentos fallidos de implementar un modelo de compras de medicamentos, y el impacto de la pandemia de Covid-19.
En noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbuam envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Presupuesto de Egresos con un recorte de 12 % en el sector salud, en comparación con 2024; es decir, 122 mil millones de pesos menos. Esto significa el presupuesto más bajo en salud pública desde 2022.
En tanto, el abasto de medicamentos aún no se ha cumplido, y la presidenta hizo un segundo aplazamiento en lo que va del año para prometer que, ahora sí, en julio habría todos los medicamentos en los hospitales.
En medio de ese complejo panorama, el secretario de Salud, David Kershenobich, afirma en entrevista con Animal Político que todas las partes involucradas deben concentrarse en crear estrategias que apunten a mejorar, y no en señalar las fallas del pasado.
Lo dice un conocedor de la salud pública, luego de 10 años de dirigir el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Un médico reconocido en México y a nivel internacional que, sin embargo, ocupa por primera vez un cargo político administrativo del alcance de una Secretaría de Estado.
La mayor experiencia y reconocimiento nacional e internacional de Kershenobich están en sus aportaciones como uno de los pioneros en la investigación clínica de la Hepatitis C en México y de la fisiopatología de la cirrosis hepática. Ha publicado 249 artículos originales, 8 libros y 14 capítulos de libros al respecto, lo que le valió ser investigador emérito nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Aunque su poder en la Secretaría de Salud es limitado. Como cabeza de sector, desde su despacho se dicta la política en la materia, pero el mayor presupuesto -de donde salen los recursos para las compras multimillonarias de medicinas- está en el IMSS, a cargo de Zoé Robledo, un político chiapaneco que repite en el cargo desde la administración de AMLO, y en el IMSS-Bienestar, dirigido por Alejandro Svarch Pérez.
A diferencia de su antecesor, Jorge Alcocer, quien evadió las entrevistas durante todo el sexenio y no habló con familiares de enfermos, Kershenobich recibe a este medio en sus oficinas en Marina Nacional, en la Ciudad de México –próxima a abandonar para dejar de pagar esa renta y ahorrar ese gasto–, y se define como un convencido de que el diálogo es la vía para resolver.
Por eso pone como ejemplo el caso de los niños con cáncer que no han tenido sus tratamientos a tiempo y cuyas familias están agrupadas en la organización Nariz Roja. Este colectivo había advertido que haría una marcha nacional porque, a mitad del año, los medicamentos seguían faltando en los hospitales, pese a la promesa de abastecimiento desde marzo.
En la reunión que sostuvo con el dirigente de la organización, Alejandro Barbosa, el secretario explicó que ya se habían hecho los pedidos de los fármacos y le propuso la creación de una plataforma para registrar los faltantes y hacer la distribución directa a quien lo demande.
“A mí me duele tanto como a ti cuando me entero que un niño no tiene medicina (le dijo el secretario a Barbosa), pero lo que yo necesito hacer es qué podemos proponer para mejorar. No estar pensando en qué se hizo bien o qué se hizo mal, sino en qué cosas podemos corregir”, comparte Kershenobich.
“Una parte muy importante es dialogar, escuchar, o sea, por eso vamos a abrir la plataforma, o sea, pero es muy importante que todos contribuyamos y que no nos quedemos nada más en que no se hizo o que sí, sino en lo que se tiene que corregir”, afirma.
– Pero para eso importa el presupuesto. Y lo que vimos en este primer presupuesto de la presidenta fueron recortes de salud -se le cuestiona.
– Sí, pero no todo es dinero, es la forma en que ejerces el dinero. (…) Nosotros compramos más de 2 mil claves de medicinas, la Unión Europea compra menos de mil. O sea, necesitamos ver de qué manera podemos hacer que el gasto sea más eficiente. A mí no me preocupa la reducción del gasto. Lo que me preocupa es cómo hacer más eficiente el gasto. Porque si el gasto no es más eficiente, usted le pone más y más y más y seguimos perdiendo en eficiencia -responde.
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Para reforzar su tesis, Kershenobich pone como ejemplo las nuevas acciones que emprendió y que según él “no cuestan”, como la estrategia “la muestra viaja”, puesta en marcha en el Estado de México.

Se trata de la toma de muestra de sangre tomada desde los centros de salud, en 606 centros de tomas de muestra, y enviada a uno de los 11 laboratorios del estado a través de mensajeros en motocicleta del Servicio Postal Mexicano.
