México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno.  En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas.

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Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la llamada “austeridad republicana” se convirtió en una de sus banderas más visibles. Sin embargo, la realidad dista mucho del discurso. El gasto público llegó a máximos históricos, lo que financió con un gran déficit que dejó a cada mexicano con una deuda de 131 mil pesos. Al mismo tiempo, redujo los ahorros públicos en más de la mitad: 55.5 %, cada ciudadano perdió en su gobierno 5,230 pesos. Aquí te contamos los resultados de la austeridad republicana que nunca fue.
<h2>Austeridad selectiva</h2>
Con 9.5 billones de pesos de gasto público en su sexenio, el exmandatario no solo rompió récords, sino que, en gastar, superó con creces a sus predecesores. Solamente en 2024, el total ejercido, 27 % del producto interno bruto (PIB), superó en casi cuatro puntos porcentuales al 23.1% registrado en el último año de Enrique Peña Nieto y en más de tres puntos al 23.7 % con el que cerró la administración de Felipe Calderón en 2012. Este crecimiento sin precedentes en la proporción del gasto público compromete la estabilidad fiscal del país y deja una pesada carga en las futuras decisiones presupuestarias.
<a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/02/11/gasto-publico-con-amlo-no-cumplio-su-austeridad-republicana/" target="_blank" rel="noopener">El análisis del gasto</a> revela que la austeridad no fue para todos. Mientras que diversas dependencias sufrieron recortes, tres secretarías bajo el control directo del Ejecutivo federal experimentaron incrementos significativos: Bienestar, Energía y Turismo, lo que dejó en claro las prioridades de su Gobierno.
De estas dependencias, la Secretaría del Bienestar fue la más beneficiada, con un gasto de 522.8 mil millones de pesos (mmdp) al cierre de 2024, un incremento de 313.5 % respecto a 2018. Este aumento se debe principalmente a las pensiones para adultos mayores. Por su parte, la Secretaría de Energía erogó 179.1 mmdp, un aumento de 2,255 % frente al sexenio de Peña Nieto, con el 99 % de ese incremento destinado a rescatar financieramente a Pemex. La Secretaría de Turismo, en tanto, gastó 136.3 mmdp, un alza de 964 % respecto a 2018, debido a la construcción del Tren Maya.
En resumen, el sexenio de López Obrador priorizó sólo tres rubros: programas asistenciales, el salvamento de Pemex y megaproyectos de infraestructura. La supuesta austeridad fue, en realidad, una redistribución selectiva del gasto.
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<h2>Hipotecando el futuro de los mexicanos</h2>
Si bien un mayor gasto podría parecer positivo, la mala noticia es que se financió hipotecando el futuro de los mexicanos. AMLO prometió no endeudar al país y manejar responsablemente las finanzas públicas, pero al cierre de su sexenio, <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/02/06/intereses-record-y-deuda-historica-el-saldo-de-amlo/" target="_blank" rel="noopener">los números cuentan otra historia.</a>
México cerró el sexenio con el mayor nivel de deuda pública jamás registrado por Hacienda: 17.4 billones de pesos, equivalentes al 51.4 % del PIB. Es decir, el gobierno comprometió más de la mitad de todo lo que generó la economía en 2024. En comparación con el cierre de Peña Nieto en 2018, la deuda pública creció 23 % (3.2 billones de pesos), impulsada por un incremento de 45.5 % en préstamos internos.
Si dividimos el total de la deuda pública entre el total de la población mexicana, al cierre del sexenio de AMLO, puede decirse que cada mexicano debe 131,738 pesos. Esto es 17.5 % (19,596  pesos) superior a lo que debíamos los habitantes del país al cierre del sexenio de Peña Nieto, cuando se debían 112,141 pesos per cápita.
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<h2>La erosión de los ahorros públicos</h2>
A la par del crecimiento de la deuda, los ahorros del país en fideicomisos públicos se diluyeron, ya sea por decretos de extinción o por uso indiscriminado. Al cierre de 2024, estos ahorros gubernamentales habían caído un 53 % en comparación con 2018, lo que equivale a una reducción de 632.6 mmdp. En términos per cápita, cada mexicano pasó de tener 9,420 pesos en fideicomisos públicos en 2018 a solo 4,190 pesos en 2024, perdiendo así 5,230 pesos.
Esta erosión de reservas afectó directamente sectores estratégicos como educación, infraestructura y salud, mientras que los fideicomisos <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/02/17/el-empobrecimiento-de-la-hacienda-publica-por-amlo/" target="_blank" rel="noopener">militares aumentaron sus recursos.</a> En otras palabras, los recursos se canalizaron hacia áreas alejadas del bienestar general de la población.
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De los guardaditos que tenía el gobierno y que se fueron erosionando, el que más preocupa es la erosión de los recursos de 74.2 % (93.1 mmdp) del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) frente al saldo con que contaba al final del sexenio de Peña. Este fondo cubre padecimientos graves como distintos tipos de cáncer, enfermedades raras y tratamientos especializados, garantizando acceso a servicios médicos sin que el costo sea una barrera para los pacientes.
Durante el sexenio de AMLO, el Fonsabi dejó de operar como un fondo efectivo para atender estos padecimientos. Al cierre del sexenio, este fondo llega con un saldo de apenas 32.3 mmdp. Se trata del saldo más bajo que ha tenido en los últimos 17 años para costear enfermedades de alto costo.
Esta drástica reducción de recursos afectó directamente a la población: en 2024, el ahorro per cápita en el Fonsabi se desplomó a sólo 244 pesos por persona. Con estos fondos, ni siquiera alcanzaría para cubrir una prueba de Covid-19.
<h2>La austeridad que nunca fue</h2>
El sexenio de AMLO se convirtió en un ejercicio de contradicciones que anuló cualquier posibilidad de verdadera transformación. Prometió austeridad y gastó como nunca, aseguró no endeudar al país y dejó compromisos históricos, habló de un manejo responsable de las finanzas y casi agotó los ahorros públicos. Así, el discurso y la realidad se desdibujaron hasta perder todo sentido, lejos de representar una transformación real, terminó siendo un esfuerzo infructuoso.
Lo preocupante es que las decisiones tomadas en el pasado van cobrando factura. En su primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum deberá destinar más de un billón de pesos sólo para pagar intereses y el servicio de la deuda heredada de AMLO. Para hacer frente a esta carga, ha tenido que comenzar con recortes drásticos en sectores clave como salud y seguridad pública. La gran incógnita es si recibirá algún alivio financiero por parte del Banco de México para aminorar la presión, aunque no sería suficiente. De no recibir estos recursos, el desahorro y endeudamiento de AMLO marcarán la mayor parte del actual sexenio.
* Carlos Vázquez es investigador del Programa de Gasto Público de México Evalúa y Jorge Cano es el coordinador del mismo Programa.

La austeridad que nunca fue: AMLO gastó como nunca e hipotecó a las futuras generaciones

