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¿Puede México avanzar hacia la sostenibilidad energética sin saber con precisión de dónde parte ni hacia dónde va? El nuevo <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5755162&amp;fecha=15/04/2025#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">Plan Nacional de Desarrollo (PND)</a> 2025-2030 promete un salto significativo en la transición hacia energías limpias, pero al revisar sus indicadores clave surgen más dudas que certezas. ¿Son estas métricas realmente útiles, o estamos ante una contabilidad que no refleja el verdadero estado del sistema energético?
A primera vista, las metas suenan ambiciosas: más de 22 mil megawatts adicionales y un 45 % de generación limpia para 2030. Pero basta con asomarse a los detalles para descubrir contradicciones preocupantes: fuentes altamente contaminantes como la leña se consideran “renovables” sin ningún filtro técnico, y los compromisos asumidos en el Acuerdo de París parecen diluirse en indicadores vagos y mal alineados. Este análisis desmenuza lo que los números del PND no dicen a simple vista, y revela por qué redefinir cómo medimos la transición energética es tan urgente como la transición misma.
<h3>Los detalles del Índice de Independencia Energética</h3>
La primera métrica a discutir es el Índice de Independencia Energética (<a href="https://sie.energia.gob.mx/difusion/#/indicadores" target="_blank" rel="noopener">IIE</a>), bajo el objetivo 4.1. del PND. Éste mide la capacidad de un país para cubrir su demanda energética con producción propia. A mayor IIE, mayor soberanía.
México cayó de un IIE de 0.969 en 2015 a 0.721 en 2023. Para 2030, la meta establecida en el PND es de 0.74: un avance marginal de 0.03 puntos. Tal objetivo poco o nada refleja un camino contundente hacia la soberanía energética, el gran propósito planteado en el presente sexenio.
Otro inconveniente: el IIE no informa sobre el estatus de la seguridad energética —es decir, la capacidad real del sistema para ofrecer un suministro confiable, limpio y competitivo a la población y a la industria—. En palabras sencillas, un país puede registrar “niveles altos de soberanía”, <a href="http://cidac.org/esp/uploads/1/Mexico_Inseguro_energticamente_final_280813.pdf" target="_blank" rel="noopener">como ocurrió en nuestro país en 2015</a>, y al mismo tiempo, presentar serias fallas en el suministro de energéticos o distorsiones en sus sistemas de precios que impiden a la población gozar de mejores bienes y servicios de energía.
<h2>¿Qué tan renovable y alterna es la matriz energética nacional?</h2>
Pasemos al siguiente indicador en la matriz energética nacional: Participación de Energías Renovables y Alternas, bajo el objetivo 4.2. del PND. Ésta mide la proporción de las fuentes “renovables y alternas” respecto del total de la producción nacional de energía. Se establece el objetivo de alcanzar un 21.50 % en el 2030 con respecto al 17 % establecido como línea base en 2022.
Es necesario entender este indicador. Primero, porque la nueva legislación energética no define el término “energías alternas”. Segundo, porque incluye sin mayor distinción a la leña y al bagazo de caña como fuentes de energía renovable a ser considerados en la fórmula. Esta última cuestión es aún polémica en los círculos de especialistas internacionales, como veremos más adelante.
La leña y el bagazo de caña aportaron, en 2023, el 33.58 % de la energía producida bajo la clasificación “energía renovable”, según las estadísticas de la Secretaría de Energía (Sener) en su publicación anual <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/977268/Balance_Nacional_de_Energ_a_2023.FINAL06.02.2025.1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Balance de Energía</a> (ver imagen). En contraste, por ejemplo, la energía solar representó el 20 %, la eólica 17 % y la geotermia 9.2 %. Esto significa que, juntas, la leña y el bagazo (bajo la categoría “biomasa”) representan la proporción más importante del total de la energía clasificada como renovable.
<figure id="attachment_1524658" aria-describedby="caption-attachment-1524658" style="width: 782px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1524658" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/Energias-limpias-OK.jpeg" alt="Extracto (página 51) del Balance Nacional de Energía publicado por la Secretaría de Energía en el que se observa, en los últimos renglones, al Bagazo de caña y la Leña bajo la clasificación de energías renovables." width="792" height="612" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/Energias-limpias-OK.jpeg 792w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/Energias-limpias-OK-600x464.jpeg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/Energias-limpias-OK-768x593.jpeg 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" /><figcaption id="caption-attachment-1524658" class="wp-caption-text">Extracto (página 51) del Balance Nacional de Energía publicado por la Secretaría de Energía en el que se observa, en los últimos renglones, al Bagazo de caña y la Leña bajo la clasificación de energías renovables.</figcaption></figure>
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Si bien la clasificación va de acuerdo con las normas de <a href="https://www.iea.org/commentaries/understanding-and-using-the-energy-balance?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">contabilidad aceptadas</a> para medir la producción de energía primaria, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> su inclusión en dicha categoría podría generar confusión si se utiliza como único parámetro de medición del avance de la adopción de energía renovable en un país, al tratarse de fuentes cuya combustión genera altos niveles de emisiones contaminantes.
Investigaciones del <a href="https://ecosystems.psu.edu/research/centers/private-forests/news/burning-wood-caring-for-the-earth?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">Centro de Estudios Forestales</a> de la Universidad de Pennsylvania advierten que la leña puede emitir 2.5 veces más CO₂ que el gas natural y 30 % más que el carbón por unidad de energía producida. Además, en México, país con altos niveles de deforestación y débil control para evitar la tala ilegal, el uso de la leña difícilmente podría considerarse como sostenible. Por lo tanto, en el contexto mexicano, si queremos confiar en indicadores que nos ayuden a dar seguimiento a la producción de energía con base en fuentes renovables, es necesario revisar y reformular la manera en que se define la contabilidad de estos insumos.
Por su parte, aunque la <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5752329&amp;fecha=18/03/2025#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">ley mexicana</a> reconoce al bagazo de caña como fuente limpia, condiciona su validez a que se use en plantas de cogeneración eficiente certificadas. En 2023, según una <a href="https://revistahorizontes.uv.mx/index.php/horizont/article/view/68/0?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">investigación</a> de la Universidad de Veracruz, sólo 22 de 49 ingenios azucareros usaban cogeneración y apenas 12 % estaban registrados ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Esta brecha evidencia que esta fuente no puede considerarse automáticamente como renovable, pues su quema genera emisiones y —sin control regulatorio— incentiva prácticas no sostenibles.
Organismos como la <a href="https://www.iea.org/energy-system/renewables/bioenergy?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">Agencia Internacional de Energía</a> (AIE) y el <a href="https://www.wwf.mg/en/?9519941%2Fmythbuster-forest-biomass=&amp;utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">World Wildlife Fund</a> han alertado sobre los riesgos de clasificar la biomasa sólida como energía renovable. Abogan por criterios más estrictos, ausentes en México, donde no se ha presentado evidencia ni certificaciones que respalden su uso sostenible. Todo lo contrario, según <a href="https://pronatura-sur.org/wp-content/uploads/2024/10/Deforestacion-en-Mexico.-Propuestas-para-una-agenda-nacional.pdf?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">Pronatura</a>, en la última década el país perdió 6.3 % de su superficie arbolada, y en 2021 el <a href="https://www.gob.mx/semarnat/articulos/deforestacion-y-tala-ilegal-amenaza-latente-para-nuestros-bosques?idiom=es&amp;utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">Gobierno federal</a>  detectó 122 zonas críticas con tala ilegal y lavado de madera en 20 estados del país, una práctica que consiste en dar apariencia legal a madera extraída ilícitamente.
<h2>¿Y las metas del Acuerdo de París?</h2>
​Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) son los mecanismos a través de los cuales los países establecen sus metas específicas para la generación de electricidad a partir de fuentes limpias, con base en el Acuerdo de París en 2016 y sus posteriores actualizaciones. ​Fue precisamente en 2016 cuando México se comprometió en sus NDC a generar al menos 35 % de su electricidad con métodos limpios para 2024, meta que no se alcanzó. En 2021 se acercó a la meta con un 29.5 %, pero en 2023 y 2024 la proporción cayó a 24.32 % y 22.15 %, respectivamente.
Asimismo, las metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) están planteadas en bajar 35 % para 2030, lo que implica instalar hasta 40 gigawatts adicionales en energías limpias, según el <a href="https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/Mexico_NDC_UNFCCC_update2022_FINAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">reporte de actualización de NDC del 2022</a> elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Recordemos que el sector energético desempeña un papel crucial en las NDC de México al representar aproximadamente una <a href="https://www.iniciativaclimatica.org/prodesen/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">tercera parte</a> de la meta nacional de reducción de emisiones de GEI para 2030. Por tanto, en materia de transición energética éste es en realidad el indicador clave en el PND, que se incluye bajo su objetivo 4.3.
<h2>Conclusión</h2>
Si bien la narrativa del PND plantea metas ambiciosas para impulsar la transición energética y avanzar hacia una matriz más limpia, los indicadores comentados aquí presentan falta de claridad conceptual y metodológica para reflejar el desempeño del sistema energético en función de los objetivos planteados. Esto debilita su capacidad para reflejar avances reales.
La inclusión de fuentes como la leña o bagazo de caña en la base contable de energía primaria como único parámetro para el monitoreo de la adopción de energía renovable revela una desconexión del PND respecto de las mejores prácticas internacionales. La <a href="https://www.iea.org/commentaries/understanding-and-using-the-energy-balance?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">AIE recomienda</a> que al analizar metas de energías renovables no solo se use la oferta primaria de energía, sino también el consumo final y la generación eléctrica, para evitar interpretaciones erróneas. Por ello es recomendable atender este tipo de precisiones para determinar los parámetros relativos al cumplimiento de los compromisos, pues no se trata sólo de una obligación jurídica, es una condición para fortalecer la competitividad de México y atraer inversiones de calidad que demandan energías limpias certificadas en sus cadenas productivas y logísticas.
* Ana Lilia Moreno  (<a href="https://x.com/analiliamoreno" target="_blank" rel="noopener">@analiliamoreno</a>) es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia en México Evalúa.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> La energía primaria es el punto de partida en la cadena energética. A partir de ella se generan energías secundarias como la electricidad o los combustibles refinados.

