
Los vecinos de la colonia San Damián de Mérida casi no durmieron durante dos años tras enterarse de que los trabajadores que abrían una zanja frente a sus casas, quienes aseguraban estar instalando fibra óptica o tuberías para el agua potable, en realidad estaban poniendo un ducto para llevar gas natural (metano) a una galletera.
“Hay que hacer ruptura de calles para el ingreso de estas tuberías, pero serán molestias temporales para beneficios permanentes. Quienes saldrán ganando serán todos los meridanos”, afirmó en 2019 el exalcalde Renán Barrera Concha.
El proyecto llamado Zona Metropolitana de Mérida preocupó a los vecinos, conscientes de que una fuga de gas en el suelo kárstico en el que Mérida apoya, que es frágil y lleno de cuevas subacuáticas, podría causar un desastre muy grande.
Engie, la empresa que estaba construyendo el gasoducto en su colonia a través de Tractebel GNP, se ha visto involucrada en dos explosiones de ductos en Matamoros, Tamaulipas, que causaron la muerte de dos personas y quemaduras graves a una mujer. La empresa nunca se hizo cargo de las consecuencias, e incluso negó tener alguna relación con los hechos. Además, Engie ni siquiera cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil o de Responsabilidad por Daño Ambiental.
El gobierno, a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), abrió una investigación para determinar si hubo negligencias o fallas en la infraestructura de la empresa.
Animal Político contactó a la empresa para una entrevista y pedir postura sobre el tema, pero no recibió respuesta.

Patricia Velázquez Marvan, quien vive en San Damián desde hace cuarenta años, decidió organizarse con sus vecinos. Despertaban temprano para bloquear las obras con sus carros, iban de casa en casa hablando de sus implicaciones, hacían guardia y organizaban marchas, plantones, rifas para pagar abogados y presentar amparos.
“Fue de 2021 a 2023: dos años de estrés, de agotamiento emocional y físico”, recuerda Patricia.
En su cuenta de Facebook, los vecinos de la colonia San Damián de Mérida publican artículos sobre accidentes a gasoductos relacionados de alguna forma a la empresa Engie: dan seguimiento a las explosiones en Matamoros y monitorean nuevos casos, como dos fugas que se registraron durante julio, una en Zapopan y otra en Puebla.
Para detener las obras de Engie, los vecinos de San Damián presentaron cuatro amparos. Están todos fundamentados en las amenazas al medio ambiente que la obra conlleva y en la falta de consulta.
“Nuestros amparos se fundamentan en violación en cuanto al acceso a la información y a la participación pública en asuntos ambientales: la Constitución reconoce que frente a cualquier proyecto que tenga un impacto sobre el ambiente las autoridades tienen que brindar informaciones sobre el proyecto a los afectados, que sean indígenas a no, y garantizar mecanismos de participación donde puedan expresar sus preocupaciones. Además, éstas se tienen que tomar en cuenta”, explica Roberto Sánchez Campos, abogado de Kanan Derechos Humanos, organización que apoyó a los vecinos en la presentación de dos amparos.
La empresa intentó violar la suspensión en varias ocasiones. “Acudimos al lugar para impedir que trabajaran, nos manifestamos con nuestros vehículos y nos paramos frente a ellos”, dice Mario Cupul Aguilar, otro de los vecinos. “No se puede vivir tranquilos con Engie, no se sabe cuándo pueden regresar”.

Emiliano Monroy-Ríos, experto en karst, es decir, especializado en el estudio de las formaciones geológicas características de los terrenos kársticos, egresado de la Northwestern University, dice que la construcción de cualquier infraestructura en suelo kárstico conlleva peligros y, en el caso de un gasoducto, hasta el más mínimo hundimiento del terreno podría generar una fuga.
“Además, si los ductos entran a contacto con el agua subterránea aumenta la posibilidad de fugas pues, a pesar de ser dulce, esta agua tiene una gran cantidad de iones de sal que pueden corroer la tubería”, explica el académico.
