COP29: Los compromisos de México y la urgencia de una nueva meta climática de financiamiento global
Terminó la COP29 y con ello la participación de la delegación mexicana que se comprometió a alcanzar la meta de cero emisiones netas (Net Zero) para 2050, acción implementada para frenar los efectos adversos del cambio climático. Además, el país apoyó la aprobación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático (NCQG, por sus siglas en inglés).
Pese a estos anuncios, quedan también algunos pendientes como: contar con una meta específica que atienda la adaptación de las comunidades ante el cambio climático y fondos dirigidos a pérdidas y daños en sitios donde el impacto del cambio climático ya trastoca a las poblaciones.
En México, por ejemplo, existen dos grandes pendientes para las comunidades afectadas por el impacto de fenómenos climáticos extremos como los damnificados de Acapulco, Guerrero, tras el paso de los huracanes Otis -categoría 5- el 25 de octubre de 2023, y John, el 23 de septiembre, que fue categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.
Otro de los pendientes es el caso de la comunidad de El Bosque, en el municipio de Centla, Tabasco, que desde 2022, más de 30 familias perdieron sus casas por el incremento del nivel del mar y la asimilación de la costa. Esta población está reconocida como los primeros desplazados climáticos por efecto del cambio climático en México.
México y la adaptación al cambio climático
En el país se tiene la Estrategia Nacional de Cambio Climático en la que se identificaron 253 municipios ubicados en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Sonora con mayor atención para adaptarse al cambio climático.
Pese a que El Bosque fue declarada la primera comunidad de desplazados climáticos en México, ni el municipio de Centla, ni el estado de Tabasco donde habitan, están dentro de los municipios de atención prioritaria para adaptarse al cambio climático. Lo mismo sucede con Guerrero.
La actualización de la estrategia se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, fecha en que el expresidente Andrés Manuel Lopez Obrador terminó su sexenio.
Otro instrumento con el que México cuenta es el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2021-2024 destinado a implementar acciones que frenen el impacto negativo del cambio climático.
GFLAC: Los resultados de la COP29
Durante el seminario virtual “Resultados de la COP29: ¿Avances y retrocesos?” que organizó el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) expertos analizaron los principales logros y desafíos que dejó la reciente conferencia en Bakú.
Sandra Gúzman, fundadora y directora del GFLAC, señaló dos aspectos que destacacaron de esta cumbre. Por un lado, habló del contexto político actual y cómo tuvo influencia en el proceso de las negociaciones en la COP29, afectando el desempeño de la cumbre.
Pese a esto, llamó a reflexionar sobre la presencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones donde convergen las voces tanto de islas o pequeños países para dialogar y debatir sus avances en la materia.
“Los procesos de negociación no son blanco y negro (…) Como sociedad civil nos tenemos que poner a reflexionar sobre, para qué son estos espacios, qué falta reformar y no solo asumir que no funcionan porque, dentro de todo lo que nos toma, éste es uno de los espacios que tenemos para participar”, enfatizó Gúzman durante el seminario.
¿Por qué se habla de financiamiento climático?
Sobre el financiamiento climático, Gúzman acentuó que se trata de un tema angular dentro de las conversaciones que ocurren entre las naciones en materia de cambio climático ya que, desde que se genera la Convención se hace un llamado para que los países desarrollados asuman un compromiso de apoyo a los países en desarrollo.
Estos apoyos, desde su creación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, Brasil en junio de 1992, conocida también como “Cumbre de la Tierra”, se aprobaron hasta 1994, y corresponden a la responsabilidad histórica de los países desarrollados como principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI).
En ese sentido, cabe recordar que el punto 1 del artículo 9 del Acuerdo de París señala que las Partes que corresponden a países desarrollados deberán proporcionar recursos financieros a las Partes que son países en desarrollo para prestarles asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación, y seguir cumpliendo así sus obligaciones en virtud de la Convención.
La nueva meta climática
A unos días de que la COP29 finalizara, organizaciones de la sociedad civil en México e internacionales llamaron a exigir un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación Climática (NCQG, por sus siglas en inglés) que sumará a la ambición climática.
Organizaciones como Climate Action Network Latin America (CANLA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) en México se pronunciaron, en su momento, sobre la importancia de contar con esta Nueva Meta Colectiva frente a los avances de la negociación.