Transición energética: qué se mide (y qué no) en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

Los poderes judiciales locales en México tradicionalmente se han mantenido alejados de la ciudadanía. La naturaleza de sus funciones así lo ha definido, pero su distanciamiento ha contribuido a generar un déficit de legitimidad, así como un clima de desconfianza y de percepción de corrupción.
La reciente reforma al Poder Judicial en México —que derivó en el actual proceso para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros a nivel federal y local— abrió una discusión cuya pregunta central puede plantearse así:  ¿éste era el cambio estructural que realmente necesitaban estas instituciones para brindar certeza y confianza sobre sus procesos y resoluciones?
Para asegurar un servicio de calidad en la impartición de justicia, los poderes judiciales requieren no solamente de condiciones normativas, técnicas y operativas —como cualquier otra institución pública—. También, porque estamos en un contexto democrático, demandan condiciones políticas que les otorguen legitimidad. Una de ellas es la independencia judicial. La otra es la transparencia.
<h2>Las obligaciones de transparencia en los poderes judiciales locales</h2>
Ya desde 2015, con la publicación de la primera Ley General de Transparencia y la entonces nueva Ley Federal, se establecieron obligaciones de transparencia específicas para los poderes judiciales, incluyendo el ámbito estatal.
Sin embargo, con la desaparición del INAI como órgano constitucional autónomo y la pulverización de sus funciones en diversas instituciones federales dependientes del ejecutivo, el marco para la rendición de cuentas de los poderes judiciales locales ha quedado a la deriva y dependiente de la voluntad de transparencia en lo local.
Por su parte, desde la academia y las organizaciones ciudadanas, diversas iniciativas han buscado medir y mejorar la transparencia de los poderes judiciales. Tenemos como ejemplos el Observatorio de Justicia Abierta (INAI-UNAM, 2019) y la Métrica de Justicia Abierta (World Justice Project, 2023). Éste último cuenta con un módulo de apertura jurisdiccional que incluye una evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Por su parte, México Evalúa publicó, en 2021, el documento “<a href="https://www.mexicoevalua.org/informacion-desde-y-para-los-poderes-judiciales/" target="_blank" rel="noopener">Información desde y para los poderes judiciales</a>”, que contiene 27 indicadores que buscan fortalecer las condiciones para mejorar la transparencia y el derecho de acceso a la información.
Ahora bien, la nueva Ley General de Transparencia publicada el pasado 20 de marzo de 2025 —y que sustituye a las leyes General y Federal de 2015— mantuvo prácticamente las mismas obligaciones de transparencia específicas para los poderes judiciales. Sin embargo, ante la desaparición de los órganos garantes en la materia y el debilitamiento de las garantías para el acceso a la información pública, existen nuevos riesgos para la transparencia judicial.
<h2>Oportunidades para avanzar en los estándares de transparencia</h2>
A pesar de los esfuerzos por transparentar sus procesos, los poderes judiciales locales no logran posicionarse como una institución confiable y cercana a las personas, particularmente en sectores de la población en condición de vulnerabilidad.
Como la tarea sigue pendiente, identificamos cuatro oportunidades para mejorar la transparencia de esta institución a nivel local:
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<li>Enmendar las constituciones de los estados. En el contexto de las reformas legislativas a los poderes judiciales locales, es recomendable incorporar en los textos constitucionales normas sobre transparencia judicial que aseguren estándares mínimos tales como el principio de máxima publicidad, limitar la discrecionalidad en la reserva de información, facilitar los mecanismos de impugnación ante negativas de acceso a la información, mantener la obligación de documentar actos gubernamentales, así como establecer obligaciones específicas en materia de “apertura gubernamental”.</li>
<li>Transparentar los recursos. En el proceso de implementación de la reforma a los poderes judiciales, poco se han analizado las facultades a los órganos de administración judicial que sustituyen a los consejos de la judicatura. Un elemento fundamental para garantizar la independencia judicial, es que jueces y magistrados cuenten con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones, y los encargados de proveer esos recursos son dichos órganos administrativos. Es indispensable que los órganos de administración operen las obligaciones de transparencia sobre los recursos de los poderes judiciales.</li>
<li>Publicitar las audiencias abiertas. Otra oportunidad es la publicidad de las audiencias para que cualquier persona pueda presenciarlas. Ello también abre la puerta para revisitar procesos ya concluidos a través de sus videograbaciones. Esta es una herramienta valiosa para conocer y evaluar el desempeño de las personas juzgadoras, y acercar la justicia a la ciudadanía. Pese a su relevancia, los poderes judiciales tienen políticas desiguales de acceso a estos registros, lo que resulta en grandes obstáculos para su consulta.</li>
<li>Recopilar y procesar datos estadísticos y geográficos. Finalmente, es indispensable contar con información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de los poderes judiciales locales, para conocer sus resultados, así como sus necesidades y áreas de oportunidad. En este sentido, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Inegi ha sido desde 2011 una de las principales fuentes de información en esta materia. Sin embargo, la edición 2024 tiene menos información procesada en comparación con años pasados, lo que se traduce en menor accesibilidad para la ciudadanía. Por ejemplo, en años anteriores (2019-2023), el tabulado de estructura organizacional y recursos contaba con más de 22 hojas de excel, pero en 2024 únicamente tiene siete hojas. Es decir, en el último año hubo un menor procesamiento de datos. Esto incluye el número de personas juzgadoras y magistradas por entidad; número de regiones y/o distritos judiciales por entidad; número de sentencias emitidas por entidad, entre otras. Si bien es posible recuperar esta información a través de los microdatos, esta herramienta es menos accesible para el público en general pues requiere conocimientos en procesamiento de datos.</li>
</ol>
Ante el déficit de legitimidad y el desconocimiento de la mayoría de los ciudadanos sobre sus funciones, los poderes judiciales locales tienen que publicar más y mejor información sobre su quehacer (y no solo las obligaciones que establece la ley) a través de medios y formatos adecuados para los distintos públicos (incluyendo por supuesto a personas en condición de vulnerabilidad). Hoy más que nunca se deben tomar muy en serio sus políticas de transparencia porque sólo serán efectivas en la medida en que logren brindar mayor certeza, confianza y cercanía con las personas.
* Jorge Carbajal es coordinador de alianzas del programa de justicia en México Evalúa.

Transparencia en poderes judiciales locales, la tarea pendiente

12 de marzo: En el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, madres y familiares de personas desaparecidas mostraron al mundo una realidad que no puede esconderse más. A saber: 1) la colusión —forzada o no— de las autoridades locales con las organizaciones criminales, 2) la existencia de procedimientos sistematizados para el reclutamiento forzado en los cárteles, y 3) que hay espacios definidos para la destrucción de cuerpos. La cifra de homicidios dolosos, por sí misma, ya no es la mejor variable para medir la violencia homicida generada por los conflictos entre organizaciones y por la militarización de la seguridad pública. Existe un problema de personas desaparecidas.
17 de marzo: Cinco días después, y ante la preocupación del gobierno federal por evitar que el caso del Rancho Izaguirre se convirtiera en el Ayotzinapa de la administración 2024-2030, la presidenta Sheinbaum enlistó seis acciones inmediatas contra el delito de desaparición: 1) decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; 2) impulsar a las instancias de identificación de personas al consolidar el Certificado Único de Registro de Población, crear la Base Nacional Única de Información Forense, crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana y fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana; 3) incorporar en la Ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país; 4) equiparar el delito de desaparición al de secuestro, y homologar tanto penas como procedimientos de investigación; 5) establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República; 6) reforzar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida.
Dichas acciones son insuficientes para enfrentar la crisis de la desaparición de personas en México, pero al menos hubo directrices de política pública. Estas se orientaron a la creación de un entorno institucional que generará información, inteligencia, mecanismos de coordinación y capacidades de respuesta inmediata en las autoridades. Ese es el sello técnico y cerebral característico con el que el gobierno de la presidenta Sheinbaum suele responder.
<h2>De la política pública certera a la narrativa deslavada</h2>
25 de marzo: Tan solo ocho días después de las propuestas de política pública, el tono técnico y serio de la comunicación oficial desapareció. En su lugar, se actualizó la pésima práctica del lopezobradorismo de envolver un problema en la narrativa de la autodenominada Cuarta Transformación para bajar la intensidad. En esta ocasión, la estrategia fue dejar de referir al Rancho Izaguirre como un “campo de exterminio”, y señalarlo como un “campo de adiestramiento”. Para esto se utilizó la voz de Omar García Harfuch en “Las mañaneras del pueblo”. Las palabras importan. Por eso el gobierno federal está peleando la semántica del fenómeno de las personas desaparecidas en la agenda pública. Pero también la definición de un problema público importa, pues quien define el problema, define la posible solución.
Así, cuando la administración 2024-2030 dice que el Rancho Izaguirre no era un campo de exterminio, sino uno de adiestramiento, está reenfocando el problema de la desaparición de personas hacia un problema donde las víctimas solo son las personas que ingresan a trabajar en las organizaciones criminales. Así, se evade el hecho de que hay personas inocentes que no regresaron a sus casas; que ante la falta de oportunidades, los jóvenes son reclutados con vacantes engañosas; que de manera sistemática las organizaciones se deshacen de los cuerpos de las personas asesinadas para no atraer la atención de la autoridad, y que la autoridad no tiene incentivos para encontrar las fosas clandestinas en donde terminan esos cuerpos, pues hallarlas incrementa las cifras de criminalidad.
8 de abril: La sombra del lopezobradorismo volvió a oscurecer el problema de las y los desaparecidos, mediante sus tentáculos en el legislativo. El Senado aprobó emitir un pronunciamiento para pedir la destitución de Olivier Frouville, presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, luego de que el organismo abrió un procedimiento para analizar la situación en México. Porque, obviamente, el problema es el CED de la ONU y su apoyo a las víctimas, no así la aquiescencia del Estado Mexicano con el fenómeno de la desaparición forzada, su inacción con las víctimas indirectas o la violencia institucional que se ejerció en el sexenio pasado contra las madres buscadoras. Por supuesto esto solamente es coherente en las mentes propagandistas de la narrativa oficial.
<h2>Las cifras que no se pueden desaparecer</h2>
La crisis de personas desaparecidas no inició con la administración de Claudia Sheinbaum. Se agudizó desde fechas tan distantes como el inicio de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. No obstante, fue durante la gestión de López Obrador cuando se registró el mayor incremento en el fenómeno. Felipe Calderón dejó la presidencia con 17,498 personas desaparecidas y no localizadas, Enrique Peña Nieto lo hizo con 32,647, mientras que López Obrador acumuló 58,138. Al parecer, la política de “Abrazos, no balazos” —lo que sea que haya significado— no fue eficiente para desincentivar a las organizaciones de desaparecer personas, al contrario.
Si esa política de seguridad basada en abrazos de la administración 2018-2024 ya se terminó, si ya se puso una pausa en la destrucción de instituciones en nombre de la austeridad republicana y, por el contrario, se está buscando construir instituciones civiles de seguridad, también valdría la pena hacer una pausa en la narrativa, la semántica y la minimización de la violencia homicida para en su lugar diseñar políticas públicas eficientes para reducirla.
* Yair Mendoza (<a href="https://x.com/yair_mendozacg" target="_blank" rel="noopener">@yair_mendozacg</a>) es maestro en ciencia política, profesor universitario e investigador del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa (<a href="https://x.com/mexevalua" target="_blank" rel="noopener">@mexevalua</a>).

