Megaproyectos de gas suman 10 juicios de amparo contra afectaciones ambientales; Sheinbaum insiste en defender Saguaro
Para entender mejor
El megaproyecto Saguaro Energía, el gasoducto Sierra Madre, Amigo LNG y Mexico Pacific enfrentan 10 litigios por irregularidades que van desde el cambio autorizado de regasificación a licuefacción y modificaciones realizadas sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), hasta atentar contra los derechos humanos, como el acceso a un medio ambiente sano, además de impactos graves e irreversibles en la biodiversidad.
La coalición Defensa Ambiental del Noroeste compartió a Animal Político los litigios en contra del megaproyecto Saguaro Energía, de la empresa Mexico Pacific, que permancen sin resolverse desde 2023. El proyecto contempla un gasoducto de más de 800 kilómetros, una terminal de licuefacción en Puerto Libertad, Sonora, y una flota de buques metaneros.
De los 10 juicios de amparo, siete se promovieron en contra del Proyecto Saguaro, uno contra el gasoducto Sierra Madre, y dos para defender todo el Golfo de California de tres proyectos de gas Saguaro, Vista Pacífico GNL y AMIGO.
Los recursos fueron admitidos en Juzgados de Distrito de Sonora, Chihuahua y la Ciudad de México. Entre los promoventes hay ejidatarios, asociaciones civiles, 32 habitantes de comunidades costeras y un quejoso cuya identidad permanece reservada.
Los juicios contra los megaproyectos de gas natural licuado
Los juicios de amparo interpuestos por ejidatarios se deben a tres irregularidades diferentes. El primero hace referencia a un oficio del 8 de agosto de 2018 en el que se “autorizó indebidamente el cambio de regasificación a licuefacción”. Este amparo fue admitido el 10 de octubre de 2023 en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Hermosillo, Sonora.
Un segundo amparo se debe a la “autorización ilegal de modificación y ampliación sin Manifestación de Impacto Ambiental”. La admisión de este amparo tiene fecha del 17 de enero de 2024 en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Hermosillo, Sonora.
Un ejidatario promovió un amparo ante la “falta de verificación de estudios de línea base y monitoreo; incumplimiento de condiciones; falta de supervisión en inicio de obras”. El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Hermosillo, Sonora, admitió el recurso el 7 de marzo de 2024.
Organizaciones de la sociedad civil han promovido cinco juicios de amparo, hasta ahora, por “modificación ilegal de autorización de impacto ambiental sin nueva MIA ni consulta pública“, así como “violaciones en proceso de evaluación de impacto ambiental del Gasoducto Sierra Madre”.
Las organizaciones civiles también demandaron irregularidades, como “evaluación ambiental incompleta; falta de declaratoria de hábitat crítico y reconocimiento jurídico de ballenas como sujetos de derechos”.
A esa denuncia se suma la violación al derecho de petición y el incumplimiento del deber de protección ambiental en el Golfo de California. Además, la falta de medidas preventivas en proyectos de gas fósil.
Finalmente, 32 organizaciones costeras promovieron un juicio de amparo por los permisos otorgados sin evaluar impactos acumulativos, sinérgicos y residuales del proyecto. La denuncia también señala la segmentación de sus componentes como una irregularidad adicional.
“No es irregular”, insiste Claudia Sheinbaum
Durante la conferencia matutina del 1 de diciembre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la reportera Yusbel Carolina, del medio Código Libre, cuestionó a la mandataria sobre la viabilidad de megaproyectos de gas natural licuado y gasoductos, como el proyecto Saguaro Energía y Mexico Pacific, en Puerto Peñasco, Sonora.
La pregunta surgió tras el anuncio de montos importantes de Inversión Extranjera Directa aunque “muchos proyectos carecen de claridad sobre sus avances, impacto real o incluso el incumplimiento de normas”, añadió la reportera.
La presidenta dijo que “no es irregular, no hay irregularidades. Se está revisando la disponibilidad de gas y si se requiere un gasoducto adicional o no. Y lo está trabajando también la Secretaría de Medio Ambiente, pero no hay ninguna irregularidad, sino sencillamente la capacidad que tendría”.
Sheinbaum subrayó en tres ocasiones que el Proyecto Saguaro no es irregular y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) trabaja en la revisión. El 19 de marzo, dicha dependencia informó que “en la presente Administración no se ha emitido autorización ambiental para el proyecto Saguaro”.
Incluso, resaltaron que “la conservación y restauración de los ecosistemas es una prioridad del Gobierno de México”.
Aunque la secretaría reconoce que el Golfo de California alberga al 80 % de las especies de mamíferos marinos de México y una cuarta parte de los que existen en el mundo, no ha otorgado ninguna autorización en materia ambiental para la construcción, equipamiento, uso, aprovechamiento o explotación de una instalación portuaria de uso particular destinada al manejo de gas natural licuado en Puerto Libertad, Sonora.