Esto hace necesario que se utilicen métodos de protección catódica en la infraestructura instalada. Los expertos del Virginia Cave Board también afirman que la corrosión de las tuberías podría ser acelerada por la pirita, un mineral que se encuentra en la roca caliza y que puede provocar la producción de ácido sulfúrico, aunque su presencia no ha sido reportada ampliamente en Yucatán.
La presencia de un ambiente kárstico preocupa a los vecinos de la colonia San Damián también porque, en caso de fugas, las cuevas subterráneas se podrían llenar de gas. “El gas podría meterse a las cuevas y caminar por todo el subsuelo. Si encontrara una fuente de ignición causaría una grandísima explosión”, dice Gabriela Reyes Gómez, también vecina.
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Las inquietudes de Gabriela tienen una base científica, como las investigaciones del ya citado Virginia Cave Board, cuyos expertos aclaran que la posibilidad de un accidente así no es altísima, sin embargo, si sucediera sería un desastre mayor.
También hay estudios que documentan la rapidez con la que el contaminante se propagaría en el agua de las cuevas subterráneas e investigaciones sobre cómo la construcción y operación de oleoductos y gasoductos, sobre todo en zonas kársticas, puede reducir la cantidad y calidad del agua, afectar especies endémicas dentro de las cuevas, alterar la dirección de los flujos e incluso causar la pérdida de fuentes de agua para las poblaciones.

El gasoducto Zona Metropolitana de Mérida, cuyas obras han sido detenidas por los cuatro amparos presentados por los vecinos, se conecta con otro ducto de Engie, llamado Mayakán, igual que otros gasoductos que cruzan la ciudad.
Desde 1999, Mayakán transporta metano del centro procesador de gas de Nuevo Pemex, en Tabasco, hasta la ciudad yucateca de Valladolid. En su camino surte cuatro centrales de ciclo combinado que, a través del vapor del gas, generan el 80% de la energía eléctrica que se produce en la Península de Yucatán.
Como muestran los frecuentes apagones, las centrales de la región no satisfacen su apetito de energía, especialmente la voracidad de la industria turística quintanarroense, en continua expansión, y el crecimiento poblacional que la acompaña: por sí solas, Cancún y Playa del Carmen cubren alrededor del 35% del consumo eléctrico de toda la Península.
Por esto, de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2023-2037, la Península “importa” de Chiapas unos 4.900 GWh al año y en los próximos 15 años va a querer todavía más, pues según el PRODESEN su consumo eléctrico aumentará del 60%.
Con el Tren Maya aumentará considerablemente el consumo eléctrico en la Península, alerta el colectivo Geocomunes en su documento Reestructuración energética en México: subordinación territorial en el noroeste y sureste de México.
De acuerdo con la investigación, este incremento se debe especialmente a que el 44% de la ruta del Tren Maya está electrificada, pero también a la necesidad de sostener los proyectos que el ferrocarril detonará. “Además del aumento en el movimiento de mercancías y de la expansión de complejos industriales-extractivos, el proyecto del Tren Maya fomentará la expansión turística e inmobiliaria en la región”, dice el texto.
En el caso del rstado de Yucatán, el “Plan Renacimiento Maya” del gobernador electo Joaquín Díaz Mena establece los pormenores de esta expansión. Entre otras cosas, prevé el impulso a zonas industriales dedicadas a la agroindustria, al sector textil y a la producción de alimentos y bebidas, que serán alimentadas con gas.

“Ya se tiene contratado el gas en Texas, es lamentable que no lo estemos extrayendo en México”, dijo el presidente López Obrador en 2020, al anunciar el Plan Integral de Energía para Yucatán.
Para Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad Autónoma de México (UNAM), México tiene un problema de soberanía energética.
