México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno.  En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas.

Lo que México Evalúa

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2024 ya es uno de los años más caóticos en materia de suministro eléctrico del presente siglo. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) reportó este 11 de mayo, por segunda vez en menos de una semana, un estado de alerta al registrar reserva de generación de electricidad menor al 6 %. Esto es algo que se observa de tanto en tanto en nuestro sistema, pero nunca de manera tan frecuente. El incremento de la temperatura en gran parte del territorio mexicano ha obligado a la población a consumir más electricidad para enfriar el ambiente y la comida, pero a un grado en que la oferta de energía no ha podido cubrir la demanda. Esto ha llevado a que, en plena ola de calor, las autoridades hayan programado apagones en zonas de por lo menos 15 estados, con el objetivo de estabilizar el sistema. 
Esta intermitencia en el suministro eléctrico es reflejo de la intermitencia presupuestaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El gobierno de Andres Manuel Lopez Obrador se encamina a ser el peor en inversión de la CFE comparado a sexenios anteriores. De hecho, para fines de 2023 no solamente este rubro no creció, sino que presentaba una caída importante. **
<h2>Gráfica 1. La menor inversión en 3 sexenios</h2>
En el gobierno actual, pese al discurso de apoyo a la CFE por parte del Ejecutivo, en realidad la paraestatal ha recibido menos dinero del Estado que en los tres mandatos anteriores. Durante el periodo de Fox, la inversión en términos reales de la CFE promedió 43.12 mil millones de pesos (mmdp); con Calderon 54.85 mmdp y con Peña 49.33 mmdp. Con Lopez Obrador, el promedio está en 39.02 mmdp. Respecto al sexenio anterior cayó 21%.
<h2> <img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1401563" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Gasto-en-inversion-de-CFE.jpg" alt="Gráfica con el gasto de inversión en la CFE en los últimos cuatro sexenios." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Gasto-en-inversion-de-CFE.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Gasto-en-inversion-de-CFE-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Gasto-en-inversion-de-CFE-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Gasto-en-inversion-de-CFE-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Gráfica 2. Las consecuencias inmediatas de la desinversión</h2>
Este desplome en inversión le ha salido caro a sectores prioritarios, como son la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La falta de inversión se hace más patente si la ponemos frente al sexenio anterior (2018): la partida para generación quedó a prácticamente a la mitad, 49 % (12.85 mmdp), la transmisión bajó casi 17 % (1.88 mmdp) y la distribución 37 % (3.36 mmdp). Además, al cierre de 2023, el gasto gubernamental en generación de electricidad alcanzó su segundo nivel más bajo del sexenio.
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<h2>Gráfica 3. Los excesos de la “austeridad” (o del desaprovechamiento)</h2>
El problema de la baja inversión física de la CFE es reflejo del desaprovechamiento del presupuesto. Durante todo el sexenio, este egreso de la CFE ha sido 22 % inferior al monto aprobado. Es el doble de la administración anterior, en la cual los subejercicios promediaron 11 %.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1401567" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Subejercicio-en-el-gasto-de-inversion-CFE.jpg" alt="Gráfica con los datos del subejercicio de los gastos de inversión en la CFE." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Subejercicio-en-el-gasto-de-inversion-CFE.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Subejercicio-en-el-gasto-de-inversion-CFE-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Subejercicio-en-el-gasto-de-inversion-CFE-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Subejercicio-en-el-gasto-de-inversion-CFE-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
<h2>Gráfica 4. Menos dinero es menos generación de electricidad para más usuarios</h2>
Debido a la disminución de la inversión, la capacidad instalada de la CFE apenas ha crecido 4.54 % frente a 2018. En cambio, con la administración anterior aumentó 8.41 % frente a 2012. No sorprende, entonces, que la generación de electricidad al día de hoy sea 12 % menor a lo producido durante 2018.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1401568" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Generacion-bruta-de-electricidad-CFE.jpg" alt="Gráfica con los datos de la generación bruta de electricidad de la CFE." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Generacion-bruta-de-electricidad-CFE.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Generacion-bruta-de-electricidad-CFE-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Generacion-bruta-de-electricidad-CFE-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Generacion-bruta-de-electricidad-CFE-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
<h2>Gráfica 5. …y todo esto resulta en más apagones (¡y los que faltan!)</h2>
Y así, con menor generación, se ha pretendido suministrar de electricidad a más hogares conectados a la red pública. Esto ha resultado en un aumento en el número y duración de los apagones a nivel nacional desde el cierre de 2023. Se promedian 13.1 interrupciones por cada cien usuarios finales, con la duración más larga desde 2017: 11.9 minutos. Los datos son del Sistema de Información Energética (SIE) de la propia Secretaría de Energía (Sener).
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1401569" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Historicos-de-apagones-de-la-CFE.jpg" alt="Gráfica con el histórico de los apagones que ha registrado la CFE en el sexenio de AMLO." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Historicos-de-apagones-de-la-CFE.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Historicos-de-apagones-de-la-CFE-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Historicos-de-apagones-de-la-CFE-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Historicos-de-apagones-de-la-CFE-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
En realidad, los apagones pudieran ser mayores y de mayor duración, de no ser por el incremento que ha tenido la generación de electricidad por parte de los Productores Independientes de Energía (PIE). Durante el sexenio se ha incrementado la producción bruta de electricidad por parte de los PIEs, y al cierre de 2023 llegaron a producir hasta 8.5 millones de megawatts por hora en promedio, lo cual es el nivel más alto del cual se tenga registro en el SIE. Esta energía extra ha ayudado a blindar la generación de electricidad ante la caída en la producción de la CFE.
* Carlos Vázquez, Salvador Sánchez y Jorge Cano son investigadores del Programa de Gasto Público de México Evalúa. Este texto contó con el apoyo de Ana Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa.
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** Todas las gráficas fueron creadas para el micrositio <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/" target="_blank" rel="noopener">Los Números de Erario</a>. Puedes consultar una versión más extendida de este artículo <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2024/05/15/intermitencia-en-la-inversion-y-generacion-de-electricidad-de-la-cfe/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Los apagones en la inversión a la CFE explicados en 5 gráficas

No todas las políticas públicas implementadas en México son fallidas. Hoy expondremos lo que parece ser un caso de éxito de cómo combatir la pobreza energética. Desde nuestra posición como investigadores independientes de políticas públicas, en México Evalúa también abordamos lo que muestra impactos positivos, incluso en el contexto actual de polarización ideológica. Hablemos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE).
<h2>Pero antes, entendamos el problema a resolver: la pobreza energética</h2>
Definamos a la <a href="https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2021/12/pobreza-energetica-ok.pdf">pobreza energética</a>, como carencias en los servicios energéticos mínimos en los hogares. Esto se mide a través de distintas variables: acceso, consumo-gasto y calidad de la energía, e impacto en el bienestar de las personas. La insuficiencia en cualquiera de estas variables indica pobreza energética en un hogar.
Hay que reconocer que la cobertura eléctrica en México lleva más de tres décadas por encima del 90%. Es una gran noticia. Sin embargo, por la dificultad para llegar a las comunidades más remotas, aún queda un número importante de mexicanos sin acceso a electricidad. De acuerdo con el <a href="https://base.energia.gob.mx/PRODESEN2023/Capitulo6.pdf">Prodesen 2023-2037</a>, el 99.29% de la población contaba con cobertura eléctrica al cierre de 2022, por lo que cerca de un millón de habitantes aún no cuenta con este servicio.
El acceso al servicio eléctrico no resuelve por sí solo el problema de pobreza energética, pero sí lo aligera. Señalemos dos <a href="https://www.mexicoevalua.org/seremos-mas-libres-si-tenemos-acceso-a-energia-limpia-y-asequible/">datos que ponen contexto</a>: 1) En 2016, el investigador Rigoberto García Ochoa concluyó que 36.7% de la población nacional era pobre en acceso a energía. 2) El <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/">Inegi</a> en su Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares 2022 registró que 4.9 millones de hogares aún consumen leña o carbón como principal energético. Esta cifra aumentó 2% respecto del 2020.
<h2>Ahora, hablemos del FSUE como ejemplo de Valor Compartido</h2>
En 2014, el Estado mexicano lanzó el innovador Fondo de Servicio Universal Eléctrico, un programa pionero en la lucha contra la pobreza energética que integró la colaboración tanto de entidades públicas, empresas estatales y privadas. Es un ejemplo de cómo un enfoque equilibrado y colaborativo puede enfrentar problemas ambientales y sociales con estrategias de negocios compatibles con cada empresa involucrada.
Esto lo podemos estudiar desde la perspectiva de <a href="https://www.mexicoevalua.org/reporte-de-responsabilidad-social-corporativa-i/">Valor Compartido</a> (VC). Desde México Evalúa <a href="https://www.mexicoevalua.org/reporte-de-responsabilidad-social-corporativa-i/">argumentamos</a> que un diseño de política de sostenibilidad en empresas estatales o privadas, puede tomar como punto de partida este modelo, creado por el connotado economista <a href="https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/Measuring_Shared_Value_57032487-9e5c-46a1-9bd8-90bd7f1f9cef.pdf">Michael Porter</a>. Tomándolo como referencia, examinemos el FSUE.
<h2>Cómo funciona el FSUE</h2>
El FSUE es un esfuerzo compartido entre el gobierno, empresas privadas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica (FIDE). Cuenta, además, con una virtud: sus recursos no provienen del Presupuesto de Egresos Anual de la Federación, sino de las aportaciones de las empresas que participan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). A una década de su creación, el FSUE señala presencia en 56.45% de los 2,469 municipios del país.
El FSUE es administrado por la Secretaría de Energía (Sener), con base en la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec.pdf">Ley de la Industria Eléctrica (LIE)</a>, y tiene como objetivo, según sus <a href="https://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico/SENER_ReglasdeOperacion12072023.pdf">reglas de operación</a>, “financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas”. Éstas se realizan en dos modalidades: extensión de redes a viviendas que se encuentran a una distancia de hasta 5 kilómetros del último punto de la red más cercana, e instalación de sistemas aislados, generalmente paneles fotovoltaicos.
Desde México Evalúa, realizamos un ejercicio para poner en perspectiva los proyectos del FSUE al contrastarlos con el <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421522000477">nivel de acceso a servicios energéticos</a> del investigador García Ochoa para el periodo 2019-2023 —su estudio es un referente clave para medir la pobreza energética en México—. A partir de datos de la Encuesta de Ingreso-Gasto publicada por el Inegi, García Ochoa clasificó 2446 municipios en 4 diferentes niveles por su acceso a servicios energéticos: escaso, pobre, suficiente y alto. Por nuestra parte, revisamos los convenios de asignación de recursos del FSUE publicados por la Sener e integramos una base de datos. Así, pudimos observar el número de municipios con coberturas aprobadas por el FSUE en dicho periodo y clasificarlos según las categorías de acceso a servicios energéticos. La siguiente gráfica muestra los resultados:
<figure id="attachment_1398716" aria-describedby="caption-attachment-1398716" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1398716" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/pobreza-energetica.jpg" alt="pobreza energética" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/pobreza-energetica.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/pobreza-energetica-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/pobreza-energetica-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/pobreza-energetica-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1398716" class="wp-caption-text">*El total de municipios aprobados por el FSUE son en total 1,406. De ellos, 10 municipios no cuentan con clasificación de acceso a servicios de energía por García Ochoa et al (2020). Fuente: Elaboración propia con datos recolectados de los convenios de asignación de recursos del FSUE publicados por Sener.</figcaption></figure>
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El análisis reveló que el FSUE ha alcanzado a más de la mitad de los municipios que ya tienen mejor acceso a servicios energéticos (nivel alto). Esto sugiere que, contrariamente a las reglas de operación que dan preferencia a comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, esos municipios con altas necesidades energéticas no siempre son atendidos.
Estas reglas de operación también establecen más criterios de priorización, definidos por la Sener en cada convocatoria a través de un sistema de puntaje. Éste considera, entre otros aspectos, el nivel de marginación, la inclusión en estrategias de bienestar social, o el número de viviendas a electrificar. Como la información disponible no proporciona detalles sobre el proceso de toma de decisiones de cada proyecto, no es posible aseverar que las decisiones fueron las óptimas. Tampoco se puede conocer si todos los proyectos aprobados fueron ejecutados parcial o totalmente.
<h2>Medir los resultados para detonar nuevo valor</h2>
Al adentrarnos en la revisión de los <a href="https://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico/SENER_07_ReglasOperacionFondoServicioUniversalElectrico.pdf">estados financieros</a> del FSUE, nos enfrentamos al imperativo de evaluar y transparentar el uso de los recursos. En el contexto del modelo de Valor Compartido, la fiscalización y la transparencia son fundamentales para medir los resultados y aprender de la experiencia. Esto garantiza la mejora continua y la sostenibilidad.
Encontramos que durante 2014, primer año de operación del FSUE, su balance financiero consistió principalmente en cargos por intereses generados y abonos por pagos de administración fiduciaria. En noviembre de 2015, el fondo recibió por primera vez una aportación patrimonial. Posteriormente, en 2016, se realizó la primera entrega de recursos para la financiación de proyectos de electrificación, que incluyó la ejecución de un proyecto piloto con sistemas fotovoltaicos. A partir de ese año, el FSUE ha recibido recursos de forma constante. En la siguiente gráfica vemos un resumen de los montos aprobados para las dos modalidades del FSUE, y el total aprobado por año.
<figure id="attachment_1398718" aria-describedby="caption-attachment-1398718" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1398718" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/pobreza-energetica-2.jpg" alt="pobreza energética" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/pobreza-energetica-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/pobreza-energetica-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/pobreza-energetica-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/pobreza-energetica-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1398718" class="wp-caption-text">*Datos deflactados a 2023. Fuente: Estados Financieros 2014-2023, disponibles en los Datos Abiertos del FSUE, Sener. En millones de pesos (MDP)</figcaption></figure>
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A lo largo de su historia, el FSUE ha trabajado con un total de $21.3 mil millones de pesos MXN. Entre 2016 y 2023 se registra un aumento equivalente a 7 veces el monto original destinado a proyectos, con un impulso importante a partir de 2021. Se aprecia a simple vista el éxito del fideicomiso en el crecimiento de sus recursos disponibles.
La revisión también arrojó que en 2017 y 2018 se realizaron devoluciones y reintegración por proyectos no ejercidos por un monto neto de 600 millones de pesos. Esto podría ser señal de finanzas sanas del Fondo, pues va en línea con lo que establece la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec.pdf">LIE</a> (que ordena que los fondos que no se ejerzan se reintegrarán al Centro Nacional de Control de Energía [Cenace] para su devolución a participantes del mercado) y las <a href="https://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico/SENER_ReglasdeOperacion12072023.pdf">Reglas de operación</a> del FSUE (2023).
Sin embargo, de 2019 a la fecha, no se han registrado reintegros ni devoluciones. Esto podría deberse a varias razones, por ejemplo: el uso 100% eficiente en la ejecución de los recursos, atrasos en el registro, o que por alguna razón los recursos de proyectos no ejecutados no están regresando como deberían.
<h2>Transparencia y rendición de cuentas</h2>
Al día de hoy no hay información pública que permita determinar el estatus de los proyectos del FSUE o su trazabilidad. Esto obstaculiza el monitoreo de los proyectos y el detalle sobre el apoyo que reciben las comunidades. También desconocemos si se le ha dado algún tipo de mantenimiento a los equipos ya instalados.
Durante los primeros años del FSUE se publicaban informes con algunos anexos que, aunque incompletos, daban información sobre el estado de los proyectos de electrificación, pero a partir del 2019, su transparencia ha decaído. Desde 2020, la Sener y la CFE, principales responsables del FSUE, han dejado de publicar los anexos que contenían datos y grado de avance en el desarrollo de los proyectos de electrificación. Debe señalarse que en las Reglas de operación (2023, Reglas 39 y 56) está previsto que se debe dar seguimiento al uso de los recursos aprobados; sin embargo, no es de conocimiento público si esto se hace y cómo.
Las Reglas de operación también plantean la necesidad de evaluar el impacto del Fondo, los beneficios sociales de sus acciones, la satisfacción de los beneficiarios, así como su costo y efectividad. Se contempla que las evaluaciones sean externas, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados de carácter nacional. Al momento no tenemos certeza de que se hayan realizado; hay indicios de evaluaciones internas, pero no están disponibles al público.
<h2>Conclusiones</h2>
El FSUE ha destacado por mantener su funcionalidad durante dos sexenios, gracias a su diseño independiente de los ciclos políticos y a su financiamiento proveniente de empresas estatales y privadas que participan en el MEM. Aunque la falta de acceso público a información detallada sobre su funcionamiento dificulta evaluar su impacto, se reconoce su contribución al acceso de electricidad en comunidades marginadas.
A pesar de las interrogantes sobre la transparencia y prioridades de cobertura, parece ser que el FSUE ha generado valor, tanto a la población, como a la CFE a través de su empresa productiva subsidiaria CFE Distribución.
Su desempeño favorable resalta las ventajas de las asociaciones público-privadas para proyectos futuros con visión social y medioambiental que impulsen la transición energética. Modelos como el FSUE nos invitan a pensar fuera de la caja. La innovación para resolver problemas públicos como la pobreza energética puede llevarnos a crear nuevas y mejores soluciones.
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*Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. Viviana Patiño Alcalá es investigadora. Miguel del Valle López es colaborador del mismo programa. Con un agradecimiento especial a Perla Paloma Lepez Escorcia y Emilia Ximena Villagómez Rodríguez, quienes nos apoyaron en la búsqueda y actualización de datos.
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El FSUE: ¿Un caso de éxito público-privado para combatir la pobreza energética?