Otra estrategia es administrar de mejor manera el 25 % de las cirugías ambulatorias de los hospitales, “abriendo espacios de cirugía de corta estancia”. Es decir, programar, por ejemplo, jornadas de cirugías de cataratas; programar de manera más eficaz la toma de biopsia o cirugías de hernias inguinales. “Que tengamos a cirujanos y personas para operar, se concentran todos y se operan en un mismo día y salen y no ocupan las camas hospitalarias”.
Esto, dice, abonará a “desaturar” los hospitales. “Si logramos desaturar exámenes de laboratorio, que no tengan que ir a los centros hospitalarios, si quitamos las cirugías que se pueden atender en forma ambulatoria y que no ocupen turnos, ¿qué va a suceder? Estamos desaturando los servicios. No, no se trata de tener más hospitales, se trata de que funcione más efectivamente”, enfatiza.
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Sin embargo, su administración debe encarar no sólo los problemas de administración de recursos humanos y materiales, sino la falta de presupuesto que ha derivado en la disminución de atención, como lo demuestran las cifras oficiales. Además del desabasto de medicinas que, tras un sexenio de seis fracasos en el modelo de compras, aún no logra regularizar la entrega.
De ahí que la iniciativa privada haya aprovechado la demanda. El crecimiento de atención de salud privada en el país ocurrida en el sexenio de López Obrador a través de consultorios adyacentes a farmacias, donde realizan 10 millones de consultas mensuales, el gobierno de Claudia Sheinbaum intenta abordar el fenómeno, pero únicamente apelando a la voluntad de las empresas, porque no prevén ninguna reforma ni norma para su regulación próximamente.
El funcionario narra que desde la transición comenzaron los diálogos con el sector empresarial que derivaron en la entrega de datos a la Secretaría de Salud sobre los padecimientos que atienden en los consultorios de farmacia y los tratamientos que prescriben, información que servirá para diseñar políticas de salud pública.
Además, la Secretaría está creando protocolos de atención para cada enfermedad que serán obligatorios para todos los médicos del país y con esto asegurar que personal del sector público y privado aborden la atención bajo los mismos criterios; porque no están contra la privatización, siempre y cuando sea un buen servicio.
Como Animal Político publicó en la investigación “No Fuimos Dinamarca: La Corrupción Detrás del Desabasto”, en 2023 hubo más de 9 mil nuevos consultorios, prácticamente el doble que en 2018, al inicio del gobierno de López Obrador.

Actualmente, 6 de cada 10 mexicanos se atienden en establecimientos privados de salud, la mayoría, en consultorios adyacentes a farmacia. Esto ha significado un aumento de 54% en el gasto en salud que realizan las personas. La estrategia de salud no apuesta por convencerlos de realizar una buena práctica médica dentro de sus negocios y “hacerles la competencia”.
– ¿Esto es una privatización del servicio de salud, secretario? -se le pregunta.
– No. A ver, es que no estamos en contra de la privatización, pero que sea bien. O sea, que sea bien y tratar de fortalecer el sector público. Yo les puedo hacer competencia, en alguna forma. No sé cómo, pero lo vamos a lograr -afirma.
Hasta el momento, en los consultorios de bajo costo se realizan 10 millones de consultas al mes en Farmacias Similares, San Pablo, Guadalajara, YZA, Benavides, y Del Ahorro, y recientemente se sumó al negocio Grupo Salinas y Aurrerá.

La gente acude, sobre todo, porque está cerca de su casa y el servicio es rápido, en contraste con lo que significa acudir a una institución pública y hacer fila desde la primera hora de la mañana y perder casi todo el día.
Además, en el sector público, las consultas generales bajaron 21 % entre 2018 y 2024, al pasar de 200 millones, a 157 millones; esto es 42 millones de consultas menos en el sexenio.
Mientras que las consultas de especialidad disminuyeron 22 %; es decir, se dieron 10 millones de consultas menos entre 2018 y 2024, de acuerdo con datos del último Informe de Gobierno de AMLO.
Además de la pandemia de Covid-19 ocurrida entre 2020 y 2019, el expresidente López Obrador aplicó la política de austeridad republicana en toda la administración pública, incluyendo la Salud, con recortes en todos los rubros, además de la desaparición del Seguro Popular y su sustitución con el Instituto de Salud para el Bienestar, extinto a dos años de operación.
– ¿Cuál es el diagnóstico de que el mayor crecimiento de consultorios de farmacia ocurrió en el sexenio pasado?