“Alrededor del 90% del gas que el sector eléctrico consume viene de EU, aunque no tenemos seguridad sobre su abastecimiento en el futuro. Estamos invirtiendo en una enorme infraestructura de transporte de gas y en centrales de ciclo combinado, pero hay analistas independientes que, a diferencia de lo que afirma la Agencia Internacional de Energía (IEA), prevén que ya el próximo año EU tocará su pico de producción”, dice Luca Ferrari. “Además, hay que considerar que el metano es un combustible fósil y no es renovable. Es cierto, como dice el gobierno, que produce menos partículas y emisiones de gases de efecto invernadero que el combustóleo o el carbón, pero sigue contaminando muchísimo”.
Los gasoductos actualmente en construcción en el Sureste acompañan a las infraestructuras estrella de la 4T: desde Tuxpan (Veracruz), Puerta al Sureste llega hasta la refinería Dos Bocas y se conecta con otro que va de Jáltipan (Veracruz) a Salina Cruz (Oaxaca), siendo parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Desde el Istmo se desprenderá un ducto, llamado Prosperidad, que seguirá otra vía férrea prevista por el mismo megaproyecto: la que del Istmo lleva a Guatemala.
En junio también empezaron las obras de la duplicación de Mayakán, el gasoducto que corre casi paralelo a una parte del ferrocarril Coatzacoalcos- Palenque, que es parte del Corredor Interoceánico, y a los primeros cuatro tramos del Tren Maya.
Con estas obras, López Obrador cumple el sueño que fue del Plan Puebla Panamá de Vicente Fox y del Proyecto Mesoamérica de Felipe Calderón: construir una red de gasoductos que conectan Estados Unidos, México y Centroamérica.
La duplicación del gasoducto Mayakán, diseñado para transportar hasta 567 millones de pies cúbicos diarios, responde a la necesidad de sostener la creciente demanda turística e industrial en la Península de Yucatán con gas proveniente de Estados Unidos.
Desde 2009, cuando México alcanzó su pico de producción, esta ha caído un 67%. Según el Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 2022-2026, el 80% del metano consumido en México es importado, principalmente de Estados Unidos, donde los precios son bajos debido a un excedente de producción.
En 2022, Engie afirmó que, a través de su subsidiaria Energía Mayakán, iba a invertir 1500 millones de dólares en una nueva obra llamada Cuxtal II -denominada también “ampliación de Mayakán”-, cuya construcción empezó este 12 de junio y se prevé que termine en 2027.
El ducto inicia su camino de más de 700 kilómetros en el complejo procesador de Cactus, en Chiapas, y lo terminará en Valladolid. La obra no tiene una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), según contestó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) a una solicitud de información, y CFE prevé que, en una fase sucesiva, llegue hasta Cancún.
A partir de mayo de 2025, Cuxtal II tendría que alimentar a las dos plantas termoeléctricas de ciclo combinado que, con una inversión total de 1200 millones de dólares, se están construyendo en Yucatán. Una se llama Mérida IV, se encuentra en la homónima ciudad yucateca y tiene capacidad de 499 megawatts. La otra es la central Riviera Maya en Valladolid, que tiene capacidad de 1,020 megawatts.
Los vecinos de San Damián están preocupados porque, sobre todo a causa de la presencia del suelo kárstico, la amenaza no existe sólo en su colonia, sino en cada rincón de Mérida y de la Península de Yucatán que es atravesado por un gasoducto.
“Legalmente podemos impedir su paso sólo frente a nuestras propiedades, pero en el resto de la ciudad también nos preocupa: una podría ir a la tienda y explotar”, dice Silvia Reyes Gómez. “Es un riesgo constante y lo que realmente ayudaría es que esté bien legislado”.
Tras el reportaje “Una podría ir a la tienda y explotar: vecinos de Mérida frenan gasoductos por temor a fugas y explosiones”, ENGIE buscó a Animal Político para afirmar que “en dicha publicación se mencionaron varios puntos que, desafortunadamente, no corresponden con los hechos y requieren ser clarificados para evitar malentendidos o confusión en la opinión pública”, en una carta aclaratoria que se publicará más adelante.