Estamos cerrando el periodo electoral y hasta ahora ninguna de las personas candidatas ha dado su diagnóstico sobre la Fiscalía General de la República (FGR), esto a pesar de su evidente mal desempeño. Recordemos que la Fiscalía debería ser la mayor instancia de investigación y persecución criminal en el país. Su función es investigar y llevar a los tribunales delitos que involucran delincuencia organizada, desvío de recursos federales o estatales, robo de hidrocarburos, delitos electorales, contra periodistas, casos de corrupción y muchos más, mismos que hoy se cometen con total y explícita impunidad.
La actual crisis de violencia, la falta de certidumbre jurídica y el debilitamiento del estado de derecho con territorios del país sin control estatal no pueden entenderse sin el contubernio del poder para protegerse, para proteger el status quo.
Mientras tanto, el presidente de la república, quien gracias al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene la facultad de remover al Fiscal General, ha decidido no cuestionar su gestión ni someramente. Por el contrario, en la llamada “reforma judicial” se ha optado por adjudicar a los tribunales el fracaso en el procesamiento de los casos o la liberación de personas imputadas. Fallas que, en su mayoría, se explican por deficiencias procesales, falta de investigaciones sólidas y de medios de prueba, que son competencia de la FGR.
<h2>Seis puntos clave del retroceso institucional</h2>
El balance de la FGR no le favorece en ningún ámbito. Repasemos algunos datos que lo demuestran:
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<li>La FGR se está reduciendo a una mera oficialía de partes. El inicio de investigaciones se limita a los casos de denuncias formales. Esto es contrario al inicio de investigaciones proactivas sobre la comisión de posibles delitos o la extensión de fenómenos, estructuras y mercados criminales.  El inicio de investigaciones ha disminuido en una tercera parte (31.2 %) del 2018 a 2022, al pasar de 112,917 investigaciones (309 diarias) a 77,693 (212 diarias).</li>
<li>Dependencia a la flagrancia para judicializar los casos. 6 de cada 10 casos judicializados ante los tribunales se presentan con personas detenidas, en detrimento de investigaciones que pudieran conducir a la posterior aprehensión de las personas imputadas. Por otro lado, según <a href="https://www.cjf.gob.mx/sjpa/#images-4" target="_blank" rel="noopener">datos del </a><a href="https://www.cjf.gob.mx/sjpa/#images-4" target="_blank" rel="noopener">Consejo de la Judicatura Federal al 2023</a>, más de la mitad de los esfuerzos de judicialización de la FGR permanecen concentrados principalmente en delitos en materia de armas y explosivos (56.75%). Le siguen los delitos contra la salud (18.23%). Los ilícitos relacionados con hidrocarburos y los delitos fiscales apenas alcanzan 3.7% y 3% respectivamente.</li>
<li>Eficacia prácticamente nula. Sólo 4 de cada 100 casos conocidos por la Fiscalía General en el ámbito federal, recibieron alguna respuesta efectiva, ya sea en términos de sentencia, o de alguna salida alterna o anticipada. Esto de acuerdo al Índice de Impunidad Federal para 2022, calculado anualmente por México Evalúa. <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cnpj/2022/" target="_blank" rel="noopener">Datos del Inegi</a> señalan que en 2022, del total de investigaciones iniciadas sólo se determina un 45%. De ellas, un elevado 64.1% deriva en resoluciones para no ejercitar la acción penal. Hay además un uso ínfimo de acuerdos reparatorios (1.5 %) y de criterios de oportunidad (0.3 %). Por el tipo de delitos judicializados, no sorprende que la medida cautelar más solicitada y concedida a nivel federal sea la prisión preventiva. Esta figura ha observado un incremento significativo a partir de la reforma del 2019, que la impulsó.</li>
<li>Presupuesto sin cambios y opaco. El plan de transición de la FGR establecía la necesidad de transformar a la institución y orientar su labor con un carácter más estratégico. Era necesaria una inversión presupuestal importante para soportar los procesos de innovación, profesionalización y depuración del personal, entre varios más. Sin embargo, el presupuesto ejercido se ha mantenido prácticamente sin cambios. Pasó de 16.7 mil millones de pesos (mmdp) al cierre de 2018 a 17 mmdp para 2022 (+2.2 %). No pueden saberse la racionalidad de la asignación ni las prioridades establecidas.</li>
<li>Reducción de personal. La Fiscalía, muestra una disminución en su planta laboral de 14.65% del inicio de 2019 al cierre de 2022, al pasar de 22,825 a 19,479 personas.</li>
<li>Negligencia ante las disposiciones establecidas en la Ley. En vez de ceñirse a la Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR) publicada el 20 de mayo de 2021, la gestión actual de la institución ha sido confeccionada por el fiscal. Por citar algunos ejemplos, se desconoce el estatus de los siguientes rubros pendientes:</li>
</ol>
a) el Plan Estratégico de Procuración de Justicia (LFGR, art. 88 y 12° transitorio), que determinaría las estrategias, objetivos, metas y prioridades de investigación, tendría que haberse presentado a más tardar en mayo de 2022;
b) el Estatuto Orgánico del Servicio Profesional de Carrera tendría que haberse publicado en noviembre de 2022;
c) la implantación del modelo de gestión diferenciado con una política de priorización (art. 28 de la LFGR), y
d) del sistema de evaluación de resultados (art. 31 de la LFGR).
<h2>Tres demandas a las personas candidatas a la Presidencia de la República</h2>
Si queremos un verdadero estado de derecho, la FGR no puede seguir ausente, debilitada y siendo comparsa. Hoy estamos frente a la oportunidad de una Presidencia que exija resultados y rendición de cuentas en el combate a la criminalidad. De lo contrario, sólo damos luz verde para que la delincuencia opere impunemente.
Demandamos a las personas candidatas a la Presidencia:
<ol>
<li>Que den a conocer su visión de Estado y de Política Criminal. No basta con enfocar la discusión en materia de seguridad pública y el rol de las fuerzas armadas. La ciudadanía debe conocer sus perspectivas sobre el combate al crimen, desde la investigación y persecución criminal.</li>
<li>Que se pronuncien sobre el balance de la procuración de justicia federal y su perspectiva sobre la transición de Procuraduría a Fiscalía General.</li>
<li>Que esclarezcan su posicionamiento respecto a la continuidad en el cargo del Fiscal Alejandro Gertz Manero.</li>
</ol>
* Chrístel Rosales (<a href="https://twitter.com/Chris_Ros" target="_blank" rel="noopener">@Chris_Ros</a>) es coordinadora del programa de justicia de México Evalúa y Valeria Campuzano (<a href="https://twitter.com/valecampuzanog" target="_blank" rel="noopener">@valecampuzanog</a>) es investigadora en el mismo programa.

La FGR es un fracaso. ¿Qué piensan hacer al respecto, candidatas y candidato?

Es común escuchar a la ciudadanía quejarse sobre el desempeño y dudosa eficacia de las policías en México, pero no es tan usual conocer las condiciones adversas que enfrentan a diario. En una de las épocas más violentas del país, las y los policías en México tienen que trabajar no sólo con el estigma de una profesión poco reconocida, sino bajo condiciones laborales desfavorables.
Por ejemplo, su salario. La evidencia muestra que los policías tienen sueldos que limitan la dignificación de su servicio público. De acuerdo con el <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2023/" target="_blank" rel="noopener">Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023</a>, tres de cada diez policías reciben mensualmente entre  9 mil y 13 mil pesos netos, cifra por debajo del salario digno que para esta labor recomiendan las autoridades a nivel federal. Ese <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/894386/SUELDOS_CONASAMI_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">salario digno promedio a nivel nacional</a> en 2024 es de 16,668 pesos netos. En otras palabras, más de la cuarta parte de los policías gana menos, en promedio, de lo que las mismas autoridades recomiendan.
Si hablamos de sus prestaciones laborales, la situación también es insuficiente. De acuerdo con el <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2023/" target="_blank" rel="noopener">Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023</a> sólo uno de cada dos policías cuenta con aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y seguro de vida. Sin embargo, la mayoría no tiene cobertura de seguridad social, ni otras prestaciones relevantes para su profesión como atención psicológica, o acceso gratuito a gimnasios.
<h2>Policías sin hogar propio</h2>
Entre estas carencias, la falta de acceso a la vivienda es especialmente crítica. La última información disponible del <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2023/" target="_blank" rel="noopener">Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023</a> indica que sólo 8 de cada 100 policías municipales a nivel nacional tienen acceso a crédito para la vivienda como prestación laboral, y apenas 6 de cada 100 reciben algún tipo de apoyo para adquirir un bien raíz. Las cifras son alarmantes, pues claramente las y los policías no están recibiendo los derechos que se les extienden directamente desde la Constitución.
Para complicar lo anterior, el trabajo policial se cataloga como riesgoso, lo que dificulta que una institución financiera autorice créditos hipotecarios. Así, la desprotección se combina con la falta de inclusión en el sistema financiero tradicional,  y eso es un doble castigo.
Si de por sí es difícil reclutar y retener a estos profesionales, estas carencias definitivamente no ayudan. Menos aún si las comparamos con las <a href="https://www.mexicoevalua.org/el-abismo-entre-la-atraccion-de-talento-criminal-y-el-policial/" target="_blank" rel="noopener">tácticas más efectivas de grupos criminales</a> para reclutar —tal como señaló Mariana Campos, directora de México Evalúa, en una columna de opinión de octubre pasado.
Desde luego, la falta de acceso a una vivienda digna es una situación crítica a nivel nacional, no solamente en las instituciones policiales. Se necesitan al menos 8.2 millones de viviendas en México, de acuerdo con la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envi/2020/doc/envi_2020_presentacion.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020</a>. Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (<a href="https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Dosieres_Derechos_Sociales/Retos_Derecho_Vivienda.pdf" target="_blank" rel="noopener">CONEVAL</a>) indica que el 45 % de las casas de México enfrenta una situación de precariedad tanto en su construcción como en su equipamiento, infraestructura y acceso a servicios básicos. Estos déficits impactan de manera significativa a los sectores menos favorecidos de la población, pero es especialmente grave para aquellas personas que no tienen acceso a los instrumentos financieros para hacerse de una vivienda… como las policías.
<h2>La buena noticia: sí hay solución al problema</h2>
Ya hay propuestas para mejorar la accesibilidad al financiamiento de vivienda para policías, incluyendo subsidios gubernamentales y programas de financiación local adaptados a sus necesidades y riesgos específicos. Por ejemplo, recientemente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) creó un programa piloto para otorgar, en una primera etapa, servicios de vivienda para los policías municipales de Mérida. Con el éxito de esta experiencia, otros municipios en Nuevo León y en Hidalgo ya se unieron al programa de forma permanente.
A pesar de ser un paso en la dirección correcta, la adopción generalizada del programa se ve limitada por cuestiones normativas y financieras por parte de los municipios. Por un lado, deben asegurarse que la normativa local permita que el Infonavit otorgue los servicios de vivienda, lo que puede requerir cambios de leyes estatales y municipales; por otro lado, los municipios deben asegurar una partida específica para el pago del Infonavit en el primer año y los subsecuentes. Es aquí donde la debilidad de las finanzas municipales se vuelve el principal reto para mejorar las condiciones laborales de la policía.
Es por todo esto que este tipo de iniciativas deben estar formalmente establecidas mediante leyes o reglamentos. Este paso legal proporciona una base sólida y duradera para su implementación; además de que garantiza la asignación continua de fondos y recursos.
Contar con una vivienda estable no solamente mejoraría la calidad de vida de los policías; también tendría un impacto positivo en su eficacia laboral. Dicho de otro modo, fomentar que la policía tenga casa propia puede ser una herramienta efectiva para fortalecer las estrategias de reclutamiento y retención. Esto generaría en las corporaciones policíacas un entorno laboral más atractivo y seguro que, en consecuencia, resultaría en una vida más segura para la ciudadanía.
<a href="https://twitter.com/mexevalua" target="_blank" rel="noopener">@mexevalua</a>