Y precisó “es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la instancia responsable de autorizar este proyecto en materia ambiental”.
Semarnat evalúa el paso de barcos por el Golfo de California
La presidenta insiste en que se evalúa si se requiere un gasoducto adicional, a pesar de que el gas venga de Texas, Estados Unidos, y México solo funja como ruta de paso poniendo en peligro la biodiversidad marina del Mar de Cortés, como ha advertido la Coalición Ballenas o Gas sobre el paso de barcos de hasta 300 metros de largo —lo que equivale a doce ballenas azules juntas—, sin capacidad de detenerse ante las ballenas que ahí habitan.
Para la presidenta, Saguaro “es un proyecto interesante” porque el gas natural en Estados Unidos viene principalmente de Texas. Añadió que en estos acuerdos comerciales entre Estados Unidos y algunos países asiáticos está el ejemplo de Corea del Sur, donde “se ha planteado que compren gas, Corea del Sur a Estados Unidos”.
Lee más: Semarnat revoca permiso para megaproyecto en área protegida en Cabo Pulmo, Baja California Sur
—¿Por dónde saldría ese gas? —se cuestionó la presidenta.
Argumentó que al tratarse de una distancia “muy larga”, “yendo por Estados Unidos, pasando por California y llegar hasta el Pacífico, y, además, las regulaciones, lo más cerca es por México”.
En la conferencia matutina, Sheinbaum reconoció la riqueza biodiversa del Golfo de California, pero aprobó la llegada de barcos para transportar gas natural licuado.
“Bueno, es un golfo con mucha biodiversidad. Y si van a llegar barcos, tenemos que garantizar que no van a afectar a la vaquita marina ni a la biodiversidad de esta zona, que ya se han hecho muchos estudios. Tiene que garantizarse cuántos barcos entrarían, qué tipo de barcos, cuál sería el recorrido. Porque muchos de ellos, por ejemplo, ya llegan a Guaymas, a Puerto Peñasco, tendrían que seguir un recorrido particular”, agregó.
De acuerdo con la presidenta, su administración revisa dos temas respecto de este megaproyecto: si el gasoducto que ya existe es suficiente y se requiere un gasoducto adicional.
Pese a los juicios de amparo promovidos por ejidatarios, comunidades costeras y la sociedad civil y al comunicado del 19 de marzo en el que Semarnat señaló que no ha emitido ninguna autorización en materia ambiental, la presidenta reiteró que “no es que haya alguna irregularidad o algo así”, recalcó que “ya hay un Impacto Ambiental aprobado por Semarnat” y que la secretaría “está revisando cuántos barcos entrarían y por dónde, para no afectar la biodiversidad”.
Nueve relatorías especiales de la ONU para México
No solo se trata de la Semarnat, al mismo tiempo, como informó la presidenta, la Secretaría de Energía “está revisando el tema del gasoducto adicional que, en todo caso, se requeriría”, agregó.
Ante la defensa que hizo la presidenta Sheinbaum de megaproyectos como Saguaro, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestionó a México por las terminales de gas fósil en el Golfo de California.
Sigue leyendo: “Sin el gasoducto Sierra Madre, no funciona el proyecto Saguaro”; llaman activistas a bloquear su construcción en Chihuahua
La organización Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) señaló que la ONU advirtió sobre violaciones ambientales, climáticas y de derechos humanos. Hasta ahora existen nueve relatorías especiales de la ONU cuestionando el compromiso de México con el combate al cambio climático y el respeto a los derechos humanos de las comunidades del Golfo de California.
Asimismo, la ONU expresó a México su preocupación por la posible instalación de terminales de gas fósil en Sonora y Sinaloa, y advirtió que “pondrían en grave riesgo a los ecosistemas y comunidades” del Golfo de California.
Los relatores mencionan que, de acuerdo con información recibida, la instalación de cuatro terminales: Terminal GNL de Sonora Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG, GNL Cosalá, y los dos gasoductos Sierra Madre y Corredor Norte, podría convertir a México en el cuarto exportador de Gas Fósil Licuado (GFL) del mundo a costa de la salud, los ecosistemas, las comunidades y los compromisos climáticos del país.
Especialistas, activistas y organizaciones ambientales y climáticas reaccionaron a esta respuesta de la ONU quien alertó de que México podría incumplir los acuerdos internacionales de los que es parte, como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú.
“La ONU es clara en la expresión de su preocupación a México: el país está en riesgo de incumplir el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y su propia Constitución, si permite que las terminales de gas fósil proyectadas para Sonora y Sinaloa avancen sin evaluaciones ambientales completas, sin transparencia y sin participación de las comunidades afectadas”, informó la ONU.
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El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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