Falta de control y supervisión de recursos, irregularidades en los registros de entradas y salidas, discrepancias en la distribución de dosis a entidades federativas y ausencia de seguimiento para la disposición final de vacunas caducadas fueron parte de las deficiencias de la Secretaría de Salud y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia) en el manejo de vacunas contra COVID-19.
Aunado a ello, según lo documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión a la Cuenta Pública 2021, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) —que acumuló ocho recomendaciones del órgano auditor— omitió contar con los certificados analíticos correspondientes a más de 7 mil insumos médicos, no sustentó la entrega de más de 6 mil medicamentos y no presentó la documentación para acreditar la entrada y salida de más de 1 millón de pruebas rápidas para la detección del virus SARS-CoV-2.
La tercera entrega del informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 contempló evaluaciones al desempeño y manejo de los recursos en siete dependencias federales: la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, el Censia, el Insabi, el ISSSTE y el IMSS.
En cuanto a la Secretaría de Salud, el órgano auditor señaló que existieron debilidades en el control y la supervisión de los recursos ejercidos en 2021 para adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de las vacunas. Además, no se supervisaron los pagos efectuados a dos compañías farmacéuticas, lo que originó que estos se duplicaran; después, el reembolso se hizo tardíamente.
Además, la dependencia no supervisó que existiera evidencia documental de los registros de entradas y salidas de las vacunas resguardadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Cancerología, en tanto que en los formatos utilizados para sustentar la recepción, el almacenamiento y la distribución de las vacunas almacenadas en Birmex, no se señaló la temperatura con la que se recibieron las dosis, el lote ni la cantidad entregada.
Por otro lado, la secretaría no realizó el seguimiento necesario a las notificaciones que le hizo Birmex respecto de las acciones que debían realizarse para la disposición final de 1 millón 631 mil 610 vacunas contra COVID-19 con caducidad vencida, que permanecían resguardadas en el almacén del Instituto Nacional de Virología y habían caducado en los meses de marzo y abril de 2022, de acuerdo con las facturas verificadas por la ASF. “A la fecha de la visita efectuada (octubre de 2022), aún continuaban en dicho almacén”, detalla el informe.
Respecto de la distribución de dosis a las entidades federativas, el órgano auditor también señaló que existen incongruencias entre la información proporcionada por los 32 coordinadores estatales de las brigadas especiales (Correcaminos) y las bases de datos de Birmex y Censia. Por ejemplo, en el caso de las vacunas AstraZeneca, CanSino, Sputnik V, Sinovac y Pfizer, de 65 lotes distribuidos a 21 entidades, se reportó el ingreso de más dosis que las registradas como distribuidas por Birmex y Censia.
En otros 44 lotes, en cambio, sucedió a la inversa: se registró un ingreso menor a las reportadas como distribuidas. También hubo 29 números de lote que no correspondieron a los señalados por Birmex. En otro caso, no se registró el ingreso de 75 lotes o se registraron dosis recibidas sin señalar su número de lote. Para la Pfizer, en el ingreso de dosis en siete entidades, se registraron 10 números de lote que no correspondieron a los señalados en la factura emitida por la farmacéutica.
ISSSTE e IMSS: montos por aclarar
Debido a los pagos quincenales superiores al tabulador autorizado que hizo a 353 empleados, sin que en los centros de trabajo se acreditara su asistencia ni justificación de sus actividades o de excepción de asistencia, así como a los realizados a tres empleados dados de baja, el ISSSTE dejó sin aclarar un monto de 15 millones 263 mil 900 pesos en procesos de contratación de personal para combatir la pandemia.
Además, no acreditó ni justificó la reclasificación de algunas quincenas, registró diferencias en los importes de nómina reportados por las subdirecciones de Personal y Contaduría, y en 78 expedientes del personal eventual no se incluyó la información y documentación requerida en la normativa, de acuerdo con lo determinado por la ASF.
En tanto, el IMSS dejó 6 millones 403 mil 416 pesos pendientes por aclarar en los procesos de adquisición de oxígeno hospitalario y domiciliario para atender la emergencia sanitaria. Esto se debió, de acuerdo con la ASF, a deficiencias en sus mecanismos de control interno y sistemas, así como al incumplimiento de la normativa para verificar y dar seguimiento a contratación, entrega y pago del servicio de suministro de oxígeno.
De esta manera, la auditoría al IMSS identificó pagos por 1 millón 684 mil 600 pesos a Infra, Infra del Sur y Praxair México sin un instrumento jurídico que los sustentara. Además, el instituto no contó con los entregables para acreditar 4 millones 718 mil 800 pesos del contrato DC21S057, ni con la garantía de cumplimiento del contrato DC21S298.
La fiscalización al IMSS se hizo extensiva a las contrataciones y asignaciones al personal para atender la emergencia sanitaria y a los servicios integrales para la instalación de unidades médicas temporales en dos informes individuales por separado. En cuanto al primero, la ASF determinó que, en términos generales, el instituto cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables.
Sin embargo, respecto de la instalación de unidades médicas, detectó deficiencias en sus mecanismos y sistemas de control al no contar con reportes consolidados, así como discrepancias por 556 millones 267 mil pesos al comparar las bases de datos de las direcciones de Prestaciones Médicas y de Finanzas, además del registro incorrecto de 33 millones 363 mil 400 pesos, correspondientes a un contrato suscrito con Fundación Teletón Vida, IAP, en la cuenta “otros servicios integrales” en lugar de “hospitalización subrogada”.
Respecto de los recursos destinados al combate a la pandemia por parte de la Marina y la Defensa, la revisión de la ASF concluyó que, en términos generales, ambas cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables. Los montos fiscalizados se destinaron principalmente a tareas de seguridad, acondicionamiento de instalaciones hospitalarias, personal y vehículos para campañas de salud, atención en hospitales, apoyo en traslados aéreos y escolta para el traslado de vacunas.