La seguridad empieza en el hogar… pero a los policías no les alcanza para comprar casa

El inicio de las campañas electorales a nivel local en México ha revelado, una vez más, el papel político de los grupos criminales. Tan solo entre enero y marzo del presente año, se registraron más de 30 ataques a precandidatos y candidatos, incluyendo asesinatos, ataques, secuestros, desapariciones y amenazas. Éstos se suman a las más de 100 agresiones a autoridades y funcionarios públicos durante el mismo periodo. No es un fenómeno nuevo. A lo largo de casi dos décadas, <a href="https://www.penguinlibros.com/mx/economia-politica-y-actualidad/285496-ebook-votos-drogas-y-violencia-9786073811620" target="_blank" rel="noopener">los grupos criminales en México han diversificado e intensificado sus estrategias para incidir en la política local</a>. En años más recientes, además, se observa un incremento en la violencia dirigida contra actores políticos. Los objetivos primordiales de estos atentados son: establecer redes de protección entre las futuras autoridades electas, incidir en el nombramiento de funcionarios de seguridad y justicia, acceder a recursos públicos, e influir en el diseño e implementación de la política pública.
Resulta urgente dar cuenta del saldo que tales ataques han dejado. En este texto, resumimos los hallazgos del reporte “<a href="https://www.animalpolitico.com/estados/oaxaca-desaparicion-presidenta-municipal-san-jose-independencia/" target="_blank" rel="noopener">Democracia vulnerada: el crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México</a>” en el que analizamos la relación entre los ataques del crimen organizado contra autoridades e integrantes de partidos, las elecciones y la seguridad en los municipios mexicanos.
Este es el resultado de un trabajo conjunto entre <a href="https://www.mexicoevalua.org/" target="_blank" rel="noopener">México Evalúa</a>, <a href="https://datacivica.org/" target="_blank" rel="noopener">Data Cívica</a> y Animal Político, a partir del proyecto <a href="https://votar-entre-balas.datacivica.org/" target="_blank" rel="noopener">Votar entre Balas</a>, que pone a disposición del público general una base de datos sobre dichos ataques ocurridos desde 2018, la cual se actualiza mensualmente e incorpora ya información de 2024. Además se acompaña con una serie de reportajes periodísticos que revelan la forma en que el crimen se ha adentrado en la política local mexicana.
<h2>Los datos: tendencias generales de la violencia político-criminal</h2>
El proyecto Votar entre Balas captura el fenómeno de la “violencia político-criminal”, entendida como los ataques que grupos vinculados con el crimen organizado ejercen contra actores políticos, mediante los cuales buscan incidir en el control de los procesos electorales, las instituciones políticas y los recursos públicos. En consecuencia, la base de datos concentra información tanto de las características de los actos criminales que la delincuencia ejerce en contra de actores políticos, como de las víctimas de tales eventos (la metodología detrás de este ejercicio está disponible <a href="https://votar-entre-balas.datacivica.org/datos-votar-entre-balas" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>)
A partir de este conjunto de datos analizamos los ataques acumulados de 2018 a 2023, periodo para el cual tenemos información completa para cada año. Se contabilizaron 1,373 ataques del crimen contra actores políticos —incluyendo amenazas, atentados, ataques armados, desapariciones, secuestros y asesinatos—, principalmente concentrados en los periodos electorales de 2018 y 2021, junto con una tendencia sostenida a la alza en 2022 y 2023, en casi todo el territorio nacional.
En conjunto, los ataques resultaron en más de 1,600 víctimas, entre autoridades electas, personas candidatas, militantes de partidos, funcionarias públicas y sus círculos más cercanos. Resalta que las personas candidatas e integrantes de partidos políticos son más violentadas justo durante los meses de campañas y elecciones. En cambio, fuera del ciclo electoral, quienes sufren más eventos violentos son sobre todo autoridades popularmente electas como alcaldes, síndicos, regidores, entre otros. Después de las elecciones de 2022 y en el transcurso de 2023 los ataques contra personas funcionarias en el área de seguridad, en la administración pública municipal (secretarios municipales, tesoreros, directores de dependencias del gobierno, etc.) y los familiares de todos los grupos anteriores, han aumentado considerablemente.
<h2>Las consecuencias: el crimen en las elecciones y en los ayuntamientos</h2>
Dados los hallazgos sobre los perfiles de las víctimas de los ataques criminales, analizamos su relación con la participación ciudadana en las elecciones municipales y con las trayectorias de violencia de los municipios mexicanos.
Siguiendo <a href="https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022002717708600" target="_blank" rel="noopener">estudios previos</a>, consideramos, por un lado, que la violencia político-criminal aumenta las percepciones del riesgo de participar en las elecciones y la confianza en las mismas. Por otro lado, hay abundante evidencia sobre casos en que <a href="https://vlex.com.mx/vid/amenazan-votantes-michoacan-332046314" target="_blank" rel="noopener">el crimen organizado también ha buscado desmovilizar al electorado</a> y casos en donde <a href="https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/elj.2016.0385" target="_blank" rel="noopener">la violencia ha incentivado el rechazo a servir como funcionarios de casilla</a>. En ese contexto, analizamos dos momentos cruciales para la participación ciudadana en las elecciones mexicanas: como personas funcionarias de casilla y como votantes. Para ello, utilizamos dos indicadores: el porcentaje de funcionarios sustituidos por alguien de la fila el día de la elección y el porcentaje de participación electoral. Nuestro análisis de las elecciones locales en 2018 y 2021 revela que los ataques a personas candidatas y militantes de partidos están asociados con un mayor porcentaje de funcionarios sustituidos por alguien de la fila el día de la elección, lo que implica que esas personas desistieron de participar en la recepción y conteo de votos el día de elección. Más aún, los ataques contra autoridades están asociados con reducciones en la participación electoral municipal.
Una vez pasado el proceso electoral, las nuevas autoridades electas y sus gabinetes continúan siendo un objetivo clave de la violencia político-criminal. La coerción del crimen organizado pervierte la posibilidad de implementar una política pública efectiva para atender la inseguridad. Nuestro análisis del conjunto del periodo 2018-2023 muestra que la tasa de homicidios a nivel municipal está relacionada con un mayor número de ataques contra personas funcionarias en el año previo.
La violencia político-criminal en México tiene afectaciones reales sobre la participación política de las personas, vulnerando así un derecho fundamental de la democracia. Al reducirse la participación ciudadana en las elecciones, se afianza el vínculo entre crimen y autoridades. El estudio muestra que nuestra atención y preocupación por este tipo de ataques deben ir más allá de los procesos electorales, porque dejan su huella también en las trayectorias de desarrollo municipal. Atender las raíces del crecimiento rápido y generalizado de ataques de alto perfil debería ser una prioridad para la próxima administración federal.
* Céline González (<a href="https://twitter.com/celinefa" target="_blank" rel="noopener">@celinefa</a>) y Sandra Ley (<a href="https://twitter.com/sjleyg" target="_blank" rel="noopener">@sjleyg</a>) son investigadoras del Programa de Seguridad de México Evalúa.

¿Cómo vulnera el crimen organizado las elecciones y los gobiernos municipales?