Teuchitlán: lo que no se puede desaparecer son las cifras

Recepción de denuncias anónimas, periciales de campo, exámenes de ADN, análisis masivo de datos, georreferenciación, modelos espaciales y estadísticos predictivos, periciales en fotografía, análisis de sábanas telefónicas, preservación de cadena de custodia, son sólo algunas de los métodos de investigación que se utilizan en el descubrimiento de fosas clandestinas. 
Sin embargo, en México quienes son expertas en estos métodos no son las autoridades, sino las familias que buscan a un ser querido y las organizaciones que les apoyan. El caso más reciente de Teuchitlán es un claro ejemplo. Diversas autoridades —en particular la Fiscalía del Estado— estuvieron en el Rancho Izaguirre muchos meses antes que las familias y fueron incapaces de procesar la escena de múltiples delitos.
La pregunta es: en un país con más de 100,000 personas desaparecidas y más de 2,800 fosas, ¿por qué las autoridades no son capaces de resolver estos casos?
<h2>¿A quién le toca investigar?</h2>
Del último año a la fecha los gobiernos en turno nos anunciaron que por fin la impunidad y la ineficacia de la justicia se acabaría con la reforma judicial. Nada más lejano que eso. Si no se abordan los problemas estructurales del estado mexicano en materia de investigación del delito, aunque tengamos los mejores jueces penales —que parece que tampoco será así— en estos casos simplemente no se obtendrá justicia.
Y ¿quiénes son las responsables de la investigación de delitos? Las policías y las fiscalías. En cada una de estas instituciones existe un problema de origen que es la falta de definición clara de roles y funciones. Además, a ello se suma la ausencia de canales efectivos de comunicación para lograr un fin común: presentar ante un juez las pruebas legalmente obtenidas sobre la comisión de delitos y sus responsables. 
En cuanto a roles y funciones, a las policías se les ha ubicado en funciones “preventivas” del delito, aunque en realidad estas instituciones muchas veces operan una vez que estos se han perpetrado. Son ellas las que a través de cámaras registran el hecho, son las primeras en llegar a la escena del crimen, reciben llamadas de emergencia y son las que conocen el terreno y entrevistan a personas de manera inmediata cuando se cometió el ilícito. 
Por otra parte, a las fiscalías se les ha identificado como las que tienen a su cargo la investigación. Cuando en realidad, su función principal es articular las investigaciones, vigilar que éstas sean legales y llevar los casos a juicio. Para ello tendrían que estar en estrecha comunicación con las policías. He aquí el otro gran fallo del sistema de investigación en México: la poca comunicación efectiva entre policías que investigan y fiscales que representan casos ante los tribunales.
<h2>Resultados de la indefinición y la ausencia de comunicación</h2>
El resultado de esta indefinición de roles y falta de comunicación entre autoridades es palpable en los pobres resultados del sistema de justicia, sobre todo tratándose de fenómenos criminales complejos que involucran la comisión de múltiples delitos por redes delincuenciales. 
Así, por ejemplo, de acuerdo a <a href="https://www.mexicoevalua.org/hallazgos-2023/" target="_blank" rel="noopener">Hallazgos 2023 de México Evalúa</a>, el índice de impunidad en homicidio doloso es de 96.8% y en casos de desaparición es de 99.5%. Por otra parte, tampoco se están resolviendo los delitos que generan ganancias económicas y que están detrás de muchos de estos homicidios y desapariciones. Así de acuerdo a dicho índice de impunidad, tratándose de narcomenudeo es de 91% y de extorsión es de 98%.
<h2>¿Hacia dónde vamos?</h2>
Parecería que con la reforma constitucional al artículo 21 y la reciente iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, nos encaminamos en ese sentido de clarificar roles y generar comunicación entre policías y fiscales. 
De acuerdo a la iniciativa, el sistema de inteligencia busca disminuir la incidencia de delitos de alto impacto mediante el “desarrollo de productos de inteligencia que serán de utilidad para integrar debidamente las carpetas de investigación”. Aquí una primera advertencia: el objetivo no es “integrar carpetas” —de papeles están llenas las fiscalías—, el objetivo real debería ser contar con indicios y medios de prueba obtenidos legalmente y que estos se sostengan ante juezas y jueces penales.
En esta iniciativa se advierten algunos elementos positivos importantes: el liderazgo de una institución de carácter civil, el empleo de tecnología para el análisis de datos, los objetivos de identificar patrones y comprender dinámicas criminales. Este tipo de herramientas podrían ser útiles, por ejemplo, para investigar redes criminales que desaparecen y asesinan personas, así como los delitos asociados que les generan beneficios económicos.
Sin embargo, esta iniciativa también contiene figuras muy riesgosas para los derechos de la ciudadanía, en particular la facultad del Secretario de Seguridad Pública de “requerir a las instituciones de seguridad pública y solicitar a todas las instituciones y dependencias del Estado, así como, en su caso, a entes privados, la interconexión o el envío de información” sobre cuentas bancarias, registros financieros, fiscales, comerciales, vehiculares, números telefónicos y datos biométricos de una persona, sin mediación de la fiscalía o autorización judicial. 
El fin no justifica los medios. Las investigaciones en las que se violentan derechos, corren el riesgo de generar más delitos como la tortura, falsificación de pruebas, abuso de autoridad y corrupción de autoridades. Es decir, al final lo que tendremos es un sistema de impunidad, en vez de uno de justicia. 
Por ello, es de suma relevancia que el uso de inteligencia y las investigaciones sean legales y respetuosas de derechos. De manera excepcional, cuando policías o fiscales adviertan la  probabilidad de que una persona esté involucrada en un delito, es indispensable que para revisar cierta información se obtenga una orden judicial. Y aquí vale recordar: cuando se implementó la reforma de justicia penal, se creó la figura de los “jueces de control”. ¿Qué controlan estos jueces? Justamente, que los derechos de las personas hayan sido respetados durante la investigación. No podemos saltarnos ese paso. Respetar los derechos legitimará las investigaciones y su credibilidad cuando sean puestas a prueba en los tribunales.
<h2>Lo que sigue en materia de políticas de investigación criminal</h2>
A partir de la experiencia de México Evalúa en el seguimiento a la reforma de justicia penal, observamos que en el actual Gobierno ya hay esbozos de una política criminal que empieza a decantarse por la civilidad de las policías, el uso de tecnología y la articulación de sistemas de información. Se advierte que cuando menos en el ámbito policial se quieren establecer con claridad funciones que abonen a la investigación de delitos. Pero en este rubro habrá que definir las limitaciones que debería tener la Guardia Nacional por su carácter de policía militar.
Cuando menos a nivel federal, se observa que la FGR tiene canales de comunicación muy estrechos, no sólo con las policías, sino también respecto de las víctimas. De acuerdo al Protocolo de Minessota, un elemento fundamental para la investigación de masacres es la comunicación y participación de familiares de víctimas, ya que son fuente importante de información. En los casos de desaparición de personas, es indudable que en México las familias buscadoras son expertas en investigación. Por ello, debería haber políticas para que la información que han recabado sea considerada por las autoridades. Aquí el reto también es generar confianza entre las familias en que esa información será bien utilizada.
También es necesaria la articulación de unidades de investigación integradas por policías, analistas, peritos y fiscales que —aunque provengan de diferentes instituciones o incluso de cooperación internacional— tengan la capacidad y herramientas para armar casos de fenómenos criminales complejos. Es decir, que puedan abordar al mismo tiempo la investigación de redes delincuenciales que cometen delitos interrelacionados: homicidio, extorsión, desaparición, fraude, despojo, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, robo de vehículos, entre otros. Es indispensable abandonar el modelo de investigación y persecución penal de caso a caso y por tipo delictivo.
Todos estos cambios estructurales en materia de investigación deben darse en el marco de la declaración del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que sostiene tener “<a href="https://x.com/ONUDHmexico/status/1908223406249545771/photo/1" target="_blank" rel="noopener">indicios bien fundados de que la desaparición se practica de forma generalizada o sistemática</a>” en México.
Un elemento primordial es que estas políticas de investigación y persecución penal sean respetuosas de los derechos de las personas. Su ausencia es la clave para perpetrar un sistema de impunidad, mientras que su presencia permite vislumbrar un verdadero sistema de justicia. 
* Susana Camacho (<a href="https://x.com/Su_Kmacho" target="_blank" rel="noopener">@Su_Kmacho</a>) es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
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La investigación de delitos y la justicia: lo que falta

