En solo dos años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacó 157 mil millones de pesos de los fondos destinados a la salud y esto obligó a suspender el pago de todos los tratamientos de cánceres, trastornos congénitos o trasplantes para los pacientes más pobres del país que debían ser atendidos en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). 

Solo en 2021, el recorte al presupuesto del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi) para atender cáncer infantil, mama y cervicouterino llegó hasta el 97%, lo que impidió pagar 7 mil 900 tratamientos para pacientes con esas enfermedades que no tienen seguridad social. 

Un año después, en 2022, no pagaron ni un solo tratamiento para las 66 enfermedades consideradas como catastróficas, incluyendo distintos tipos de cáncer, infartos al miocardio, cuidados intensivos neonatales o trasplantes, de acuerdo con reportes contables del Fonsabi. 

En cambio, el gobierno de AMLO transfirió a la Tesorería de la Federación (Tesofe) 157 mil millones de pesos que debían ser usados para estos enfermos entre 2021 y 2022, lo que hace imposible saber en qué se gastaron, porque eso recursos se revolvieron con el resto de dinero de la Tesofe.

Se trata de uno de los efectos de la desaparición del Seguro Popular en 2019, la estrategia iniciada en 2004 que daba atención a quienes no tenían para pagar servicios de salud, pero que fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), extinto el año pasado. 

A través del Seguro Popular, los pacientes con enfermedades consideradas como catastróficas por su alto costo, como cáncer, recibían los tratamientos requeridos que incluía no sólo medicinas, sino cirugías, hospitalización, consultas y estudios. 

Es decir, en 4 años AMLO disminuyó 62% del dinero ahorrado durante 14 años, y sin explicar en qué lo gastó. 

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¿Dónde está el dinero para salud? 

De acuerdo con Números de Erario, un análisis de México Evalúa, ha existido una simulación en el gasto de salud debido a que desde 2019, el gobierno estableció nuevos lineamientos en la Ley de Ingresos de la Federación y en la Ley General de Salud para que, en caso de tener excedentes, el Fonsabi transfiriera los recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe). 

En 2021 y 2022, el Fonsabi efectivamente tuvo excedentes gracias a aumentos presupuestales desde la Secretaría de Hacienda, pero no fueron usados para financiar tratamientos médicos, sino que, por los nuevos lineamientos, los regresó a la Tesofe. 

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En 2021 regresó 92 mil 745 millones de pesos, y en 2022, 64 mil 700 millones de pesos, lo que suma 157 mil 400 millones de pesos, dinero que fue registrado como gasto, pero al haber si transferirlo se perdió el rastro de su uso porque se agrega a la ‘bolsa’ de recursos de la Tesorería. 

El Insabi, además, reconoce en su propio informe de 2022, que no pagó ningún tratamiento en ese año. En el apartado “casos autorizados, validados y pagados”, es decir, donde tendría que reportar el número de tratamientos pagados, el Insabi dijo que solo utilizó recursos del Fonsabi para pagar deudas a seis proveedores.  

“Se transfirieron recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos por un total de  54 mil 881 millones de pesos para dar cumplimiento con las obligaciones previamente contraídas”, dice el informe.  

Jorge Cano, investigador de México Evalúa, explica que “es posible que estén pagando tratamientos con el gasto corriente del Insabi, el cual también ha tenido recortes, aunque no lo especifican; lo que sí informan es que el Fonsabi dejó de financiar enfermedades catastróficas, que era el principal herramienta para lo cual fue creado”. 

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Eliminan atención de cáncer

El gasto del Seguro Popular para atender cáncer infantil entre 2012 y 2016 fue de 500 millones de pesos; en los años siguientes bajó a 300 millones de pesos, pero en 2021 solo fue de 21 millones de pesos; un recorte de 97%. El número de tratamientos pagados pasó de 1,600 en 2018 a 300 en 2021. 

En cáncer de mama, el gasto pasó de 1 mil 995 millones de pesos en 2018 a 170 millones de pesos en 2021, un recorte de 93%. Mientras que el número de tratamientos pagados pasó de 7 mil 400 a 2 mil 500, una disminución de 4 mil 900 tratamientos. 