El domingo 28 de abril será el <a href="https://mexico.as.com/actualidad/cuando-es-el-proximo-debate-presidencial-de-cara-a-las-elecciones-del-2-de-junio-n/#:~:text=El%20Instituto%20Nacional%20Electoral%20(INE,tiempo%20del%20centro%20de%20M%C3%A9xico)." target="_blank" rel="noopener">segundo debate</a> presidencial, y se abordarán, entre otros, los temas de cambio climático y desarrollo sustentable. El contexto es dramático: los últimos 12 meses han sido los más calurosos en <a href="https://www.nmas.com.mx/nacional/clima/historico-el-ano-2023-es-el-mas-caliente-en-mexico-en-casi-un-siglo/" target="_blank" rel="noopener">125,000 años</a> y, en México, 2023 marcó el récord de temperatura más alta en un siglo. Sumemos a esto el <a href="https://www.nmas.com.mx/nacional/dia-mundial-del-agua-2024-mexico-enfrenta-sequia-historica-y-niveles-bajos-en-presas/" target="_blank" rel="noopener">problema</a> de abastecimiento de <a href="https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico-sin-agua-estas-son-las-presas-que-se-han-quedado-completamente-sin-agua-y-en-que-estados-se-encuentran-ND11122087" target="_blank" rel="noopener">agua</a>: el <a href="https://www.gaceta.unam.mx/en-cuatro-decadas-se-ha-acelerado-la-extraccion-de-aguas-subterraneas/" target="_blank" rel="noopener">76.21 %</a> del territorio nacional padece algún grado de sequía.
Los <a href="https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20230316STO77629/cambio-climatico-gases-de-efecto-invernadero-que-causan-el-calentamiento-global#:~:text=Existen%20distintos%20tipos%20de%20gases,generados%20por%20las%20actividades%20humanas." target="_blank" rel="noopener">principales causantes</a> del calentamiento global son los gases de efecto invernadero (GEI). Destaca, entre ellos, el metano (CH4). Este gas retiene alrededor de 80 veces <a href="https://climate.mit.edu/ask-mit/why-do-we-compare-methane-carbon-dioxide-over-100-year-timeframe-are-we-underrating" target="_blank" rel="noopener">más calor</a> que el dióxido de carbono (CO2) en un periodo de hasta 20 años.
Según datos de la ONU, reducir <a href="https://www.cnbc.com/2021/05/06/world-must-cut-methane-emissions-to-avoid-worst-of-climate-change-un-says.html" target="_blank" rel="noopener">45 %</a> de las emisiones mundiales de metano podría prevenir 255,000 muertes prematuras, 775,000 hospitalizaciones relacionadas con asma, 26 millones de toneladas de cultivo perdido cada año y hasta 73 mil millones de horas perdidas de trabajo por calor extremo.
En acuerdos y foros internacionales, la reducción de CH4 es un tema cada vez más relevante. Por citar casos recientes: el <a href="https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20Acuerdo%20de,4%20de%20noviembre%20de%202016." target="_blank" rel="noopener">Acuerdo de París</a>, las <a href="https://unfccc.int/es/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop" target="_blank" rel="noopener">Conferencias de las Partes (COP)</a>, y el <a href="https://www.ccacoalition.org/es/content/global-methane-pledge-support#:~:text=En%20la%20COP26%20de%20noviembre,a%20los%20niveles%20de%202020." target="_blank" rel="noopener">Global Methane Pledge</a><a href="https://www.ccacoalition.org/es/content/global-methane-pledge-support#:~:text=En%20la%20COP26%20de%20noviembre,a%20los%20niveles%20de%202020." target="_blank" rel="noopener"> (GMP)</a>, en donde <a href="https://www.globalmethanepledge.org/" target="_blank" rel="noopener">155 países</a>, México entre ellos, se comprometieron a reducir las emisiones de este gas en al menos 30 % para 2030 con respecto a los niveles de 2020. El año pasado, como compromiso emanado de la COP 28, se <a href="https://www.globalmethanepledge.org/news/highlights-2023-global-methane-pledge-ministerial" target="_blank" rel="noopener">decidió </a>aumentar el financiamiento del GMP por mil millones de dólares.
Una importante fuente de <a href="https://systemschangelab.org/industry/reduce-methane-emissions-oil-and-gas-operations-they-are-phased-down" target="_blank" rel="noopener">emisiones</a> de metano es el sector energético. Por esto, desde 2014 se formó la <a href="https://globalmethane.org/challenge/ogmp.html#:~:text=More%20than%2015%20percent%20of,Repsol%2C%20Shell%2C%20and%20Total." target="_blank" rel="noopener">Oil and Gas Methane Partnership (OGMP)</a>, donde se propuso <a href="https://www.ccacoalition.org/projects/ccac-oil-gas-methane-partnership" target="_blank" rel="noopener">disminuirlo</a> en 45 % para 2025 y 60-70 % para 2030. El compromiso lo asumieron 10 empresas que representaban al momento más del 15 % de la producción mundial de gas natural: BP, Ecopetrol, Eni, Equinor, Neptune Energy International SA, PTT, Repsol, Shell, Total y Pemex.
¿Pero Pemex ha cumplido? Esta pequeña anécdota sirve de diagnóstico. En 2022, en el marco de la COP 27, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reducir las emisiones de metano de Pemex en <a href="https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-promete-reducir-98-emisiones-de-metano-20221031-0011.html" target="_blank" rel="noopener">98 %</a> para 2024. Ese mismo año, Pemex lo desmintió al dar a conocer que sus emisiones de 2021 aumentaron en <a href="https://www.reforma.com/crece-96-emision-de-metano-de-pemex/ar2604304" target="_blank" rel="noopener">96 %</a> respecto de 2018.
<h2>El caso de Pemex, contra sí misma</h2>
En el último <a href="https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/informes/Documents/informe_sostenibilidad_2022_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">informe de sostenibilidad (2022)</a> de Pemex, el director general Octavio Romero Oropeza destaca que las emisiones totales de metano se redujeron 4.3 % respecto de 2021. Más adelante, la empresa señala que, de 2021 a 2022, las emisiones de metano disminuyeron en 11 % en sus actividades de exploración y producción de crudo y gas, con un beneficio estimado superior a 400 millones de pesos.
Ahora bien, la siguiente gráfica presenta la evolución de las emisiones de metano de Pemex y las contrasta con su producción en barriles de petróleo; desde 2014 hasta 2022. Este contraste hace evidente que las emisiones de metano y la producción no siguen los mismos patrones y no tienen la misma tendencia. Mientras que la producción de petróleo ha ido a la baja, las emisiones muestran una tendencia creciente.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1387938" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/emisiones-de-metano-vs-produccion-de-petroleo-en-Pemex.jpg" alt="Gráfica con las emisiones de metano versus la producción de petróleo en Pemex." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/emisiones-de-metano-vs-produccion-de-petroleo-en-Pemex.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/emisiones-de-metano-vs-produccion-de-petroleo-en-Pemex-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/emisiones-de-metano-vs-produccion-de-petroleo-en-Pemex-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/emisiones-de-metano-vs-produccion-de-petroleo-en-Pemex-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Como podemos observar, el volumen de producción entre 2014 y 2022 de Pemex muestra una disminución de 66.08 %, mientras que las emisiones se han disparado a partir del 2019. Además, los años más bajos en emisiones de CH4 (2017 y 2018) no corresponden a la producción más baja en barriles anuales, que ocurrió en 2019 y 2022. El dato más reciente, en 2022, es de 779.5 mil toneladas de metano (MtCH4). Efectivamente es 4.3 % menor que 2021 pero respecto a 2018 hay un incremento de 76.19 %. Aunque se observa una reducción anual en 2022, la tendencia general sigue a la alza.
Las razones específicas de este aumento en metano no han sido explicadas por la empresa en sus reportes. Lo que sí sabemos es que de 2018 a la actualidad, constantemente se reportan fugas, derrames y accidentes en la empresa. Causa Natura, organización de la sociedad civil, reportó que entre 2018 y 2021, Pemex registró al menos <a href="https://causanaturamedia.com/periodismo-cn/pemex-registra-176-derrames-y-fugas-de-alto-impacto-ambiental-de-2018-a-2021" target="_blank" rel="noopener">176 fugas</a> de alto impacto ambiental de crudo, aceite y gasolina. De 2018 a 2022 el reporte subió a <a href="https://reportajes.causanatura.org/pescar-entre-el-petroleo-derrames-pemex-rio-panuco/" target="_blank" rel="noopener">234</a> derrames y fugas. En específico, en 2021 Pemex reportó <a href="https://piedepagina.mx/imparables-las-fugas-de-gas-metano-en-zonas-petroleras/#:~:text=En%20junio%20de%202022%2C%20un,en%20el%20golfo%20de%20M%C3%A9xico" target="_blank" rel="noopener">91</a> fugas de metano.
En <a href="https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/informes/Documents/inf_sustentabilidad_2021_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">2021</a>, el 72.3 % de las emisiones de CH4 en Pemex se originaron por maniobras evitables, debidas a la falta de infraestructura para el aprovechamiento del gas en los procesos de exploración y producción.
Aún se desconoce la proporción de <a href="https://expansion.mx/empresas/2022/10/06/pemex-grandes-emisiones-metano-yacimientos" target="_blank" rel="noopener">lo que Pemex omite</a> en sus reportes, ya que no se cuenta con información pública disponible de auditorías externas. Además, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) tiene <a href="https://expansion.mx/empresas/2022/09/08/pemex-niega-grandes-emisiones-de-metano-en-golfo-de-mexico" target="_blank" rel="noopener">información</a> incompleta. Medios como Reuters han dado seguimiento a diversas fugas importantes de CH4 en <a href="https://www.reuters.com/business/environment/mexico-emitted-extreme-amounts-methane-gas-pipeline-scientists-find-2023-12-19/" target="_blank" rel="noopener">El Encino</a>, <a href="https://www.reuters.com/business/environment/exclusive-scientists-detect-second-vast-methane-leak-pemex-oil-field-mexico-2022-09-02/" target="_blank" rel="noopener">Ku-Maloob-Zaap</a> y en <a href="https://www.reuters.com/business/environment/mexicos-pemex-put-off-repairs-despite-vast-methane-leaks-documents-sources-2024-03-22/" target="_blank" rel="noopener">Zaap-C</a>. Incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha confirmado y notificado a México de fugas que la empresa aún no reconoce. Con todo ello, las metas y los requisitos legales de identificación, reporte, y mitigación se siguen <a href="https://www.reuters.com/business/energy/mexican-energy-companies-lag-methane-emission-rules-investigators-say-2023-01-25/" target="_blank" rel="noopener">postergando.</a>
Estas valiosas identificaciones de fugas se han hecho con ayuda de inspecciones aéreas y lecturas satelitales. Con la reciente puesta en órbita de <a href="https://www.methanesat.org/" target="_blank" rel="noopener">MethaneSAT</a>, pronto tendremos lecturas e información abierta con un nivel de exactitud mucho mayor a lo que conocemos hasta ahora sobre la cantidad de metano que tenemos en la atmósfera.
<h2>Pemex contra otras empresas similares</h2>
Realizamos una búsqueda de empresas de petróleo y gas en el mundo que pueden ser comparables con Pemex en su cadena de valor, independientemente de si son empresas de propiedad estatal, privada o híbrida. El siguiente gráfico compara las emisiones de estas compañías, contrastadas con Pemex.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1387940" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/comparacion-empresas-de-petroleo-y-gas-1.jpg" alt="Gráfica con los datos de la comparación de las empresas que producen petróleo y las que producen gas." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/comparacion-empresas-de-petroleo-y-gas-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/comparacion-empresas-de-petroleo-y-gas-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/comparacion-empresas-de-petroleo-y-gas-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/comparacion-empresas-de-petroleo-y-gas-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Como se puede observar, en 2022, Pemex emitió 97.44 % más metano que OMV AG, 96.26 % más que SaudiAramco y 65.21 % más que estas 5 empresas juntas. Aunque hay que tomar en cuenta que no todas las empresas tienen la misma actividad productiva.
En la siguiente gráfica se encuentra la producción de barriles de petróleo anuales.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1387941" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/produccion-de-barriles-de-petroleo.jpg" alt="Gráfica con los datos de la producción de petróleo de Pemex en 2022." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/produccion-de-barriles-de-petroleo.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/produccion-de-barriles-de-petroleo-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/produccion-de-barriles-de-petroleo-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/produccion-de-barriles-de-petroleo-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Podemos observar que SaudiAramco tiene la mayor producción anual con 4.97 MMbp. Pemex produce 84.55 % más que OMV AG, pero -436 % que SaudiAramco y -47.28 % que Exxon. Las últimas dos, mucho menos contaminantes que Pemex.
Finalmente, dividimos las emisiones de metano entre la producción en barriles de petróleo equivalente para sacar un factor. Ahora sí, tomando en cuenta las emisiones y el volumen de producción. El resultado es la siguiente tabla, que muestra las toneladas de CH4 emitidas por cada mil barriles de petróleo equivalente:
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Ya podemos dimensionar la enorme cantidad de metano que está emitiendo Pemex a la atmósfera: 8 veces más por cada mil barriles de petróleo equivalente que empresas similares como Exxon, OMV AG, Total Energies SE y Shell, y 83 veces más que SaudiAramco.
Sumemos a esto el historial de fugas no reportadas y el nivel de riesgo severo (el más alto) en el que está clasificada Pemex por <a href="https://www.sustainalytics.com/esg-rating/petr-leos-mexicanos-epe/1011424845" target="_blank" rel="noopener">Sustainalytics</a>, de acuerdo con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). Dicha calificadora la ubicó en 2023 como la séptima más riesgosa de las 317 empresas evaluadas en el ramo de petróleo y gas; y la decimotercera más riesgosa de entre las 16,173 empresas evaluadas de diversos sectores industriales.
Aunque Pemex <a href="https://www.pemex.com/en/about-pemex/Documents/pemex_sustainability_plan.pdf" target="_blank" rel="noopener">ha reconocido</a> en sus reportes y en su <a href="https://www.pemex.com/en/about-pemex/Documents/pemex_sustainability_plan.pdf" target="_blank" rel="noopener">Plan de Sustentabilidad</a> la importancia de disminuir las emisiones de metano, y ha identificado buenas prácticas a nivel internacional que ayudarían a la mitigación, e incluso menciona el Programa de Prevención y Control Integral de Emisiones de Metano (<a href="https://www.gob.mx/tramites/ficha/programa-para-la-prevencion-y-el-control-integral-de-las-emisiones-de-metano-ppciem-del-sector-hidrocarburos/ASEA8631" target="_blank" rel="noopener">PPCIEM</a>), aún no se observan reducciones significativas de CH4. Sería preocupante que esto se quedara solo en palabras de un reporte y no se tradujera en resultados cuanto antes.
¿Abrirá el siguiente sexenio una oportunidad para acelerar la marcha en reducción de emisiones? Veremos…
* Viviana Patiño Alcalá es investigadora del Programa de Regulación y Competencia. Lizeth V. Ánimas Mata es colaboradora del mismo programa de México Evalúa.

Emisiones de metano en Pemex, 8 veces superiores a empresas que producen más petróleo