El 1° de febrero, el presidente Donald Trump firmó un decreto para imponer un arancel del 25 % a todas las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos (EE. UU.). Según el mandatario, esta medida busca incentivar la relocalización de empresas en territorio estadounidense y evitar lo que él ha calificado como “prácticas comerciales desleales”.
Nos encontramos en el supuesto mes de gracia antes de la entrada en vigor de esas tarifas, que fue negociado por el Gobierno mexicano. Pero Trump ha emitido un nuevo decreto que impone aranceles al aluminio y al acero en todas las importaciones de todos los países, incluyendo a México. Por si esto fuera poco, ha amenazado con imponer más aranceles a los autos producidos en nuestro país.
Parece que el periodo de gracia le tiene muy sin cuidado… ¿qué hacer ante un interlocutor como Trump?
<h2>Lo que Trump desdeña</h2>
México y Estados Unidos mantienen una relación comercial profundamente integrada, que va más allá de la simple compraventa de productos. Se trata de un ecosistema interdependiente que abarca procesos de manufactura, transferencia de conocimiento y tecnología, generación de empleos, comunicación, intercambio comercial, vínculos culturales y estrategia geopolítica. Esta sinergia no solo fortalece a ambos países, también refuerza la competitividad de Norteamérica frente a otros bloques comerciales del mundo, cuestión que Trump minimiza equivocadamente.
Nos encontramos ante una complicada relación asimétrica. Como lo expusimos desde <a href="https://www.mexicoevalua.org/economia-en-jaque-como-mitigar-el-golpe-de-los-aranceles-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">México Evalúa</a>, en 2024 el 83 % de las exportaciones mexicanas tuvieron como destino EE. UU., mientras que sólo un tercio de las importaciones estadounidenses provinieron de México (15.5 %) y Canadá (14.8 %). Pese a esta realidad y la posición dominante de Estados Unidos, el presidente Trump adopta una visión contable del comercio exterior para justificar una interpretación negativa del déficit comercial como un perjuicio y un abuso hacia su país, que ve como empresa en una perspectiva reduccionista.
Lo que Trump desdeña es que debilitar la competitividad de la región frente a otros bloques económicos encarecería los productos manufacturados en América del Norte en perjuicio de la población de la región.
<h2>Los sectores más afectados por los aranceles</h2>
La imposición de aranceles por parte de EE. UU., y una respuesta retaliatoria de México y Canadá podrían generar contracción en las economías de los tres países de Norteamérica, si bien en diferentes magnitudes, tal como ha señalado el <a href="https://www.brookings.edu/articles/trumps-25-tariffs-on-canada-and-mexico-will-be-a-blow-to-all-3-economies/" target="_blank" rel="noopener">Brookings Institute</a>.
La industria automotriz instalada en México difícilmente se movería rápido hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, por los aranceles, se vería fuertemente afectada, ya que representa el 32 % de las exportaciones mexicanas y corresponde a empresas mayormente americanas.
Otro sector afectado sería el agroindustrial, que produce aguacate, tomate y cerveza, productos altamente consumidos en Estados Unidos que inevitablemente sufrirían aumentos de precio y afectarían no sólo a exportadores mexicanos —se calcula una disminución mínima de <a href="https://elpais.com/mexico/economia/2025-02-02/el-golpe-de-trump-amenaza-con-hundir-en-la-recesion-a-mexico.html?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">12 %</a> en el corto plazo—, sino a los consumidores estadounidenses. Según el <a href="https://www.piie.com/research/piie-charts/2025/trumps-tariffs-canada-mexico-and-china-would-cost-typical-us-household" target="_blank" rel="noopener">Peterson Institute for International Economics</a>, la imposición de aranceles sobre importaciones de Canadá, México y China costarían a un hogar típico en EE. UU. más de 1,200 dólares estadounidenses al año.
Por otro lado, las bolsas de valores experimentarían reacciones negativas, especialmente por las empresas con mayor exposición al comercio internacional, que sufrirían una disminución en sus cotizaciones.
Además, la reducción de la inversión extranjera directa (IED) se perfila como una consecuencia inmediata de esta incertidumbre, que afectaría sectores clave de la economía como el automotriz y el energético, ambos vitales para la generación de empleo y el crecimiento económico.
Otro impacto relevante de esta situación es el efecto sobre la deuda soberana y empresarial, particularmente en el caso del Gobierno y empresas con altas deudas en dólares, como Pemex. La depreciación del peso mexicano podría amortiguar parcialmente la pérdida de competitividad de los exportadores, pero incrementaría el costo de la deuda externa en dólares, lo que se traduce en mayores pagos e intereses.
En el caso de Pemex, cuya deuda en moneda extranjera representa el 84.6% de su apalancamiento total, el fenómeno afectaría aún más su capacidad de pago y su estabilidad financiera. Adicionalmente, las empresas dependientes de exportaciones hacia Estados Unidos podrían verse obligadas a reducir operaciones, lo que tendría como consecuencia despidos masivos y contribuir a la desaceleración del crecimiento económico nacional.
<h2>La opción legal ante la crisis comercial</h2>
Ante la imposición de esas tarifas, México cuenta con varias alternativas para mitigar los daños económicos. Una de las opciones es la acción legal internacional, presentando una impugnación ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque este proceso podría ser largo y acatar el fallo dependerá de la disposición de EE. UU., existen precedentes de disputas comerciales similares.
Un ejemplo de ello son los aranceles impuestos al acero y aluminio en marzo de 2018 por el mismo Donald Trump, que resultaron en negociaciones prolongadas y ajustes en las políticas arancelarias de su país. En esa ocasión, él firmó una orden ejecutiva imponiendo aranceles del 25 % al acero y del 10% al aluminio, citando también razones de seguridad nacional bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. México, junto con otros países afectados, protestó enérgicamente ante la decisión, considerando que la medida era una forma de proteccionismo comercial. En respuesta, el Gobierno mexicano comenzó a trabajar en acciones legales y diplomáticas para desafiar esas tarifas.
En mayo de 2018, México impuso aranceles propios sobre productos estadounidenses en represalia, afectando a productos como acero, cervezas, manzanas y carne de cerdo, entre otros. La disputa terminó en 2019, cuando finalmente México, Canadá y la Unión Europea lograron negociar con EE. UU. la exención de esos impuestos, tras meses de presión y negociaciones.
Cuando Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2021, heredó la controversia y buscó un enfoque más equilibrado, pero con algunas condiciones (como un sistema de cuotas para garantizar que no aumentara la importación de acero y aluminio a niveles que pudieran afectar a las industrias estadounidenses). Además, acordó fortalecer los mecanismos de vigilancia y cumplimiento para evitar prácticas comerciales desleales, privilegiando la vía diplomática y cooperativa.
<h2>Cómo desmoronar las políticas de Trump</h2>
<a href="https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-tariffs-how-to-respond-by-dani-rodrik-2025-02" target="_blank" rel="noopener">Dani Rodrik</a>, reconocido académico norteamericano, considera que, si bien las acciones de Trump generan inestabilidad, el verdadero impacto en la economía global dependerá de cómo responda México y los demás países amagados. Rodrik desafía la idea de imponer aranceles retaliatorios, pues perjudican más a la economía del país que los impone. Alternativamente, sugiere adoptar un enfoque mesurado, resistir la tentación de imitar las políticas de Trump y evitar daños económicos innecesarios.
En otras palabras, la mejor estrategia es dejar que las políticas de Trump se desmoronen por sí solas y evitar una escalada de represalias ante una política agresiva de aranceles <a href="https://www.britannica.com/topic/Smoot-Hawley-Tariff-Act" target="_blank" rel="noopener">como la que profundizó en 1930</a> la Gran Depresión y desencadenó la Segunda Guerra Mundial.
Además de la vía legal, México podría optar por una estrategia de negociación diplomática, buscando acuerdos bilaterales que permitan reducir o incluso eximir ciertos sectores estratégicos de los aranceles. Este enfoque permitiría que el Gobierno mexicano impulse una estrategia de incidencia enfocada en los beneficios de la integración comercial. Para ello será necesario construir alianzas con gobernadores, cámaras legislativas y empresariales, think tanks y universidades estadounidenses con el objetivo de articular una defensa constante del T-MEC no solo ante el presidente Trump, sino ante el Congreso de los EE. UU., los congresos locales, la opinión pública y la población de ambos países.
México también tiene mucho trabajo por delante para diversificar mercados de exportación y aprovechar los acuerdos comerciales que tiene celebrados con la Unión Europea, los países de Asía-Pacífico y América Latina, para buscar alternativas de exportación y nuevas oportunidades de inversión.
Para que México logre un crecimiento económico sostenido, debe abordar pendientes como elevar la productividad, mejorar la calidad educativa, reconsiderar la reforma judicial que debilita la independencia y calidad de los jueces, impulsar un nuevo marco jurídico que garantice certeza en las reglas y piso parejo para la competencia, fortalecer el sistema eléctrico con participación pública y privada, y promover mayor responsabilidad social en empresas. Además, se debe garantizar la transparencia y la protección de datos personales para recuperar la confianza en las instituciones.
Una respuesta mesurada, inteligente y bien articulada del Gobierno, del sector privado y del sector social, será clave para mitigar el impacto y garantizar la estabilidad económica en el mediano y largo plazo… a pesar de Trump.
* Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa.

¿Un mes de gracia? Trump Vs. México

Las elecciones extraordinarias para elegir ministros, magistrados y jueces, planeadas para el 1º junio de 2025, están a la vuelta de la esquina. En cuatro meses se renovarán la mitad de los cargos jurisdiccionales federales (881 entre ministros, magistrados y jueces de distrito) y un importante número de jueces estatales en al menos 19 entidades federativas.
Ese proceso electoral se ha caracterizado por la poca dedicación y el escaso tiempo para expedir la regulación e implementación necesarias. Hemos sido testigos de la aprobación de normatividad sin discusiones de fondo, ausencia de rutas de ejecución claras, carencia de contrapesos en la toma de decisiones en la conducción de este proceso y, sobre todo, la improvisación constante. Todo con tal de ejecutar la elección extraordinaria en los tiempos marcados por el Gobierno anterior.
Por si fuera poco, desde hace un par de semanas, a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la agenda marcada es muy clara: migración ilegal y fentanilo. El factor común en ambos puntos es el señalamiento de corrupción y colusión de autoridades mexicanas con la delincuencia organizada.
¿Qué factor es esencial para abordar de modo eficiente casos de tráfico de personas, tráfico de drogas y corrupción? Un sistema de justicia robusto que investigue, procese y juzgue de manera transparente. La coyuntura nos obliga a hacer un alto para priorizar problemas y soluciones que necesitamos implementar para fortalecer la justicia en México.
<h3>Riesgo de cooptación de jueces por la delincuencia organizada</h3>
En este sentido, vale la pena valorar los llamamientos que se han hecho desde diferentes espacios sobre los riesgos de elegir a jueces y juezas mediante el voto popular, ya que se incrementa el riesgo de cooptación por la delincuencia organizada. La Relatora para las Naciones Unidas, Margaret Satterhwaite, y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (<a href="https://x.com/lopezdoriga/status/1886180294262178114/photo/2" target="_blank" rel="noopener">JUFED</a>) han alertado sobre este escenario.
La postura de la presidenta Claudia Sheimbaum frente a las exigencias de Trump ha generado una expectativa sobre el cumplimiento de compromisos. En algún punto, estos acuerdos deberían concretarse en casos llevados ante los tribunales. Es una tarea de enormes proporciones, ya que hasta el momento las respuestas del sistema de justicia no han correspondido al tamaño del problema.
Por ejemplo, tratándose de delitos de tráfico de personas, entre enero a diciembre de 2024, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo se iniciaron 749 carpetas de investigación por delitos establecidos en la Ley de Migración. Esto, asumiendo que por México pasan millones de migrantes ilegales que son presas de redes criminales.
El caso de la investigación y persecución de delitos establecidos en la Ley de Delincuencia Organizada en relación con delitos contra la salud no es muy diferente. En el mismo periodo, y también de acuerdo al SESNSP, sólo se reportan 69 carpetas de investigación de delincuencia organizada ligada a delitos contra la salud.
¿Qué acciones en el terreno de la justicia tenemos que demostrar para comprobar que estamos cumpliendo con el compromiso de combatir estas empresas criminales? Será necesario investigar, perseguir y juzgar de manera pública y transparente a las personas responsables. En esta respuesta, además del trabajo de los jueces, es necesario replantear el papel de policías y fiscales.
<h3>La necesidad de construir un sistema de justicia más fuerte</h3>
Por ello es pertinente impulsar el cumplimiento de la reciente reforma constitucional al artículo 21. Esta modificación permite a las policías investigar y al SESNSP coordinar acciones en todo el país. Así se abre la posibilidad para que las policías puedan interactuar con las fiscalías de manera más activa en la investigación de delitos. Esta es una pieza clave: la colaboración de policías y fiscalías. Pero este esfuerzo resultará insuficiente si no contamos con jueces que tengan las capacidades, habilidades y cualidades profesionales y éticas.
¿Cómo enfrentar este reto con jueces federales y estatales que posiblemente no tengan experiencia, o que de plano hayan sido colocados por actores con intereses afines a la delincuencia organizada?
En este momento parece oportuno valorar nuestras prioridades y demostrar que estamos trabajando para construir un sistema de justicia más fuerte. La elección de jueces por voto popular no parece ofrecernos una solución en este sentido. Así como en este gobierno la estrategia de seguridad impulsa una agenda de investigaciones criminales profesionales, también el contexto actual podría ofrecernos una oportunidad para discutir y debatir a profundidad las estrategias para contar con un mejor poder judicial.
* Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.

¿Será que Trump sea quien suspenda la reforma judicial?

