El Proyecto Saguaro de Mexico Pacific amenaza metas climáticas en México por la huella que causaría
El Proyecto Saguaro de la empresa Mexico Pacific amenaza con alejar al país de los compromisos y las metas climáticas que se ha impuesto en cuanto a la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), como consecuencia de la contaminación que emitirá.
Un comunicado de la coalición Ballenas o Gas, que se compone de 35 organizaciones, señala al proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) conocido como Saguaro Energía, como una de las amenazas actuales más grandes para la crisis climática en México.
El proyecto Saguaro en el Noroeste del país es parte de la cadena de valor para comercializar gas estadounidense. De aprobarse, las organizaciones advierten que se incrementarían las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento del planeta.
De acuerdo con el reporte Análisis de emisiones de GEI de ciclo de vida del proyecto de exportación de GNL, Saguaro Energía de la organización Iniciativa Climática de México explica la cantidad de emisiones que este proyecto generará.
Pablo Montaño, coordinador de comunicaciones de la organización Conexiones Climáticas y que es parte de Ballenas o Gas, resaltó la importancia de la coyuntura actual sobre los últimos eventos climáticos extremos en el mundo, como fue la COP29 y las declaraciones que se han hecho desde el gobierno mexicano respecto a los compromisos climáticos que se quieren asumir.
“Que se voltee a ver estos proyectos a la luz de su impacto climático no solamente de cobertura importante de la biodiversidad y de las afectaciones en los ecosistemas. No tenemos que perder de vista que esto es un proyecto de gas, es un proyecto de combustibles fósiles y que tiene una huella climática gigantesca”, explicó Pablo Montaño en entrevista para Animal MX.
¿Qué alertan las organizaciones?
Lass organizaciones señalan que el proyecto Saguaro sería responsable de generar más de 73 toneladas métricas de CO2 cada año, esto es el equivalente a la cantidad combinada de emisiones anuales de energía de Suecia (32.4) y Portugal (35.7).
Esto quiere decir que Saguaro sería responsable de la misma contaminación que generan todas las actividades que requieren energía en dos naciones europeas.
La información con la que basan este análisis proviene del informe de Iniciativa Climática de México sobre el análisis de las emisiones a lo largo de la vida útil del proyecto Saguaro y las las consecuencias que tendría.
El impacto del gas ‘natural’
El informe señala también que la planta de licuefacción de gas natural en Puerto Libertad, Sonora, busca construir un gasoducto que conecte la producción de gas natural en Estados Unidos con la planta, y con el mercado asiático.
La planta se conoce como proyecto Saguaro Energía y busca procesar 15 millones de toneladas por año (Mtpa) de gas natural en tres trenes de licuefacción. Sin embargo, la empresa propietaria, Mexico Pacific Limited, LLC, indicó que tiene planes para duplicar esta capacidad en una segunda fase para llegar a una capacidad instalada de seis trenes que procesarán 30 Mtpa.
En el informe se advierte que, por la magnitud del proyecto, México podría convertirse en el cuarto exportador de GNL a nivel mundial.
Para este análisis, la organización Iniciativa Climática de México consideró la capacidad de 15 Mtpa, debido a que es la cantidad de gas autorizado para su proceso actualmente. Además, advierte que las emisiones de un proyecto del doble de capacidad podrían duplicarse, de manera aproximada.
“Este proyecto y la información es aplastante en términos de las emisiones que estará provocando. Uno de los datos que estamos usando es que, Saguaro, de entrar en operación desde su proceso de extracción hasta la quema de combustible -que es lo que venderán-, acumularía las mismas emisiones de todas las actividades que requieren energía en Suecia y Portugal combinadas”, comentó Montaño.
Es decir, todos los autos, aviones y energía producida en estos dos países para lo que se requiere un combustible es la misma cantidad de energía que estará emitiendo el proyecto Saguaro en contaminación, agregó Montaño.
