A unas cuadras del malecón de La Paz, ciudad costera del estado de Baja California Sur, dos artistas, Karla Antuna y Elti López, se unieron para crear un mural dedicado a las amenazas letales que las ballenas del Golfo de México enfrentarían en caso de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) apruebe el Proyecto Saguaro, donde grandes buques metaneros chocarían con los mamíferos marinos más grandes del mundo a cambio de transportar gas licuado.
El mural ¿Ballenas o Gas? se encuentra en una de las paredes del parque de El Manglito en La Paz, ubicado en las calles de Rangel esquina con Sinaloa. Colinda, además, con la Cuarta Región Naval de la Secretaría de Marina y Armada de México, y tan solo cuatro cuadras adelante está el malecón para admirar el litoral de la bahía de esta ciudad.
El parque de El Manglito también tiene su historia, ya que se trata de un sitio por el que ‘las guardianas’ -que son un grupo de esposas de pescadores-, se organizaron para pedir al gobierno que crearan un lugar de entretenimiento para sus hijos. Aunque el cometido se logró, el espacio ha sido testigo de luchas sociales previas que los pobladores han iniciado para defender el territorio y que, al mismo tiempo, sea respetado.
Elti López, artista plástico, muralista y expositor, cuenta más a Animal MX sobre su trabajo al participar en el mural ¿Ballenas o Gas? de La Paz.
El artista resalta que el megaproyecto Saguaro que amenaza al Golfo de California para transportar gas se puede entender como la construcción de una supercarretera en el mar, de la que no se sabe cuál será el impacto que tendrá y del que México no recibirá nada.
El arte, señala Elti López, es fundamental porque crea un vínculo social entre el discurso y la gente, como ocurre con la investigación Evaluación de los posibles impactos del proyecto de gas natural licuado en ballenas y delfines del Golfo de California, que realizaron especialistas en vida y entorno marino de la organización Mar y Educación Ambiental (MAREA).
Acercar los resultados de una investigación científica también es una tarea en la que el arte interviene para crear ese vínculo con la población y, al mismo tiempo, informarlos. En el caso de ¿Ballenas o Gas?, los artistas añadieron un código QR al muro para que la gente pudiera escanearlo y conocer más del proyecto.
“Mucha gente que se dedica a la investigación aquí [en La Paz] y que está en los monitoreos de ballenas, que ven directamente estas problemáticas y que hacen investigaciones en los islotes, eso no se socializa”, dice Elti López.
El muralista explica que en La Paz, el movimiento del muralismo ha sido muy importante y se encuentra en un boom en la última década, cuando comenzaron a realizar los murales. Con ello, una de las campañas más importantes fue el proyecto Muros contra minas, cuando lograron frenar momentáneamente la presencia de la minería a cielo abierto en su ciudad.
Pese a ese logro, “la amenaza ahí sigue”, cuenta Elti.
El mural ¿Ballenas o Gas? pone en el centro a las ballenas, frente a la amenaza de un gran buque metanero que la empresa de combustible fósil Mexico Pacific junto con empresas de fracking dedicadas al extractivismo en Estados Unidos, pretenden transportar gas licuado por el Golfo de California.
Cuenta Elti López que junto con Karla Antuna, se enfocaron en los barcos metaneros que Mexico Pacific pretende usar para el megaproyecto Saguaro.
“Nosotros nos enfocamos en los barcos porque es algo que va a pasar enfrente de nosotros. No sabemos la cantidad de barcos porque no han hecho pública esta información, pero sí se sabe que este tipo de barcos son de las principales amenazas para las ballenas (…) el mamífero más grande del mar”, apunta Elti.
El artista paceño advierte que aunque estas grandes embarcaciones sepan que están las ballenas en el mar, no se detendrán.
“Son barcos de 300 metros y un golpe con esa magnitud mata a las ballenas. Alertamos el impacto con las ballenas, pero puede ser mucho más grande porque este tipo de barcos no circulan actualmente por el Golfo de California y es un área muy grande”, añade.
Para crear el boceto, cuenta Elti que junto con Karla investigaron más del tema y decidieron ser parte de la campaña porque los cetáceos serán los mamíferos más afectados.
“Realmente, este proyecto, va afectar a la biodiversidad, la fauna marina y el desierto de Sonora porque es un megaproyecto [que] en Puerto Libertad también afectará a las comunidades de pescadores”, advierte.
Para esta misión, el trabajo de la artista Karla Antuna fue fundamental porque ella y Elti López trabajaron en conjunto para diseñar el boceto de ¿Ballenas o Gas?.
Elti señala que la propuesta que diseñaron buscaba mostrar dos polos en los que se refleja la muerte y la vida. En esta dualidad aparecen los buques metaneros que se convierten en calaveras, las cuales representan la muerte, en contraposición con una ballena blanca que se ubica al centro del mural.
La ballena en el mural está representada de color blanco y representa la vida. Su diseño tiene mucho que ver con la técnica que distingue a la artista Karla Antuna quien, además, es maestra de grabado.
“Está esa dualidad y queríamos simplificarlo porque, mientras más información se diluye el mensaje, entonces, al sintetizar lo más posible llegamos a esta idea donde queríamos una paleta de colores reducida y solamente esos dos elementos”, explica el artista.