Este domingo tendremos la oportunidad de escuchar en la misma mesa a las candidatas y al candidato, discutiendo sus propuestas para avanzar en la mejora de la educación en nuestro país. Desde México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey, creemos que México tiene derecho a <a href="https://aprenderparejo.mx/" target="_blank" rel="noopener">Aprender Parejo</a>. Por ello, hemos llevado a cabo un análisis de sus propuestas educativas.
<h2>El problema del abandono escolar: ¿se resuelve con becas?</h2>
Hoy solo 28 de cada 100 estudiantes logran completar su trayectoria académica desde el preescolar hasta la educación superior, de acuerdo a <a href="https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2022_2023_bolsillo.pdf" target="_blank" rel="noopener">datos de la propia Secretaría de Educación Pública</a><a href="https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2022_2023_bolsillo.pdf" target="_blank" rel="noopener"> (SEP), publicados en 2023</a>. La mayor parte de la deserción ocurre entre la secundaria y el primer año de la educación media superior. Este segmento educativo ha disminuido en 136 mil estudiantes, equivalente a más de la mitad de la matrícula total de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ante esta problemática, los candidatos priorizan las becas educativas. Si bien son apoyos fundamentales para los estudiantes, no solucionan el problema principal: la deserción escolar. Ésta se deriva de la falta de interés o aptitud para la escuela, lo que lleva a no alcanzar los aprendizajes esenciales, según señala la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enape/2021/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación de 2021.</a>
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1385690" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/Trayectorias-educativas-completas.jpg" alt="Tabla con los 12 retos de la educación en México, planeada por el proyecto Aprender Parejo, de México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/Trayectorias-educativas-completas.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/Trayectorias-educativas-completas-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/Trayectorias-educativas-completas-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/Trayectorias-educativas-completas-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
<h2>El problema del primer empleo: ¿se vincula la educación con el mercado laboral?</h2>
Las candidatas y el candidato buscan garantizar el acceso a la educación superior. Sin embargo, la principal barrera a este propósito es la falta de inversión. Actualmente, la cobertura es del 43.8 %, lo que equivale a 5.4 millones de jóvenes. Para 2030, se pretende llegar al 60 %, objetivo que por ahora está fuera de alcance. Para lograr tan solo el 50 % en el próximo sexenio, sería necesario incorporar a 700 mil jóvenes adicionales.
Las propuestas reconocen la importancia de los apoyos para educación superior y posgrado, pero difieren en su enfoque. Claudia Sheinbaum favorece los estudios en humanidades, mientras que Xóchitl Gálvez y Jorge Máynez se inclinan hacia áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). El desafío común radica en identificar las demandas del mercado laboral para priorizar los apoyos, y determinar si se incluye a las universidades privadas.
Destacamos que Máynez y Xóchitl tienen propuestas para el tránsito al mercado laboral con empleos dignos. Esto beneficiaría a 6 de cada 10 jóvenes que hoy, en su primer empleo, encuentran informalidad, salarios precarios y falta de acceso a seguridad social (ENOE, 2023)
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<h2>El dilema del rezago educativo: ¿cambiar o reforzar los paradigmas de la SEP?</h2>
Los datos de la evaluación PISA 2022 revelan que la mitad de los estudiantes de 15 años no puede explicar fenómenos científicos sencillos; que dos de cada tres tienen dificultades en matemáticas; y que un 47  % tiene problemas para comprender la idea principal de un texto. México presenta <a href="https://blogs.iadb.org/educacion/es/pruebas-pisa-2022-america-latina-caribe/" target="_blank" rel="noopener">cuatro años de rezago</a> respecto al promedio de países de la OCDE en matemáticas y ciencias.
Ante estas deficiencias, las propuestas de los candidatos se enfocan en tres áreas:
<ol>
<li>1. La Nueva Escuela Mexicana (NEM). Mientras que la candidata oficial habla de consolidar el actual modelo educativo de la SEP, los candidatos opositores buscan la revisión total de ese sistema.</li>
<li> La ampliación del horario de clases. Estimamos que la cancelación de las Escuelas de Tiempo Completo en 2020 afectó a más de 3.1 millones de estudiantes. Hoy en día, sólo seis entidades federativas han retomado parcialmente este modelo, beneficiando a 590 mil estudiantes en el ciclo escolar 2023-24, lo que destaca la necesidad de reevaluar y potencialmente expandir este enfoque.</li>
<li> La mejora en la formación docente. Aunque es un tema recurrente en las y el candidato, hay falta de claridad y compromiso en cuanto a la elección de los programas de capacitación adecuados y su financiamiento. La reiterada promesa de mejora salarial para los docentes, no suele atender su viabilidad y pasa por alto necesidades críticas, como la capacitación y actualización profesional, fundamentales para elevar la educación.</li>
</ol>
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1385694" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/aprendizajes-de-calidad.jpg" alt="Tabla con los 12 retos de la educación en México, planeada por el proyecto Aprender Parejo, de México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/aprendizajes-de-calidad.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/aprendizajes-de-calidad-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/aprendizajes-de-calidad-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/aprendizajes-de-calidad-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
<h2>El problema de la educación en la primera infancia: ¿sólo atañe a las mujeres?</h2>
Aunque la primera infancia es crucial para el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños, calculamos que la inversión en el grupo de edad de 0 a 5 años es apenas <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos" target="_blank" rel="noopener">la cuarta parte de la que recibe el grupo de 6 a 12 años</a>. Esta disparidad se refleja en que<a href="https://ensanut.insp.mx/encuestas/pison2023/" target="_blank" rel="noopener"> sólo 8 de cada 100</a> infantes de entre 0 y 2 años participan en programas de educación inicial, incluyendo guarderías y estancias infantiles, mientras que casi <a href="https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2022_2023_bolsillo.pdf" target="_blank" rel="noopener">70 % en edad preescolar están matriculados</a>.
En este aspecto, las propuestas presentadas por los candidatos muestran un fuerte sesgo de género. La mayoría de los apoyos propuestos están dirigidos a las mujeres, pasando por alto la participación esencial que los hombres deben tener en la crianza y educación.
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<h2>El problema de la inversión en infraestructura educativa: ¿con qué dinero?</h2>
El <a href="https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/index.html" target="_blank" rel="noopener">40 % de las preescolares, primarias y secundarias</a> del país carecen de servicios básicos (electricidad, agua potable y sanitarios adecuados). Además, el 65 % de las escuelas de educación básica y casi la mitad de las de educación media superior no tienen computadoras y/o acceso a internet, lo que subraya la brecha digital en el sistema educativo.
Aquí, el desafío es financiero: el <a href="https://aprenderparejo.mx/informes/mejores_escuelas" target="_blank" rel="noopener">46 % de los recursos</a> en este rubro están comprometidos hasta 2039 para cubrir la deuda en infraestructura educativa contraída durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se hace imperativo identificar nuevas fuentes de financiamiento y rediseñar la política de inversión. Esto incluye crear una institución que asuma las responsabilidades del extinto Instituto Nacional para la Infraestructura Educativa, que actualice los diagnósticos que llevan diez años sin realizarse.
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<h2>Pregunta para este domingo: ¿son viables las propuestas de cada candidatura?</h2>
Las dos candidatas y el candidato proponen la mejora de los salarios docentes, el fortalecimiento de las condiciones laborales para profesores, el aumento en el número y monto de las becas, la expansión de la cobertura hasta el nivel superior, la atención a la primera infancia, la mejora de la infraestructura educativa y la universalización del acceso a internet en todas las escuelas del país. Sin embargo, el desafío más grande radica en cómo se financiarán estas iniciativas.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1385697" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/presupuesto-para-la-educacion.jpg" alt="Tabla con los 12 retos de la educación en México, planeada por el proyecto Aprender Parejo, de México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/presupuesto-para-la-educacion.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/presupuesto-para-la-educacion-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/presupuesto-para-la-educacion-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/presupuesto-para-la-educacion-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Ante estas realidades, desde el proyecto Aprender Parejo estaremos presentando una serie de cuadernillos para sumar estrategias específicas para hacer de la educación un motor de desarrollo integral y una herramienta efectiva contra la pobreza y la desigualdad. Aspiramos a que la educación en México se traduzca en acciones concretas para un aprendizaje de calidad, para que cada niña, niño y joven del país tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y contribuir a un futuro más próspero y equitativo.
* Marco A. Fernández Martínez (<a href="https://twitter.com/marco_fdezm" target="_blank" rel="noopener">@marco_fdezm</a>) es director de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad y profesor-investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el Tec de Monterrey y Coordinador del Programa de Educación y Anticorrupción en México Evalúa.
Este artículo fue elaborado junto con el equipo de educación de México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.

¿Preparados para el examen? Las propuestas educativas de el y las candidatas, a revisión

En pleno periodo electoral, la violencia y la inseguridad son de los temas que más expectativas generan en las promesas de campaña por la presidencia. En particular, ha llamado la atención la propuesta de la candidata Xóchitl Gálvez, sobre “la construcción de un penal de alta seguridad con tecnología de punta para los peores criminales”. Esta idea generó reacciones inmediatas de sus contrincantes. El candidato Jórge Álvarez Máynez respondió que, en vez de construir una mega cárcel, se tiene que invertir en la construcción de academias de policía. Por su parte, la candidata Claudia Sheinbaum propuso la creación de universidades para jóvenes, en vez de más prisiones.
Campañas electorales aparte, quien encabece el siguiente gobierno deberá abordar el tema de las prisiones en México como parte de su estrategia en materia de seguridad y justicia. La prisión comúnmente se plantea como el último eslabón entre las instituciones que integran el sistema de seguridad y justicia para castigar a quienes cometen delitos. El castigo de prisión se presenta como la solución más natural contra la impunidad. ¿Pero es así?
<h2>La mega-cárcel de El Salvador, bajo el pretexto de un estado de excepción</h2>
En el ámbito internacional tenemos el ejemplo de la mega cárcel más publicitada del mundo: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Este Centro fue inaugurado el 31 de enero de 2023 por el presidente Nayib Bukele en el contexto de la aplicación de un estado de excepción. Sólo se sabe que la mega-cárcel tiene capacidad para 40,000 internos, y que desde marzo de 2022 han sido detenidas 68,000 personas.
El argumento más utilizado por Bukele es que el homicidio disminuyó de una tasa de 106.3 homicidios por cada 100 mil habitantes a 7.8. No obstante, de acuerdo a la organización salvadoreña Cristosal, esta política de Estado ha estado rodeada de cuestionamientos en materia de transparencia, acusaciones de violaciones a derechos humanos y debilitamiento del sistema de justicia.
Muchos son los testimonios de mujeres y familiares que dan cuenta cómo sus hijos, esposos y padres fueron sacados a la fuerza de sus casas o trabajos para apresarlos. Las personas encarceladas en el CECOT coinciden en ser hombres, jóvenes y de barrios pobres. Sus encarcelamientos, envueltos en total opacidad, no siempre son resultado de procesos justos, y llega a ser independiente de si los condenados cometieron o no un delito, o si participaban o no en bandas criminales.
<h2>El caso mexicano: de la pretendida readaptación social al punitivismo</h2>
Hasta el momento no se ha logrado demostrar con datos que, en México, construir más cárceles —y la consecuente privación de la libertad a más personas— haya tenido un impacto directo en la disminución en la incidencia delictiva. Tampoco se han conseguido los fines de readaptación social, prometidos como finalidad de la prisión.
Hemos experimentado en las últimas décadas políticas públicas y legislación que han fluctuado entre el populismo punitivo y sistemas penales más racionales, sin rumbo definido y constante. Por populismo punitivo nos referimos a propuestas como la construcción de más cárceles, cárceles de alta seguridad, prisión automática, detenciones arbitrarias, uso de fuerza represiva, aumento de penas o incrementar delitos en los códigos penales.
Por otra parte, en un sentido más racional de las sanciones penales o respuestas del Estado frente al delito en México, también encontramos ejemplos. Uno de ellos son los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que privilegian el acuerdo entre personas y la reparación del daño, antes que la cárcel como castigo. Otro ejemplo es la suspensión condicional, que permite que la persona procesada cumpla una serie de obligaciones o condiciones en vez de ser privada de su libertad. La disminución de la prisión preventiva es otro mecanismo que busca atender caso a caso, de manera que sólo procede el encarcelamiento cuando la libertad de la persona implica algún riesgo para las víctimas o el proceso. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentará en breve un proyecto para eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, que impone cárcel sin presunción de inocencia. Por último, podemos mencionar los llamados beneficios preliberacionales y las sanciones que no son privativas de libertad.
<h2>Tres sexenios de indecisión con respecto a las políticas penitenciarias</h2>
En el gobierno de Felipe Calderón se impulsó el modelo de cárceles federales público-privadas. Sin embargo, ha sido seriamente cuestionada la transparencia de los recursos destinados a este sistema. De acuerdo con el <a href="https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2022/03/documenta-informe-prisiones-privadas.pdf" target="_blank" rel="noopener">“Informe sobre la situación de las prisiones privadas”</a>, de México Evalúa y Documenta, 4 de cada 5 pesos invertidos en estas prisiones se ha destinado al pago de servicios contratados a entidades privadas. A su vez, el estudio <a href="https://www.mexicoevalua.org/hallazgos-2022-evaluacion-de-la-justicia-penal/" target="_blank" rel="noopener">Hallazgos 2022</a>, también de México Evalúa con datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión, revela que en estos centros se reporta un 85.7 % de insuficiencia o carencia de actividades laborales.
Durante el gobierno de Peña Nieto continuó esta política de construcción y administración de prisiones bajo un modelo público-privado. Ese sexenio continuó con la ambivalencia de criterios gubernamentales con respecto a los presidios. En junio de 2016 se publicó la Ley Nacional de Ejecución de Penas que buscaba medidas menos punitivas y más alternativas a la sanción de prisión. Por otra parte —cargado hacia una postura punitivista— se aumentó el catálogo de delitos de prisión preventiva automática u oficiosa, es decir, la cárcel sin sentencia.
En el actual gobierno de Andres Manuel López Obrador la indecisión hacia las políticas carcelarias persiste. Por la parte racional, se pusieron en marcha mecanismos para acabar con el modelo de prisiones público-privadas, al cuestionarse la transparencia de recursos. En este periodo también fue anunciada la expedición de una Ley de Amnistía que permitiría despresurizar las cárceles de personas pobres. Pero esa medida ha resultado muy limitada. De acuerdo con la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía, a la fecha esta ley ha beneficiado únicamente a 371 personas a nivel nacional, lo que representa un 0.16 % del total de personas encarceladas en México.
En la visión punitiva, también en este gobierno se aumentó considerablemente el catálogo de delitos de prisión preventiva automática. El resultado es que en 2018 empezamos con 197,988 personas encarceladas en México, y para 2024 —según los Censos de Población Carcelaria— estamos en 226,077. Es decir, un aumento de 12.5 % de población penitenciaria. Mientras tanto, la incidencia delictiva ha aumentado, y la reinserción social sigue siendo una tarea pendiente.
<h2>9 propuestas para un sistema penitenciario más racional en México</h2>
Los datos recabados por México Evalúa y otras organizaciones de la sociedad civil cuestionan la sanción de prisión como la solución unívoca a la situación de impunidad, violencia e injusticia que se vive en nuestro país. Lo cierto es que la respuesta a la situación actual es compleja, tanto en causas como efectos. De esa respuesta, el sistema penitenciario es apenas uno de sus aspectos.
Enfocándonos solamente en ese sistema penitenciario, es posible hacerlo más racional y con efectos medibles si se llevan a cabo las siguientes propuestas:
<ol>
<li>Revisar las alternativas a la prisión y establecer planes y programas para su implementación y seguimiento.</li>
<li>Que la sanción de prisión sea impuesta sólo en casos que lo ameriten y que tengan como objetivo la resocialización de las personas.</li>
<li>Que las personas que cometen los delitos de más impacto en las comunidades sean efectivamente juzgadas y sancionadas.</li>
<li>Que dichas sanciones sean impuestas producto de juicios abiertos y ágiles que den certeza a las personas encarceladas.</li>
<li>Eliminar la figura de prisión preventiva automática u oficiosa en términos de los tratados internacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse a la brevedad sobre la validez de dicha figura, y planear la implementación de la eliminación de esta medida a nivel nacional.</li>
<li>Incluir en los estudios del sistema carcelario mexicano, el impacto en las condiciones de vida de las familias de las personas recluidas.</li>
<li>Establecer mecanismos de evaluación constante e indicadores claros sobre las condiciones carcelarias.</li>
<li>Implementar y dar seguimiento a medidas procesales y sancionatorias distintas a la prisión.</li>
<li>Fortalecer las capacidades y facultades del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y sus homólogos en los estados para la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.</li>
</ol>
Quien encabece el siguiente gobierno, sea Claudia, Jorge o Xóchitl, tiene como tarea revisar la legislación y las políticas públicas en materia de sanciones y cárceles. La respuesta del Estado frente al delito debe analizarse como parte integral de un sistema de seguridad y justicia que debe considerar metas en el corto, largo y mediano plazo.
* Susana Camacho es investigadora en @mexevalua. Contacto: <a href="mailto:susana.camacho@mexicoevalua.org" target="_blank" rel="noopener">susana.camacho@mexicoevalua.org</a>.

¿Por qué Claudia, Jorge y Xóchitl deben hablar de las cárceles en México?