Puerto Libertad y la pesca
En el caso de Puerto Libertad, en el estado de Sonora, se advierte que la infraestructura que se planea instalar es, hasta ahora, totalmente desconocida ya que no se tratará de una termoeléctrica ni de una refinería, sino de otro tipo de obra que contempla 400 hectáreas que se compara con el tamaño de una ciudad pequeña que se usará solo para quemar combustible fósil.
Esto nos dice que la planta de licuefacción en Puerto Libertad es un despliegue de infraestructura industrial con mecheros y múltiples fuentes de contaminación de liberación de gases de dióxido de carbono y metano.
“Hay que recordar que donde haya manipulación del mal llamado gas natural hay fugas de metano, incluso en su combustión, en los mecheros hay metano que no alcanza a estar combustionado. Entonces, se está liberando metano junto con otros compuestos volátiles orgánicos, algunos de ellos cancerígenos como el benceno que viene en la mezcla de lo que llaman ‘gas natural’”, denunció.
En Puerto Libertad se encuentra asentada una población de pescadores que verían afectada su salud al estar expuestos a la contaminación del aire provocada por la quema que proviene de los mecheros.
“Este tipo de gases se asientan en la población y es cuando empiezan a tener problemas respiratorios graves. Lo que hoy es una zona pacífica de pescadores, se convertiría en una zona de sacrificio para la industria fósil”, advirtió.
La coalición Ballenas o Gas advierte que el proyecto de Mexico Pacific tendría enormes impactos en sus distintas fases. Desde la contaminante extracción de gas con fracking; seguido por su gasoducto de 800 km -propenso a fugas y que segmentaría ecosistemas-, hasta su terminal de licuefacción en Puerto Libertad, Sonora.
En este último punto exhortan sobre la contaminación del aire que afectará a una comunidad de familias dedicadas a la pesca ribereña.
Sin embargo, en mar, el impacto también lo provocarían enormes buques de exportación de gas que convertirían las aguas del Golfo de California en una autopista de tráfico pesado que atentaría contra las ballenas y otras especies con ruido y colisiones letales.
Finalmente, el gas licuado llegaría a Asia donde se regasificaría y se quemaría para diversos usos.
Una amenaza para las metas climáticas de México
Un artículo del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas señaló que el gas natural no es tan respetuoso con el clima como se pensaba. Esto se debe a que las emisiones de metano, el principal componente del gas natural, que se producen durante su extracción y transporte dañan al ambiente.
También recuerda que para 2030, el mundo tendrá que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más del 40% si quiere cumplir con los objetivos más ambiciosos establecidos en el Acuerdo de París.
Sobre esto, Montaño reiteró que el gas “natural” es un combustible fósil que no abona en absoluto a la transición energética.
En el análisis de Iniciativa Climática de México recuerdan que el país se comprometió desde 2016, en la ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático junto con otros 175 países miembros de las Naciones Unidas.
El Acuerdo busca limitar a menos de 2°C el incremento de la temperatura promedio a nivel mundial, con el objetivo de que no rebase los 1.5°C. El Acuerdo es jurídicamente vinculante, de carácter universal y establece metas de largo plazo. Su cumplimento se basa en compromisos claros, tanto en mitigación como en la adaptación.
Para lograrlo México y los países suscritos deben presentar cada cinco años sus contribuciones de reducción de emisiones de GEI, conocidas como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés).
Es importante destacar que estas contribuciones deben de ser cada vez más ambiciosas. La última actualización que hizo México de sus NDC ocurrió en 2022 durante la Conferencia de las Partes COP27.
En ese momento, México anunció que haría un aumento de la meta de reducción de emisiones de 22% a 35%.
En cuanto al sector de petróleo y gas, el país estableció una meta de 14% de reducción de emisiones. La organización Iniciativa Climática de México dijo que lo anterior se complementa con el Compromiso Global de Metano, del cual México se adhirió en 2021.
Dicho compromiso fue impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea con la finalidad de reducir las emisiones globales de metano antropogénico en 2030 en un 30% por debajo de los niveles registrados en el año 2020.