La “percepción de inseguridad” es un fenómeno subjetivo: no necesariamente se correlaciona con la violencia. Es la evaluación que hacen las personas sobre cuánto se sienten expuestas a la delincuencia (puede ser mucho o poco) en un espacio físico —por ejemplo, en las ciudades— y en un periodo concreto. Es distinta a otras mediciones, como el “miedo al delito”, que expresa la percepción de vulnerabilidad individual frente a un hecho específico —como un homicidio o robo— independientemente del entorno.
<h2>La importancia de la percepción de inseguridad</h2>
Es posible que las personas se sientan muy inseguras en un espacio donde en realidad haya poca actividad criminal. La exposición frecuente ante noticias sobre la violencia puede incrementar la percepción de inseguridad, y la difusión de propaganda gubernamental puede reducirla. Aunque se puede tratar de una ficción, esta métrica tiene importantes impactos positivos y negativos.
Cuando va a la baja, es más probable que la sociedad florezca, pues los empresarios mantienen o expanden sus operaciones y la sociedad encuentra mejores oportunidades de desarrollo. Ocurre todo lo contrario cuando va al alza. En dicho contexto, la sociedad encuentra más obstáculos para lograr condiciones de bienestar, hay mayor riesgo de que los negocios limiten sus operaciones o que las cancelen, mientras que la población tiende a refugiarse más en sus hogares.
A lo anterior se suma el uso político de la percepción de inseguridad, que no abona en absoluto al fortalecimiento del Estado de derecho. Con frecuencia, funcionarios y políticos alardean con  la reducción de la percepción de inseguridad para presumir los supuestos resultados de sus proyectos e impulsar su popularidad. En cambio, cuando incrementa evitan la discusión y evaden la rendición de cuentas (un claro ejemplo es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya).
En no pocas ocasiones, sin embargo, la percepción de inseguridad sí se correlaciona con la violencia. Los lugares que se perciben más inseguros tienden a ser aquellos en donde también hay mayor violencia y delincuencia. Éste es el peor escenario. A los efectos negativos de la percepción de inseguridad hay que sumar las consecuencias de la victimización directa que, a nivel colectivo, van desde pérdidas económicas hasta la desintegración de las comunidades.
<h2>Más territorio en el peor escenario de inseguridad</h2>
Hace unos días, el Inegi publicó los resultados al cuarto trimestre de 2024 de su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu). Este sondeo explora el comportamiento de problemas relacionados con la violencia y la delincuencia en las ciudades más grandes del país, desde el punto de vista de la población de 18 años y más. La última edición de la Ensu revela que hoy en nuestro país existen más ciudades en el peor escenario de inseguridad pública: alta violencia y alta percepción de inseguridad.
De todos los indicadores en los que se clasifica la Ensu a nivel nacional, la percepción de inseguridad en las ciudades en el último trimestre de 2024 se ubicó en 61.7 %: un incremento de 3 % con respecto a la medición de septiembre del mismo año. Hablamos del aumento en puntos porcentuales más alto desde marzo de 2014 y el mayor porcentaje en los últimos doce meses.
Esta escalada de la percepción va de la mano con el recrudecimiento de la violencia del crimen organizado. En los primeros 100 días del sexenio de Claudia Sheinbaum se ha registrado un incremento de los enfrentamientos entre organizaciones criminales y de las mismas con las fuerzas del Estado. Lo anterior ha derivado en un aumento de ejecuciones, masacres y otros actos de alto impacto.
La crisis es mucho más evidente en el ámbito territorial. En el tercer trimestre de 2024, la Ensu reportó 12 movimientos estadísticamente significativos: la percepción de inseguridad se redujo en ocho ciudades y apenas incrementó en cuatro. En cambio, en el cuarto trimestre, la inseguridad disminuyó en cuatro ciudades y aumentó en 18.
En este marco, el problema se agravó de forma notable en ciudades que ya venían registrando un incremento de la percepción de inseguridad y que hoy son el escenario de las guerras criminales más importantes, como Culiacán en Sinaloa y Villahermosa en Tabasco, en donde incrementó, de manera respectiva, 34.9 y 25.8 puntos porcentuales.
A la lista se suman territorios que, aunque su situación ha sido menos mediática a nivel nacional, también experimentan un reacomodo violento del control territorial del crimen organizado, como Tlalpan, Xochimilco y Cuajimalpa en la Ciudad de México, Monterrey en Nuevo León, o Querétaro capital.
En varios territorios, a la crisis de violencia se le está sumando muy pronto otro efecto indeseado: el aumento en la percepción de inseguridad. Mientras las detenciones y los decomisos no actúen con la misma velocidad y frenen la violencia, la bola de nieve de ambas variables continuará creciendo rápidamente.
* Armando Vargas (<a href="https://x.com/BaVargash">@BaVargash</a>) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (<a href="https://x.com/mexevalua">@mexevalua</a>).

A 100 días de Sheinbaum, la violencia incrementa la percepción de inseguridad

Uno de los enfoques más humanos para abordar temas penales es el que se centra en las víctimas. Esta visión no debe opacar otras experiencias, como las de las personas procesadas y sentenciadas que están cumpliendo sanciones. En términos de datos e información sobre esta población, son pocas las fuentes gubernamentales que se centran en la perspectiva de las personas privadas de la libertad.
En este contexto, la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Población Penitenciaria Privada de Libertad (Enpol)</a>, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (<a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/" target="_blank" rel="noopener">Inegi),</a> es la única levantada por la autoridad centrada en la opinión y experiencia de las personas procesadas y sentenciadas que están en reclusión.
A pesar de su relevancia para el estudio integral del sistema de justicia penal, no hay certeza de futuros levantamientos de esta encuesta. Desafortunadamente, solo existen dos ediciones de la Enpol: 2016 y 2021, y no hay información de cuándo será la próxima, porque su periodicidad es indeterminada. De hecho, la edición de 2021 es casi un milagro, pues se había anunciado su suspensión en 2019 debido a los recortes presupuestales del Inegi.
<h2>¿De qué trata la Enpol?</h2>
La Enpol incluye preguntas relacionadas a la experiencia del usuario desde el momento de la detención, hasta las condiciones de internamiento en prisiones, e incluso respecto a sus expectativas después de salir. Es decir, nos revela información sobre policías, ministerios públicos, defensores, jueces y personal penitenciario, desde el punto de vista de las personas justiciables en materia penal.
Así, por ejemplo, la Enpol recaba datos sobre la escolaridad de las personas recluidas y razones por las que abandonaron sus estudios; si padecen de enfermedades y si son atendidas en prisión, si las personas han considerado el suicidio mientras cumplen con su pena y si tienen alguna adicción, entre otros aspectos. También contempla preguntas dirigidas a grupos específicos. Por ejemplo, se les pregunta a las mujeres sobre las condiciones de embarazo y la crianza en reclusión, y si las personas hablan alguna lengua de pueblos originarios.
La Enpol surge para dar cumplimiento al mandato legal contenido en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Su propósito ha sido “generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada de la libertad de 18 años y más, así como sus características sociodemográficas y socioeconómicas, antecedentes jurídico-penales y sus expectativas de salida.” En otras palabras, permite conocer a grandes rasgos el pasado, presente y expectativas del futuro de las personas privadas de la libertad en México. Lo anterior con perspectiva de género y de derechos humanos.
<h2>Las preguntas que revelan la verdad de la vida en prisión</h2>
Si bien existen otras herramientas estadísticas que generan datos en materia penal, hay temas que son exclusivos de la Enpol. Por ejemplo, ¿cuál es la etapa del proceso penal que concentra más actos de corrupción? ¿La detención se realizó con algún tipo de violencia? ¿Qué porcentaje de la población penitenciaria no está sentenciada? ¿A qué tipo de defensa tuvieron acceso las personas sentenciadas y procesadas?
Hablemos de lo que perderíamos si se deja de levantar la Enpol. Ninguna otra encuesta en México nos dice que 67 % de las mujeres en prisión son madres, o que más de 60 % de las personas privadas de la libertad tienen apenas educación básica. Tampoco, que más de la mitad tenía un ingreso mensual previo a la sentencia de 5,500 pesos.
Ninguna otra fuente explora las experiencias de poblaciones vulnerables (comunidad LGBTI+, personas indígenas, personas con discapacidad), los antecedentes sociodemográficos y jurídicos de la persona, ni las condiciones de maternidad en prisión. Estos datos no sólo son estadísticas: son la base para construir políticas públicas que respondan a un diagnóstico real del sistema penal en su conjunto.
Asimismo, esos datos tienen el potencial de ser insumos para investigaciones en diferentes campos. Desde el ámbito del desarrollo económico, podrían ser el primer acercamiento para analizar el impacto de la prisión en las dinámicas familiares, y entender cómo la exclusión económica y social influye en la reincidencia. Concretamente, la Enpol incluye preguntas como: “¿Tiene dependientes económicos?” y “¿Con quién viven sus hijos ahora?”.
<h2>La urgencia de diseñar políticas públicas para las personas encarceladas</h2>
En materia de derechos humanos, la encuesta proporciona insumos clave para identificar abusos de autoridad y tortura, ya que a las personas recluidas se les pregunta: “¿Cuándo lo arrestaron, la autoridad aplicó fuerza física para someterlo?”, “¿Fue presionado a dar información durante el interrogatorio?”, “¿La autoridad permitió o realizó alguna agresión física durante su estancia en el Ministerio Público?”, entre muchos otros detalles que nos dan un panorama de las condiciones que viven las personas encarceladas y del comportamiento de los operadores del sistema de justicia penal en México.
Finalmente, en términos de justicia, ayuda a medir el impacto de la reforma del sistema de justicia penal porque es posible comparar las experiencias de las personas sentenciadas en el viejo y nuevo sistema, ya que un reactivo recupera el año de detención y año de sentencia. En este sentido, podemos contrastar el acceso a defensorías, la calidad de audiencias y los tipos de resolución judicial implementados en ambos sistemas.
Por todo lo anterior, esperemos que Inegi anuncie pronto la próxima edición de la Encuesta, pues la calidad y cantidad de los datos sobre un tema reflejan el interés social y de las autoridades. Además, un levantamiento en lo inmediato sería pertinente para dar guía al diseño de políticas públicas en materia de justicia penal del gobierno entrante.
* Valeria Campuzano es investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa.

¿Desaparecerá la voz de las personas privadas de la libertad?