Para que la aclaración fuera más exhaustiva la periodista Orsetta Bellani entrevistó a Daniel Loaiza, Gerente Sr. de Comunicaciones de ENGIE México. Durante la conversación, Loiza aseguró que la empresa francesa consultó a la población antes de empezar las obras de construcción del gasoducto Zona Metropolitana de Mérida. Sin embargo, como relatamos en nuestro reportaje, un juez dispuso la suspensión de la obra justo a causa de la falta de consulta previa.
“No tengo real conocimiento del estatus legal del amparo”, afirmó el gerente de comunicación de la empresa francesa cuando se le señaló que las obras de construcción del gasoducto continuaron, como documentan fotografías de los vecinos, a pesar de la suspensión. También se le preguntó a Loiza sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de esta obra, pues el documento afirma que el gasoducto pasa por una zona industrial, cuando en realidad se trata de un área densamente poblada. Sobre este punto no obtuvimos respuesta.
Loiza insistió sobre la inexactitud de la afirmación de que ENGIE no cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil o de Responsabilidad por Daño Ambiental. Efectivamente, la empresa nos compartió una copia de sus seguros, vigentes desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, el 26 de enero de 2022, cuando una fuga de un ducto en Matamoros causó la explosión de un Seven Eleven que mató a dos personas, ENGIE no estaba cubierta por ninguna póliza, hecho que llevó a las autoridades a sancionar a la empresa.
ENGIE afirma que el daño a la tubería que causó la explosión de la tienda de conveniencia fue causado por terceros, pero no presentó pruebas. La compañía imputa a terceros también la explosión del pasado 29 de septiembre en Tampico y la que ocurrió en Ciudad Madero el 10 de octubre, que causó la muerte de una joven de 25 años tras dos meses de hospitalización, y tampoco presentó pruebas.
Otro accidente sobre el que ENGIE no asume responsabilidad ocurrió en Matamoros el 29 de junio de 2023 y causó a Thalía Martínez, una mujer de 36 años y madre de 3 hijos, lesiones de tercer grado en 60% de su cuerpo, amputaciones y daños permanentes, que la llevaron a enfrentar una veintena de cirugías. “No está determinado si la explosión se debe a gas, hay una investigación abierta”, afirmó Loiza durante la entrevista.
El gerente de comunicación de la empresa francesa afirmó también que, junto con Bomberos y Protección Civil, sus equipos especializados confirmaron que no había presencia de gas en el aire, pero omitieron decir que la Junta de Aguas y Drenajes sí detectó porcentaje de explosividad en las alcantarillas frente al domicilio de Thalía.
Otro tema tratado en nuestro reportaje son los posibles daños al medioambiente que la instalación de un ducto de gas conlleva, sobre todo en un suelo kárstico como el de la Península de Yucatán, y que documentamos a través de entrevistas con investigadores especializados y documentos redactados por expertos. Sobre esto, ENGIE aclara: “Este proyecto no representa una amenaza al medio ambiente como se ha firmado, no hay riesgo ambiental asociado a nuestras instalaciones“.
En dicha publicación se mencionaron varios puntos que, desafortunadamente, no corresponden con los hechos y requieren ser clarificados para evitar malentendidos o confusión en la opinión pública. A lo largo del reportaje, se realizaron diversas acusaciones en contra de nuestra empresa, ENGIE, en relación con diferentes sucesos que a continuación enunciaré.
Fuga de gas en Zapopan, Jalisco. En el mes de julio del presente año, hubo un reporte de fuga ocasionado por daño a nuestra red, a raíz de trabajos de reparación en las calles –que cabe resaltar no son responsabilidad de ENGIE–, misma que fue atendida en tiempo y forma en coordinación con Protección Civil y bomberos.