Compromisos actuales frente a la crisis climática
Durante la COP29, recién celebrada en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, la delegación mexicana llevó a la cumbre sobre cambio climático, la política ecológica y ambiental de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la que buscan garantizar el derecho a un medio ambiente sano y la justicia ambiental.
Además, la Semarnat, liderada por su titular Alicia Bárcena Ibarra, anunció en un comunicado que fortalecerá las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) que se presentarán en la COP30 de 2025 para reducir el calentamiento global.
Pablo Montaño reiteró que el Proyecto Saguaro sacrificaría una fuente de ingresos real como es la pesca ribereña, el turismo de ballenas, la salud de los mares ante el impacto que generará una planta de licuefacción en la zona,
“Estaremos perdiendo recursos que sí existen por un imaginario que nos están vendiendo. Es la mentira más grande que está publicitando Mexico Pacific, presumir una inversión que, además, cuánto vale la vida de las personas de Puerto Libertad, cuánto el Golfo de California con ballenas y un mar vivo”, reiteró.
Los fiscales y los organismos antidrogas de Estados Unidos acusaron al exgobernante de haber convertido su país en un “narcoestado” para enriquecerse y mantenerse en el poder. El indulto de Trump podría ocurrir a días de las elecciones en Honduras.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., podría quedar en libertad.
¿El motivo? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario, por considerar que “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, según escribió en su red social Truth Social.
El momento elegido para concederle el perdón presidencial al político centroamericano, declarado culpable en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York, resulta llamativo.
En primer lugar, el anuncio se produjo a menos de 48 horas de que los hondureños acudan a las urnas para elegir al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro, una circunstancia que Trump no desaprovechó. Así, el republicano también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y sucesor de Hernández.
Además, el hecho de que Trump indulte a un político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. sorprende teniendo en cuenta que en las últimas semanas Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y ha hundido a una veintena de presuntas narcolanchas, matando a más de 80 personas.
Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de haberse lucrado en el proceso, imputaciones que el político calificó de “calumnias”.
Una carrera meteórica
Antes de convertirse en el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en EE.UU. desde el panameño Manuel Noriega en 1992, Hernández ya había roto otros récords. En 2014 se convirtió en el presidente más joven del país centroamericano desde 1980 y, en 2017, en el primero en ser reelegido en décadas.
La historia del político conocido en su país por las siglas JOH empezó el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, donde creció como el número 15 de 17 hermanos.
Tras completar sus estudios en el Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, estudió derecho en la Universidad Nacional de Honduras.
En la universidad inició su andadura política, desempeñándose como presidente de su asociación estudiantil entre 1988 y 1989.
Luego de graduarse entró a la primera secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien ya era diputado y allí comenzó a tejer contactos en el todopoderoso Partido Nacional.
Al culminar unos estudios de administración pública en la Universidad Estatal de Nueva York (EE.UU.), se presentó como candidato a diputado por el departamento de Lempira, cargo que ejerció durante cuatro períodos legislativos desde 1998.
En 2010 alcanzó la presidencia del Congreso durante la administración de Porfirio Lobo e impulsó una agenda de seguridad y mano dura contra el crimen organizado que le ganó respaldo de sectores conservadores y empresariales.
En 2012 ganó las elecciones internas del Partido Nacional y un año después se impuso en los comicios presidenciales.
“Soy Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito Cacique Lempira; con apoyo del pueblo soy el presidente de Honduras”, dijo durante su juramentación el 27 de enero de 2014.
Durante sus campañas y actos proselitistas evocaba con frecuencia ese vínculo con el líder indígena.
Una gestión convulsa
Hernández llegó a la presidencia prometiendo “hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo”, el cual padecía los embates de la violencia vinculada con el narcotráfico.
El crimen organizado infiltró distintas instituciones y disparó la tasa de homicidios hasta convertir a Honduras en el país más violento del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.
La disposición de Hernández a extraditar a sospechosos de narcotráfico a EE.UU. y algunas reformas en los cuerpos de seguridad fueron presentadas como muestras de su voluntad adecentar el país.