La prensa la ha denominado la “presidenta científica”; sin embargo, Claudia Sheinbaum destinará en 2025 el peor nivel de inversión para Ciencia, Tecnología e Innovación en 18 años: tan sólo el 0.16 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esta baja de recursos en su primer año de gobierno limitará las ambiciones que ella misma planteó en su <a href="https://www.planmexico.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">Plan México</a>. Entre otras metas, ese documento proyecta aumentar la proveeduría local entre las empresas o, incluso, producir vacunas en México. En otros anuncios, también ha propuesto la creación de autos eléctricos nacionales. Con tan pocos recursos, se ve poco factible.
<h3>¿Qué explica el castigo presupuestario de estos rubros?</h3>
Luego del gran endeudamiento del expresidente López Obrador en 2024, la nueva administración de Claudia Sheinbaum se ha visto obligada a realizar un <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2024/11/22/paquete-economico-2025-pese-a-los-recortes-no-hay-responsabilidad-fiscal/" target="_blank" rel="noopener">ajuste fiscal a gran escala en el presupuesto para 2025</a> en sectores como salud, seguridad o inversión. En específico, la asignación para ciencia y tecnología se redujo. Cabe aclarar que no todos los rubros fueron castigados: las <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2024/12/13/pros-y-contras-del-presupuesto-2025-en-subsidios-del-bienestar/" target="_blank" rel="noopener">becas y pensiones del bienestar</a> incluso tuvieron aumentos, lo que refleja las verdaderas prioridades del Gobierno.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1491165" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/presupuesto-para-ciencia-1.jpg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/presupuesto-para-ciencia-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/presupuesto-para-ciencia-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/presupuesto-para-ciencia-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/presupuesto-para-ciencia-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
<h3>Ciencia sin apoyo: el presupuesto de 2025 es un retroceso</h3>
En 2025, el presupuesto destinado a Ciencia, Tecnología e Innovación será de apenas 57.8 mil millones de pesos (mmdp), lo que representa un recorte del 7.4 % (4.6 mmdp) en términos reales frente al monto aprobado para 2024. Esto será apenas el 0.16 % del PIB, mucho menor al 0.28 % que alcanzó en 2015 durante la administración de Enrique Peña Nieto (EPN), cuando llegó al máximo histórico de 89.9 mmdp. En total, el presupuesto de 2025 será un 35.7 % (32 mmdp) menor al punto más alto logrado, una alarmante disminución en el apoyo a la ciencia y la tecnología en México.
Para dimensionar, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomienda que los países inviertan al menos el 1 % del PIB en ciencia y tecnología, mientras que en América Latina el promedio es del 0.6 % y Brasil destina hasta el 1.2 %. En contraste, las potencias líderes en desarrollo tecnológico, como Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur, invierten el 2.8 %, 2 %, 3.2 % y 4.5 % respectivamente, subrayando el enorme rezago de México en este sector clave para el futuro.
<h3>¿Qué impactos tiene la baja inversión en ciencia y tecnología?</h3>
La limitada inversión en ciencia afecta de modo directo el número de patentes. En 2023, <a href="https://worldpopulationreview.com/country-rankings/patents-by-country">México registró 15,630 solicitudes de patentes</a>, lo que representó el 28 % de las 55,200 solicitudes realizadas en América Latina y el Caribe. Aunque esta cifra refleja la relevancia de México en la región, se encuentra muy por debajo de las 25,369 solicitudes registradas por Brasil, una diferencia de casi 10,000 patentes.
Al analizar estas solicitudes en proporción a la población, México alcanzó 119 patentes por millón de habitantes, superando el promedio regional de 86, pero aún por detrás de países como Chile, con 163, y Brasil, con 120.  Que un país genere menos patentes que otro puede tener implicaciones significativas para su desarrollo económico, su capacidad de innovación y su competitividad en el mercado global.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1491178" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/presupuesto-para-ciencia-2.jpg" alt="Gráfica con la evolución del presupuesto para ciencia en 2025, en comparación con la de 2008. Es el presupuesto más bajo de los últimos 18 años." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/presupuesto-para-ciencia-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/presupuesto-para-ciencia-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/presupuesto-para-ciencia-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/presupuesto-para-ciencia-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
<h2>Nueva Secretaría de Ciencia nace debilitada</h2>
La nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) será el principal ente promotor de la ciencia, tecnología e innovación en México. No obstante, nace con recortes presupuestarios comparada con los recursos que manejaba cuando se le conocía como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). La Secihti para 2025 contará con un presupuesto de 33 mmdp, lo que implica un recorte de 3.7 % (1.3 mmdp) frente al monto aprobado para 2024 del Conahcyt, y es 36.3 % (18.8 mmdp), menor a lo ejercido en 2015 cuando llegó a invertir hasta 51.7 mmdp para la promoción de la ciencia en el país.
Es más, este presupuesto de la Secihti es el más bajo para la promoción de la ciencia desde 2011, un retroceso presupuestario de 14 años en los recursos para la principal entidad encargada del desarrollo tecnológico y científico del país.
<h2>Una década de recortes presupuestarios en ciencia y tecnología</h2>
A partir de 2015 el presupuesto enfocado a la ciencia comenzó a reducirse progresivamente, lo que provocó la desaparición de varios programas en los años subsecuentes. Muchos programas desaparecieron desde 2016 y otros cuantos en 2019, con la llegada de López Obrador. Con Claudia Sheinbaum no desaparecen programas en su primer año de Gobierno, pero vale la pena destacar que el Secihti contará con sólo seis programas, cuando en 2015 el Conacyt llegó a contar con alrededor de una veintena (entre los que se creaban y los que desaparecían).
La desaparición de 11 programas en la última década conlleva una desarticulación de los esfuerzos del gobierno para promover la ciencia, tecnología e innovación. El apoyo a la innovación queda reducido a la entrega de becas a investigadores de posgrado y para aquellos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, pero abandona el alcance a otros actores como son empresas, entidades federativas y sectores productivos.
Mencionemos, como ejemplo, el programa <a href="https://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-de-evaluaciones-a-programas-de-conacyt-2015/1317-completo-u003/file" target="_blank" rel="noopener">Innovación Tecnológica para negocios de alto valor agregado</a>. En 2014 llegó a contar con recursos de hasta 6.5 mmdp y operaba como un instrumento de financiamiento para fomentar en las empresas privadas la investigación, la innovación y el desarrollo de tecnología. En 2016 este programa cambió de nombre a “Innovación tecnológica para aumentar la productividad de las empresas” y existió hasta 2019. Así, desde 2020 no se cuenta con un programa enfocado únicamente a la innovación en empresas sin importar su tamaño. Si bien hay presupuesto para los programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado, éstos atienden a un amplio espectro de población y están enfocados en gran parte a la investigación académica.
Aparte, sufren de limitaciones operativas y presupuestarias: se cuenta con 1.45 mmdp, que son inferiores a los 6.5 mmdp que se destinaban sólo para la promoción de la innovación en las empresas. Estos limitados recursos deben destinarse entre un grupo más amplio de beneficiarios. En términos operativos, estas iniciativas están prioritariamente enfocadas en el desarrollo de tecnologías, siempre que su destino sea atender necesidades del gobierno.
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De acuerdo con el economista turco <a href="https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10842-019-00322-3.pdf" target="_blank" rel="noopener">Dani Rodrik (2019)</a>, es necesario que el Gobierno impulse la innovación en sectores con el potencial de abrir nuevos paisajes industriales para el sector privado. De ahí la importancia de que se promuevan programas presupuestarios enfocados en expandir la educación, innovación y el desarrollo tecnológico, permitiendo la transferencia de conocimientos y tecnologías entre sectores productivos. Todo ello favorece el crecimiento sostenible y la confianza en el desarrollo económico a largo plazo.
* Jorge Cano, Carlos Vázquez y Christopher Cernichiaro son coordinador, investigador senior e investigador invitado, respectivamente, del Programa de Gasto Público de México Evalúa.