En un comunicado expresaron su preocupación al señalar que es fundamental que la NCQG responda a tener una meta justa sin que deje atrás los tres elementos clave para garantizar la justicia climática:
- Las Pérdidas y los Daños que enfrenta nuestra región exige un compromiso de financiamiento directo y explícito en el texto.
- La meta de financiamiento para la adaptación debe responder al Gap Report presentado en estos días y debería ser de un mínimo de 400 billones de dólares.
- Todas las capas de financiamiento que no sean públicas, deben ser adicionales. El centro del financiamiento climático debe ser los flujos públicos y no aumentar la deuda de los países en desarrollo.
Los compromisos de México
Como parte de la delegación mexicana que acudió a las negociaciones de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Barcena Ibarra, estuvo presente en la cumbre.
México llevó a la COP29 la política ecológica y ambiental de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la que buscan garantizar el derecho a un medio ambiente sano y la justicia ambiental.
Además, la Semarnat anunció en un comunicado que fortalecerá las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) que se presentarán en la COP30 de 2025 para reducir el calentamiento global.
Tras terminar la cumbre y con la exigencia global por una nueva meta climática, el gobierno de México se comprometió a alcanzar la meta de cero emisiones netas para 2050. Incluso instó a las Partes a implementar esta acción que frene los efectos adversos del cambio climático.
Una vez aprobado el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación Climática en la COP29, los países desarrollados acordaron triplicar la financiación a 300 mil millones de dólares anuales para 2035 destinados a cumplir con lo establecido en el Artículo 9 del Acuerdo de París.
Pese al monto asignado, la delegación mexicana señaló que el monto es insuficiente para cubrir las necesidades de los países en desarrollo en materia de mitigación y adaptación, así como para atender las pérdidas y daños derivados del cambio climático.
Con lo anterior, México solicitó que se trabaje hacia una meta requerida de 1.3 mil millones de dólares.
Desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) tras su participación en la COP29, se exige que México entre en una nueva era en la lucha climática y retome el liderazgo que tuvo en algún momento para la región.
En un comunicado recordaron que el perfil científico de la presidenta Claudia Sheinbaum al estar posicionada como una lideresa que puede ayudar a impulsar ese cambio. Esto trae a México a tener de nuevo presencia internacional con el ánimo de convertirse en un actor clave que impulse nuevas acciones climáticas.
“México ya fue un modelo a seguir y un agente de cambio en favor de los refugiados, en la lucha contra las armas nucleares, en el impulso del multilateralismo para conseguir una paz justa y duradera en el mundo. Es momento de retomar ese papel y ser un protagonista en la lucha climática”, señaló la delegación del CEMDA tras su presencia en la COP29.
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Un número récord de soldados rusos está siendo procesado por deserción. Muchos están siendo ayudados y ocultados por sus familias.
Los tribunales rusos han registrado un número récord de casos de soldados que desertan de sus unidades o no regresan a casa tras su tiempo de permiso, según una investigación del servicio ruso de la BBC. Muchos desertores se refugian en casa de familiares, quienes también corren el riesgo de ser procesados.
En la mañana del 23 de marzo de 2023, en un pueblo de la región de Stavropol en el sur de Rusia, un joven llamado Dmitry Seliginenko llevó a su novia en motocicleta para que pagara sus facturas en las oficinas de la autoridad local.
Seis meses antes había sido llamado a filas para combatir en Ucrania, en el marco de la movilización militar del presidente ruso Vladimir Putin.
En marzo de ese año debería haber vuelto al frente de combate.
Pero no regresó a su unidad tras 10 días de baja médica y ahora figuraba en la lista de personas buscadas por Rusia.
De camino por el pueblo, el joven fue localizado por su antiguo compañero de clase Andrei Sovershennov, que se había unido al cuerpo de policía tras terminar los estudios.
Sovershennov alertó a la policía militar y, poco después, tres hombres intentaron detener a Seliginenko mientras esperaba a su novia.
Seliginenko consiguió ponerse en contacto con su madre y su padrastro, que se dirigieron al pueblo para intervenir. Hay dos versiones diferentes de lo que ocurrió después.
Según la versión oficial de la policía, el padrastro de Seliginenko, Aleksandr Grachov, agarró las esposas de Sovershennov y gritó: “Arréstenme a mí”. A continuación, supuestamente empujó a un oficial al suelo y empezó a golpearle.
Según la versión de la familia, fue Aleksandr Grachov quien supuestamente fue empujado al suelo y golpeado tras exigir ver una orden de detención contra su hijastro.