La necesidad de incrementar la recaudación para financiar el gasto público, así como estructurar un sistema tributario justo y eficiente generalmente confluye en el siguiente debate: cobrar más a los ricos y ampliar la base gravable. Es decir, cobrar a más personas.
La respuesta a este debate es complicada, pero en realidad se requiere un poco de ambas estrategias. En este artículo te explicamos el estado de las cosas en el país en este aspecto.
<h3>¿Qué opina la gente en México?</h3>
Según encuestas realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 2024 las dos principales sugerencias que hicieron los contribuyentes para fortalecer la recaudación fueron mejorar la equidad en el cobro de impuestos (15.7 % de las respuestas) y aumentar la base de contribuyentes (12.7 % de las respuestas).
Asimismo, 10 % de las personas encuestadas sugirieron combatir la evasión fiscal, 9.75 % propuso mejorar la información sobre obligaciones fiscales y 7.2 % la simplificación de trámites.
En otras palabras, los contribuyentes piensan que el cobro de impuestos en México no es justo y que hay muchas personas que omiten o evaden su contribución fiscal. De igual forma, piensan que cumplir con el pago de impuestos es complejo. ¿Qué dicen los datos al respecto?
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<h2>¿En México paga más el que más gana?</h2>
Sí. El Impuesto Sobre la Renta (ISR) en México es progresivo. Esto significa que el porcentaje a pagar aumenta conforme crecen los ingresos del contribuyente.
En el caso de personas físicas (es decir, contribuyentes que no constituyen una empresa) la tasa del ISR va desde el 1.92 % hasta el 35 %, dependiendo del nivel de ingresos. No obstante, destaca que, en México, el rango de tasas es distinto al aplicado en otros países. En Brasil y Perú la tasa mínima es de 7.5 % y 8 % respectivamente, mientras que países como Colombia y Chile tienen tasas máximas de 39 % y 40 %.
La progresividad en las tasas del ISR genera que la recaudación de este impuesto se focalice en las personas de mayores ingresos. Por ejemplo, en 2022 el 10 % más rico de los trabajadores pagó el 21.6 % de ISR sobre sus ingresos por sueldos y salariosm contribuyendo con el 50 % de la recaudación de este régimen. Por el contrario, el 10 % más pobre de la población pagó sólo el 4.1 % de sus ingresos por concepto  de ISR y aportó el 0.3 % a la recaudación.
Sin embargo, el cobro de ISR está lejos de ser perfecto. Por ejemplo, actualmente para que una persona pase de tributar con una tasa de ISR de 34 % a 35 %, se requiere que pase de ganar 1.5 millones de pesos al año a 4.5 millones, un aumento de 200 %. Este problema se presenta a lo largo de toda la escala de cobro de este tributo, lo que implica que hay espacio aún para mejorar su aplicación.
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<h2>¿Cuántas personas pagan impuestos en  México?</h2>
Al cierre del cuarto trimestre de 2024, aproximadamente 28.8 millones de personas contribuyeron al pago del ISR. De ellas, el 94 % (27.1 millones) estaban ocupadas en el sector formal de la economía, lo que implica que, además del ISR, también aportaron a la seguridad social.
Sin embargo, el hecho de que las personas no cuenten con todas las garantías laborales no implica que no paguen nada de ISR, ya que existen personas empleadas en condiciones de informalidad laboral, pero que trabajan en el sector económico que es formal. Por ejemplo, un maestro temporal de una escuela particular, que por el tipo de contrato recibe un sueldo, se le descuenta el ISR, pero no cuenta con seguridad social. Al cuarto trimestre de 2024 se identificaron 1.7 millones de personas ocupadas en estas condiciones, que trabajan bajo condiciones de informalidad laboral, pero ocupadas en sectores económicos formales.
Por último, se encuentran las personas independientes, como son los emprendedores, profesionistas, pequeños comerciantes, entre otros, los cuales frecuentemente no tienen todas las garantías laborales, pero sí realizan el pago de sus impuestos. Al cuarto trimestre de 2024, se identificaron 17 mil personas que trabajan por cuenta propia y llevan a cabo el pago de ISR.
Hay que destacar que el 60 % de las personas informales que son independientes o empleadores reconocen no llevar siquiera registro contable de sus ingresos. Esto es, 7.7 millones de personas.
Los datos anteriores nos reflejan que la principal problemática en el pago de impuestos es la existencia de la informalidad en la economía, la cual no sólo implica un menor pago de impuestos, sino carencia de seguridad social, vacaciones pagadas, indemnización por despido, entre otras. De acuerdo con la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE), al cuarto trimestre de 2024, el 54.45% de las personas ocupadas se encuentran en condiciones de informalidad laboral.
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<h3>¿Se combate la evasión fiscal?</h3>
Sí. En 2024, el SAT logró ingresos por cobranza por 1.05 billones de pesos, 308 % (797 mmdp) más que en 2018.  Esto provino de una estrategia para recuperar saldos fiscales sin necesidad de un proceso judicial, y que ha rendido resultados.
Por ejemplo, en 2024 el SAT realizó 89.1 millones de acciones de cobranza contra contribuyentes, un aumento de 49 % (29.1 millones más) que en 2018. Dentro de estas acciones se encuentran las llamadas, mensajes, requerimientos y cartas invitación realizadas a contribuyentes para “autocorregirse” y evitar auditorías formales.
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<h2>Conclusión</h2>
México está muy lejos de cobrar suficientes impuestos. En 2024, los ingresos obtenidos por la recaudación tributaria y cuotas a la seguridad social (cuotas del IMSS) representaron 16.5 % del producto interno bruto (PIB). Aunque se trata del mayor monto histórico, está aún lejos del 33.9 % promedio de los países de la Organización por la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Si el país no mejora su recaudación, difícilmente podrá mejorar la calidad de los servicios públicos.
En los últimos años, la estrategia del Gobierno para mejorar sus ingresos ha sido aumentar la fiscalización de los contribuyentes cautivos, pero no ha modificado la estructura en el cobro de impuestos ni tenido resultados en incrementar el número de pagadores de impuestos.
No hay duda que hacia el futuro se debe de mantener el combate a la evasión y elusión fiscal, pero también se deben analizar otras estrategias como reforzar la progresividad en el cobro de impuestos, así como fomentar la formalización como un motor de crecimiento y garantía de derechos laborales.
* Jorge Cano es coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Carlos Vázquez es investigador del mismo programa.

¿Cobrar más impuestos a los más ricos o a más personas?

La promulgación de las <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5752329&amp;fecha=18/03/2025#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">leyes secundarias</a> de la reforma energética obradorista el <a href="https://www.youtube.com/watch?v=POq4pPSL-DA" target="_blank" rel="noopener">18 de marzo</a> buscaba exaltar el simbolismo de la expropiación petrolera de 1938 y la soberanía energética como eje discursivo de la política obradorista de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero el México de hoy es distinto y ya no está aislado del mundo.
La reforma en cuestión incluye cambios en la estructura orgánica de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que las convierte en empresas públicas no obligadas a generar valor económico y rentabilidad para el Estado. Además, plantea modificaciones regulatorias que les aseguran preponderancia en los mercados sin que legalmente puedan ser clasificadas como monopolios. Sus objetivos ahora estarán enfocados en procurar una mayor justicia energética y preservar la soberanía en el desarrollo de sus respectivos sectores.
El Instituto Estadounidense del Petróleo (<a href="https://www.api.org/" target="_blank" rel="noopener">API</a>, por sus siglas en inglés) <a href="https://drive.google.com/file/d/1hio1U20ad37BLntswBvyooK7LZsfNtga/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">ha pedido al presidente Donald Trump</a> revisar posibles prácticas desleales de México en su actividad comercial y abrir un panel bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Argumenta que dicho marco jurídico inhibe la competencia. El API representa a las 600 empresas más importantes del sector en Estados Unidos (EE.UU.). Este mismo mes ha decidido presentar su propio plan para fortalecer el liderazgo energético de EE.UU. ¿Estamos ante una amenaza o es una oportunidad para México?
<h3>El manejo de la energía a la mexicana</h3>
El gobierno mexicano ha reiterado que dará continuidad al modelo de negocios de Pemex enfocado en alcanzar —algún día— la autarquía en combustibles fósiles, reducir las exportaciones de crudo y disminuir la dependencia en las importaciones de gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) desde EE.UU. Ninguno de estos anhelos se ha logrado e incluso nos hemos alejado de esos objetivos.
El modelo, que se impulsó desde el sexenio del expresidente López Obrador, hizo que la paraestatal cerrara con una pérdida acumulada de 1.8 billones de pesos, no obstante que recibió apoyos extraordinarios por 2.2 billones de pesos. Para dar una idea de la magnitud, esto equivale a dos veces el presupuesto anual de <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/01/16/incongruente-con-plan-mexico-el-presupuesto-2025-para-educacion-y-ciencia/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">educación</a>, como recientemente lo analizó <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/03/04/incentivos-perversos-pemex-recibe-apoyos-billonarios-pero-no-sale-de-perdidas/" target="_blank" rel="noopener">México Evalúa</a>.
Por otro lado, la política energética de Sheinbaum busca impulsar la descarbonización a través de una nueva regulación a los biocombustibles y a la inversión en energías renovables por parte de la CFE. Esto pretende lograrlo a través de facilitar permisos a entes privados para plantas de mediana capacidad, con la permanencia del Mercado Eléctrico Mayorista, y al promover la expansión de la generación distribuida en los hogares sin requerir permiso.
En los mercados, los efectos inmediatos de las reformas han sido mixtos. Mientras <a href="https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/mexico/moodys-advierte-sobre-el-principal-riesgo-para-la-calificacion-de-pemex-con-leyes-secundarias/" target="_blank" rel="noopener">calificadoras</a> y especialistas vemos con <a href="https://www.energiaestrategica.com/fes-mexico-expectativas-por-definicion-de-leyes-secundarias-en-materia-energetica/" target="_blank" rel="noopener">escepticismo</a> la falta de claridad en la regulación, otros —como el <a href="https://energy21.com.mx/cce-ve-oportunidades-de-inversion-energetica-con-sheinbaum/" target="_blank" rel="noopener">Consejo Coordinador Empresarial</a>— consideran que el principal beneficio de la reforma es el mantenimiento de la apertura a la inversión del sector privado. A largo plazo, las implicaciones de la reforma dependerán de cómo se implemente, y si se logra garantizar seguridad jurídica para los inversionistas, como lo hemos planteado <a href="https://www.mexicoevalua.org/reforma-energetica-2025-avances-riesgos-y-la-ruta-pendiente/" target="_blank" rel="noopener">desde México Evalúa</a>. Entre los puntos críticos están la viabilidad de los proyectos públicos y mixtos, y la pregunta de si nuestro país cumplirá los <a href="https://globalenergy.mx/noticias/mexico-enfrenta-desafios-en-la-cop29-respecto-a-sus-compromisos-climaticos/" target="_blank" rel="noopener">compromisos</a> internacionales en materia climática.
<h3>La amenaza de Trump: ¿presión política, económica o ambiental?</h3>
El API ha estado históricamente alineado con políticas republicanas que favorecen la desregulación y el desarrollo de combustibles fósiles. Durante el primer gobierno de Donald Trump, este instituto apoyó su programa de flexibilización de regulaciones ambientales, expansión de la perforación y reducción de restricciones a la industria petrolera. Aunque el API sorprendió en 2021 al respaldar un precio al carbono, sus posiciones han sido generalmente cercanas al Partido Republicano. Con Trump de vuelta en el poder, se alinean ambas agendas energéticas.
Recientemente, el API propuso un <a href="https://lightsonenergy.org/roadmap/" target="_blank" rel="noopener">plan</a> para fortalecer el liderazgo energético de los EE.UU. y reducir la inflación. En primer lugar, insta a derogar mandatos que obligan a la adopción de vehículos eléctricos sin infraestructura suficiente, y promueve un enfoque neutral en tecnología (esto es, que los incentivos fiscales y la regulación no tengan un sesgo político para impulsar una tecnología en particular con el pretexto de reducir emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como el automotriz). El segundo punto propone reforzar la posición geopolítica de EE.UU. mediante la exportación de LNG. En tercer lugar, critica las restricciones regulatorias a la infraestructura de exportación bajo el argumento de que limitan el acceso de aliados a energía confiable y dañan la economía. Con ello busca eliminar la pausa en los permisos de LNG impuesta por Biden y acelerar proyectos pendientes. También plantea expandir la producción en tierras federales y aguas profundas para reducir la influencia de China y Rusia en el mercado energético.
Para México, el aspecto más riesgoso es la propuesta expansiva de LNG en EE.UU., pues supone riesgos por un aumento en exportaciones que podría elevar los precios y afectar nuestra economía. Recordemos que importamos de ese país el 70 % del gas que consumimos. Además, si EE.UU. prioriza a Europa y Asia como mercados clave, México podría enfrentar volatilidad en el suministro y recibir impactos negativos en nuestras industrias, empezando por la eléctrica. En 2024, la generación a partir de gas natural representó el <a href="https://energia.conahcyt.mx/planeas/electricidad/capacidad-generacion?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">62.4 %</a> de la matriz energética mexicana.
Otro eje del plan del API es la reforma en permisos y política fiscal. Critica el sistema regulatorio actual por frenar la infraestructura energética y urge a Trump a modificar la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA; siglas en inglés) para flexibilizar las opciones de inversión, lo cual podría poner a competir a México en términos riesgosos para el medio ambiente y la salud de la población. Además, al compartir yacimientos transfronterizos, la agilización de permisos por parte de EE.UU. permitiría a sus empresas extraer recursos con impactos ambientales sin control.
<h3>México ante la encrucijada energética: resistencia o adaptación</h3>
Aunque México es aún el 13° productor mundial de petróleo, ha reducido drásticamente su extracción y ha debilitado deliberadamente su papel como exportador neto. A su vez, su dependencia de combustibles importados ha crecido, con un <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/977268/Balance_Nacional_de_Energ_a_2023.FINAL06.02.2025.1.pdf" target="_blank" rel="noopener">déficit</a> energético del 27.92 % en 2023, cubierto principalmente con importaciones. De aquí que podemos apreciar que la interdependencia con EE.UU. es clara: el 98.2 % de las exportaciones energéticas mexicanas van allí, y el 83.7 % de las importaciones provienen de ese país. Según <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981483/flujosportipodeinversio_n.xlsx" target="_blank" rel="noopener">datos oficiales</a>, en 2024, la inversión extranjera directa en México proveniente de EE.UU. representó el 45 % del total, y de la IED norteamericana destinada al sector energético mexicano en el periodo 2012-2024 representa el <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981555/2024_4T_Energe_tico_PN_vp.pdf" target="_blank" rel="noopener">34.2 %</a>.
En lo ambiental, nuestro Gobierno no ha cumplido sus metas. En 2024, la energía renovable cayó al <a href="https://docs.google.com/presentation/d/1QeIxcflvsTPGAX2vlvDIFDl_Nf_pxlfjqBAlfLbomR0/edit?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">22 %</a>, lejos del 35 % proyectado. Las importaciones energéticas han aumentado un 89.7 % en la última década.
La gran incógnita es si la reforma energética de Sheinbaum resistirá la presión de Trump o deberá ajustarse. Si EE.UU. flexibiliza su regulación, anula su política climática o impone barreras comerciales a México, pese a la algarabía del 18 de marzo y la rigidez de las nuevas leyes, podría enfrentar la paradoja de verse obligado a replantear su estrategia energética para no quedar en desventaja.
* Ana Lilia Moreno (<a href="https://x.com/analiliamoreno" target="_blank" rel="noopener">@analiliamoreno</a>) es coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa. Miguel del Valle es colaborador en el mismo programa.