– Al hacerse obligatoria la receta (en 2010, para acceder a antibióticos), yo quiero pensar que lo vieron como una oportunidad de servicio este para ofrecerlo. Creo que son muchos los factores que pueden haber jugado en la proliferación de los consultorios, pero sin lugar a dudas, uno de los factores más importantes tuvo que ver con la pandemia.
– Sin embargo, ya pasaron 5 años de la pandemia. ¿Hay un reconocimiento justamente de la falta de la capacidad del Estado de recuperación y que en los años siguientes eso no se ha corregido?
Yo más que usar la palabra ‘corregido’, creo que lo que estamos intentando en esta administración, hemos tenido ya varias pláticas con los consultorios adyacentes a farmacia. Es algo muy importante para la epidemiología del país que los consultorios adyacentes a farmacia tengan ciertas regulaciones que queden dentro del sector de salud para conocer incluso la epidemiología de qué es lo que realmente necesitamos. Hemos tenido pláticas con ellos para poder compartir y poder conocer de qué se trata desde el punto de vista de salud pública lo que hacen. Tener acceso a la base de datos nos va a permitir entonces sí saber qué patología ven, qué prescriben.Yo creo que ellos mismos han aceptado la necesidad de que nosotros tengamos un poco más de control en qué se prescribe, que qué se atiende.
– ¿Cuándo se traduciría esto en normas? ¿Tienen un plazo de que esto se va a traducir en normativa?
– Yo no sé mucho de aspectos legislativos o no, pero lo que sí le puedo decir es que ya hay mayor control en lo que están haciendo. Ya el simple hecho de que nosotros que ellos saben que nosotros estamos ya viendo y ellos están compartiendo, es un paso adelante. Ya no es algo no más que esté libremente funcionando.
Actualmente, dijo, están elaborando los protocolos de atención clínica para enfermedades crónicas, primero, para luego abordar las agudas; por ejemplo, el tratamiento para dengue o sarampión. De ahí que los protocolos tienen la intención de que el tratamiento médico corresponda a ellos y no a los productos que la farmacia quiera vender.
“Yo quiero que sea el servicio público el que domine el mercado, pero que aquello que haga cualquiera tenga esa seguridad en lo que está haciendo médicamente, porque igual le puede ir mal en un consultorio adyacente a farmacia que en un sector público, si la gente no sabe”, insiste.

Sin embargo, la Secretaría de Salud apela a la buena voluntad de las empresas, porque no habrá supervisión de ello. Y, en sentido práctico, a que la industria logre la sostenibilidad de su modelo de negocio, porque, según el secretario Kershenobich, la venta de medicinas ya no es el objetivo de esta.
“Para que un negocio sea negocio tiene que ser sostenible. No generar ganancias, por supuesto, pero tiene que ser sostenible en el tiempo. Me refiero a sostenible, no a la parte económica. Yo hablo de la calidad del servicio. Entonces, a ellos mismos les conviene que prescriban bien porque no nomás es la venta, porque si la venta le va producir daños, la gente no regresa”, concluye Kershenobich.

Mientras la atención internacional se centra en los cambios políticos que atraviesa Venezuela, para los venezolanos el aumento de precios es la preocupación más inmediata.
En un supermercado en el este de Caracas hace unos días me enfrenté con un dilema: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de manzanas?
Me pasó lo mismo cuando al tratar de adquirir mi desodorante habitual me di cuenta de que en la capital venezolana debía abandonar la fidelidad a un producto que he utilizado durante casi una década.
¿Por qué pagaría US$13 por un desodorante que en Londres cuesta 2,5 libras esterlinas (US$3,4)? ¿Y quién puede pagar en Venezuela US$10 por un kilo de manzanas?
Mientras la atención internacional se centra en el cambio de mando en Venezuela y en el giro del país tras el ataque de EE.UU. y la captura de Maduro, en las calles de Caracas una gran preocupación de los venezolanos vuelve a ser el costo de la vida, los altos precios y la economía del país.
En mercados y comercios de Caracas, los precios suben con enorme rapidez en un contexto marcado por la inestabilidad política y cambiaria y en un país marcado desde hace años por la inflación.
“Me siento más pobre hoy que en diciembre”, dice María Luisa, de unos 50 años, mientras compra hortalizas con su hija Sofía en el mercado de Chacao, en el este de la ciudad. “El dinero rinde menos ahora que hace un mes”, insiste.
Sofía explica que pasó parte del día buscando comida para su gata.
Afirma que a finales del año pasado costaba entre US$3,5 y US$4 el kilo, y hoy está en US$6.
“Cuesta casi el doble de repente”, se queja.