Ambos acabaron en el hospital, y Grachov fue acusado posteriormente de agresión a un policía.
Seliginenko, por su parte, se subió al coche de sus padres y se marchó.
El incidente generó un acalorado debate en un grupo de chat creado por los habitantes del pueblo.
La familia de Seliginenko afirma que su hijo ni siquiera estaba destinado a alistarse en el ejército; que no se le sometió a un examen médico adecuado para ver si realmente era apto para el servicio, y que fue enviado al frente a pesar de dar positivo en las pruebas del coronavirus.
En enero de 2023, Seliginenko presentó afecciones en su piel, causadas por el frío extremo, y se le dio tiempo libre para descansar. Dos días después de llegar a casa, fue sometido a una operación gástrica. La familia argumentó que Dmitry no era apto para el servicio militar y que debería haber sido evaluado por una comisión médica militar.
No todos en el grupo de chat simpatizaban con sus argumentos, y en respuesta la familia publicó este emotivo llamamiento a sus vecinos.
“Aquí estás viviendo cómodamente en nuestro pueblo, pero ¿quién de ustedes vendrá con nosotros a un hospital de Pyatigorsk, Budyonnovsk o Rostov para ver cuántos soldados heridos yacen ahí?… Antes de juzgar a los demás, pónganse en la piel de la madre y su hijo que ya han sufrido tanto… Tienen a sus maridos e hijos a su lado; ¡será mejor que recen para que a ustedes no les pase lo mismo!”.
En marzo de 2024, Aleksandr Grachov fue encontrado culpable de agresión y multado con 150.000 rublos (US$1.500).
Dmitry Seliginenko no ha vuelto a su unidad militar y se desconoce su ubicación actual.
Ninguno de los involucrados quiso hablar con la BBC.
“Nos han quitado a todos los hombres”
A cientos de kilómetros del pueblo de la región de Stavropol, otros dos casos han sido llevados ante el juez en un tribunal de Buriatia, una república al otro lado de Rusia.
En el banquillo estaban el soldado Vitaly Petrov, que había desertado de su unidad, y su suegra, Lidia Tsaregorodtseva, que había intentado impedir que la policía local lo detuviera.
La BBC ha reconstruido lo sucedido a partir de documentos judiciales y del testimonio de personas familiarizadas con el caso, que no nombramos por razones de seguridad.
Vitaly Petrov, de 33 años, padre de dos hijos y originario de Sharalday, fue llamado a filas para combatir en Ucrania en 2022.
La región es una de las más pobres de Rusia. En otoño de 2022, tenía uno de los índices de movilización más altos del país, y también uno de los índices de muertes más elevados, según una investigación de la BBC y el medio de noticias independiente ruso Mediazona.
En junio de 2023, Petrov escapó de un hospital militar al que había sido enviado tras ausentarse previamente sin permiso y ser devuelto a la fuerza a su unidad a principios del mismo año.
Su suegra dice que él no era apto para el servicio militar y que sufría dolores de cabeza. Ella también declaró ante el tribunal que Petrov había sido objeto de violencia y extorsión en su unidad militar.
Los fiscales militares afirman que Petrov simplemente intentaba evitar ser enviado de nuevo al frente.
Durante el verano y el otoño de 2023, Petrov se escondió en casa de su suegra. Pasaba la mayor parte del día en el bosque cercano, buscando piñones, setas y frutos rojos, y volvía a casa de vez en cuando por la noche para dormir.
Grigory Sverdlin, activista de la ONG Run to the Forest, que ayuda a los soldados que han desertado a huir del país, calcula que alrededor del 30% de los desertores se quedan dentro de Rusia, mientras que el resto se va al extranjero. Según Mediazona, hay más de 13.000 casos en los tribunales rusos por cargos de deserción y ausencias sin permiso.
En diciembre de 2023, la policía armada se presentó en la casa por la noche para detener a Petrov.
Lo que ocurrió después tiene de nuevo versiones diferentes.
Tsaregorodtseva afirma que la policía derribó la puerta e irrumpió en la casa, apartándola a ella y a sus dos nietas pequeñas aterrorizadas mientras empezaban a registrar la vivienda y a levantar las tablas del suelo con un hacha.
También afirma que la policía no le mostró su identificación ni una orden judicial, algo que las autoridades niegan, según los documentos judiciales. También señalan que no registraron la casa ni movieron nada.