Y ahora, la reforma energética de Sheinbaum se enfrenta a Trump

Imagina que una mañana antes de ir al trabajo te das cuenta de que alguien robó las llantas de tu coche, además en tu calle no hay cámaras. ¿Usarías tu tiempo para ir a la fiscalía para denunciar uno de los delitos con mayor impunidad en el país? Seguramente no. Sabes que la policía no tiene la capacidad de investigar debido a la falta de cámaras, así que se quedará impune. También sabes que estarás más de cuatro horas esperando un papel que ni siquiera asegura la recuperación de las llantas. Además, es importante considerar el contexto emocional: el enojo y la frustración que surge después de un robo podría empeorar al darte cuenta de que no habrá justicia. Ante este panorama, es inevitable no denunciar.
Desafortunadamente, este no es un problema nuevo. En el país sólo se denuncian e investigan 7 de cada 100 delitos, mientras que el 93% restante nunca llega a conocimiento de las autoridades ni se refleja en las cifras oficiales. A este último porcentaje se le conoce como cifra negra y es clave para comprender la crisis de seguridad pública del país.
El porcentaje de cifra negra se ha mantenido constante en los últimos trece años: en 2010 la cifra fue del 92.0 %, mientras que en el 2023 fue de 92.9 %. Parece que combatir la falta de denuncias no ha sido relevante en los últimos dos sexenios. Cabe aclarar que solo existen datos desde 2010, año en que se levantó por primera vez la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)</a>, pero seguramente los años anteriores se ven igual.
Ante estas cifras, es indudable que las capacidades del Estado para garantizar seguridad en México son más endebles de lo que parece. No sólo se subestima el impacto de la delincuencia en la vida cotidiana, sino que conocemos menos del 10 % del problema real.
<h2>¿Cuáles son las causas de la cifra negra?</h2>
La cifra negra no se puede atribuir a una sola causa. Hay muchos factores que explican por qué la población mexicana no denuncia. De acuerdo con la última edición de <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/" target="_blank" rel="noopener">ENVIPE (2024)</a>, las tres principales razones son: pérdida de tiempo, desconfianza en la autoridad y por trámites largos y difíciles. Todas ellas responden a problemas estructurales como la impunidad, falta de resultados del sistema de justicia penal, mecanismos de denuncia poco eficaces y poca capacidad operacional de las instituciones de justicia. En síntesis, no existen incentivos ni mecanismos eficaces para denunciar en México.
Durante los últimos trece años, los seis delitos que analiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) han mantenido cifras negras por encima del 80 %. Los tres más graves son: extorsión, fraude y robo en calle o transporte público. De estos, la tendencia de extorsión y robo se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, mientras que la de fraude presenta una tendencia al alza desde 2015. Esto no debería sorprendernos, pues la misma naturaleza y contexto de estos actos delictivos explican su baja denuncia.
Desafortunadamente, a nivel nacional no se han presentado políticas específicas dirigidas a incentivar la denuncia de estos delitos, así que el país seguirá enfrentando un subregistro de los hechos delictivos, lo que impide una verdadera evaluación y respuesta a la crisis de seguridad.
<h2>El caso de Querétaro</h2>
Querétaro es el único estado del país donde los y las policías están equipados con tabletas electrónicas. La tableta les permite levantar denuncias de ciertos delitos (principalmente robos) casi al momento y en el lugar de los hechos, pues lo hacen a través de un sistema digital desde la calle o el lugar donde se encuentran. Es decir, cuando un policía acude a un llamado como primer respondiente, tiene la capacidad de levantar una denuncia que después se convertirá en una carpeta de investigación en la fiscalía, ya que todo el sistema de justicia está conectado mediante el sistema, que recibe el nombre de Cosmos. Con esta estrategia, el tiempo de denuncia de un robo pasó de más de seis horas en el Ministerio Pública a solamente 45 minutos, en promedio, en el lugar de los hechos y sin tener que acudir a una agencia del Ministerio Público.
En consecuencia, a partir de la implementación de esta estrategia aumentó significativamente el número de denuncias por robo a negocio, robo a vehículo, robo a casa y robo a transeúnte. Este dato podría malinterpretarse como que aumentó la inseguridad en Querétaro, pero no es así. Más bien, al hacer más rápidas y accesibles las denuncias, está disminuyendo la cifra negra. El modelo de Querétaro es un ejemplo de buenas prácticas en el país y debería ser adoptado por otras entidades.
<h2>La cifra negra en el contexto de la reforma judicial</h2>
La cifra negra refleja sólo el principio de una cadena de procesos donde intervienen diferentes autoridades, desde la policía hasta los jueces penales. Bajo la promesa de que la reforma judicial nos ofrecerá un sistema de justicia más accesible y efectivo, si no se atienden las causas originarias de por qué las personas no denuncian los delitos, esta oferta está vacía. Es decir, no veremos que las personas responsables de cometer actos ilícitos sean presentadas ante los jueces porque ni siquiera hay incentivos para denunciar.
Queda claro que la reforma judicial no es realmente una reforma al sistema de justicia, pues no aborda de manera integral los problemas que arrastran todas las instituciones involucradas. Hablamos de policías, servicios periciales o policías científicas, ministerios públicos o fiscales, defensorías públicas, centros de atención a víctimas.
A  través de la fórmula simplista de sustituir a los jueces y desmantelar las estructuras judiciales se prometió un “sistema más justo”. Sin embargo, los nuevos jueces electos por voto popular seguirán sin conocer los casos, porque ni siquiera se denuncian. Entonces, ante la ausencia de resultados, se generará aún más desconfianza en el sistema de justicia penal.
Si se lograra conectar la también reciente reforma al artículo 21 constitucional -que faculta a las policías a investigar- y esta reforma se complementa con un plan de modernización de las fiscalías, con una definición clara de roles de investigación y persecución penal, y se articula con la reforma judicial para contar con más y mejores jueces penales, entonces sí podríamos creer que se está trabajando para disminuir la impunidad y ofrecer mejores resultados.
Sin embargo, soy bastante escéptica ante este escenario. A diferencia de la política de proximidad de Querétaro, que ha facilitado los procesos para denunciar y ha mejorado la relación entre la ciudadanía y la policía, la reforma judicial ni siquiera se ve articulada en el discurso con la reforma a las policías. Así, la revisión de Fiscalías se ve lenta y sin rumbo, cuando menos hasta el momento. Ambos actores son clave en el proceso de denuncia y su ineficiencia es una de las razones por las que las víctimas prefieren no denunciar. Si la reforma no toca los actores clave, es muy poco probable que tenga algún impacto en la cifra negra.
También es importante considerar las implicaciones de una eventual disminución en la cifra negra dado un aumento de denuncias. Si las fiscalías y los jueces penales ya operan con una carga de trabajo elevada y con recursos limitados, ¿están realmente preparadas para recibir y procesar más delitos? Sin una mejora estructural en las instituciones responsables de coordinar las investigaciones y judicializar los delitos, un aumento en las denuncias únicamente saturará más al sistema, ralentizando los procesos previos y los nuevos, generando más desconfianza en la población. En este último escenario, la reducción de la cifra negra —sin capacidad de encauzar a investigaciones y procesos efectivos en fiscalías y tribunales— es un arma de doble filo, porque evidencia la capacidad muy limitada del sistema de justicia en México.
* Valeria Campuzano es investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa.