En plena sequía en el país, el Gobierno de López Obrador se encamina a ser el peor en cuanto a inversión en infraestructura hídrica en comparación con los dos Gobiernos anteriores.
El 70 % del territorio mexicano padece la peor sequía de las últimas décadas. Esto, según datos de la Conagua, que es la misma dependencia de gobierno que está padeciendo la peor sequía en inversión de los últimos sexenios.
En lo que va del actual sexenio (2019-2023), la inversión en infraestructura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cayó 22 % con respecto al promedio de Calderón y es inferior en una tercera parte al promedio de Peña Nieto. Hablando en dinero: son, al año, 23.8 mil millones de pesos (mmdp) menos que con Calderón y 11.6 mmdp menos que con Peña Nieto.
Las consecuencias de esta desinversión son patentes y más adelante ofrecemos las cifras: hay una caída en el ritmo de crecimiento del tratamiento, desinfección y ofrecimiento de agua potable, un incremento en el número de viviendas con intermitencia en la dotación de agua, y un crecimiento en el gasto que tienen que desembolsar los hogares para recibir cada vez menos servicios.
En suma, la sequía en la inversión hídrica reduce las capacidades del Gobierno para garantizar el derecho al agua. Este se establece en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se garantiza que  todas las personas en México tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
En ese escenario, la Conagua tampoco ha fomentado el desarrollo de las Comisiones Estatales del Agua. Esto queda claro debido a que, en materia del gasto en subsidios, transferencias y aportaciones (donde se registran los apoyos que la Conagua otorga a entidades federativas), en el Gobierno de López Obrador se promedia un gasto de 631 mdp. Esto es 92 % (7 mmdp) menos que Fox, 60 % (953 mdp) menos que Calderón y 83 % (3.1mmdp) menos que Peña.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1381167" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Gasto-en-inversion-de-la-Conagua-AMLO.jpg" alt="Gráfica con el gasto en inversión de la Conagua durante el sexenio de López Obrador. Ha sido el más bajo en los últimos tres sexenios." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Gasto-en-inversion-de-la-Conagua-AMLO.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Gasto-en-inversion-de-la-Conagua-AMLO-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Gasto-en-inversion-de-la-Conagua-AMLO-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Gasto-en-inversion-de-la-Conagua-AMLO-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
La sequía en los recursos públicos de la principal entidad encargada de garantizar el acceso al agua potable es preocupante, y todo parece indicar que para este año se continuará cerrando la llave del presupuesto. De ser así, este sexenio quedará marcado como aquel que destinó menos recursos en inversión y subsidios para garantizar el acceso y saneamiento del agua de las últimas 4 administraciones.
Para añadir aridez a la sequía, en este año electoral, el presupuesto aprobado de la Conagua es por 62.7 mmdp, lo que representa un recorte de 13 % (9.10 mmdp) frente al monto aprobado en 2023. Sin embargo, el gasto podría ser aún menor. Ya en 2023 se dio el mayor recorte en los últimos 10 años en el gasto de la Conagua, al quedarse 36 % (25.5 mmdp) por debajo del monto aprobado.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1381168" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Incremento-en-el-presupuesto-de-conagua-con-subejercicio.jpg" alt="Gráfica con los datos del incremento del 90 % en el presupuesto de la Conagua, pero con subejercicio de 25 mil millones de pesos." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Incremento-en-el-presupuesto-de-conagua-con-subejercicio.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Incremento-en-el-presupuesto-de-conagua-con-subejercicio-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Incremento-en-el-presupuesto-de-conagua-con-subejercicio-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Incremento-en-el-presupuesto-de-conagua-con-subejercicio-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
El cierre en la llave presupuestaria de los recursos de la Conagua ha tenido consecuencias en el crecimiento de la infraestructura, así como en el manejo y tratamiento de los recursos hídricos para agua potable.
Al cierre de 2022, el crecimiento de la capacidad instalada de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales es el más bajo en los últimos 4 sexenios. La capacidad instalada ha aumentado sólo 8 %. Esto es apenas 14,385  Litros por segundo (Lps)  frente al cierre del sexenio anterior, mientras que con Peña el incremento fue por  29 % (41,010 Lps), con Calderón 40 % (40,378 Lps), y con Fox 45 % (30,794).
Esta disminución en el ritmo de crecimiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales, se ve reflejada en que al cierre de 2022 se presenta igualmente el menor crecimiento en el agua tratada en las últimas cuatro administraciones.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1381169" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/menor-incremento-en-la-capacidad-instalada-de-plantas-de-tratamiento-de-agua.jpg" alt="Gráfica con los datos de la caída en la capacidad instalada de plantas de tratamiento de aguas municipales en el sexenio de AMLO." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/menor-incremento-en-la-capacidad-instalada-de-plantas-de-tratamiento-de-agua.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/menor-incremento-en-la-capacidad-instalada-de-plantas-de-tratamiento-de-agua-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/menor-incremento-en-la-capacidad-instalada-de-plantas-de-tratamiento-de-agua-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/menor-incremento-en-la-capacidad-instalada-de-plantas-de-tratamiento-de-agua-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Sin embargo, el caso de la capacidad instalada para aguas residuales no es el único, puesto que también se presenta una derrumbe en el ritmo de crecimiento de las plantas potabilizadores que se encuentra en operación. Al cierre de 2022 se pusieron en operación solo 23 plantas potabilizadores adicionales en todo el sexenio.  En comparación, con Peña se habían puesto en operación 266 plantas adicionales, con Calderón 208 y con Fox 155. Esto evidentemente se termina viendo reflejado en una menor cantidad de agua potable adicional que se pone a disposición de los hogares.
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Por último, en materia de infraestructura se encuentra la desecación del programa Agua Limpia de la Conagua. Este programa tiene como objetivo promover y respaldar acciones para mejorar la calidad del agua destinada al consumo humano. Entre sus funciones están ampliar la cobertura de agua potable, la desinfección y tratamiento de contaminantes, la protección de fuentes de abastecimiento y la capacitación de operadores en medidas de seguridad del agua.
La caída en el ritmo de procesamiento de agua desinfectada se refleja en que el número de nuevas personas que se ven beneficiadas mediante este programa sea menor. Al cierre de 2022, solo se han añadido 2 millones de nuevos beneficiarios frente al cierre del sexenio anterior, mientras que con Peña se añadieron 7 millones respecto al cierre del sexenio anterior, y con Calderón fueron 13 millones.
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El deterioro mostrado en la infraestructura y capacidad para procesar y ofrecer servicios hídricos de manera adecuada tiene grandes implicaciones en las viviendas y el bolsillo de los hogares. Uno de los problemas mayormente identificados por la población que cuenta con viviendas con servicio de agua entubada, ha sido la disminución en la frecuencia con la cual “cae el agua” o “llega el agua&#8221;. Entre 2022 y 2018, se ha incrementado la intermitencia en la dotación de agua en el país. En otras palabras: en más viviendas “cae el agua menos veces a la semana”.
Al corte de 2022, habían 5.9 millones de viviendas donde el agua caía cada tercer día, un 17.8 % (899,292 viviendas) más frente al número de viviendas en 2018. Peor aún: en aquellas viviendas dondeel agua cae máximo una vez a la semana aumentó en 31 % (711,712 viviendas), frente al mismo periodo de comparación.
Este incremento en el número de viviendas en donde se presenta una mayor intermitencia en la dotación de agua a la semana se refleja en que en términos porcentuales sea menor el número de viviendas en las cuales el agua cae a diario, puesto que a pesar de que al cierre de 2022 las viviendas con dotación diaria de agua ascendió 3.2 % (0.75 millones de viviendas) frente a 2018, en términos porcentuales pasó de 70 % a 66 % de las viviendas totales, lo cual es un indicio preocupante de la escasez de los servicios de agua para las viviendas en el país.
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La intermitencia en los servicios de agua potable en las viviendas está acompañada de un incremento en el gasto que desembolsan los hogares para cubrir con estas necesidades.Entre 2022 y 2018, el gasto trimestral de los hogares en servicios de agua aumentó 3 % (12.5 pesos) en términos reales, afectando más a los hogares que pertenecen a la clase media; en otras palabras, en aquellos con ingresos iguales o mayores al promedio nacional.
Sin embargo el incremento pudiera ser mayor, ya que la intermitencia en los servicios de agua entubada muchas veces lleva que los hogares busquen medios alternativos para abastecerse como la contratación de pipas, captadores de agua, abastecimiento mediante pozos o ríos, así como el acarreo de otras viviendas. Estos conceptos no son cubiertos mediante la pregunta que cubre la ENIGH en el gasto de agua, al referirse únicamente al gasto de agua facturada.Tan es así que, entre 2022 y 2019, aumentó en 7.1 % el número de viviendas sin acceso directo a agua potable entubada.
Este problema de que los hogares deben desembolsar más dinero para cubrir con las tarifas del agua y aún así recibir menores servicios, es reflejo del deterioro presupuestario de la Conagua que se ha observado en los últimos años. Como se mencionó anteriormente, durante ese sexenio se ha cerrado en gran magnitud la llave del presupuesto en subsidios e inversión de la Conagua, lo que representa tanto menores servicios de agua a las viviendas, así como el incremento en el gasto que tienen que desembolsar los hogares para pagar por este servicio público.
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* Carlos Vázquez (<a href="https://twitter.com/VazquezAviud" target="_blank" rel="noopener">@Vazquezaviud</a>) y Jorge Cano (<a href="https://twitter.com/Jorge_eCano" target="_blank" rel="noopener">@Jorge_eCano</a>) son investigadores del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa (<a href="https://twitter.com/mexevalua" target="_blank" rel="noopener">@mexevalua</a>).