Tanto la familia como la policía afirman que Petrov salió de su escondite en el sótano y sus hijas corrieron hacia él.
En los documentos judiciales, tanto la familia como la policía se acusan mutuamente de violencia, ya que se produjo un altercado mientras los policías intentaban detener a Petrov.
Él fue arrastrado afuera de la casa y, según sus hijas pequeñas, la policía lo golpeó con una pistola eléctrica. El investigador principal del caso fue trasladado al hospital con quemaduras producidas por agua hirviendo durante el altercado.
Tanto Petrov como Tsaregorodtseva fueron procesados. Petrov fue condenado a seis años de prisión por ausentarse sin permiso. Su suegra fue condenada a dos años de cárcel y a pagar una indemnización de 100.000 rublos (casi US$1.000) al agente de policía que resultó herido durante el altercado.
Una fuente familiarizada con el caso declaró a la BBC que la esposa de Vitaly Petrov se sentía aliviada de que su marido estuviera en la cárcel y no de vuelta en el frente de guerra.
Una fuente de la BBC también dijo que la guerra estaba pasando factura a los habitantes de las zonas rurales.
“Nos han quitado a todos los hombres de los pueblos, no queda nadie para hacer el trabajo duro, cuidar de los animales y prepararse para el invierno. Un niño está enfermo, el otro está muerto de miedo. Si me perdonan la expresión, en los pueblos sólo quedan las mujeres silbando al viento”.
La misma fuente dijo que muchos hombres de la localidad se sentían en “una situación imposible”: enviados a la guerra quisieran o no, mientras sus familias se quedaban luchando solas en casa.
Siete años por deserción
Otro caso visto por la BBC fue el de un soldado condenado.
En enero de 2023, Roman Yevdokimov, de un pueblo de la frontera ruso-mongola, fue condenado a siete años de prisión por desertar de su unidad.
Este hombre de 34 años, que había sido condenado en dos ocasiones por robo, fue llamado al servicio militar en octubre de 2022 como parte de la movilización nacional de Putin.
Yevdokimov pasó sólo un mes en el ejército antes de ausentarse sin permiso y regresar a casa. Pasó un tiempo escondido en el bosque y sus familiares lo ocultaron en el sótano de la casa de su suegra, hasta que finalmente las autoridades militares lo atraparon y fue enviado a prisión.
Pero como delincuente convicto, le ofrecieron la oportunidad de ir a luchar a Ucrania, en lugar de cumplir su condena. Yevdokimov sobrevivió seis meses como soldado de asalto y, según las normas de entonces -que se han modificado-, fue liberado y regresó a casa en abril de 2024.
Su familia dice que los seis meses que pasó en el frente le han dejado traumatizado e incapaz de volver a su vida anterior. Ahora pasa gran parte del tiempo en el bosque, donde antes se escondía de la policía militar.
Como soldado de asalto reclutado en prisión en 2023, cuenta con un indulto oficial que anula su condena de siete años de cárcel por deserción, pero no hay documentos que demuestren que luchó en el ejército y resultó herido en acto de servicio.
Muchos veteranos de combate reclutados en prisión intentan ahora llevar al Ministerio de Defensa ruso ante los tribunales para exigir el reconocimiento de su estatus.
Pero para Yevdokimov, el viaje de cuatro horas a la oficina de reclutamiento más cercana para tratar de resolver sus problemas es simplemente demasiado como para considerarlo.
“Cuando lo fui a ver, él con algunos tragos encima, dijo: ‘¿Quizás debería inscribirme para ser un soldado por contrato?'”, dijo su hermana a la BBC.
“No lo dejaré ir y tiene miedo de dejarme porque sabe lo mucho que me preocupo por él. Pero quiere volver con sus compañeros, porque algunos se están muriendo y está preocupado por ellos. Está sufriendo por estar allí”.
Estos casos son sólo una pequeña fracción del elevado número que llega ahora a los tribunales.
Los registros oficiales muestran que en 2024, alrededor de 800 soldados fueron condenados cada mes por ausentarse sin permiso, no cumplir órdenes o desertar de sus unidades. Según Mediazona, esta cifra duplica la del año anterior y multiplica por más de 10 el número de condenas antes de la guerra.
No hay estadísticas oficiales sobre cuántos familiares han sido también condenados por ayudar a soldados que se han fugado.
*Información adicional de Olga Ivshina
Editora: Olga Shamina
Ilustraciones del equipo de periodismo visual ruso de la BBC
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