El cáncer cervicouterino tuvo 300 millones de pesos en 2018, pero solo contó con 15 millones en 2021, un recorte de 95%. Y el número de tratamientos pasó de 2,500 en 2018 a 800 en 2021, una disminución de mil 700. 

Además, la Auditoría Superior de la Federación detectó que desde 2020 solo pagó los  tratamientos realizados entre 2017 y 2019 sobre enfermedades lisosomales, cuidados intensivos neonatales, cáncer de colon y recto; trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos, cáncer infantil, linfoma no Hodgkin y tumor maligno de próstata, entre otros.

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Otro de los efectos inmediatos de la sustitución del Seguro Popular por el Insabi fue la cancelación del acuerdo con organizaciones civiles como la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), que atendía a 1,400 pacientes al año. El argumento del gobierno federal fue que no había necesidad de financiar a organismos civiles, si las pacientes podían ser atendidas en hospitales públicos.

Este fue el impacto de esa decisión. 

“Tuve miedo de morirme”

Lorena tenía 24 años cuando le diagnosticaron cáncer de mama. Había pasado un año tratando de que alguien la atendiera. En ese entonces era estudiante de Economía en la UNAM y con el seguro facultativo fue al IMSS, pero le daban consulta hasta 6 meses después.

También trabajaba de forma temporal en el INEGI y acudió al ISSSTE, pero  la doctora que la revisó le dijo que la bolita en su seno izquierdo era de leche y era “normal” después de amamantar y que “no la hiciera perder su tiempo”. 

Después de buscar más opciones llegó a la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), una asociación civil que da atención integral a mujeres que padecen cáncer. Desde el primer día de consulta le hicieron una biopsia y 15 días después le entregaron los resultados que confirmaron cáncer en etapa 3.

En Fucam le informaron que si se afiliaba al Seguro Popular, el gobierno Federal se podría hacer cargo de pagar su tratamiento, puesto que había un convenio firmado mediante el cual la organización atendía a mujeres sin seguro social de manera inmediata y después el gobierno reembolsaba 70% de los costos de la atención de cada paciente, el resto se pagaba con las donaciones que recibía la organización. 

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Así lo hizo. Tuvo que darse de baja de la universidad para renunciar al seguro facultativo del IMSS y al trabajo para no tener ISSSTE. Inmediatamente comenzó el tratamiento que consistiría en quimioterapias, cirugía y radioterapias. Era 2019. 

Había pagado 5 mil pesos por la biopsia, una mastografía, ultrasonido y una tomografía antes de estar afiliada, pero una vez que entró al Seguro Popular, no pagó nada por el tratamiento. Solo confirmaba sus consultas y acudía. Por primera vez dejó de preocuparse por la atención médica.  

Pero la tranquilidad duró poco. Meses después, en enero de 2020, se enteró por redes sociales del anuncio del gobierno Federal de concluir el convenio con el Fucam, y eso le afectaba directamente. 

“Esa fue la primera vez que tuve miedo de morirme. Ya llevaba un tratamiento y para mí era de vida o muerte porque ya había buscado la atención en otros lados y no la había encontrado”, explica Lorena. 

Por eso, junto con otras mujeres, protestó afuera de Palacio Nacional, para hacer ver que no había corrupción como acusaba el presidente, que ellas eran la prueba viviente de que el dinero público pagaba sus tratamientos.

Fucam daba tan buen servicio que incluso la propia esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Muller acudía ahí a practicarse los chequeos anuales, dice Lorena; lo que se confirma con la fotografía de Gutiérrez Muller en marzo de 2019 promoviendo la realización de mastografías en las instalaciones de la Fundación. 

Ninguna de las protestas fueron escuchadas ni por el mandatario, ni por ninguna otra autoridad. “Jamás nos recibieron. Lo único que nos dijeron es que ya le habían pagado al Fucam nuestro tratamiento”, recuerda Lorena.