Cómo combatir la impunidad en el país donde casi nadie denuncia

Muy rápido en la administración de Sheinbaum se identificó un cambio en la forma de conceptualizar la estrategia de seguridad pública como mecanismo para contener el avance territorial del crimen organizado, las violencias y la explotación de los mercados ilícitos que generan. La política de “abrazos no balazos” y su atención a las causas solo serán vestigios simbólicos y retóricos presentes en los discursos de la presidenta, para mantener el vínculo identitario con la administración pasada.
Enhorabuena por dicho cambio de directriz de política pública, México lo necesita. Sin embargo, muy rápido también la comentocracia comenzó a señalar y calificar la nueva estrategia de seguridad pública de Sheinbaum como un regreso al calderonismo. Postura con la que discrepo, pues pese a los esfuerzos de analistas como Guadalupe Correa-Cabrera, Jacques Coste y Armando Vargas por abordar el tema, no están del todo claras las características del calderonismo y sus diferencias frente al claudismo. Cierto es que puede haber similitudes entre ambas gestiones, pese a tener tras de sí valores y visiones antitéticas de la seguridad pública. No obstante, la riqueza del análisis se cifra en las diferencias que las macro similitudes ocultan.
<h2>Las particularidades del calderonismo en materia de seguridad</h2>
Caractericemos la estrategia de seguridad pública de Felipe Calderón. Las diferencias se observan desde el diagnóstico y su vocabulario. En el inicio de dicha administración la visión de “seguridad pública” fue subsumida por la visión belicista de “guerra” y “combate a las drogas”. Es decir, no había problemas de criminalidad urbana, ni mercados ilícitos operando y lastimando la cotidianeidad de las personas. De acuerdo con Calderón, el problema era la existencia de organizaciones criminales que desafiaban el control del Estado mexicano en ciertos territorios como Michoacán o Guerrero —entidades donde iniciaron los operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y Policía Federal—. El enfoque definido para hacer frente a tal problema fue el ataque frontal a las organizaciones.
Su único proyecto de creación de instituciones en la materia se limitó a la Policía Federal. Adicionalmente, su mayor impronta fue sacar de los cuarteles al Ejército y la Marina para el combate frontal de las organizaciones. Es decir, optó tanto por la militarización directa de la seguridad pública, como por el enfoque indirecto, con la participación de mandos militares dentro de las estructuras policiales. Este combate tenía por objetivo abatir o capturar a líderes de organizaciones criminales. Con ello, las organizaciones se debilitarían a consecuencia de su desestructuración.
Todo esto en el marco de una relación de armoniosa supeditación de la agenda mexicana de seguridad pública a la agenda de Estados Unidos, país que destacó los esfuerzos mexicanos y los respaldó con financiamiento. Al finalizar su administración se esbozó la hipótesis de que el objetivo final era pacificar el país con la construcción de una organización criminal nacional y hegemónica como el Cártel de Sinaloa, mediante el uso de la fuerza pública para eliminar organizaciones competidoras.
<h2>Los diferenciadores del claudismo en la seguridad pública</h2>
¿La administración 2024-2030 tiene alguno de estos rasgos? En el nivel de la narrativa, Sheinbaum ha sido muy cuidadosa de no caer en retóricas que destaquen el carácter bélico del problema de la inseguridad pública en México; por el contrario, enfoca el problema como una consecuencia de las limitadas posibilidades de desarrollo que el país ofrece a su población como consecuencia del neoliberalismo. Es decir, la violencia es una consecuencia de la falta de justicia social.
Adicionalmente, la estrategia de Sheinbaum no persigue a objetivos criminales con control territorial, sino a aquellos que generan violencia. Tampoco captura capos (para así evitar la multiplicación de las organizaciones criminales, como pasó en los años de Calderón). Captura a operadores (financieros, personal de logística y empresarios de la violencia), es decir, los engranes de estas organizaciones, a aquellos que las hacen funcionar.
Aunado a lo anterior, la estrategia de Sheinbaum reconoce que para debilitar a las estructuras criminales se requiere desmontar la cooptación que han realizado sobre el poder público en los municipios y neutralizar la extorsión y cobro de piso, pues son instrumentos que les permiten financiarse. Los casos de extorsión a limoneros y aguacateros dan cuenta de ello.
Sobre la militarización de la seguridad pública, ésta es más una herencia de AMLO, antes que un sello de Sheinbaum. Cierto es que López Obrador recibió la misma herencia de Peña Nieto y éste a su vez la recibió de Calderón, pero la administración 2018-2024 abrió además la puerta para que las Fuerzas Armadas se hicieran relevantes también en los sectores de la construcción y la administración de puertos y aduanas, por ejemplo. Hasta entre militaristas hay diferencias.
Se señala el carácter militarista de la estrategia de Sheinbaum por continuar usando a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, pero no se matiza la ausencia, al día de hoy, de policiales civiles capacitadas para asumir la seguridad del país. La administración pasada también fue omisa en la construcción de policías. La administración de Sheinbaum está reconstruyendo las instituciones civiles de seguridad pública, piénsese en la reforma constitucional para el reforzamiento de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Se dice que Sheinbaum es calderonista porque atiende a las demandas de seguridad de EE.UU, subordinando la agenda nacional. Hay que señalar que ello es una normalidad en la relación bilateral, al menos desde Carlos Salinas de Gortari, por la asimetría de ambas economías, por lo que no es un sello exclusivo del calderonismo. La única administración que se atrevió a dejar en segundo término las demandas norteamericanas en materia de seguridad fue la 2018-2024, y así nos fue. La administración —demócrata, por cierto— de Joseph Biden tomó cartas en el asunto y nos dejaron un incendio en Sinaloa por la inacción cómplice de AMLO en el tráfico de fentanilo hacia el país del norte. Por cierto, no atender la agenda de EE.UU tampoco se tradujo en mejores condiciones de seguridad para los mexicanos. Finalmente, hoy no hay acusaciones ni señalamientos referentes a que el gobierno esté operando en favor de alguna organización criminal, es más, ni siquiera en favor de alguna de las facciones en pugna en Sinaloa.
Así las cosas, en términos de sus narrativas, diagnósticos, objetivos y los medios para lograr la paz, las formas de Sheinbaum son totalmente diferentes frente a las de Calderón. Salvo por el militarismo, ya que Sheinbaum está administrando un país con una élite militar más empoderada y enquistada en la administración pública, herencia de la administración de López Obrador.
* Yair Mendoza es maestro en ciencia política, profesor universitario e investigador del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa (<a href="https://x.com/mexevalua" target="_blank" rel="noopener">@mexevalua</a>).

Las no tan sutiles diferencias entre el calderonismo y el claudismo

Estamos a menos de 100 días de tener la primera elección de cargos jurisdiccionales en México. Como se han jactado nuestras autoridades, somos el único país en el mundo con un proceso electoral de esta naturaleza, que abarca cargos jurisdiccionales federales y estatales. Este proceso ha sido tortuoso desde un inicio. Desde la aprobación de la reforma constitucional, hasta el día de hoy, que seguimos sin certeza de quiénes son las personas candidatas por las que votaremos el primero. de junio. 
Una buena parte de la atención de la reforma judicial se ha centrado en el Poder Judicial de la Federación. Ese foco es sumamente relevante, en términos de lo que significa desmantelar una institución cuya principal carga de trabajo es resolver amparos, es decir, proteger derechos de la ciudadanía incluso en contra de las autoridades. 
Sin embargo, hay un proceso que corre en paralelo y que no ha sido monitoreado tan de cerca: la elección de jueces y magistrados estatales. Su función también es vital. Son quienes resuelven los conflictos cotidianos de las personas: divorcios, pensiones alimenticias, tutelas, contratos entre particulares, delitos del fuero común, contratos laborales, herencias, sólo por mencionar algunos.
<h2>¿Qué implica la reforma judicial para los estados y para la votación ciudadana?</h2>
La reforma judicial estableció para los estados la obligación de reformar las constituciones locales en un plazo que vence el 14 de marzo de 2025. En principio, todas las constituciones estatales deberían alinearse al texto de la Constitución para esa fecha, aún cuando no convoquen a elecciones extraordinarias en junio. Pero tampoco se advierte sanción a las entidades federativas que no lo hagan en los plazos establecidos, y tampoco hay un plazo para la expedición de la legislación secundaria estatal. 
Al día de hoy, 20 entidades federativas han publicado sus reformas constitucionales: Aguascalientes, Campeche, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
El que hayan publicado sus reformas constitucionales, no implica que tengan elecciones en el proceso electoral del 1 de junio de 2025. De hecho, Campeche y Jalisco no tendrán elecciones este año. Esto es porque a los estados se les dio la opción de iniciar la sustitución de cargos jurisdiccionales en 2025 o ser parte del proceso de elecciones generales de 2027. 
En una investigación de México Evalúa advertimos que para las elecciones de junio de 2025, como ciudadanos tendremos que elegir a 881 cargos jurisdiccionales federales y a poco más de 1,400 jueces y magistrados locales en 18 estados. Esta cifra representa apenas un 25.7% de un total de 5,435 jueces y magistrados locales del país. Imaginemos la tarea que será votar en las elecciones de 2027. 
Para esas elecciones intermedias, además de elegir cargos municipales, algunas gubernaturas y diputaciones federales, tendremos que votar por la otra mitad de jueces y magistrados federales, más las otras tres cuartas partes de jueces locales en el país.
<h2>Algunos ejemplos en las entidades federativas</h2>
Regresando al seguimiento de las reformas constitucionales en los estados, advertimos que se están generando algunas medidas normativas que parecen tener como objetivo mitigar el impacto de la reforma judicial. Algo que es de señalar es que las reformas estatales están constituyendo un mosaico de opciones que no necesariamente coincide con el partido dominante en los estados.
Es interesante, por ejemplo, que Aguascalientes, Coahuila, Jalisco y Zacatecas establecieron además de los requisitos formales para valorar personas candidatas establecidas en la Constitución (promedio de mínimo de 8 en la carrera y cartas de vecinos), que debían someterse a exámenes previos de conocimientos. Esto podría asegurar que personas que no provienen de carrera judicial, al menos cumplen con ciertos conocimientos elementales en materia de Derecho. 
Hay estados que además agregaron como requisito para personas candidatas la declaración “3 de 3” en materia de violencia de género: Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Nayarit, Veracruz y Tabasco. 
Nayarit, por ejemplo, aprovechó la coyuntura de la reforma constitucional del estado para establecer un porcentaje mínimo del presupuesto que se tiene que dedicar al Poder Judicial. Este tipo de disposiciones son de suma relevancia, en un contexto que parece debilitar a los poderes judiciales. En la práctica actual, la limitación del presupuesto de los tribunales por parte de los congresos y los gobernadores son mecanismos para ejercer control sobre jueces y magistrados. 
En Jalisco, se innovó y aprovechó la coyuntura de la reforma judicial para incorporar temas de justicia abierta y al Instituto de Justicia Alternativa. También se estableció expresamente la prohibición de participar a personas que hayan sido dirigentes o candidatas de partidos políticos cinco años antes de la elección.
Otra novedad interesante, es el caso de Coahuila donde se elegirán a las personas candidatas por planillas. Es decir, en vez de votar de manera individual por cada juez o magistrado, la ciudadanía votará por un grupo de candidatos.  
En el modelo constitucional de Zacatecas y Estado de México, se advierte la implementación de un modelo escalonado de sustitución de jueces y magistrados entre 2025 y 2027. Así, en estas dos entidades se  renovarán los puestos que de cualquier forma quedarían libres en fechas próximas atendiendo a quienes tenían cargos de jueces o magistrados y estaban por jubilarse, plazas vacantes, retiros programados, o habían renunciado voluntariamente. 
<h2>Ausencias y esperanzas</h2>
En estos modelos constitucionales advertimos, sin embargo, que no se plantearon normas que atiendan características de justicia índigena y justicia comunitaria, y esto está sobre todo en la cancha de los poderes judiciales estatales. Esta es una seria ausencia, ya que desde la presentación de la iniciativa de Reforma Judicial uno de los argumentos que justificaba la sustitución de los actuales jueces era que no conocían o pertenecían a la comunidad en la que ejercían sus funciones, o que eran cargos inaccesibles para la población indígena.
En conclusión, a pesar de que la justicia estatal es la más relevante por su cotidianeidad, en el ambiente de la reforma judicial poco estamos atendiendo a lo que sucede en la elección de cargos judiciales locales. En las entidades federativas se están gestando algunas ideas que podrían controlar los daños de la reforma judicial. Y justo por ello, debemos voltear y dar seguimiento a los estados. Puede ser que la semilla que nos ayude a revertir los potenciales daños de la reforma, esté en lo local.
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*Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
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La elección de jueces estatales de la que casi nadie habla