Antes de comenzar a pintar el mural existe todo un proceso previo que implica el diseño del boceto, visitar la pared que intervendrán. Si el muro necesita reparaciones se trabajará en las grietas o tratar lo que se requiera.
En cambio, si no requiere de este trabajo extra, los artistas llegan con los permisos para comenzar y pintarlo con el boceto. Durante los trazos, la gente se acerca y la curiosidad los lleva a interactuar con los artistas.
Elti cuenta que la gente pasa y dialoga con ellos porque en la plática les dan ideas que ayudan a hacer cambios en el mural. Esto refuerza la identidad y la historia de los paceños que se va a contar en el mural.
“Hay gente que te platica la historia de sus familias como los pescadores. Hace poco me pedían pintar una vaquita marina porque están desapareciendo y nunca habían visto vaquitas marinas. Finalmente yo no soy dueño de lo que hago y pertenece a la calle y al espectador, ese diálogo incluye saber que estas cosas van a desaparecer”, relata.
A poco más de mil 800 kilómetros entre la bahía de La Paz, en Baja California Sur y la ciudad de San Pedro Cholula, Puebla, se encuentra Richard Becker, un estudiante de ingeniería que incide en el movimiento Hackers por Nuestro Futuro de la organización Nuestro Futuro A. C., donde las juventudes informan a la gente y se movilizan para comunicar sobre la crisis climática en México.
Richard, junto con las juventudes que forman parte de Hackers por Nuestro Futuro, traerán a Pueblas las ballenas del Golfo de California para crear un nuevo mural con la intención de denunciar, en el centro del país, los impactos del proyecto Saguaro e incentivar a que la población se informe para detener este proyecto.
Becker señala que el arte es fundamental para la campaña de la Coalición Ballenas o Gas, en especial, desde un movimiento y un espacio dedicado a la incidencia climática juvenil. Los murales ayudan mucho para tener creatividad y dar un toque propio a la conversación.
“Desde el momento en el que Conexiones Climáticas empezó a compartir toda la información referente a la campaña fue muy impactante porque, a través del movimiento Hackers por Nuestro Futuro, el proyecto Saguaro de Mexico Pacífic es todo por lo que estamos en contra. Es un proyecto extractivista y de iniciativa colonialista”, denuncia Richard.
Al conocer los posibles impactos letales que el proyecto Saguaro y el gasoducto Sierra Madre que la empresa Mexico Pacific pretende realizar, es que la colectividad de Hackers por Nuestro Futuro decide sumarse a la denuncia de dicho megaproyecto.
Con la creación de un mural y actividades como un drink and draw y un foro informativo para las personas, han ayudado a fomentar y divulgar las implicaciones que el megaproyecto de gas licuado amenaza al Golfo de California.
“El mural no solo es un catalizador del movimiento sino que también reparte la conversación por todo el territorio. Entonces es esta idea de descentralizar la conversación de las grandes ciudades como puede ser Guadalajara, Ciudad de México o La Paz, y llevarlo al territorio para que todos conozcan que nuestras ballenas, como mexicanos, las ponemos en riesgo por unos cuantos dólares”, explica.
Al igual que en La Paz, la ciudad de Cholula pondrá a las ballenas en el centro de la conversación, ya que desde el movimiento Hackers por Nuestro Futuro ya planean el diseño de otro mural.
“La idea del movimiento es que no solo es el ecosistema del Golfo de California el que está en riesgo sino, también, exacerbar la crisis climática porque es gas fósil. Estamos hablando de que esta megaplanta estaría quemando [el equivalente a] 18 millones de carros a nivel anual en producción de CO2. Es brutalisimo”, señala Richard.
Hasta ahora, el diseño de este nuevo mural ha integrado diferentes ideas que surgieron para crear un boceto final. En Puebla, además, buscan implementar elementos en los que la conversación de una transición energética justa también esté presente.
Este mural tendrá también un código QR en el que se ligue la campaña Ballenas o Gas, información del movimiento Hackers por Nuestro Futuro, la página de sobrevivientes y los perfiles de los artistas.
Hasta ahora, Richar adelanta que el mural tendrá elementos esenciales y que son parte del movimiento como:
“Se tiene que nombrar a esta empresa ecocida y tenerla en el escrutinio público, desde plasmarla en la pared”, denunció.
Aunque el diseño del nuevo mural en Puebla está en fase de planeación con miras a tener listos los permisos del municipio para comenzar a pintarlo, así como las actividades que lo complementan, Richard Becker señala que la planeación es un esfuerzo de muchas personas desde artistas, investigadores, activistas y juventudes preocupadas por la crisis climática en México.
“Elegí este camino del activismo porque es algo que he tenido presente desde muy morrito. Mis papás me lo transmitieron. Creo que este proyecto y estas causas, desde mi perspectiva como juventud e ingeniero en energía, es que si hay una razón por la que me metí a esta carrera es para dar soluciones a la crisis climática en el ámbito que más gases de efecto invernadero produce”, comparte.
Si quieres llevar a las ballenas del Golfo de California a tu ciudad, escribe a la Coalición Ballenas o Gas y contáctales a través del correo electrónico ballenasogas@gmail.com.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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