En el centro de Caracas se repite la historia. Con una gran cantidad de bolívares en la mano, que parecen mucho, pero en realidad valen poco, Yarilén, una pensionada de 55 años, afirma que además de la caída del poder adquisitivo, el volátil tipo de cambio es difícil de seguir en una economía que en los últimos años vivió una dolarización de facto.
“Un negocio cobra en bolívares y el siguiente en dólares. Tienes que hacer las cuentas todo el tiempo en tu cabeza”, explica.
La economía venezolana está siendo impactada de nuevo por la inestabilidad política, que tradicionalmente ha elevado el precio del dólar, además de por la incapacidad ahora de vender su petróleo libremente, su principal producto de exportación, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y al bloqueo marítimo que impide a Caracas colocar crudo en el mercado negro con ayuda de una “flota fantasma”, como solía hacerlo desde que se impusieron las primeras sanciones en 2017.
Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en octubre, Venezuela cerró 2025 con una inflación de 548%.
La misma fuente preveía un crecimiento económico moderado de 0,5%, una cifra muy modesta considerando que el Producto Interno Bruto (PIB) del país es hoy casi un 80% menos al pico histórico de 2012 que logró impulsado por los altos precios del petróleo.
Estas proyecciones no tomaban en cuenta los eventos del 3 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a una cárcel de Nueva York, donde se espera que enfrente a la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que quiere controlar y vender el petróleo de Venezuela, país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.
Pero un gran número de venezolanos se opone a la idea.
“Este es un país rico en petróleo, oro y minerales (…) Que vengan de afuera a tomar el control es como que alguien entre en tu casa sin pedir permiso”, le dice a BBC Mundo Sandra, quien vende helados para mantener a su familia.
A ella también le ha afectado el bolsillo la inestabilidad del país, y asegura que el temor a nuevos episodios de violencia hace que los venezolanos sean aún más cautelosos con los gastos.
“La gente trabaja con miedo. A tempranas horas ya todos están en su casa”, añade. “Yo quiero un cambio para el país, pero no así”.
Según el economista Jesús Palacios, la economía venezolana se enfrenta a corto plazo a desafíos como la galopante inflación y la presión cambiaria.
“La pérdida de poder de compra ya se sintió en diciembre y eso repercute en un menor ritmo de crecimiento”, le dice el profesor de la UCAB a BBC Mundo.
Señala además que la escasez de divisas por las trabas a la exportación petrolera y la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo han empujado a muchos comercios a subir precios incluso en dólares, generando inflación también en moneda extranjera.
El tipo de cambio oficial establece que un dólar cuesta unos 330 bolívares. Pero el cambio paralelo es mucho mayor y es el que se usa muchas veces como referencia para marcar precios, lo que ha sido denunciado por el gobierno como una herramienta de distorsión y especulación.
Palacio advierte que si no hay un ajuste de precios a la baja en dólares, Venezuela podría convertirse en uno de los países más caros de la región, e incluso del mundo.
Pero añade que hay expectativas de que la situación mejore tras los acuerdos petroleros anunciados por Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
“Probablemente en un par de semanas empiece a notarse un flujo de caja importante”.
José Guerra, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, concuerda.
“Los anuncios del presidente Trump han logrado crear expectativas favorables: el dólar paralelo ha disminuido más del 40% desde el día 8 de enero, cuando se hizo el anuncio, hasta el día 13 de enero. Y la brecha cambiaria se ha ido reduciendo”, le dice a BBC Mundo.
Oficialmente, el salario mínimo en Venezuela está fijado en 130 bolívares, lo que equivale a menos de un dólar, pero ambos economistas explican que la remuneración real tiende a ser algo mayor.
“El gobierno otorga bonos que hacen que el salario promedio esté entre US$60 y US$70, algo aún muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que para una familia de cuatro miembros estaba en US$470 por mes”, apunta Guerra, firme opositor al gobierno actual.
El economista Jesús Palacios añade que el venezolano común tiende a tener varios empleos y no depende tanto de su sueldo oficial, sino que busca actividades complementarias.
“Vende tortas, busca comprar algo y revenderlo. Está constantemente rebuscándose. Cerca del 60% de la población tiene actividades complementarias”.
Nadie en Venezuela quiere hablar abiertamente de la diferencia entre el bolívar oficial y el paralelo por miedo a repercusiones.
Pero es un tema que rige la economía actual.
Mientras tanto, la mayoría, vive buscando alternativas a productos básicos.
Pensativos, dan vueltas en los mercados de la capital venezolana comparando precios y preguntándose si pueden permitirse comprar lo que planeaban.
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