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la llamada “austeridad republicana” se convirtió en una de sus banderas más visibles. Sin embargo, la realidad dista mucho del discurso. El gasto público llegó a máximos históricos, lo que financió con un gran déficit que dejó a cada mexicano con una deuda de 131 mil pesos. Al mismo tiempo, redujo los ahorros públicos en más de la mitad: 55.5 %, cada ciudadano perdió en su gobierno 5,230 pesos. Aquí te contamos los resultados de la austeridad republicana que nunca fue.
<h2>Austeridad selectiva</h2>
Con 9.5 billones de pesos de gasto público en su sexenio, el exmandatario no solo rompió récords, sino que, en gastar, superó con creces a sus predecesores. Solamente en 2024, el total ejercido, 27 % del producto interno bruto (PIB), superó en casi cuatro puntos porcentuales al 23.1% registrado en el último año de Enrique Peña Nieto y en más de tres puntos al 23.7 % con el que cerró la administración de Felipe Calderón en 2012. Este crecimiento sin precedentes en la proporción del gasto público compromete la estabilidad fiscal del país y deja una pesada carga en las futuras decisiones presupuestarias.
<a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/02/11/gasto-publico-con-amlo-no-cumplio-su-austeridad-republicana/" target="_blank" rel="noopener">El análisis del gasto</a> revela que la austeridad no fue para todos. Mientras que diversas dependencias sufrieron recortes, tres secretarías bajo el control directo del Ejecutivo federal experimentaron incrementos significativos: Bienestar, Energía y Turismo, lo que dejó en claro las prioridades de su Gobierno.
De estas dependencias, la Secretaría del Bienestar fue la más beneficiada, con un gasto de 522.8 mil millones de pesos (mmdp) al cierre de 2024, un incremento de 313.5 % respecto a 2018. Este aumento se debe principalmente a las pensiones para adultos mayores. Por su parte, la Secretaría de Energía erogó 179.1 mmdp, un aumento de 2,255 % frente al sexenio de Peña Nieto, con el 99 % de ese incremento destinado a rescatar financieramente a Pemex. La Secretaría de Turismo, en tanto, gastó 136.3 mmdp, un alza de 964 % respecto a 2018, debido a la construcción del Tren Maya.
En resumen, el sexenio de López Obrador priorizó sólo tres rubros: programas asistenciales, el salvamento de Pemex y megaproyectos de infraestructura. La supuesta austeridad fue, en realidad, una redistribución selectiva del gasto.
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<h2>Hipotecando el futuro de los mexicanos</h2>
Si bien un mayor gasto podría parecer positivo, la mala noticia es que se financió hipotecando el futuro de los mexicanos. AMLO prometió no endeudar al país y manejar responsablemente las finanzas públicas, pero al cierre de su sexenio, <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/02/06/intereses-record-y-deuda-historica-el-saldo-de-amlo/" target="_blank" rel="noopener">los números cuentan otra historia.</a>
México cerró el sexenio con el mayor nivel de deuda pública jamás registrado por Hacienda: 17.4 billones de pesos, equivalentes al 51.4 % del PIB. Es decir, el gobierno comprometió más de la mitad de todo lo que generó la economía en 2024. En comparación con el cierre de Peña Nieto en 2018, la deuda pública creció 23 % (3.2 billones de pesos), impulsada por un incremento de 45.5 % en préstamos internos.
Si dividimos el total de la deuda pública entre el total de la población mexicana, al cierre del sexenio de AMLO, puede decirse que cada mexicano debe 131,738 pesos. Esto es 17.5 % (19,596  pesos) superior a lo que debíamos los habitantes del país al cierre del sexenio de Peña Nieto, cuando se debían 112,141 pesos per cápita.
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<h2>La erosión de los ahorros públicos</h2>
A la par del crecimiento de la deuda, los ahorros del país en fideicomisos públicos se diluyeron, ya sea por decretos de extinción o por uso indiscriminado. Al cierre de 2024, estos ahorros gubernamentales habían caído un 53 % en comparación con 2018, lo que equivale a una reducción de 632.6 mmdp. En términos per cápita, cada mexicano pasó de tener 9,420 pesos en fideicomisos públicos en 2018 a solo 4,190 pesos en 2024, perdiendo así 5,230 pesos.
Esta erosión de reservas afectó directamente sectores estratégicos como educación, infraestructura y salud, mientras que los fideicomisos <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/02/17/el-empobrecimiento-de-la-hacienda-publica-por-amlo/" target="_blank" rel="noopener">militares aumentaron sus recursos.</a> En otras palabras, los recursos se canalizaron hacia áreas alejadas del bienestar general de la población.
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De los guardaditos que tenía el gobierno y que se fueron erosionando, el que más preocupa es la erosión de los recursos de 74.2 % (93.1 mmdp) del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) frente al saldo con que contaba al final del sexenio de Peña. Este fondo cubre padecimientos graves como distintos tipos de cáncer, enfermedades raras y tratamientos especializados, garantizando acceso a servicios médicos sin que el costo sea una barrera para los pacientes.
Durante el sexenio de AMLO, el Fonsabi dejó de operar como un fondo efectivo para atender estos padecimientos. Al cierre del sexenio, este fondo llega con un saldo de apenas 32.3 mmdp. Se trata del saldo más bajo que ha tenido en los últimos 17 años para costear enfermedades de alto costo.
Esta drástica reducción de recursos afectó directamente a la población: en 2024, el ahorro per cápita en el Fonsabi se desplomó a sólo 244 pesos por persona. Con estos fondos, ni siquiera alcanzaría para cubrir una prueba de Covid-19.
<h2>La austeridad que nunca fue</h2>
El sexenio de AMLO se convirtió en un ejercicio de contradicciones que anuló cualquier posibilidad de verdadera transformación. Prometió austeridad y gastó como nunca, aseguró no endeudar al país y dejó compromisos históricos, habló de un manejo responsable de las finanzas y casi agotó los ahorros públicos. Así, el discurso y la realidad se desdibujaron hasta perder todo sentido, lejos de representar una transformación real, terminó siendo un esfuerzo infructuoso.
Lo preocupante es que las decisiones tomadas en el pasado van cobrando factura. En su primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum deberá destinar más de un billón de pesos sólo para pagar intereses y el servicio de la deuda heredada de AMLO. Para hacer frente a esta carga, ha tenido que comenzar con recortes drásticos en sectores clave como salud y seguridad pública. La gran incógnita es si recibirá algún alivio financiero por parte del Banco de México para aminorar la presión, aunque no sería suficiente. De no recibir estos recursos, el desahorro y endeudamiento de AMLO marcarán la mayor parte del actual sexenio.
* Carlos Vázquez es investigador del Programa de Gasto Público de México Evalúa y Jorge Cano es el coordinador del mismo Programa.

La austeridad que nunca fue: AMLO gastó como nunca e hipotecó a las futuras generaciones