El presidente tampoco mostró ningúna prueba de la corrupción ni hubo denuncia alguna de su gobierno por alguna irregularidad ocurrida en los 20 años de operación del Seguro Popular. 

Fucam atendía 1,400 pacientes al año

En respuesta a las protestas, la Secretaría de Salud emitió un comunicado en febrero de 2020 con la siguiente redacción: “En el periodo de 2017 a 2019, el gobierno federal le pagó a Fucam más de 776 millones de pesos por la atención de cáncer de mama. Por ello, Fucam tiene la obligación ética, moral y jurídica de continuar la atención de las pacientes que se encuentran actualmente en tratamiento oncológico”. 

No era así, advierte Felipe Villegas, director del Fucam. Enfermedades como el cáncer requieren intervención lo más rápido posible, por eso “primero se daba la atención, operamos a la paciente,  se daba la quimio y una vez que se había hecho el procedimiento subías el caso (a una plataforma) y el Seguro Popular te podría tardar desde un mes hasta más de 6 meses entonces. No se pagaba antes”. 

Siempre estábamos trabajando con crédito con los proveedores, luego llegaba la cantidad de dinero que pagaba Seguro Popular, y en ese momento se pagaba lo que se debía y ya se podía seguir con el tratamiento”, explica Villegas en entrevista con Animal Político. 

Durante la cancelación del apoyo, el entonces subsecretario de Salud, Hugo López Gatell también insistía en que los tratamientos que se habían iniciado en el Fucam ya estaban pagados, pero no era cierto.  

“Podía pasar que se pagaba la cirugía pero el tratamiento de cáncer de mama puede tardar hasta 5 años para completarlo, por eso el subsidio nos ayudaba a dar el tratamiento mínimo –que era el que manejaba Seguro Popular–, y gracias a los donativos pagábamos todo, incluso tratamientos integrales como uno dermatológico, hematológico o alguno de los efectos propios de los tratamientos de cáncer que no contemplaba el Seguro Popular”. 

Gracias a ese modelo, explica Villegas, del 2008 cuando inició la colaboración con Seguro Popular,  al 2019 cuando concluyó, “veíamos alrededor de 27% de los de todos los pacientes de Seguro Popular y alrededor del 7% de todos los pacientes de cáncer de mama a nivel nacional”.

Traducido en pacientes significó que en 2016 alcanzaron las 1,200 pacientes y en los años siguientes fue aumentando hasta llegar a 1,440 en 2018. “Comparativamente equivalía más o menos a lo que Instituto Nacional de Cancerología o el Hospital General atendían”, afirma Villegas.

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Ese nivel de atención no es menor, tomando en cuenta el costo de los tratamientos. Para una etapa temprana, el tratamiento de “bajo costo es de mínimo de 100 mil  a 200 mil pesos; una etapa temprana de alto costo son las que requieren terapia blanco son de 400 mil o 500 mil pesos más o menos. Las etapas avanzadas de bajo costo son de 300 mil pesos y de alto costo son alrededor de 1 millón de pesos”. Por eso se conoce como gasto catastrófico, porque es muy alto, explica Villegas. 

El argumento gubernamental era que  ninguna mujer se quedaría sin atención porque serían dirigidas al Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología “con la prontitud que cada caso amerite y de manera totalmente gratuita. Ninguna mujer con cáncer se quedará sin atención”.

Pagar o morir  

El gobierno tampoco cumplió la promesa de que ninguna mujer se quedaría sin atención. Lorena pudo terminar el tratamiento gracias a que, ante la emergencia, el Fucam consiguió más donativos para las pacientes que ya habían iniciado su proceso antes de la desaparición del Seguro Popular. 

Sin embargo, en los años siguientes Lorena prácticamente tuvo que trabajar para realizarse estudios constantes, toda vez que, genéticamente está predispuesta al cáncer. “Tenía que hacerme estudios cada tres meses, tenía que ahorrar 27 mil pesos para pagarlos en el Fucam”, dice, debido a que en los servicios públicos no la atendían con esa rapidez y de ello dependía su vida. 

