La motocicleta de Julio Mora brinca entre los hoyos de la pradera de Juan Mata Ortiz, en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. Sabe qué dirección tomar, como si se moviera en caminos señalados en lugar de entre mezquites y madrigueras de roedores.

Julio Mora ama la nieve que en invierno cubre los pastizales y la lluvia que en septiembre enverdece las praderas que hasta hace unos cien años eran territorio de apaches y bisontes. Lo que el ejidatario teme son las sequías que en los últimos tres años se llevaron la mitad de sus vacas, y un gasoducto que la empresa Mexico Pacific quiere construir bajo de sus terrenos.

Se llama Sierra Madre y llevará gas shale, extraído con el método del fracking en Texas, hasta la planta de licuefacción Saguaro Energía, en la costa de Sonora, donde será cargado en buques gigantes y transportado hasta Asia, impactando el trabajo de los pescadores locales, la vida de las ballenas y de muchas otras especies del Golfo de California. Se trata de un megaproyecto muy contaminante: las emisiones de su ciclo de vida completo serán equivalentes a las emisiones de Portugal y Suecia juntos.

“Me preocupa que el gas se pueda fugar e infiltrarse al pasto, eso sería un problema sobre todo para el ganado, que de esto se nutre. Más adelante, ya entrando a la sierra, el gasoducto afectaría muchísimos árboles”, dice Julio Mora, quien se dedica al ganado por pasión pero, como casi todo el mundo en Mata Ortiz, vive de la alfarería.

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“Cuando la empresa vino a la asamblea ejidal nos habló bien bonito, pero no contestaron preguntas relacionadas, por ejemplo, con el pago por metro cuadrado o las posibles afectaciones. No podemos aceptar algo que no tenemos claro”, dice Julio Mora.

“Quienes nos oponemos a Saguaro Energía vemos el gasoducto como parte del conjunto, con la planta de licuefacción y los buques metaneros. Por esto criticamos que la MIA ha sido fragmentada: hay una para cada parte del megaproyecto, cuando tendría que haber una única que analice sus impactos acumulativos. Nuestro entendimiento tendría que ser completo, nada tiene razón de existir sin el resto”, dice Claudia Campero, de la organización Conexiones Climáticas, que es parte de Ballenas o Gas, coalición que impulsó movilizaciones en contra del megaproyecto y juntó unas 300 mil firmas para pedir su cancelación.

“Hasta el momento Saguaro Energía existe sólo en el papel, entonces es la mejor oportunidad para no permitir que suceda”, afirma Claudia Campero.

El 1 de diciembre pasado, durante la rueda de prensa mañanera, una periodista cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la falta de claridad alrededor de los avances e impactos del proyecto Saguaro Energía.

“No es irregular, no hay irregularidad. Se está revisando la disponibilidad de gas y si se requiere de un gasoducto adicional o no”, afirmó Sheinbaum refiriéndose al ducto Sierra Madre. En realidad, los jueces sí detectaron irregularidades en Saguaro Energía que, según las organizaciones de litigio, está detenido por diez amparos.

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Sheinbaum dijo que se trata de un excelente proyecto de inversión y que el gobierno definirá cómo deberá operar sin afectar a la biodiversidad. Sin embargo, un día después la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado oficial dirigido al gobierno mexicano en el que expresa profunda preocupación por los megaproyectos de gas fósil licuado propuestos en el Golfo de California —en particular la instalación de los gasoductos Sierra Madre y Corredor Norte, y de cuatro terminales: Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG, GNL Cosalá— cuestionando su legalidad, viabilidad climática y compatibilidad con los derechos humanos y con algunos tratados internacionales firmados por México.