Fuga de gas en Puebla. Se hace referencia sin contexto en el reportaje a una fuga en Puebla en Julio, sin mencionar que ocurrió debido a la ruptura de un ducto durante la realización de una obra particular en la zona, y que fue atendida oportunamente por nuestro equipo técnico en coordinación con Protección Civil y bombero, como fue reportado en medios locales.
Casos Tamaulipas. Otras menciones en forma de ataque hacia nuestra empresa son los casos mencionados, promoviendo la desinformación en sus lectores y seguidores. En el incidente de 2022 donde hubo 2 lamentables decesos, la fuga de gas fue causada por daños a nuestra red durante trabajos de construcción no informados a ENGIE, aun así, la empresa se acercó a ambas familias para ofrecerles apoyo para gastos médicos y funerarios, sin ningún tipo de condiciones u obligaciones asociadas.
En donde me gustaría profundizar más, es en la segunda referencia de Tamaulipas, en la ciudad de Matamoros en 2023, en donde lamentablemente una mujer resultó gravemente lesionada. Por supuesto, respetamos la libertad de expresión y el derecho a la opinión, pero es necesario aclarar que este caso está actualmente bajo investigación por parte de las autoridades, sin que se hayan determinado las causas. Por lo tanto, consideramos inapropiado y aventurado emitir juicios prematuros o hacer afirmaciones sin comprobar, que puedan influir en la percepción pública antes de que se concluyan las investigaciones oficiales.
Asimismo, nos gustaría informar que, mediante representantes del área Legal y Ética de la empresa, hemos establecido contacto directo con la familia y el equipo legal de la afectada.
Además, afirmaciones como que “la empresa nunca se hizo cargo de las consecuencias”; y que “Engie ni siquiera cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil o de Responsabilidad por Daño Ambiental”; son infundadas e inexactas, ya que la empresa cuenta con todos los seguros de Responsabilidad Civil y por Daño Ambiental vigentes, tal como lo exigen las normativas locales e internacionales, y mantenemos un firme compromiso con la seguridad y la protección del entorno en todas nuestras operaciones.
Con respecto a la afirmación de que nuestra infraestructura en la Colonia San Damián, Mérida representa una amenaza al medio ambiente, queremos aclarar que esto es completamente falso. No existe ningún riesgo ambiental asociado a nuestras instalaciones en dicha colonia. Los gasoductos que operamos cumplen con las normativas ambientales nacionales e internacionales más estrictas, asegurando que no representan peligro para el entorno o para las personas. Esto se lo hemos hecho saber a los vecinos de dicha colonia, ya que mantenemos contacto constante con ellos para que nos puedan compartir todas sus dudas y asegurarnos que estén informados sobre el proyecto.
Por último, nos gustaría precisar que no se recibió por los medios disponibles ningún intento de comunicación con la empresa previo a la emisión de este reportaje por lo que amablemente solicitamos la publicación de esta réplica para aclarar los hechos que en él se mencionan.
En ENGIE, mantenemos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y la comunidad. Continuaremos colaborando con las autoridades y poniendo a su disposición toda la información necesaria para esclarecer este lamentable incidente.
Solicitamos que se rectifique públicamente la información y se aclaren los puntos mencionados, ya que la difusión de este tipo de errores genera desinformación en torno al gas natural, que además de ser un combustible ecológico, es el más seguro por ser más ligero que el aire. Este sector es ampliamente regulado y vigilado por las autoridades competentes y terceros independientes, quienes verifican en todas nuestras actividades el cumplimiento de las normas y regulaciones nacionales e internacionales que garantizan la seguridad de nuestras operaciones y de la de todos los participantes del sector.
Quedamos a disposición de su equipo para brindar toda la información técnica y detallada que sea necesaria para corregir las imprecisiones publicadas.
Atentamente,
Daniel Loaiza
Gerente de Comunicación y Branding de ENGIE México

El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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