De hecho, gracias a esas revisiones le fue detectada a tiempo la metástasis que estaba desarrollándose en el cerebro y que luego de meses fue atendida en el Hospital 20 de noviembre del ISSSTE, y tuvo que esperar porque le sería imposible pagar en un hospital privado, pero para dar una idea de la atención, en agosto de 2023 le dieron pase para realizar una resonancia magnética, pero la cita será hasta octubre de 2024. 

Lorena enfrenta ahora metástasis en los huesos, por lo que será sometida a una cirugía este 12 de marzo. Su trabajo que le da seguridad social, en este caso, la ha salvado, pero dos de sus amigas fallecieron por falta de atención. 

Una de ellas, cuenta, era originaria de Veracruz y tenía cáncer de seno. “Era el estrés de estar pensando cómo pagar el medicamento cada tres semanas. Era mucho y un día dijo ya no”. Dejó el tratamiento y falleció seis meses después, el año pasado.  

Lorena dice que el principal mensaje que quiere dar es que las mujeres jóvenes también deben estar vigilantes de su salud, porque es una idea errónea que solo las mayores de 40 podrían enfermar de cáncer, pero lo más importante es la detección oportuna.

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El Fucam sigue atendiendo a personas sin seguridad social, pero sin el subsidio gubernamental tiene que cobrar cuotas de recuperación que, aunque no se comparan con los precios de un hospital privado, no son alcanzables para las más pobres del país. Mucho menos si viven fuera de la Ciudad de México. 

“No hemos bajado el número de diagnósticos, se ha mantenido alrededor de mil 500 a 2 mil anuales; pero de esas pacientes que se les hace el diagnóstico aquí, algunas se van al IMSS,  al ISSSTE,  algunas no tienen seguridad social y nos dicen ‘me atiendo aquí’ entonces les damos el presupuesto y les decimos cómo las podemos apoyar. Pero hay cánceres de 1 millón de pesos,  esas casi no se están quedando al tratamiento y no sabemos dónde se están atendiendo. También hay casos donde no pueden pagar ni 200 mil pesos y otras que no tienen ni lo suficiente para venir. No sabemos dónde se están tratando esas mujeres que se nos están quedando fuera del radar; no es que no se estén tratando pero no lo puedo garantizar”, dice Villegas. 

¿Qué era el Seguro Popular? 

El presidente López Obrador repitió una frase para justificar su decisión de desaparecer el Seguro Popular: “Ni es seguro, ni es popular”. Según el mandatario, la principal estrategia en materia de salud que inició con Vicente Fox y continuó en los siguientes dos sexenios, en realidad no había funcionado. 

Consistía en dar atención a quienes carecían de seguridad social y, sobre todo, se hacía cargo de los tratamientos para 66 enfermedades catastróficas como distintos tipos de cáncer, trasplantes, tumores, trastornos congénitos, entre otros; proveer medicinas y financiar hospitales. 

Funcionaba como un seguro de gastos médicos, porque los hospitales federales operados por los gobiernos estatales se hacían cargo de la atención a los enfermos y el Gobierno Federal pagaba el costo de cada tratamiento a través del Fideicomiso para el Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), alimentado con aportaciones de la Federación, los estados y el propio derechohabiente que pagaba cuotas de cero a 11 mil pesos, dependiendo de un estudio socioeconómico. 

La ganancia del Seguro Popular es que si una persona en situación de pobreza enfermaba de cáncer, por ejemplo, este fondo podía pagar el costoso tratamiento porque la Federación transfería a cada hospital el monto de medicinas y cirugías del paciente. La desventaja es que si la enfermedad no estaba incluida en el catálogo, no aplicaba el seguro. 

También es cierto que la Auditoría Superior de la Federación señaló múltiples irregularidades en este programa, como que los gobernadores de los estados utilizaran estos recursos para pagos de nómina o que gastaran el dinero sin reportar en qué. Sin embargo, las reglas de operación intentaron ser más estrictas cada año para evitarlo. 

El INSABI fue constituido formalmente el 29 de noviembre de 2019, y fue extinto en mayo de 2023.