Presupuesto para ciencia en 2025, el más bajo desde 2008

El pasado 26 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChM4VQv_ye4&amp;list=PLQMTy9WNfDrs9Hpn_klIXdgI3TVLOT_JN&amp;index=7" target="_blank" rel="noopener">anunció</a> que en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión se presentarán iniciativas de leyes que “fortalecerán las reformas constitucionales” que ha promulgado en su administración.
Entre estas iniciativas, muy probablemente se incluirá la nueva ley de la industria eléctrica, que dará forma al sector a partir de 2025. Estará fundamentada en los cambios consagrados en la Constitución y en lo que se denominó <a href="https://www.proyectosmexico.gob.mx/wp-content/uploads/2016/09/Estrategia-Nacional_Sector-El%C3%A9ctrico_x.pdf" target="_blank" rel="noopener">Estrategia Nacional del Sector Eléctrico</a> (ENSE) en noviembre pasado. La pregunta es: ¿serán funcionales esos lineamientos planteados en la Constitución y la ENSE para diseñar un adecuado marco legal del sistema eléctrico de México?
<h2>¿Cómo han hecho otros países para reestructurar su mercado eléctrico?</h2>
Un parámetro de referencia es el aprendizaje que otros países ya han experimentado durante procesos de reestructuración de su mercado eléctrico. Sudáfrica, por ejemplo, ha enfrentado apagones constantes debido a la mala gestión de su empresa estatal de electricidad, <a href="https://www.casafrica.es/sites/default/files/old_cms/casafrica/Agenda/2013/09_Informe-EERR-Sudafrica.pdf" target="_blank" rel="noopener">Eskom</a>. La ausencia de un marco regulatorio claro e independiente, y la corrupción presente en todos los eslabones de la cadena de oferta energética, han disuadido a las inversiones privadas de apostar por Sudáfrica. Aunque el gobierno de ese país ha implementado planes de reestructuración y búsqueda de inversiones, los avances son limitados. Sin embargo, hay que reconocer que desde 2024, gracias a mejoras administrativas en Eskom, Sudáfrica ha tenido su mayor período sin apagones.
En comparación, <a href="https://www.pv-magazine-latam.com/2024/08/19/es-posible-integrar-las-crecientes-energias-renovables-en-la-actual-matriz-electrica-brasilena/" target="_blank" rel="noopener">Brasil</a> ha avanzado hacia la descentralización con políticas que favorecen la generación distribuida. En este esquema, pequeños productores y consumidores generan su propia electricidad. Esta tendencia ha permitido que, en 2024, la capacidad de la generación distribuida alcance 45 gigavatios (GW). En 2024, este tipo de tecnología representó aproximadamente el 15 % de la generación eléctrica total del país. <a href="https://suelosolar.com/noticias/renovables/brasil/8-11-2024/estudio-muestra-que-sector-energetico-brasileno-podria-recibir-inversiones-r-32-billones-hasta-2034?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">Brasil proyecta</a> un aumento al 17 % para 2034, lo que representará una porción significativa de su matriz energética renovable, según el <a href="https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia" target="_blank" rel="noopener">Plan Decenal</a> de Expansión de Energía del Ministerio de Minas y Energía de ese país. Para dimensionar, la capacidad instalada de generación distribuida de México ronda el <a href="https://imco.org.mx/prodesen-2024-2038-el-sistema-electrico-mexicano/" target="_blank" rel="noopener">3.5 %</a> del <a href="https://energia.conahcyt.mx/planeas/electricidad/capacidad-generacion" target="_blank" rel="noopener">total</a>.
En Estados Unidos, operadores independientes como <a href="https://www.reuters.com/business/energy/texas-extreme-winter-cold-could-challenge-power-grid-early-2025-2024-12-03/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">ERCOT</a> y <a href="https://www.pjm.com/-/media/DotCom/library/reports-notices/special-reports/2024/20240624-energy-transition-in-pjm-flexibility-for-the-future.ashx" target="_blank" rel="noopener">PJM</a> han logrado estabilizar sus redes mediante modelos de precios eficientes que impulsan la transición hacia energías más limpias y aseguran la confiabilidad del sistema. Estos modelos también han logrado mitigar la congestión y optimizar los recursos a través de inversiones inteligentes y el desarrollo de energías renovables.
La Unión Europea (UE), por su parte, ha aplicado medidas que han equilibrado la competencia del mercado y la sostenibilidad ambiental, como acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPAs) y mecanismos para reducir la volatilidad de los precios. Bajo el plan <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3131" target="_blank" rel="noopener">REPowerEU</a>, la UE busca que el 72 % de su electricidad provenga de fuentes renovables para 2030. Ello refuerza su independencia de los combustibles fósiles, particularmente para desconectarse de la dependencia del gas natural de Rusia, como respuesta estratégica ante los riesgos que le supone el conflicto bélico con Ucrania.
<h2>Riesgos del mal diseño del marco jurídico eléctrico mexicano</h2>
Un aspecto fundamental de cualquier legislación eléctrica es el <a href="https://www.cfenergia.com/wp-content/uploads/2023/04/Ana%CC%81lisis-sobre-los-modelos-de-despacho-ele%CC%81ctrico-en-el-mundo-Casos-representativos-enero-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">despacho eléctrico</a>. Este término hace referencia a la regulación de la inyección de energía a la red, en función de la demanda. La <a href="https://www.proyectosmexico.gob.mx/wp-content/uploads/2016/09/Estrategia-Nacional_Sector-El%C3%A9ctrico_x.pdf" target="_blank" rel="noopener">ENSE</a> no define este punto con claridad, pero ratifica el modelo de López Obrador, que favorece el despacho de plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Si el marco legal y regulatorio que viene legaliza el trato preferencial a plantas estatales, sin tomar en cuenta la optimización de costos y la competencia económica, veríamos los siguientes efectos perjudiciales.
<h3>1. Mayores costos de la energía</h3>
Recordemos que actualmente la energía producida por activos de la CFE <a href="https://x.com/vicfc7/status/1844200913428414787" target="_blank" rel="noopener">cuesta 1.9 veces </a>más que la producida por las empresas privadas, con <a href="https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico" target="_blank" rel="noopener">datos oficiales</a> de la Comisión Reguladora de Energía. A largo plazo, esto podría elevar los precios finales de la electricidad. Si no se subsidian, se perjudicaría a consumidores y empresas. Si se subsidian, aumentaría el gasto público y sería necesario desviar recursos de otros servicios esenciales como salud y educación para cubrir esta cuota. Una mala decisión, sobre todo si consideramos que otros esquemas dependen menos, o nada, de la ayuda financiera del gobierno.
<h3>2. Desinversión en renovables y efectos adversos en el medio ambiente</h3>
La preferencia por las plantas de la CFE, que dependen mayormente de combustibles fósiles, podría dificultar el cumplimiento de los objetivos climáticos de México, que busca generar el <a href="https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/Mexico_NDC_UNFCCC_update2022_FINAL.pdf?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">35 % de su electricidad de fuentes limpias para 2030</a>. Esto desalentaría la inversión en energías renovables ante la incertidumbre para los inversionistas, lo que podría frenar la innovación y la diversificación en el sector.
<h3>3. Inhibición de la inversión en manufactura y comercialización</h3>
Es importante considerar los riesgos legales que plantean al sector privado la incertidumbre política, la debilidad del Estado de derecho y otros problemas de gobernanza. Evidencia de ello son las respuestas a los sondeos a inversionistas realizados por el <a href="https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/reportes-economias-regionales.html" target="_blank" rel="noopener">Banco de México</a>. Un tercio de los encuestados expresan que los principales factores que inhiben su decisión de establecer sus operaciones de manufactura y comercialización en nuestro país son justamente estos riesgos.
Es más, el modelo que prioriza la participación de mercado de la CFE se puede  interpretar jurídicamente como una violación de los compromisos del T-MEC relacionados con la competencia y trato justo a los inversionistas privados. Su implementación podría derivar en costosos litigios internacionales, lo que aumentaría la incertidumbre económica.
<h3>4. Limitación de la oferta eléctrica en el futuro</h3>
En el contexto de la ENSE y la presentación próxima de la iniciativa de la nueva ley eléctrica, es urgente que se defina de manera muy inteligente el concepto de “prevalencia de empresas estatales” que quedó plasmado en el marco del artículo 27 constitucional. <a href="https://news.google.com/read/CBMi2AFBVV95cUxNYmhuWW0xaHl4YVRoekJnUGF3ZHJPaUhpR1pfY3ZyOTBYT1R0QnVRVmlyOTEta2tmZ25tTk5aTkRoVU5YSXJCNEdMeWNmbjNEbGRNc25RWUcySGktbGFaRDFjaHlqdEZWYTRnb01Iam5rcHNwZWhDRVNfSWRjU3BBSUhWNmxqVDFsb0R3dnhQTlZSblFpRTNTN0h3bWhNLXhBV213S0JVLXJLZTc1NVJJUTFxWU9WcWdwb3FOX2FtcWh2bXUta1NXV1hvV0lVRGpoNGN0RmFCOHQ?hl=es-419&amp;gl=MX&amp;ceid=MX%3Aes-419" target="_blank" rel="noopener">La propuesta</a> que hemos escuchado en el discurso político de limitar la participación privada al 46 % —<a href="https://www.diputados.gob.mx/parlamentoreformaelectrica/pdf/foros/14/Iniciativa-Reforma-2021-final.pdf" target="_blank" rel="noopener">nivel que tuvo la CFE en 2022</a>— plantea un error de origen, pues implica omitir variables como la demanda creciente de energía, el diseño de los sistemas energéticos para cumplir los compromisos ambientales, y las ventajas que el cambio tecnológico puede aportar al sistema mediante la inversión publico-privada. Imponer restricciones como el 54 % de participación estatal es equivalente a poner una camisa de fuerza a la oferta eléctrica del futuro.
<h2>Cómo debe ser el diseño de la nueva ley eléctrica</h2>
Es necesario diseñar un sistema flexible, con <a href="https://www.eleconomista.com.mx/empresas/privados-ven-adaptacion-preponderancia-cfe-hay-reglas-claras-20241010-729619.html" target="_blank" rel="noopener">reglas claras</a> e instituciones capaces de regular y operar el sistema. Debe asegurar que haya monitoreo continuo y que se reporten con transparencia las estadísticas y el desempeño. Debe, también, darse la posibilidad de reajustar los planes de inversión conforme a las circunstancias cambiantes, para garantizar la confiabilidad del suministro energético. Es esencial que la política energética combine sostenibilidad y crecimiento económico.
Para ello, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el operador del sistema, debe estar facultado con independencia tanto de las empresas estatales como de los operadores privados. Sus funciones deben ser supervisar a estas entidades, gestionar subastas de capacidad, monitorear y dar trazabilidad a la generación y consumo de energía renovable, así como coordinar proyectos de electrificación en áreas desatendidas con protocolos modernos de transparencia y rendición de cuentas.
Por último, la ley deberá integrar criterios ambientales y económicos alineados con los compromisos internacionales de México. Esto incluye límites de emisiones vinculados a metas nacionales de reducción, e incentivos a la CFE para que en sus planes de inversión priorice las fuentes de energías limpias. Ante esta coyuntura, la colaboración entre actores públicos y privados es clave para fomentar la sostenibilidad y garantizar un sistema energético robusto y confiable.
* Ana Lilia Moreno (<a href="https://x.com/analiliamoreno" target="_blank" rel="noopener">@analiliamoreno</a>) es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa.