Sin embargo, las sospechas de sus nexos con los carteles estallaron cuando en 2018 uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue detenido en Miami (EE.UU.) por agentes federales y acusado de traficar con narcóticos.
“No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, aseguró en el Congreso en 2021, tras la condena a cadena perpetua de su hermano y el incremento de los indicios en su contra.
Y si lo anterior no fuera suficiente, las acusaciones de que fondos del Seguro Social fueron desviados desataron protestas masivas en el país, en las cuales se exigió su renuncia.
Su decisión de no renovarle el mandato a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia creada en acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, dañó a un más su imagen.
No obstante, lo anterior no impidió al político buscar un segundo mandato consecutivo, pesa a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. Precisamente los deseos de Manuel Zelaya, su gran rival, por reelegirse fueron la justificación para deponerlo en 2009.
Un cuestionado fallo de la Corte Suprema le permitió competir en sus comicios, que la OEA pidió repetir por considerar que las irregularidades que los rodearon “hacían imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.
El anuncio de su reelección desató una nueva ola de protestas que fue duramente reprimida por las autoridades y dejó al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La solicitud fue ignorada y Hernández siguió en el poder hasta 2022.
¿Jugando para dos equipos?
En febrero de 2022, apenas días después de abandonar la presidencia, el exmandatario fue detenido y a las semanas fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de narcotráfico.
“Pavimentó una autopista de cocaína hacia EE.UU., protegido por ametralladoras”, afirmaron los fiscales que lo procesaron.
Atrás quedaban los días en que Washington lo consideraba como un aliado confiable en la lucha contra las drogas, al que entregó más de US$ 50 millones en asistencia y ayuda militar. Incluso, en 2019, Trump llegó agradecerle su cooperación.
Aunque Trump y los aliados de Hernández consideran que el exgobernante fue tratado injustamente por el gobierno del demócrata Joe Biden, lo cierto es que las investigaciones en su contra se iniciaron durante la primera administración del republicano.
Durante sus averiguaciones, los fiscales estadounidenses descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes al menos desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y que facilitó el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a EE.UU.
Con la ayuda de registros telefónicos y testimonios de criminales arrepentidos, los investigadores concluyeron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela “con virtual impunidad”.
Los fiscales señalaron que la alianza de Hernández con los carteles no solo tenía “el fin de enriquecerse”, sino que también perseguía “mantenerse en el poder (…) de forma corrupta”.
Según la acusación en su contra, el político empleó el dinero que obtuvo de los narcotraficantes para luego sobornar a funcionarios y manipular a su favor las dos elecciones presidenciales en las que compitió.
Hernández, por su parte, ha negado estos señalamientos y ha afirmado que fue “acusado errónea e injustamente”.
No obstante, las pruebas y testimonios expuestos en el tribunal que lo procesó lo contradijeron.
“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices”, le dijo el exmandatario al narco Geovanny Fuentes Ramírez, aseguró uno de los testigos que declaró en su juicio.
Otro procesado, el exalcalde Alexander Ardón, aseveró que entregó millones de dólares tanto a Hernández como al expresidente Lobo para asegurarse rutas sin obstáculos para mover las drogas.
Ardón calculó que con la ayuda de las autoridades hondureñas movió sin problemas unas 250 toneladas de cocaína, en sociedad con Tony Hernández, el hermano del exmandatario, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ambos condenados a cadena perpetua en EE.UU.
En junio de 2024, el juez Kevin Castel no solo condenó al expresidente a permanecer casi medio siglo en prisión, sino que le impuso una multa de US$ 8 millones.
Pero Hernández no solo tiene problemas judiciales en Estados Unidos. En Honduras, apenas fue extraditado, la justicia de ese país le confiscó 33 bienes inmuebles, ocho empresas y 16 vehículos, informó el Ministerio Público.
Ahora resta por saber cuándo se materializarán el indulto y la excarcelación del expresidente y si volverá a Honduras para retomar su carrera política.
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