El 1° de febrero, el presidente Donald Trump firmó un decreto para imponer un arancel del 25 % a todas las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos (EE. UU.). Según el mandatario, esta medida busca incentivar la relocalización de empresas en territorio estadounidense y evitar lo que él ha calificado como “prácticas comerciales desleales”.
Nos encontramos en el supuesto mes de gracia antes de la entrada en vigor de esas tarifas, que fue negociado por el Gobierno mexicano. Pero Trump ha emitido un nuevo decreto que impone aranceles al aluminio y al acero en todas las importaciones de todos los países, incluyendo a México. Por si esto fuera poco, ha amenazado con imponer más aranceles a los autos producidos en nuestro país.
Parece que el periodo de gracia le tiene muy sin cuidado… ¿qué hacer ante un interlocutor como Trump?
<h2>Lo que Trump desdeña</h2>
México y Estados Unidos mantienen una relación comercial profundamente integrada, que va más allá de la simple compraventa de productos. Se trata de un ecosistema interdependiente que abarca procesos de manufactura, transferencia de conocimiento y tecnología, generación de empleos, comunicación, intercambio comercial, vínculos culturales y estrategia geopolítica. Esta sinergia no solo fortalece a ambos países, también refuerza la competitividad de Norteamérica frente a otros bloques comerciales del mundo, cuestión que Trump minimiza equivocadamente.
Nos encontramos ante una complicada relación asimétrica. Como lo expusimos desde <a href="https://www.mexicoevalua.org/economia-en-jaque-como-mitigar-el-golpe-de-los-aranceles-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">México Evalúa</a>, en 2024 el 83 % de las exportaciones mexicanas tuvieron como destino EE. UU., mientras que sólo un tercio de las importaciones estadounidenses provinieron de México (15.5 %) y Canadá (14.8 %). Pese a esta realidad y la posición dominante de Estados Unidos, el presidente Trump adopta una visión contable del comercio exterior para justificar una interpretación negativa del déficit comercial como un perjuicio y un abuso hacia su país, que ve como empresa en una perspectiva reduccionista.
Lo que Trump desdeña es que debilitar la competitividad de la región frente a otros bloques económicos encarecería los productos manufacturados en América del Norte en perjuicio de la población de la región.
<h2>Los sectores más afectados por los aranceles</h2>
La imposición de aranceles por parte de EE. UU., y una respuesta retaliatoria de México y Canadá podrían generar contracción en las economías de los tres países de Norteamérica, si bien en diferentes magnitudes, tal como ha señalado el <a href="https://www.brookings.edu/articles/trumps-25-tariffs-on-canada-and-mexico-will-be-a-blow-to-all-3-economies/" target="_blank" rel="noopener">Brookings Institute</a>.
La industria automotriz instalada en México difícilmente se movería rápido hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, por los aranceles, se vería fuertemente afectada, ya que representa el 32 % de las exportaciones mexicanas y corresponde a empresas mayormente americanas.
Otro sector afectado sería el agroindustrial, que produce aguacate, tomate y cerveza, productos altamente consumidos en Estados Unidos que inevitablemente sufrirían aumentos de precio y afectarían no sólo a exportadores mexicanos —se calcula una disminución mínima de <a href="https://elpais.com/mexico/economia/2025-02-02/el-golpe-de-trump-amenaza-con-hundir-en-la-recesion-a-mexico.html?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">12 %</a> en el corto plazo—, sino a los consumidores estadounidenses. Según el <a href="https://www.piie.com/research/piie-charts/2025/trumps-tariffs-canada-mexico-and-china-would-cost-typical-us-household" target="_blank" rel="noopener">Peterson Institute for International Economics</a>, la imposición de aranceles sobre importaciones de Canadá, México y China costarían a un hogar típico en EE. UU. más de 1,200 dólares estadounidenses al año.
Por otro lado, las bolsas de valores experimentarían reacciones negativas, especialmente por las empresas con mayor exposición al comercio internacional, que sufrirían una disminución en sus cotizaciones.
Además, la reducción de la inversión extranjera directa (IED) se perfila como una consecuencia inmediata de esta incertidumbre, que afectaría sectores clave de la economía como el automotriz y el energético, ambos vitales para la generación de empleo y el crecimiento económico.
Otro impacto relevante de esta situación es el efecto sobre la deuda soberana y empresarial, particularmente en el caso del Gobierno y empresas con altas deudas en dólares, como Pemex. La depreciación del peso mexicano podría amortiguar parcialmente la pérdida de competitividad de los exportadores, pero incrementaría el costo de la deuda externa en dólares, lo que se traduce en mayores pagos e intereses.
En el caso de Pemex, cuya deuda en moneda extranjera representa el 84.6% de su apalancamiento total, el fenómeno afectaría aún más su capacidad de pago y su estabilidad financiera. Adicionalmente, las empresas dependientes de exportaciones hacia Estados Unidos podrían verse obligadas a reducir operaciones, lo que tendría como consecuencia despidos masivos y contribuir a la desaceleración del crecimiento económico nacional.
<h2>La opción legal ante la crisis comercial</h2>
Ante la imposición de esas tarifas, México cuenta con varias alternativas para mitigar los daños económicos. Una de las opciones es la acción legal internacional, presentando una impugnación ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque este proceso podría ser largo y acatar el fallo dependerá de la disposición de EE. UU., existen precedentes de disputas comerciales similares.
Un ejemplo de ello son los aranceles impuestos al acero y aluminio en marzo de 2018 por el mismo Donald Trump, que resultaron en negociaciones prolongadas y ajustes en las políticas arancelarias de su país. En esa ocasión, él firmó una orden ejecutiva imponiendo aranceles del 25 % al acero y del 10% al aluminio, citando también razones de seguridad nacional bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. México, junto con otros países afectados, protestó enérgicamente ante la decisión, considerando que la medida era una forma de proteccionismo comercial. En respuesta, el Gobierno mexicano comenzó a trabajar en acciones legales y diplomáticas para desafiar esas tarifas.
En mayo de 2018, México impuso aranceles propios sobre productos estadounidenses en represalia, afectando a productos como acero, cervezas, manzanas y carne de cerdo, entre otros. La disputa terminó en 2019, cuando finalmente México, Canadá y la Unión Europea lograron negociar con EE. UU. la exención de esos impuestos, tras meses de presión y negociaciones.
Cuando Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2021, heredó la controversia y buscó un enfoque más equilibrado, pero con algunas condiciones (como un sistema de cuotas para garantizar que no aumentara la importación de acero y aluminio a niveles que pudieran afectar a las industrias estadounidenses). Además, acordó fortalecer los mecanismos de vigilancia y cumplimiento para evitar prácticas comerciales desleales, privilegiando la vía diplomática y cooperativa.
<h2>Cómo desmoronar las políticas de Trump</h2>
<a href="https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-tariffs-how-to-respond-by-dani-rodrik-2025-02" target="_blank" rel="noopener">Dani Rodrik</a>, reconocido académico norteamericano, considera que, si bien las acciones de Trump generan inestabilidad, el verdadero impacto en la economía global dependerá de cómo responda México y los demás países amagados. Rodrik desafía la idea de imponer aranceles retaliatorios, pues perjudican más a la economía del país que los impone. Alternativamente, sugiere adoptar un enfoque mesurado, resistir la tentación de imitar las políticas de Trump y evitar daños económicos innecesarios.
En otras palabras, la mejor estrategia es dejar que las políticas de Trump se desmoronen por sí solas y evitar una escalada de represalias ante una política agresiva de aranceles <a href="https://www.britannica.com/topic/Smoot-Hawley-Tariff-Act" target="_blank" rel="noopener">como la que profundizó en 1930</a> la Gran Depresión y desencadenó la Segunda Guerra Mundial.
Además de la vía legal, México podría optar por una estrategia de negociación diplomática, buscando acuerdos bilaterales que permitan reducir o incluso eximir ciertos sectores estratégicos de los aranceles. Este enfoque permitiría que el Gobierno mexicano impulse una estrategia de incidencia enfocada en los beneficios de la integración comercial. Para ello será necesario construir alianzas con gobernadores, cámaras legislativas y empresariales, think tanks y universidades estadounidenses con el objetivo de articular una defensa constante del T-MEC no solo ante el presidente Trump, sino ante el Congreso de los EE. UU., los congresos locales, la opinión pública y la población de ambos países.
México también tiene mucho trabajo por delante para diversificar mercados de exportación y aprovechar los acuerdos comerciales que tiene celebrados con la Unión Europea, los países de Asía-Pacífico y América Latina, para buscar alternativas de exportación y nuevas oportunidades de inversión.
Para que México logre un crecimiento económico sostenido, debe abordar pendientes como elevar la productividad, mejorar la calidad educativa, reconsiderar la reforma judicial que debilita la independencia y calidad de los jueces, impulsar un nuevo marco jurídico que garantice certeza en las reglas y piso parejo para la competencia, fortalecer el sistema eléctrico con participación pública y privada, y promover mayor responsabilidad social en empresas. Además, se debe garantizar la transparencia y la protección de datos personales para recuperar la confianza en las instituciones.
Una respuesta mesurada, inteligente y bien articulada del Gobierno, del sector privado y del sector social, será clave para mitigar el impacto y garantizar la estabilidad económica en el mediano y largo plazo… a pesar de Trump.
* Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa.

¿Un mes de gracia? Trump Vs. México

Las elecciones extraordinarias para elegir ministros, magistrados y jueces, planeadas para el 1º junio de 2025, están a la vuelta de la esquina. En cuatro meses se renovarán la mitad de los cargos jurisdiccionales federales (881 entre ministros, magistrados y jueces de distrito) y un importante número de jueces estatales en al menos 19 entidades federativas.
Ese proceso electoral se ha caracterizado por la poca dedicación y el escaso tiempo para expedir la regulación e implementación necesarias. Hemos sido testigos de la aprobación de normatividad sin discusiones de fondo, ausencia de rutas de ejecución claras, carencia de contrapesos en la toma de decisiones en la conducción de este proceso y, sobre todo, la improvisación constante. Todo con tal de ejecutar la elección extraordinaria en los tiempos marcados por el Gobierno anterior.
Por si fuera poco, desde hace un par de semanas, a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la agenda marcada es muy clara: migración ilegal y fentanilo. El factor común en ambos puntos es el señalamiento de corrupción y colusión de autoridades mexicanas con la delincuencia organizada.
¿Qué factor es esencial para abordar de modo eficiente casos de tráfico de personas, tráfico de drogas y corrupción? Un sistema de justicia robusto que investigue, procese y juzgue de manera transparente. La coyuntura nos obliga a hacer un alto para priorizar problemas y soluciones que necesitamos implementar para fortalecer la justicia en México.
<h3>Riesgo de cooptación de jueces por la delincuencia organizada</h3>
En este sentido, vale la pena valorar los llamamientos que se han hecho desde diferentes espacios sobre los riesgos de elegir a jueces y juezas mediante el voto popular, ya que se incrementa el riesgo de cooptación por la delincuencia organizada. La Relatora para las Naciones Unidas, Margaret Satterhwaite, y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (<a href="https://x.com/lopezdoriga/status/1886180294262178114/photo/2" target="_blank" rel="noopener">JUFED</a>) han alertado sobre este escenario.
La postura de la presidenta Claudia Sheimbaum frente a las exigencias de Trump ha generado una expectativa sobre el cumplimiento de compromisos. En algún punto, estos acuerdos deberían concretarse en casos llevados ante los tribunales. Es una tarea de enormes proporciones, ya que hasta el momento las respuestas del sistema de justicia no han correspondido al tamaño del problema.
Por ejemplo, tratándose de delitos de tráfico de personas, entre enero a diciembre de 2024, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo se iniciaron 749 carpetas de investigación por delitos establecidos en la Ley de Migración. Esto, asumiendo que por México pasan millones de migrantes ilegales que son presas de redes criminales.
El caso de la investigación y persecución de delitos establecidos en la Ley de Delincuencia Organizada en relación con delitos contra la salud no es muy diferente. En el mismo periodo, y también de acuerdo al SESNSP, sólo se reportan 69 carpetas de investigación de delincuencia organizada ligada a delitos contra la salud.
¿Qué acciones en el terreno de la justicia tenemos que demostrar para comprobar que estamos cumpliendo con el compromiso de combatir estas empresas criminales? Será necesario investigar, perseguir y juzgar de manera pública y transparente a las personas responsables. En esta respuesta, además del trabajo de los jueces, es necesario replantear el papel de policías y fiscales.
<h3>La necesidad de construir un sistema de justicia más fuerte</h3>
Por ello es pertinente impulsar el cumplimiento de la reciente reforma constitucional al artículo 21. Esta modificación permite a las policías investigar y al SESNSP coordinar acciones en todo el país. Así se abre la posibilidad para que las policías puedan interactuar con las fiscalías de manera más activa en la investigación de delitos. Esta es una pieza clave: la colaboración de policías y fiscalías. Pero este esfuerzo resultará insuficiente si no contamos con jueces que tengan las capacidades, habilidades y cualidades profesionales y éticas.
¿Cómo enfrentar este reto con jueces federales y estatales que posiblemente no tengan experiencia, o que de plano hayan sido colocados por actores con intereses afines a la delincuencia organizada?
En este momento parece oportuno valorar nuestras prioridades y demostrar que estamos trabajando para construir un sistema de justicia más fuerte. La elección de jueces por voto popular no parece ofrecernos una solución en este sentido. Así como en este gobierno la estrategia de seguridad impulsa una agenda de investigaciones criminales profesionales, también el contexto actual podría ofrecernos una oportunidad para discutir y debatir a profundidad las estrategias para contar con un mejor poder judicial.
* Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.

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