Claves para dimensionar la ley eléctrica que viene

El cierre de año, por sí mismo, no cambiará nada; llegará el primero de enero de 2025 y los problemas de seguridad pública prevalecerán. Sin embargo, los balances anuales son relevantes porque nos permiten hacer un corte de caja para dejar testimonio de los avances y retrocesos en un periodo definido y establecer parámetros de evaluación a corto plazo. Todo esto abona, en consecuencia, a la rendición de cuentas y la formulación de mejores políticas públicas.
Con ese ánimo, escribimos sobre los que pensamos son los cinco hitos de la violencia criminal del 2024. Son fenómenos que parecieran temporarios pero que, en realidad, muestran distintas caras de la degradación que ha sufrido el Estado de derecho a nivel territorial en las últimas décadas. La contención de ese deterioro será, quizá, el único reflejo de que las nuevas administraciones están haciendo bien las cosas desde los primeros 100 días. Si se agravan, la respuesta es obvia.
<h2>1. Asesinato de Camila, en Taxco, Guerrero</h2>
En Taxco, Guerrero, en periodo de semana santa, Camila, una niña de ocho años, fue asesinada en la casa de su amiga, otra menor. Este asesinato derivó en el linchamiento de la presunta victimaria, Ana Rosa Díaz —madre de la amiga de Camila—, y de dos personas más. Este es un hito por varios motivos. Primero, se conjuntaron dos hechos atroces, un infanticidio con un claro componente de género y un linchamiento masivo. Segundo, revela la ausencia de todo el sistema de seguridad pública que padecen algunos territorios, desde la prevención del delito hasta el acceso a la justicia. Tercero, mostró que, ante la ausencia del Estado, las comunidades pueden alcanzar altos niveles de organización para ejercer violencia como mecanismo de sobrevivencia, como ocurrió en Texcaltitlán, Estado de México, en donde pobladores lincharon a sus extorsionadores, miembros de la Familia Michoacana.
<h2>2. El año más violento para políticos y funcionarios</h2>
Los datos son contundentes. Al cierre de noviembre, 2024 concluye con 610 víctimas de violencia político criminal, lo que significa un incremento del 7 % en comparación de 2023, pero de 256.7 % frente a 2018. En la historia moderna hablamos del año más violento para políticos y funcionarios públicos, principalmente en el ámbito municipal. En dicho marco, atestiguamos las elecciones más violentas de la democracia mexicana, con 34 aspirantes a cargos de elección popular asesinados por el crimen organizado, de acuerdo con <a href="https://votar-entre-balas.datacivica.org/" target="_blank" rel="noopener">Votar entre balas</a>.
Más allá de lo evidente, lo anterior es sintomático de la expansión del régimen criminal, es decir, no sólo de la anulación de la autoridad del Estado a nivel de los territorios locales, sino de su sustitución por la de los grupos criminales. En 2024, como nunca antes, más territorios quedaron en manos del crimen organizado y, por lo tanto, su población expuesta a los intereses de los mismos.
<h2>3. El asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos</h2>
Como señalamos en el punto anterior, 2024 fue el año más violento para políticos y funcionarios públicos. Sin embargo, por primera vez, un alcalde de una ciudad capital fue asesinado: Alejandro Arcos, presidente municipal recientemente electo de Chilpancingo, Guerrero. La ejecución ocurrió después del asesinato de quien ocuparía la secretaría de seguridad pública de Chilpancingo, Ulises Hernández Martínez, y del recién nombrado secretario del ayuntamiento, Francisco Tapia Gutiérrez. En otras palabras, hablamos de un ayuntamiento disputado por el crimen organizado.
Todas las agresiones en contra de funcionarios son graves en sí mismas, pero este hecho es relevante porque derriba la idea del blindaje institucional del que gozan las ciudades capitales, por albergar sedes de los tres poderes en el ámbito federal y local y por fungir como centros de operaciones de organizaciones empresariales y sociales. En otras palabras, el régimen criminal puede vulnerar a cualquier municipio de nuestro país, sin importar su peso político. La ejecución de Arcos es un desafío directo del crimen a las autoridades y consecuencia de la máxima impunidad que ha imperado durante décadas.
<h2>4. Intensificación de la violencia del crimen organizado</h2>
De acuerdo con Causa en Común, al cierre de noviembre de 2024, los medios de comunicación informaron de al menos 404 masacres en México. Sin embargo, a diferencia de otros años, se aprecia la intensificación de la violencia del crimen organizado. Una muestra de lo anterior son los eventos de violencia homicida, no selectiva, en los bares El DBar en Villahermosa, Los Cantaritos en Querétaro y El Bling Bling en Cuautitlán Izcalli. También lo evidencia el bombardeo con drones en Guerrero, el uso de minas explosivas en Jalisco o la explosión de autos bomba en Guanajuato. Queda claro que estamos frente al recrudecimiento del conflicto criminal, y que existen nuevos mercados ilícitos a nivel territorial, más organizaciones que buscan controlarlos a través de la corrupción y la violencia y que, a pesar del discurso oficial, el Estado mexicano aún tiene muy pocas capacidades para contenerlo.
<h2>5. La caída de Ismael “El Mayo” Zambada</h2>
La caída de “El Mayo” Zambada detonó el conflicto entre las facciones de “Los Mayos” y “Los Chapitos”. Ello entraña el fin de la otrora organización criminal más poderosa del país, el Cártel de Sinaloa, más no la extinción de las facciones, familias y brazos armados que la conformaron. Éstas se están alineando con alguno de los bandos en pugna o con otras organizaciones; incluso algunas han comenzado a independizarse. Es muy probable que el conflicto entre “Los Mayos” y “Los Chapitos” cambie el mapa de la criminalidad, contagiando la violencia a otras entidades. Las nuevas alianzas delincuenciales serán esculpidas con base en su poder de fuego, lo que augura enfrentamientos, homicidios y tácticas de intimidación social.
El Estado mexicano jamás había tenido que administrar un conflicto interno de una organización criminal del poder y tamaño del Cártel de Sinaloa. No es casual que ni López Obrador ni Sheinbaum tengan mayor idea sobre cómo terminar con dicho conflicto, sin ir más allá de enviar militares para evitar el intercambio de fuego.
El primero de enero de 2025, ¿amaneceremos en este mismo contexto criminal y sus violencias o habrá ya una estrategia que no se limite a ejecutar carpetas de investigación, detenciones y decomisos? Seguramente todo seguirá igual, pero lo identificado hoy será el parámetro para medir el comportamiento de la violencia y la dinámica criminal en 2025.
Felices fiestas.
* Armando Vargas (<a href="https://x.com/BaVargash" target="_blank" rel="noopener">@BaVargash</a>) es coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa  (<a href="https://x.com/mexevalua" target="_blank" rel="noopener">@mexevalua</a>) y Yair Mendoza ( <a href="https://x.com/yair_mendozacg" target="_blank" rel="noopener">@yair_mendozacg</a>) es investigador del mismo.

Los hitos de la violencia criminal del 2024

La atención pública que se ha puesto sobre la justicia a nivel federal, a raíz de la reforma al Poder Judicial, parece soslayar que los sistemas penales de los estados de la república son, en realidad, el ámbito más cercano para garantizar los derechos de la ciudadanía.
Si la intención de la reforma era combatir la impunidad, pierde este objetivo al no abordar los retos que enfrentan los sistemas de justicia penal locales, pues es ahí donde se resuelven los delitos del fuero común, que son la mayoría.
Estos sistemas locales son heterogéneos en su diseño, capacidad y desempeño. Además, enfrentan realidades diversas en cuanto al tamaño de la población, dinámicas socioeconómicas y fenómenos criminales.
<h3>Los estados que destacan en materia de justicia penal</h3>
En nuestra última edición de <a href="https://www.mexicoevalua.org/hallazgos-2023/" target="_blank" rel="noopener">Hallazgos 2023</a>, actualizamos la metodología para evaluar las capacidades institucionales de cada entidad en materia de justicia penal. Le denominamos Índice de Capacidad (en las ediciones de Hallazgos de años anteriores le llamamos Ranking de consolidación).
Los resultados muestran que, en 2023, Querétaro destacó en primer lugar en el Índice de Capacidad de su sistema de justicia penal con un puntaje de 947.49 de un total de 1,000, seguido de Coahuila, Nuevo León y el Estado de México. Más abajo están: Yucatán, San Luis Potosí, Sonora y Baja California Sur, con puntajes entre 700 y 750.
El Índice de Capacidad se construye a partir del grado de avance de las condiciones con las que cuentan las tres instituciones clave de los sistemas locales: el órgano de coordinación, la fiscalía y el poder judicial. Así pues, examinamos la coordinación, el proceso de planeación, el procesamiento y reporte de información, los recursos presupuestales, el monitoreo y evaluación, así como los recursos humanos, la infraestructura, la estructura orgánica y el modelo de gestión.
De las 32 entidades federativas evaluadas, solamente 24 (75 %) proporcionaron información sobre su órgano de coordinación. Es decir, la mayoría de los estados cuentan con esta estructura, o al menos fueron capaces de proporcionar información sobre ella. Sin embargo, ocho entidades (25 %) no proporcionaron información en este aspecto: Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.
Abordaremos ahora el caso de Querétaro, que tiene el puntaje más alto, como un ejemplo de lo que otros estados pueden implementar.
<h2>¿Qué está haciendo Querétaro diferente?</h2>
El 3 de octubre del 2018 se publicó la ley que crea la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro. La nombraron <a href="https://cosmos.gob.mx/archivos/trabajo_comision/ley_que_crea_la_comision_para_la_evaluacion.pdf" target="_blank" rel="noopener">“Comisi</a><a href="https://cosmos.gob.mx/archivos/trabajo_comision/ley_que_crea_la_comision_para_la_evaluacion.pdf">ón </a><a href="https://cosmos.gob.mx/archivos/trabajo_comision/ley_que_crea_la_comision_para_la_evaluacion.pdf" target="_blank" rel="noopener">Cosmos”</a>. En materia penal, esta Comisión es única en su tipo en México.
En su creación participaron los tres poderes locales, así como la Fiscalía General, la Defensoría de los Derechos Humanos y el Sistema Estatal Anticorrupción. Fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado. Todo esto refleja el gran respaldo político e institucional que esta ley tuvo desde un inicio.
Desde su diseño, la Comisión incorporó un modelo de gobernanza creado a partir de una visión sistémica y evolutiva. Gracias a esto, mantiene claridad y certeza sobre el ámbito de competencia de cada institución responsable en materia penal. También estableció las bases de coordinación que le permitieron realizar una planeación estratégica de mediano plazo con programas operativos anuales en los que se fueron concretando las prioridades para la consolidación del sistema de justicia penal.
Recientemente, el equipo de justicia de México Evalúa realizó una visita de campo para conocer con mayor detalle el funcionamiento del modelo “Cosmos” implementado en el sistema de justicia penal de Querétaro. Este acercamiento nos permitió constatar algunos de los avances en términos del desarrollo de sistemas de gestión, la profesionalización del personal y la incorporación de tecnologías de información, todo esto acompañado de procesos de evaluación y mejora continua, presupuestación eficiente y armonización normativa.
Es palpable el alto grado de apropiación y convencimiento que tienen los distintos actores gubernamentales, desde tomadores de decisión hasta operadores, sobre las ventajas de este modelo y los resultados obtenidos.
<h2>La reforma judicial impactará a los sistemas locales de justicia penal</h2>
La reciente reforma constitucional al Poder Judicial puso a la luz pública que la impunidad es una realidad que afecta cada vez a más personas que se ven involucradas en conflictos de tipo penal.
Evidentemente, esta reforma no atiende de manera integral este grave problema. Por el contrario, al establecer el nombramiento del personal jurisdiccional mediante voto popular y crear el Tribunal de disciplina judicial, atenta contra el principio de separación y equilibrio de poderes, el principio de independencia judicial y contra los avances respecto a la carrera judicial. Todo ello debilitará aún más las condiciones y capacidades del sistema de justicia penal en su conjunto y dificultará ofrecer respuestas efectivas a las personas víctimas e imputadas.
El proceso de implementación de esta reforma al Poder Judicial ya inició en el ámbito federal. Sin embargo, hay que recordar que los estados también están obligados a armonizar su marco constitucional y legal para que también sea implementada a nivel local. Para ello, cuentan con un plazo de ciento ochenta días a partir de la <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5738985&amp;fecha=15/09/2024#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">publicación de la reforma</a>, que vence a mediados de marzo de 2025.
Podemos anticipar que entre más consolidados y más capacidades tengan los sistemas locales, tendrán mayores probabilidades de minimizar los impactos negativos y continuar sus procesos de fortalecimiento y mejora continua. Sin embargo, otro resultado posible es que se amplíe la brecha de capacidades institucionales de los sistemas locales, con las consecuencias negativas para el acceso a la justicia de las personas en los estados más rezagados.
* Jorge Carbajal es coordinador de alianzas del Programa de Justicia de México Evalúa.