“La quema de combustibles fósiles constituye una de las actividades humanas con mayor impacto sobre el clima de la Tierra”, escribe la ONU en su carta. En su programa Máxima Nota, el colectivo Eskuela Radical, de Chihuahua capital, ha sido muy duro al comentar la rueda de prensa de Sheinbaum: “¿qué vamos a ganar con que los gringos manden gas a Corea? ¿Dónde está el beneficio? Solamente estoy viendo riesgos y al gobierno de Claudia Sheinbaum defendiendo abiertamente intereses de los petroleros texanos”, dijo Nayo Rodríguez, integrante de la organización.

En defensa del perrito de la pradera

Si hay alguien que sabe de formas creativas de protesta, son los integrantes del colectivo Eskuela Radical: llegaron a vestir una botarga de perrito de la pradera de cola negra —un roedor ya en peligro de extinción, cuyo hábitat quedaría afectado por el paso del gasoducto— para pedir firmas en su defensa.

“En mayo de este año juntamos firmas para exigir una audiencia pública con el gobierno. Se trata de uno de los instrumentos previstos por la ley de participación ciudadana que impulsamos hace poco menos de diez años. Se puede pedir como organización, no hace falta juntar firmas, pero de todos modos decidimos hacerlo para que no pareciera una lucha sólo nuestra”, dice Carlos Olvera Fernández, director de la Eskuela Radical.

Fue tiempo después que Ulises Fernández Gamboa, secretario de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua —al que Animal Político envío varias preguntas sin tener respuesta—, aceptó organizar una audiencia pública sobre el gasoducto Sierra Madre, cuya fecha todavía no se establece.

“Que nos hayan dado una audiencia pública no significa que se va a detener el gasoducto. En estas audiencias el gobierno sólo comparte información, pero lo que estamos buscando es mayor difusión, porque muy poca gente sabe al respecto”, afirma Olvera Fernández.

No es posible conocer el trazado exacto del megaproyecto, pues sus coordenadas de ubicación han sido reservadas para no comprometer la seguridad nacional. Sin embargo, de acuerdo con la Eskuela Radical, pasará por debajo del Palanganas, un río importante en la zona porque, a diferencia de arroyos que cruzan las praderas chihuahuenses, es permanente y su existencia no depende de las lluvias.

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“Sierra Madre romperá ecosistemas y la gente de la zona no recibirá beneficios, no nos parece justo que usen Chihuahua como zona de sacrificio”, dice René Moreno Medina, integrante de la Eskuela Radical, sentado en la sala de grabación del noticiero que la organización difunde a través de su canal de Youtube.

“Quieren dar una propina a los ejidos para que les den derecho de vía. La información que tenemos es que algunos los han bateado y otros sí han aceptado el paso del gasoducto”, afirma.

Que el gasoducto no cruce por aquí

En el patio de su casa, Alma Delia Soto Villa, esposa de Julio Mora, muestra cómo en Mata Ortiz preparan el barro que se usa para hacer cerámicas. Luego agarra una pelotita, la aplasta como si fuera una tortilla y la moldea hasta crear un pequeño recipiente.

Julio Mora la acompaña en la explicación de la técnica, mostrando las obras expuestas en su casa. Los alfareros de Mata Ortiz, dice Julio, usan puras arcillas locales, y hasta el momento nadie se ha preguntado si las fugas del gasoducto podrían llegar a contaminarlas. Tampoco se están preocupando de que la obra pueda afectar al turismo, que viaja hasta el pueblo para comprar sus célebres vasijas y visitar el cercano sitio arqueológico de Paquimé.

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El alfarero explica que el megaproyecto dividió al pueblo de Juan Mata Ortiz: los veinte ejidatarios que, como él, quedarían directamente afectados por la obra están en contra de su construcción, pero muchos otros están a favor, también porque las ganancias se repartirían entre todo el ejido.

“Lo que quiero no es dinero, sino que el gasoducto no cruce por aquí”, dice Julio Mora. “No sabemos qué pasará: nos dijeron que aunque la asamblea ejidal no otorgue el permiso para construir el gasoducto, lo van a hacer”.