En la peor sequía de los últimos años, el gobierno cierra la llave a Conagua

El pasado 22 de febrero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó al magistrado José Alfonso Montalvo Martínez como consejero de la Judicatura Federal. Dado el compromiso que durante la actual Presidencia de la Corte se ha expresado a favor de la transparencia, esperábamos que el proceso se caracterizara por una mucho mayor apertura al escrutinio público, y que contara con espacios garantizados de participación ciudadana… pero no fue así. La falta de transparencia afloró en la metodología misma que el tribunal siguió para evaluar los perfiles de las personas aspirantes, y con base en la cual tomó la decisión de designar al magistrado Montalvo.
El objetivo de este texto es detallar cada una de las áreas de oportunidad identificadas en el citado proceso de designación, así como los elementos que, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, debieron haberse considerado.
<h2>La prisa es mala consejera</h2>
El 17 de enero el Pleno de la Corte publicó el <a href="https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2024-01/1-2024%20%28AGP%20CONSEJERA%28O%29%20JF%29%20FIRMA_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">Acuerdo 1/2024</a>, por medio del cual estableció los requisitos y el procedimiento para la designación de una persona consejera de la judicatura. De acuerdo con el documento, las y los interesados tuvieron un plazo de dos semanas para enviar su documentación, y una vez vencido éste, la Corte contó con una semana para evaluar si las personas cumplían o no con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 95 y 100 de la Constitución federal y en el Acuerdo.
Después de la revisión, la institución publicó una <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5716530&amp;fecha=09/02/2024#gsc.tab=0f" target="_blank" rel="noopener">lista</a> de 37 personas admitidas y abrió un espacio de cinco días hábiles para que quienes así lo desearan presentaran observaciones y objeciones sobre sus perfiles. Una vez vencido este plazo –el 16 de febrero–, al día hábil siguiente el Pleno de la Corte sesionó y nombró la terna de las personas finalistas, cuya <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5717566&amp;fecha=21/02/2024#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">lista</a> fue publicada dos días después. Finalmente, al siguiente día –22 de febrero– se desarrollaron las <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TNZ0fdTLklI" target="_blank" rel="noopener">comparecencias y la votación</a> para la designación de la persona consejera de la Judicatura.
De acuerdo con estos tiempos, una vez vencido el plazo para la recepción de documentos de personas interesadas en participar en el proceso, la Corte sólo tuvo una semana para revisar si las y los aspirantes cumplían o no con los requisitos de elegibilidad. No se sabe cuántas personas presentaron documentos; lo que sí es que, al menos, fueron 37.
Concedamos, en este punto, que hacer un check list de una entrega de documentación no es un proceso que lleve mucho tiempo, y que una semana pudo ser suficiente. Sin embargo, el punto crítico para la Corte con respecto a los tiempos comienza después del envío de observaciones y objeciones por parte de la ciudadanía, pues no pasó ni un día hábil entre el cierre del plazo para su envío y el desarrollo de la sesión en la que el Pleno definió a la terna finalista. En efecto, entre el cierre del plazo, que fue a las 24:00 horas del viernes 16 de febrero, y las 11:00 horas del lunes 19 del mismo mes –hora y fecha de la sesión del Pleno–, no transcurrieron más que unas pocas horas, lo que nos lleva a cuestionar si la Corte efectivamente revisó y tomó en cuenta las observaciones de la ciudadanía.
El siguiente punto crítico tiene que ver con el análisis de cada uno de los perfiles de las personas aspirantes, pues entre el 9 de febrero –fecha en la que se publicó la lista de personas que cumplieron los requisitos de elegibilidad– y el 19 del mismo mes –día en la que la Corte sesionó para elegir a quienes conformarían la terna de candidatos finalistas–, solamente transcurrió una semana.
Según el acuerdo, en esa semana el Pleno de la Corte revisó 36 expedientes <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> que contenían la siguiente información: currículum vitae (para valorar la trayectoria académica y profesional), quejas presentadas en contra de las y los aspirantes y el estado procesal de las mismas (y, en su caso, el sentido de la resolución); datos estadísticos vinculados al trabajo jurisdiccional (en particular, el número de asuntos pendientes); recomendaciones derivadas de las visitas realizadas a juzgados y tribunales durante los últimos 10 años; un escrito con la descripción de la experiencia de las personas aspirantes en labores administrativas y con su visión de perfil de persona consejera de la judicatura, y otro con su plan de trabajo.
Consideramos que una semana es insuficiente para evaluar de manera adecuada cada uno de los datos contenidos en los expedientes de las 36 personas aspirantes. Ignoramos, en todo caso, cuál fue la metodología que la Corte siguió para hacer dicha evaluación, pues es un dato que no ha sido transparentado por la institución.
De acuerdo con la Relatoría Espacial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Jueces y Abogados, la selección de quienes integran los Consejos de la Judicatura debe hacerse con base en la valoración de la competencia, experiencia, conocimiento de la vida judicial, capacidad para el debate y cultura de la independencia de quienes aspiran al cargo. Estos elementos, refiere la Relatoría, deben revisarse a partir de un proceso objetivo, justo y transparente. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
<h2>La independencia en entredicho</h2>
La carencia de tiempos adecuados para el desarrollo de una objetiva valoración de la idoneidad de los perfiles, así como, reiteramos, la falta de claridad con respecto a la metodología que la Corte siguió para la misma, son aspectos que ponen en entredicho el desarrollo de una designación fundada en la objetividad y deja abierta la puerta a suspicacias respecto a la captura política del cargo, ya sea por intereses externos o internos al máximo tribunal. 
Un elemento ‘llamativo’ en este proceso fue que el aspirante designado fuera el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, el secretario Montalvo fue elegido para dicho cargo en febrero de 2023 por la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, la ministra Norma Piña.
Aunque el Consejo es un órgano colegiado, hay personas académicas <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> que consideran que en él prevalece una fuerte cultura presidencialista. Esta cultura, señalan las y los expertos, en conjunto con la estructura marcadamente jerárquica del Poder Judicial, genera una fuerte concentración de poder en la figura de la Presidencia, que tiene como efecto una influencia importante sobre la labor de las personas consejeras, cuya jerarquía como funcionarias es menor que las que trabajan en la Corte.
Todo lo anterior es relevante porque las personas que conforman el órgano que tiene en sus manos el desarrollo de procesos de designación de personal judicial deben tener a la independencia como una de sus características principales. No podemos esperar menos.
<h2>La ausencia de la transparencia y participación ciudadana</h2>
Como parte de un ejercicio proactivo de participación ciudadana, desde el programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa monitoreamos procesos de designación tanto a nivel federal como local, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> y por ello hemos dado seguimiento a los dos últimos procesos desarrollados por la Corte para personas integrantes del CJF. Para contar con insumos que nos permitan evaluar los perfiles, tanto en el proceso anterior como en el que nos ocupa, solicitamos a cada una de las personas aspirantes el expediente que entregaron a la Corte. En el proceso previo recibimos sólo la documentación de una magistrada, pero en éste nos fue enviada información de 23 de las 37 personas aspirantes.
Desde nuestra perspectiva, quienes brindaron parte o la totalidad de su información dieron muestra de su compromiso con la transparencia y reconocieron la relevancia de la participación de la sociedad civil en el monitoreo de procesos de designación. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> De hecho, el magistrado Montalvo, el aspirante designado, fue una de las personas que participó, aunque solamente nos compartió su currículum.
Según la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, la previsión de mecanismos de participación ciudadana es importante porque brinda mayor certeza sobre la integridad y la idoneidad de los funcionarios designados, y dotan de confianza a la ciudadanía sobre el proceso. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> Pese a su relevancia, los espacios de participación en las designaciones judiciales son muy reducidos. En este caso, se limitó al envío de observaciones y objeciones sobre las personas aspirantes y, como ya dijimos, ni siquiera se tiene certeza de que éstas hayan sido tomadas en cuenta por la Corte.
Además de sus limitaciones de entrada, la participación ciudadana no cuenta con vías adecuadas para su ejercicio. En el proceso que describimos la ciudadanía no contó con un tiempo apropiado para realizar una valoración adecuada de los perfiles. Asimismo, la información con base en la cual se debía hacer dicha valoración no es pública, y consideramos que el propio órgano que realiza la designación, en este caso, la Corte, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> debería hacerla pública.
Además de la carencia de información para hacer la evaluación de los perfiles, el actual mecanismo de participación tiene otras complicaciones. Por ejemplo, para el envío de las observaciones se requiere del uso de FIREL, de la e.firma o la entrega física del documento en las oficinas de la Corte. Por un lado, el envío a través de los medios electrónicos es complicado, no es un mecanismo intuitivo; por otro, la entrega física restringe la participación de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran fuera de la Ciudad de México. Es por ello que la Corte podría prever formas más accesibles, como el uso de correo electrónico para el envío de las observaciones y objeciones.
Para que la participación de la ciudadanía sea adecuada, efectiva y, por lo tanto, no simulada, es necesario que los mecanismos previstos tengan incidencia en el proceso y sean más accesibles. Aunado a lo anterior, resulta deseable la previsión de mecanismos de participación adicionales, como el desarrollo de un observatorio ciudadano o un comité de evaluación conformado por representantes de la sociedad civil y academia que estén libres de conflicto interés.
<h2>Los grandes ausentes en el proceso: las mujeres y las juezas y jueces de distrito</h2>
Con todo, el proceso más reciente supone un avance en comparación con el desarrollado en 2022 por la misma Corte. Y es que, además de la participación de personas magistradas, se consideró la de juzgadoras. Este aspecto es positivo porque amplía la representatividad del cargo: se incluye a personal de una jerarquía distinta que puede nutrir con su perspectiva y experiencia la labor que se realiza al interior del Consejo.
Pese a esta posibilidad, en el proceso en cuestión solamente cuatro jueces de distrito aspiraron a ser consejeros, situación que, consideramos, debe ser analizada tanto por el Consejo como por la Corte, para identificar qué aspectos pueden estar inhibiendo la participación de dicho personal.
Por otro lado, la participación de mujeres también fue limitada, y en el caso de juezas, nula. En total, en este proceso participaron 10 mujeres magistradas, lo que representó el 30 % de las personas aspirantes. Este porcentaje de participación, aunque bajo, corresponde al de la representatividad que, en general, tienen las mujeres en cargos de alta jerarquía jurisdiccional a nivel federal, la cual, según el Inegi, es del 28 %. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> La representatividad aludida, sin embargo, no quedó expresada en la manera en que se conformó la terna de finalistas, que no incluyó a una sola mujer.
Aunque es evidente que la participación de las mujeres en este proceso está lejos de ser paritaria, lo cierto es que mejoró con relación a procesos previos, en los que, en promedio, había sido del 16 %. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a>
Finalmente, también fue llamativo que las personas que integraron la terna laboran en la Ciudad de México; en efecto, no hubo una sola persona proveniente del interior del país.
<h2>La tarea para los procesos venideros</h2>
La labor que desarrollan las personas que integran el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal es fundamental para el buen desempeño del trabajo jurisdiccional a nivel federal. Hay que recordar que es el Consejo el que se encarga de velar por un adecuado desarrollo de la carrera judicial, de la disciplina, administración y vigilancia de quienes conforman cada uno de sus órganos. Por ello resulta indispensable garantizar procesos que apunten a designaciones más idóneas.
Al órgano encargado de las designaciones, en este caso la Suprema Corte, le corresponde mejorar sus mecanismos de selección. Los procesos deben ser más transparentes, con tiempos adecuados para la valoración de los perfiles, con una metodología clara y objetiva, con espacios de participación ciudadana accesibles y efectivos, y con estrategias que garanticen la participación de todos los sectores jurisdiccionales –jueces, juezas y magistradas en particular–. Si el órgano encargado de la designación cumple con estos requisitos, estaremos más cerca de contar con personal más idóneo, que contribuya a garantizar nuestro derecho de acceso a la justicia.
* Adriana Aguilar es investigadora del programa de Transparencia en la justicia de México Evalúa. La autora agradece la revisión de Pablo García.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Una de las aspirantes, la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, declinó su participación en el proceso.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <a href="https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3838-report-special-rapporteur-independence-judges-and-lawyers">Véase A/HRC/38/38, párr. 75</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Fix-Fierro, H. (Coord.). (2018). Ocho propuestas para fortalecer al Poder Judicial de la Federación y completar su transformación. Una propuesta académica. Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México. <a href="https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4785/12.pdf">https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4785/12.pdf</a>
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> El Programa cuenta con un micrositio en el que es posible consultar cada uno de los procesos monitoreados, así como una serie de herramientas útiles para el desarrollo de dichos ejercicios por parte de organizaciones y/o personas interesadas. El micrositio es éste: https://designacionesjudiciales.mexicoevalua.org/
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Las personas aspirantes que nos compartieron parte o la totalidad de su información fueron: José Faustino Arango Escámez, Gloria Avecia Solano, María Enriqueta Fernández Haggar, Julia María del Carmen García González, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Mayra González Solís, David Gustavo León Hernández, Juan Carlos Ortega Castro, Yair Bardomiano Pineda Saldaña, Reynaldo Manuel Reyes Rosas, Óscar Rodríguez Álvarez, Ariel Alberto Rojas Caballero, José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Osiris Ramón Cedeño Muñoz, Claudia Mavel Curiel López, José Rigoberto Dueñas Calderón, María de Lourdes Margarita García Galicia, Jaime Arturo Garzón Orozco, Juan Carlos Guzmán Rosas, Omar Liévanos Ruiz, Abraham Sergio Marcos Valdés, José Alfonso Montalvo Martínez y Froylán Muñoz Alvarado.
Además de la solicitud directa de los expedientes y la búsqueda de datos a través de medios públicos, para el monitoreo presentamos solicitudes de acceso a la información dirigidas a la SCJN y al CJF. Esta vía ha resultado muy poco idónea, pues el proceso ya finalizó y aún no hemos obtenido respuesta de ambas instancias.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2013). Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44. https:// www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Hay que recordar que esto es posible porque el Senado sí publica los expedientes de las personas aspirantes al cargo cuando le corresponde hacer la designación de personas consejeras.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal [Presentación de resultados]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnijf/2023/doc/cnijf_2023_resultados.pdf
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Al respecto, ver: Pantin, L., Escamilla, S. y Aguilar, A. (4 de junio de 2022). Consejo de la Judicatura Federal: más paridad a cambio de más opacidad. Animal Político. https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/lo-que-mexico-evalua/consejo-de-la-judicatura-federal-mas-paridad-a-cambio-de-mas-opacidad

La transparencia y participación ciudadana se quedaron tocando la puerta de la Corte

Amanece en México. Miles de policías municipales se preparan para hacer frente a su jornada. Alistan sus uniformes desgastados por el uso, recuerdo de las batallas que enfrentan día a día. Más de uno se ha preguntado si la falta de equipo podría ser la diferencia entre la vida o la muerte. Un riesgo continuo. ¿A cambio de qué? Es frecuente la percepción de incertidumbre ante los bajos sueldos y nulas prestaciones laborales.
Va creciendo el peso de las horas extras (no remuneradas), que les recuerda que su jornada laboral tiene hora de inicio, pero no de salida. Ésta es la realidad de quienes velan por nuestra seguridad en la primera trinchera, el municipio. No debería ser ajena para nadie la urgencia de una reforma que reconozca y dignifique el trabajo de los policías.
De hecho, se ha lanzado una medida para cambiar el orden de las cosas en torno a estos servidores públicos. La última ronda de cambios constitucionales del presente Gobierno incluye una <a href="https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2024/feb/20240205-9.pdf" target="_blank" rel="noopener">reforma que busca mejorar las condiciones salariales del personal de salud, docentes, elementos de la guardia nacional y policías</a>, mediante el estableciendo de un piso salarial que toma como referencia el promedio de las percepciones de los trabajadores afiliados al IMSS: 16,778 pesos brutos al mes (201,336 pesos al año).
Esta iniciativa, aunque es un primer paso necesario, deja la interrogante de la viabilidad financiera y, por lo demás, no atiende de fondo las causas del problema de las condiciones laborales de los policías municipales. Primero, no es claro cómo se financiará el aumento salarial propuesto para los policías en los municipios caracterizados por una baja recaudación local, especialmente cuando, en promedio, <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2021/#datos_abiertos" target="_blank" rel="noopener">la mitad del presupuesto de las instituciones de seguridad pública municipal</a> ya se destina para el pago de sueldos y otras remuneraciones.
Segundo, el salario es sólo uno de los componentes de las condiciones laborales mínimas que se les deben reconocer a los policías municipales, y que desde <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/lo-que-mexico-evalua/condiciones-laborales-de-policias-municipales" target="_blank" rel="noopener">México Evalúa hemos estudiado e impulsado</a>. Nuestra iniciativa, de la que muy pronto conocerán los detalles, subraya la importancia de que los policías cuenten con dos conjuntos de prestaciones: los beneficios básicos, que incluyen aspectos como un salario digno, seguridad social o aguinaldo y, los beneficios complementarios, que reflejan las necesidades y riesgos específicos del servicio policial, como atención legal o seguros de vida.
Desde esta perspectiva, la presión financiera del incremento salarial propuesto es mayor en tanto que tiene un impacto directo en los costos de las prestaciones laborales mínimas asociadas al salario del policía, además de los costos relacionados con las prestaciones recomendadas. Por ejemplo, un policía con salario bruto de 16,800 pesos mensuales, en realidad representa un costo anual de 294 mil pesos para el municipio, al considerar el aguinaldo, vacaciones, IMSS e Infonavit. Al agregar dos uniformes y equipo, el costo subiría a cerca de 340 mil pesos anuales, y si se consideran los beneficios complementarios que proponemos, como fondo de ahorro, vales de despensa, apoyo psicológico, entre otros, los costos mínimos por policía municipal podrían rondar entre <a href="https://infogram.com/costo-promedio-de-policias-en-mexico-1h7v4pdnr3dzj4k?live" target="_blank" rel="noopener">390 mil y 400 mil pesos anuales</a>. (<a href="https://drive.google.com/file/d/11MgEKeMVbWXou2q7Gbw9GYbTWpkKhcQO/view?usp=share_link" target="_blank" rel="noopener">Ver metodología del cálculo</a>.)
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1374249" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/prestaciones-laborales.jpg" alt="Gráfica con los datos de las prestaciones laborales de los policías." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/prestaciones-laborales.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/prestaciones-laborales-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/prestaciones-laborales-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/prestaciones-laborales-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
La reforma para mejorar las condiciones laborales de policías debe ser integral. Tal es nuestra visión. Se necesita una política pública que, además de establecer un piso salarial, incluya los beneficios básicos y complementarios con los que deben contar todos los policías municipales del país. Es clave que la reforma defina con claridad el impacto presupuestal de esta medida y <a href="https://www.mexicoevalua.org/mejorar-la-vida-de-los-policias-municipales-es-una-prioridad-ciudadana/" target="_blank" rel="noopener">las fuentes de financiamiento para </a>cubrirla, ya que la implementación efectiva de estas mejoras depende de una planificación financiera cuidadosa y la participación activa de todos los sectores involucrados para garantizar un modelo de seguridad pública sostenible.
Para el financiamiento de la reforma es crucial la participación de la Federación y de los gobiernos estatales. La asignación de los fondos federales de seguridad (y recursos estatales) debe ser estratégica, asegurando que todos los municipios, especialmente aquéllos con compromisos claros hacia la mejora de las condiciones laborales de sus fuerzas de seguridad, pueda acceder a estos recursos, privilegiando a los que menos recaudan.
Es fundamental reconocer que sin una planificación y ejecución cuidadosa, incluso las reformas legales más prometedoras en materia laboral pueden no dar pie a cambios tangibles. La historia nos ha mostrado cómo, sin una asignación de recursos consistente y dirigida, las disposiciones legales resultan inviables. Esto subraya la necesidad de asegurar no sólo la disponibilidad de fondos, sino también la implementación efectiva y la voluntad política, para evitar que las reformas se queden en papel.
* Elsy Alcalá, Alberto Pérez (<a href="https://twitter.com/albertoppach" target="_blank" rel="noopener">@albertoppach</a>) y Marey Silva (<a href="https://twitter.com/maareysilva" target="_blank" rel="noopener">@maareysilva</a>) son investigadores de los programas de Gasto de México Evalúa.