Querétaro y el camino para combatir la impunidad

En 2025, el presupuesto proyectado para programas de subsidios del Gobierno alcanza un máximo histórico. Se repartirán 1.1 billones de pesos. Es decir, 24.7 mil millones de pesos (mmdp) más, respecto a 2024, un aumento del 2.3 %.
Los nuevos programas, como la Pensión Mujeres Bienestar (con 15 mmdp) y la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina (78.8 mmdp) contribuyen al incremento global de los subsidios. Sin embargo, el programa favorito del Gobierno, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendrá un ligero recorte de 0.3%.
El enfoque en subsidios también tiene costos de oportunidad importantes. Debido a la priorización de pensiones y becas, se afectan otros sectores clave como educación, salud pública y agricultura, como mencionamos más adelante.
De igual manera, la apuesta por incrementar los subsidios ha desplazado el gasto de inversión en infraestructura, que para 2025 caerá al 2.3 % del PIB (como explicamos <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2024/12/04/inversion-en-infraestructura-2025-un-motor-en-retroceso/" target="_blank" rel="noopener">en esta investigación)</a>. Este gasto es importante para construir carreteras, hospitales, escuelas, obras de irrigación, transmisión de electricidad, entre otras.  Además, la apuesta mantiene la presión sobre la deuda pública (como explicamos en <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2024/11/22/paquete-economico-2025-pese-a-los-recortes-no-hay-responsabilidad-fiscal/" target="_blank" rel="noopener">esta otra nota</a>).
Desde México Evalúa consideramos que se deben de equilibrar las prioridades en el Paquete Económico 2025, para garantizar no solo beneficios inmediatos, sino sostenibilidad fiscal y desarrollo económico a largo plazo.
<h3>Programas de subsidios con máximo histórico</h3>
En 2025, los programas de subsidios estarán distribuidos en 69 programas y su monto, de 1.1 billones, supera al de los primeros años de López Obrador y Peña Nieto, con aumentos del 44.6 % (343.4 mmdp) y 13.7 % (134.1 mmdp), respectivamente, además de rebasar el máximo histórico de 2015. Respecto del tamaño de la economía representarán 3.1 % del PIB, mismo nivel que en 2019.
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El incremento de los programas de subsidios para el siguiente año también refleja recortes en programas prioritarios. De los diez programas con mayor asignación, todos recibirán menos recursos que en 2024, incluso la Pensión para Adultos Mayores. El aumento del gasto total en subsidios se debe a la creación de nuevos programas.
Por ejemplo, La Escuela es Nuestra, crucial para mejorar la infraestructura educativa, disminuye (-4.6 mmdp), también los subsidios para organismos descentralizados estatales (universidades de los estados) sufrirán un recorte (-4.7 mmdp), Sembrando Vida (-1.5 mmdp), Jóvenes Construyendo el Futuro (-1 mmdp), Fertilizantes (-700 mdp) o Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos (-3.6 mmdp).  Es decir, se afecta castigan subvenciones de educación, salud y agricultura.
Finalmente, el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez que en 2024 contó con 51.9 mmdp desaparece para darle lugar a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina y se crea el programa de Pensión Mujeres Bienestar.
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<h3>Subsidios por habitante y su peso creciente en el gasto total</h3>
Para 2025, el gasto en subsidios por persona será apenas 1 % mayor que en 2024, alcanzando 8,344 pesos per cápita anuales. Esta cifra representa un aumento significativo del 38 % (2,296 pesos por habitante) respecto al primer año de López Obrador y un incremento más modesto del 2 % en comparación con el primer año de Peña Nieto.
Por su parte, el análisis del gasto en subsidios como porcentaje del gasto neto total y programable refleja su creciente relevancia en las finanzas públicas. En 2025, representará 12.1 % del gasto neto total, medio punto porcentual más que en 2024, pero aún 1.2  % por debajo del primer año de Peña Nieto. Como porcentaje del gasto programable, el presupuesto para subsidios alcanzará 17.2 %, superando todos los registros desde 2013 (16.6 %).
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<h3>Pensión para Adultos Mayores: otro crecimiento histórico.</h3>
En 2025, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contará con un aumento de 8 % respecto a 2024 y un crecimiento extraordinario de 466 % (398 mmdp) en comparación con el primer año de López Obrador, cuando el presupuesto fue de 85 mmdp. Desde 2019, este programa ha crecido repetidamente: el monto asignado en 2019 fue 232 % superior al de 2018, y desde entonces ha mostrado aumentos anuales significativos.
Este programa beneficia directamente a millones de personas mayores, mejorando su calidad de vida. Sin embargo, la asignación de recursos a este programa limita la capacidad de atender otras prioridades nacionales.
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<h3>Evolución de subsidios educativos</h3>
Además, del crecimiento de las Pensiones del Bienestar, las Becas de Educación Básica destacan con un aumento del 52 % (26.9 mmdp), para colocarse en 78.8 mmdp. El objetivo de estos apoyos es asegurar la permanencia escolar de los alumnos. Si bien se atiende la falta de ingresos como un problema que causa deserción escolar, no se solucionan los problemas de infraestructura o calidad de la educación.
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<h3>Subsidios para la salud</h3>
Debido al aumento en los subsidios, la atención a la salud es castigada en distintos ámbitos. Además del ya mencionado recorte a Atención Médica y Servicios Gratuitos, desaparece el programa IMSS-Bienestar (antes IMSS-Prospera), que en 2023 todavía contó con 22.5 mmdp. Este programa es distinto al organismo descentralizado IMSS-Bienestar, aunque lleven el mismo nombre.
Una reducción en estos subsidios en salud podría limitar aún más la cobertura y la calidad de los servicios, afectando de manera directa a las personas más vulnerables, como <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2024/11/28/pef-2025-menos-servicios-de-salud-para-los-mas-pobres/" target="_blank" rel="noopener">explicamos a fondo en esta investigación</a>.
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<h3>5 recomendaciones de Política Pública</h3>
Para maximizar el impacto del gasto en subsidios y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, se deben implementar medidas que equilibren los beneficios sociales con la eficiencia fiscal y el desarrollo económico:
1. Definir criterios para la priorización de subsidios. Es necesario establecer criterios de asignación (basados en indicadores medibles de equidad y eficiencia) que garanticen un equilibrio entre atender a los sectores más vulnerables y fomentar áreas de impacto económico estratégico, como infraestructura educativa y salud pública.
2. Fortalecer los mecanismos de evaluación y monitoreo. La implementación de sistemas para dar seguimiento y evaluar el desempeño de los programas de subsidios es esencial. Esto incluye el seguimiento del impacto en el bienestar de la población beneficiaria y el análisis de costos de oportunidad en sectores desplazados (como infraestructura y salud).
3. Impulsar la progresividad en los subsidios. Rediseñar los programas para priorizar a quienes más lo necesitan, asegurando que los recursos beneficien de manera eficiente a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Esto también contribuye a reducir desigualdades regionales y sociales.
4. Asegurar la sostenibilidad fiscal de los subsidios. Es importante crear mecanismos que vinculen el crecimiento de los programas de subsidios con ingresos recurrentes, evitando presiones excesivas sobre la deuda pública. Una opción viable sería integrar estos programas en un marco fiscal de mediano plazo que permita planificar su evolución.
5. Complementar el gasto en subsidios con inversión en infraestructura y servicios públicos. Los subsidios no deben desplazar recursos de sectores que generan desarrollo económico y bienestar sostenible. Es crucial destinar una proporción adecuada del presupuesto a infraestructura educativa, salud y obras públicas, que permitan fortalecer las bases para el crecimiento a largo plazo.
* Jorge Cano es Coordinador del Programa de Gasto Público. Christopher Cernichiaro es investigador invitado del mismo programa.

Pros y contras del presupuesto 2025 en subsidios del Bienestar

La deuda de proveedores de Pemex ha resurgido como un tema crítico. La <a href="https://amespac.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros</a> pide un fondo gubernamental similar al Fobaproa para cubrir adeudos.
La deuda financiera —de largo plazo— afecta a inversionistas; la de proveedores —de corto plazo—, compromete operaciones, cadenas de suministro y causa malestar social. Según Víctor Rodríguez Padilla, <a href="https://diario.mx/nacional/2024/nov/27/elige-pemex-sacrificar-proveedores-1042976.html" target="_blank" rel="noopener">director general</a> de Pemex, la empresa prioriza cumplir con su deuda financiera debido a la falta de recursos para atender todas sus obligaciones. ¿Hay solución a este problema?
<h2>Evolución histórica de un endeudamiento</h2>
En el contexto actual, Pemex <a href="https://www.mexicoevalua.org/el-petroleo-es-nuestro-y-la-deuda-de-pemex-tambien/" target="_blank" rel="noopener">es incapaz</a> de hacer frente a sus obligaciones financieras con sus propios recursos. Por ello, la exigibilidad a corto plazo se vuelve un tema alarmante pues obliga a la empresa a renegociar. Esto encarece la deuda; lo que a su vez dificulta más la capacidad de pago. Es un círculo vicioso.
Entre 2018 y 2023, las obligaciones de corto plazo de Pemex aumentaron de un 9 % a un 27 %, lo que complicó la capacidad de pago de la empresa. Además, según los <a href="https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2024/jun/Pemex-20240628.pdf" target="_blank" rel="noopener">informes</a> entregados por Pemex al Congreso en materia de endeudamiento, la deuda a proveedores casi se duplicó. Eran 149.84 mil millones de pesos (mmdp) en 2018, 4.24 % del pasivo total. A diciembre de 2023 ya acumulaba 368.35 mmdp: el 9.31 % del pasivo total, el porcentaje más alto en siete años. En el informe financiero del tercer trimestre de 2024, ese porcentaje había subido a 9.94 %. Periodistas de investigación que han accedido a información interna de la empresa, sugieren que por omisiones en los procesos de facturación, el monto real podría llegar a ser el doble de lo registrado oficialmente.
Como lo hemos señalado en <a href="https://www.mexicoevalua.org/que-implica-el-riesgo-cambiario-para-pemex-y-los-mexicanos/" target="_blank" rel="noopener">artículos anteriores</a>, parte del pasivo está conformado por la deuda financiera de la compañía y, sí bien ésta vio cierta disminución en números absolutos y como porcentaje del pasivo —en parte debido a la apreciación del peso frente a otras monedas— las deudas pagaderas a un año aumentaron considerablemente. 
Los retrasos en pagos afectan proyectos estratégicos de exploración, refinación y producción, aumentan costos y deterioran las metas operativas. Penalizaciones contractuales y renegociaciones agravan la situación y limitan la autosuficiencia energética promovida desde 2019. En el ámbito social, el impacto es devastador.
En regiones como <a href="https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/exhorta-ariana-del-rocio-rejon-a-pemex-a-pagar-a-proveedores-de-ciudad-del-carmen-campeche-" target="_blank" rel="noopener">Campeche</a>, empresas han quebrado y despedido a miles de trabajadores. <a href="https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mipymes-impulsan-contenido-nacional-en-contrataciones-de-pemex-8895599.html" target="_blank" rel="noopener">Un tercio</a> de los proveedores de Pemex son Pymes que dependen de estos pagos, lo que repercute en economías locales y genera incertidumbre. Los incumplimientos de pagos a proveedores minan la confianza en la empresa, y afectan su capacidad para formar alianzas. Además, dañan la imagen del país como destino para inversiones energéticas.
<h2>¿Podría Pemex declararse en bancarrota?</h2>
El nuevo régimen fiscal para Pemex <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DwKHos4X6u0" target="_blank" rel="noopener">anunciado</a> por la presidenta Sheinbaum, denominado “Derecho Petrolero para el Bienestar”, simplifica impuestos y busca liberar recursos para la petrolera. Sin embargo, esto no garantiza que el capital liberado se destine al pago de proveedores. La empresa enfrenta desafíos importantes de inversión para levantar la producción. Además, las pérdidas financieras se acumulan: entre enero y septiembre de 2024 ya <a href="https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%203T24.pdf" target="_blank" rel="noopener">suman 430.1 mmdp</a>. Es perder diariamente 1.6 mmdp, cifra que equivale al <a href="https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/GYPPF25Q/PPEF2025/lurbgnma/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf" target="_blank" rel="noopener">presupuesto anual</a> que se proyecta para el Programa de Apoyo a la Educación Indígena en 2025.
De 2019 a 2023, la subsidiaria Pemex Transformación Industrial —la encargada de gestionar el Sistema Nacional de Refinación de petrolíferos— profundizó su quebranto por 784 mmdp, que es poco más que el presupuesto de 773 mmdp destinado en 2024 a programas sociales prioritarios. En ese mismo periodo, el Gobierno federal apoyó a Pemex con subsidios directos y quitas de impuestos por cerca de 1.9 billones de pesos.
De acuerdo con el marco jurídico mexicano, una empresa puede seguir operando mientras tenga la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras, como el pago de deudas, salarios e impuestos. Sin embargo, si la empresa entra en un incumplimiento generalizado de pagos, podría enfrentar un proceso legal bajo la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCM.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley de Concursos Mercantiles</a>, lo que podría llevar a su reestructuración o liquidación.
Según expertos, <a href="https://energiaadebate.com/petroleo-declarar-la-quiebra-de-pemex/" target="_blank" rel="noopener">Pemex podría acreditar</a> causales de quiebra por incumplimiento generalizado de pagos, según la Ley de Concursos Mercantiles. Esto implica que al menos dos acreedores no reciban pagos por deudas vencidas de más de 30 días y que el 35 % de las obligaciones vencidas excedan la capacidad de cubrir el 80 % con los activos disponibles. Para iniciar el proceso, Pemex, un acreedor, o el Ministerio Público deben solicitarlo. Un juez debe analizarlo y en su caso, declarar la quiebra. Con ello, iniciaría la liquidación de activos conforme al orden legal de prelación.
Aunque en México la quiebra suele usarse para la liquidación de activos, otros países, como <a href="https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-11-bankruptcy-basics" target="_blank" rel="noopener">Estados Unidos</a>, la usan para fines de reestructuración y continuidad, lo que podría ser relevante para evaluar el caso de la deuda con proveedores de Pemex, a la luz de las mejores prácticas internacionales. Por ahora, nadie ha solicitado este proceso para Pemex, quizás por el impacto político y económico sin precedentes que acarrearía. Queda en evidencia el impacto financiero, operativo y reputacional de la empresa. La incógnita persiste: ¿hasta cuándo será sostenible subsidiar a Pemex a costa de proveedores, contribuyentes y el propio erario?
* Ana Lilia Moreno (<a href="https://x.com/analiliamoreno" target="_blank" rel="noopener">@analiliamoreno</a>) es coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa. Miguel del Valle es colaborador en el mismo programa.