Buenas noticias para las policías, ¿pero a qué costo?

Tras el concepto de transición energética (TE) está la necesidad apremiante de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por la actividad económica, principalmente energética y de transporte. Tales emisiones son el factor preponderante del calentamiento global, cuyos efectos podrían llevar, de no hacer nada al respecto, al fin de la vida humana en el planeta.
Es un hecho que el aumento constante de las actividades industriales ha contribuido al incremento de estas emisiones. Por eso, transformar nuestras maneras de producir, consumir y transportarnos, con el fin de quemar cada vez menos fuentes fósiles, es una de las vías para lograr el objetivo de mitigación. Ahora bien, la diversidad de enfoques en cuanto a políticas públicas para atender el problema van de lo muy general, como los acuerdos que se alcanzan en las conferencias internacionales –como la reciente <a href="https://unfccc.int/cop28" target="_blank" rel="noopener">COP28</a>, donde surgió una iniciativa interesantísima para <a href="https://linktr.ee/sinmasfosilesmx" target="_blank" rel="noopener">evitar la proliferación de los combustibles fósiles</a>–, hasta lo local, como bien ilustra el estudio comparado, realizado recientemente por la <a href="https://cooperacionclima.com.mx/recursos/descarga?id=420" target="_blank" rel="noopener">GIZ</a>, que recomendamos leer.
En los últimos años, el enfoque subnacional está cobrando en la esfera mundial una mayor relevancia para la planificación de políticas públicas y para la evaluación de las mismas. Por ello, desde <a href="https://www.mexicoevalua.org/de-lo-local-a-lo-global-claves-para-medir-la-transicion-energetica-subnacional/" target="_blank" rel="noopener">México Evalúa</a>, con el apoyo de Iniciativa Climática México, nos hemos sumergido en un análisis exhaustivo de cuatro procesos de transición energética en los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y Jalisco, con base en la metodología del <a href="https://www.weforum.org/publications/fostering-effective-energy-transition-2023/" target="_blank" rel="noopener">Índice de Transición Energética</a> del Foro Económico Mundial (FEM) (adaptada a la realidad mexicana), e inspiradas en una <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004222020764" target="_blank" rel="noopener">evaluación </a>exhaustiva que realizó un equipo de académicos en 282 ciudades de China.
A partir de nuestro andamiaje de 39 indicadores clave, disponibles en este <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/161HRPugJsrYSps2LEwH0kUUZxeTQmZZsKJAYqpcKXL4/edit?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">tablero</a>, buscamos, primeramente, lograr una vista panorámica en dos dimensiones: niveles de desempeño del sistema energético de la entidad, y niveles de preparación –conocido en inglés como readiness– orientada al establecimiento de las condiciones necesarias para atraer inversión y talento, y para lograr mejoras en los niveles de bienestar de la población. Así, se encuentran <a href="https://www.mexicoevalua.org/el-sextante/" target="_blank" rel="noopener">disponibles en nuestro sitio</a> los detalles de los avances o retrocesos de cada entidad en materia de pobreza energética, crecimiento económico, transporte bajo en emisiones o, incluso, en capacitación para aprovechar las oportunidades de empleo que la TE conlleva.
Ahora bien, hay dos grandes temas que engloban nuestras observaciones generales: la transparencia necesaria para la evaluación de la TE, y la necesidad de integrar la estrategia local de TE en una sola política pública, para poderla evaluar continuamente, de cara a la ciudadanía.
<h2>Transparencia: una herramienta indispensable para la TE</h2>
Después de recopilar datos correspondientes al periodo 2015-2022 en torno a indicadores relacionados con la producción y consumo de energía, emisiones GEI, inversión, presupuestos y programas orientados a la TE local, procedimos a evaluar el progreso o retroceso en cada entidad durante ese lapso de tiempo. Encontramos avances significativos en todas las entidades, con tasas de mejora superiores al 40 % e inferiores al 60 %. Sin embargo, hay que decir que la precisión de esa evaluación está intrínsecamente ligada a la disponibilidad de información, ya que una mayor cantidad de datos disponibles permitiría identificar con más exactitud los indicadores que impulsan la TE, y facilitaría una comparación del progreso en la TE entre las distintas entidades más justa. En ese sentido, la identificación de vacíos de información que restringen el análisis es fundamental para que los gobiernos locales comprendan la importancia de proporcionar información pública, siguiendo las mejores prácticas internacionales en la medición de la transición energética.
Pongamos un ejemplo. Jalisco se destacó en nuestro análisis como la entidad con la menor disponibilidad de información para medir el proceso de TE, lo que se puede interpretar como un nivel de opacidad del 33 %, según la metodología aplicada. De ahí que si se mide su nivel de avance histórico, dada la poca información publica disponible para completar los indicadores de TE, el porcentaje de desempeño contiene un sesgo importante respecto del desempeño medido para entidades que tienen mayores niveles de transparencia, como en este caso fueron Aguascalientes y Guanajuato. Esto hace imprecisa la comparación entre entidades, además de injusta, pues una entidad que se esfuerza por hacer transparentes todos sus indicadores puede resultar con menores niveles de desempeño que aquélla que no publica adecuada y oportunamente sus datos. Por ello, impulsar una mayor transparencia en todas las entidades permitiría contar con bases de comparación más completas y mediciones más precisas de los procesos subnacionales de TE.
Según el estudio comparado de la GIZ, <a href="https://cooperacionclima.com.mx/recursos/descarga?id=420" target="_blank" rel="noopener">la autoridad de Puebla</a> ha desarrollado un Sistema de Información Energética (SIEEP) para apoyar sus esfuerzos de transición energética, buena práctica que podría servir de referente a las demás entidades. Asimismo, en el estudio se recomienda que los gobiernos locales publiquen datos e información completos y actualizados sobre la situación energética de la entidad, incluida la información sobre pobreza energética.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1372030" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/transicion-energetica.jpg" alt="Gráfica con los datos de pobreza energética del país." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/transicion-energetica.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/transicion-energetica-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/transicion-energetica-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/transicion-energetica-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Llama la atención que aunque Querétaro y Jalisco cuentan con agencias especializadas en energía, aún tienen áreas de oportunidad para proporcionar datos y estudios que permitan comprender mejor el diagnóstico del desempeño de su sistema energético, y la articulación de sus planes y programas para aumentar su eficiencia y reducir las emisiones GEI.
<h2>Esfuerzos locales poco integrados a estrategias de TE</h2>
El 23 de enero de 2024 se hizo pública en el Diario Oficial el Acuerdo mediante el cual se aprobó y difundió la <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5714865&amp;fecha=23/01/2024#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">actualización de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios</a> (en adelante, la Estrategia). Se requiere un análisis detallado de los componentes de este extenso documento. Aquí nos centraremos en resaltar las secciones que abordan la TE a nivel subnacional, con el fin de vincular los hallazgos de nuestra investigación con las metas establecidas a nivel federal para las acciones locales.
El Gobierno federal destaca varias observaciones sobre las barreras y oportunidades identificadas por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee). Entre éstas se encuentran la falta de financiamiento, la discontinuidad de los programas de desarrollo municipal y la alta rotación de personal en organismos públicos, lo que afecta la capacidad técnica. Asimismo, se señala la obsolescencia de marcos jurídicos locales y la falta de armonización entre instrumentos de distintos niveles de gobierno, así como la carencia de censos, mediciones y datos actualizados sobre sistemas consumidores de energía, indispensables para la toma de decisiones. Sin embargo, también se resaltan iniciativas positivas, como los esfuerzos de numerosas ciudades para modernizar sus sistemas de alumbrado público, el interés de los gobiernos locales en promover sistemas de transporte público más eficientes y no motorizados, y el establecimiento de instituciones o departamentos dedicados a la promoción y aplicación de medidas de eficiencia energética.
En este sentido, celebramos la publicación de la estrategia actualizada, ya que nos ayuda a confirmar nuestras observaciones realizadas, principalmente en 2023, respecto de una falta de integración de las políticas locales en vista de una estrategia de TE nacional que pueda ser medida, documentada y monitoreada en su desempeño a través del tiempo. Además, hemos identificado fallas relevantes en la información relacionada con la cuantificación oportuna de las emisiones de GEI en los estados. Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes los datos son tan desactualizados y muestran cambios tan drásticos que resultan poco confiables, y por ello decidimos considerarlos como prácticamente inexistentes. De manera similar, en Guanajuato observamos un aumento en las emisiones de GEI; sin embargo, el inventario de emisiones está tan desactualizado que pierde calidad y confiabilidad como dato para el análisis. En Jalisco también hemos encontrado datos desactualizados, pero, además, identificamos tendencias contradictorias entre los datos publicados por la autoridad ambiental local y los de la autoridad federal. Finalmente, en el caso de Querétaro, los datos federales muestran una importante disminución de las emisiones de GEI entre 2015 y 2018. Sin embargo, dichos datos también están obsoletos y se observan discrepancias significativas entre 2016 y 2017, lo que pone en duda la precisión de la metodología utilizada para reportar las emisiones.
Por tanto, la confirmación oficial sobre la disponibilidad de los datos más recientes de la Estrategia Nacional actualizados a 2019 habla muy mal del desempeño de las entidades gubernamentales para cumplir con su obligación de cuantificar las emisiones GEI. Actualmente, según las autoridades responsables, las emisiones de GEI en el país ascendieron a 759.5 millones de toneladas de CO2 equivalente (Mt de CO2e) en 2019, lo cual fue 1.8 % mayor respecto a 2015, y las emisiones de GEI ocasionadas por las actividades de producción de electricidad y calor llegaron a representar entre 19.6 % y 23.3 % del total nacional. Asimismo, el documento señala como observaciones de parte de la Comisión Reguladora de Energía la falta de disponibilidad de herramientas de planeación, como el Inventario Nacional de Energías Limpias y el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias. Es decir, a nivel federal existe el reconocimiento de la falta de información sobre la cuantificación real o, al menos, de la más actual de emisiones GEI. Por cierto, que la Estrategia queda a deber una explicación sobre esta falta grave de información. Asimismo, es omisa respecto de los obstáculos que han impedido la actualización de los inventarios de emisiones GEI, un insumo informativo esencial para poder medir el impacto en emisiones de las políticas públicas locales.
Por otro lado, es interesante la información que describe la Estrategia sobre el desarrollo del proyecto del Instituto Mexicano del Petróleo, denominado N.62021 o Hub de Conocimiento para la Transición Energética, que incluye el objetivo de crear un espacio virtual de colaboración para promover e implementar iniciativas en el sector energético, entre las que destacan esfuerzos de vinculación del Gobierno federal con funcionarios y empresarios de varios estados, y firmas de convenios de colaboración con agencias estatales de energía, como las de Jalisco y Puebla. También reconoce la recepción de cartas de interés de entidades estatales de Veracruz, Chihuahua y Durango, así como de parte de la iniciativa privada, representada por la Coparmex de Querétaro. Estos esfuerzos son muy positivos y consideramos que deberían extenderse a todas las entidades federativas en sus tres niveles de gobierno, para levantar la información necesaria para medir continuamente las emisiones GEI.
Las ciudades, municipios y entidades federativas son las principales emisoras GEI a nivel mundial y, por tanto, deben ser el epicentro de la lucha por alcanzar un balance neto de emisiones; es decir, que las emisiones antropogénicas de GEI se equilibren con las remociones de estos gases durante un período específico. Según el Banco Mundial, actualmente, cerca del 56 % de la población mundial vive en áreas urbanas, y se prevé que este porcentaje aumente al 70 % para 2050. Por lo tanto, la gestión adecuada de la urbanización mediante políticas y estrategias que aprovechen los recursos locales y promuevan el acceso a la tecnología puede beneficiar considerablemente a la población.
Estos temas y muchos más serán discutidos el <a href="https://docs.google.com/forms/d/1-4hPcCiNSRjhcx4qQCSASW76rJ7Bzc29i4ptahumr8U/viewform?edit_requested=true" target="_blank" rel="noopener">próximo 27 de febrero a las 11 a.m. en el canal de YouTube de México Evalúa</a>. ¡Te esperamos!
* Ana Lilia Moreno (<a href="https://twitter.com/analiliamoreno" target="_blank" rel="noopener">@analiliamoreno</a>) es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia en México Evalúa.

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