Pemexproa o la crónica de una quiebra anunciada

El 12 de noviembre se llevó a cabo la <a href="https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/audiencia.asp?Hearing=3771" target="_blank" rel="noopener">audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos</a> (CIDH) sobre la reforma judicial. Ahí estuvieron <a href="https://jufed.org/" target="_blank" rel="noopener">jueces y magistrados del Poder Judicial Federal</a>, asociaciones de mujeres juezas y magistradas, representantes del <a href="https://www.facebook.com/ColegioPJF/" target="_blank" rel="noopener">Colegio de Secretarios del Poder Judicial Federal</a>, y de las organizaciones de sociedad civil que conformamos el colectivo <a href="https://lajusticiaquequeremos.org/wp-content/uploads/2024/11/Informe-LJQQ-CIDH.pdf" target="_blank" rel="noopener">#LaJusticiaQueQueremos</a>. 
Entre el público había estudiantes del <a href="https://x.com/GeneracionDel24" target="_blank" rel="noopener">Movimiento Generación del 24</a> que han impulsado movilizaciones en las calles, el ministro Javier Laynez Potisek, periodistas, académicos de México y Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaitte, hizo un <a href="https://hchr.org.mx/relatorias_grupos/informe-final-independencia-jueces-y-abogados-mision-a-mexico/" target="_blank" rel="noopener">pronunciamiento sobre la situación en México</a>. En fin…. En comentarios del personal de la Comisión, fue una de las audiencias más concurridas y que han generado mayores expectativas en dicho espacio internacional.
<h2>Una reforma judicial desvinculada de las personas</h2>
Un momento relevante en esta audiencia ante la CIDH fue la oportunidad de dar voz a personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Personas cuyos hijos, hijas, padres, madres, hermanos, amigos, un día ya no regresaron a casa, o fueron sacados de sus hogares a golpes, o cuyos cuerpos han sido encontrados mutilados, calcinados, en pedazos, o asesinados en vídeos grotescos. Víctimas de un infierno de violencia que no ha menguado y que el sistema de justicia (policías, ministerios públicos, comisiones de víctimas, comisiones de búsqueda y peritos) no ha solucionado. Estas víctimas que poco han tenido acceso a la justicia, saben que la reforma judicial tampoco es la solución. Saben que se necesita una reforma, pero no es ésta. 
También se están violando los derechos laborales de quienes operan en el Poder Judicial y son parte de una carrera cuya meta era ser jueces, y ahora no lo podrán ser, a menos que se sometan a una campaña electoral. Así, se violan los derechos de las mujeres que lucharon por abrir mecanismos para ser juezas y magistradas, y de todas las personas que afrontaron concursos sumamente rigurosos para ocupar esos cargos, y ahora los ven cancelados ante su remoción en 2025 o 2027. Todas estas personas que han dedicado años de sus vidas al trabajo judicial, ven por tierra su esfuerzo y el futuro de sus familias. 
Sobre todo, y el ángulo más delicado de la reforma, es que son violentados los derechos que dan sentido a la existencia de los poderes judiciales: el acceso a la justicia, que ésta sea independiente e imparcial, y el debido proceso. Todos estos pertenecen a la ciudadanía de a pie. En este artículo ampliamos las afectaciones a derechos humanos en materia de justicia penal, tema fundamental que ya abordamos <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/lo-que-mexico-evalua/proteccion-derechos-humanos-sheinbaum" target="_blank" rel="noopener">en una colaboración previa</a>.
<h2>Acceso a la justicia, independencia judicial y debido proceso</h2>
De los más de 100 mil casos de desaparición forzada, <a href="https://www.mexicoevalua.org/solo-33-sentencias-federales-por-desaparicion-forzada-en-mas-de-20-anos/#_ftn2" target="_blank" rel="noopener">entre 2005 y marzo de 2022, los poderes judiciales Federal y estatales sólo han emitido 36 sentencias contra 26 personas</a>. El problema para las familias víctimas es claro, los casos ni siquiera llegan a los jueces. Sus casos siguen entrampados en las Fiscalías, en investigaciones sin rumbo. 
Esta situación se replica para casi todos los delitos en México. De acuerdo a <a href="https://www.mexicoevalua.org/hallazgos-2023/" target="_blank" rel="noopener">Hallazgos 2023 de México Evalúa</a>, en 2023, de más de 2 millones de procesos penales que se abrieron en las fiscalías, menos de 100 mil (3.6%) fueron vinculados a proceso; es decir, sólo estos casos llegaron ante un juez. El resto sigue en las fiscalías. En materia penal, el problema de acceso a la justicia no está en los poderes judiciales. El problema lo encontramos, pasos atrás, en las instituciones encargadas de la investigación y construcción de los casos: policías, fiscalías y autoridades que cuentan con información sobre la posible comisión de delitos. 
Si la intención tan anunciada de la reforma es mejorar el acceso a la justicia, deberíamos empezar por las policías y fiscalías. Al parecer, en el actual gobierno hay una mayor claridad sobre este punto. Sólo tenemos que asegurarnos que las capacidades de investigación de las policías sean desde un enfoque civil y no militar. También, que las investigaciones (incluyendo el uso de inteligencia) tienen que darse en un marco de respeto de derechos bajo la vigilancia y supervisión judicial. Tenemos que vigilar que una vez que los casos lleguen ante los jueces, estos no obedecerán instrucciones de quienes los designaron como candidatos. Y que, durante el proceso y las audiencias, se respetaron los derechos de víctimas y personas procesadas. Ahí está el reto y la importancia de contar con jueces independientes e imparciales y que la justicia sea transparente. 
<h2>¿Y ahora qué hacemos?</h2>
En este escenario de una reforma sin diagnóstico, sin plan de implementación, sin escuchar a las y los jueces y a quienes trabajan en los tribunales, y lo más desesperanzador, sin visión de mejora de los derechos de la ciudadanía, tenemos que identificar y construir espacios de esperanza.
Ante el avasallamiento contra los poderes judiciales y el riesgo de perder nuestros derechos, ¿hay alguna esperanza para la ciudadanía? ¿Qué podemos hacer? En este momento hay varias propuestas, las resumo en estas tres:
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Observar y documentar desde sus muchas aristas el proceso de implementación de la reforma judicial en el ámbito federal, y no dejar de señalar los problemas y costos que representa.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">En el ámbito internacional, y aunque la batalla dure años, seguir alertando y comunicando las implicaciones de la reforma en el deterioro de un estado de derecho democrático y la pérdida de derechos de las personas.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">En el ámbito local, proponer y encontrar fórmulas que acerquen la justicia a las personas y que no fueron consideradas en la reforma judicial: justicia cívica, tribunales constitucionales locales, justicia digital, participación ciudadana en la construcción de políticas judiciales, jurados. Incluso construir, desde los estados, soluciones que permitan fortalecer la carrera judicial, a pesar de la obligación de realizar elecciones de cargos judiciales por voto popular.</li>
</ul>
Y desde los diferentes espacios (víctimas de violaciones de derechos humanos, sociedad civil, activistas, academia, estudiantes, periodistas, defensores de derechos, sector privado, jueces, personal judicial), articularnos y no perder de vista que al final del día lo que estamos defendiendo son nuestros derechos.
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*Susana Camacho (@<a href="https://x.com/Su_Kmacho" target="_blank" rel="noopener">Su_Kmacho</a>) es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
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