Las políticas en materia de seguridad del 2025
¿Qué balance puede hacerse de la estrategia de seguridad pública de la presidenta Sheinbaum al cierre de 2025? Este breve análisis revisa las principales políticas gubernamentales de seguridad impulsadas durante su administración —aquellas intervenciones que constituyen un sello distintivo de su gobierno y que no implican necesariamente cambios constitucionales— para evaluar sus alcances, limitaciones y aprendizajes institucionales. El ejercicio considera tanto los esfuerzos temáticos como el giro territorial observado en 2025, con el fin de ofrecer una lectura integral sobre la naturaleza de las acciones federales en materia de seguridad.
Estrategia Nacional de Seguridad
El 8 de octubre de 2024 la presidenta presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sus ejes centrales fueron la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y la coordinación absoluta en el gabinete de seguridad. Sus objetivos, por su parte, se orientaron a la pacificación del país, el combate a la extorsión en ciclos productivos (sobre todo en limón y aguacate) y la implementación de acciones contextualizadas a las condiciones de cada región.
Esta estrategia ambiciosa tuvo que atemperar sus expectativas con rapidez. Los reacomodos entre organizaciones criminales en Sinaloa y estados fronterizos, así como la política trumpista hacia México, obligaron a la federación a concentrar tropas en Sinaloa, la frontera sur y la frontera norte, desplazando la intención original de construir estrategias regionalizadas. No sorprende que la comunicación oficial haya enfatizado sus avances en el comportamiento agregado del homicidio doloso, dejando en segundo plano la violencia territorializada que persiste en múltiples regiones del país, como lo ha visibilizado el reporte Violencia y Pacificación de México Evalúa. La realidad terminó por imponerse y dio paso a una serie de estrategias focalizadas orientadas a contener dinámicas criminales específicas.
Operación Frontera Norte
El 5 de febrero se lanzó la Operación Frontera Norte, basada en el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en los estados fronterizos para frenar el tráfico de fentanilo y la migración (prioridades para Estados Unidos) y el tráfico de armas (prioridad para México).
La mayor parte del personal se ubicó en municipios fronterizos de Baja California, Chihuahua y Sonora. Del 5 de febrero al el 8 de diciembre se detuvieron a 9,808 personas, aseguraron 7,293 armas de fuego, 1,242,669 cartuchos de diversos calibres, 33,400 cargadores, 114,475.1 kg de droga, entre ellos, 560 kg de fentanilo, 5,856 vehículos y 1,160 inmuebles.
Aunque Sonora es la entidad donde más armas ilegales se incautan, el principal efecto observable se dio en la migración: de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la migración de México hacia Estados Unidos cayó 91% para agosto de 2025. Por ello, esta estrategia se ha interpretado más como un instrumento para contener la política arancelaria trumpista que como una acción orientada a la pacificación del país. Además, existen indicios de que los decomisos de fentanilo generan incentivos para que las organizaciones criminales disputen con mayor ferocidad los mercados ilícitos nacionales.
Combate al huachicol
El 19 de mayo, el gobierno federal presentó su estrategia contra el ingreso ilegal de combustibles y el robo de hidrocarburos. Su núcleo es la trazabilidad del combustible para identificar rutas y actores involucrados. Aunque esta acción puede parecer limitada frente al tamaño del mercado ilícito y las restricciones políticas para combatirlo, es una pieza clave, ya que el robo de combustible y la extorsión son dos de los mercados más rentables para las organizaciones criminales.
Solo en noviembre, en tres entidades —Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa— se recuperó un total de 1 millón 476 mil litros de combustible. Mantener y perfeccionar esta estrategia será indispensable para debilitar las fuentes de ingreso criminal que sostienen el control territorial.
Estrategia contra la extorsión
El 6 de julio se presentó la estrategia nacional contra la extorsión, basada en la coordinación entre las secretarías de la Defensa y de la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Incluyó detenciones basadas en inteligencia, impulso a unidades estatales antiextorsión, atención a víctimas, fortalecimiento del 089, campañas de prevención y medidas como congelamiento de cuentas, bloqueo de líneas telefónicas y operativos en centros penitenciarios. Se focalizó en ocho entidades donde se concentra la mayor incidencia.
Aunque perseguir de oficio este delito representa un avance, la estrategia muestra un sesgo hacia la extorsión telefónica, dejando vacíos en la atención de la extorsión directa, que es la más vinculada al dominio territorial. Tampoco queda claro cómo se financiarán o consolidarán las unidades estatales antiextorsión.
A pesar de ser el primer esfuerzo sistemático por dimensionar la extorsión —delito con una cifra negra cercana al 98 %, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024—, los datos iniciales muestran aumentos. Al cierre de noviembre de 2025, la extorsión se incrementó 23.1 % respecto a enero–noviembre de 2019, de acuerdo con cifras oficiales. Esto podría obedecer a la curva de aprendizaje institucional, pero no debe interpretarse como razón para abandonar la estrategia, especialmente porque la extorsión es un mecanismo central para construir la hegemonía criminal. Al 9 de diciembre, se recibieron 102,857 denuncias, de las cuales 10,854 se concretaron; derivaron en 3,684 carpetas y 615 detenidos en 24 estados.
Plan Michoacán
El 1 de noviembre de 2025, el asesinato de Carlos Manzo volvió a evidenciar el yugo criminal que padece Michoacán, pese a los esfuerzos oficiales por diluirlo en cifras nacionales. En respuesta, el 9 de noviembre el gobierno federal recuperó la visión regional mediante el Plan Michoacán. Aunque existen otras regiones que requieren atención focalizada, iniciar por Michoacán es una señal correcta.
El plan se articula en tres ejes: seguridad, desarrollo económico y educación. En seguridad, contempla fortalecer la presencia de Fuerzas Armadas y autoridades locales; crear una fiscalía especializada; establecer mesas de seguridad quincenales; implementar un sistema de alerta para presidentes municipales, y robustecer la denuncia anónima. En desarrollo económico, propone garantizar pisos mínimos de seguridad social y salarios dignos para los trabajadores del campo, impulsar infraestructura rural y generar polos de bienestar. En educación, plantea escuelas de cultura de paz, programas de reinserción y atención a víctimas, centros comunitarios y becas de transporte.
Aunque el plan retoma esquemas aplicados en administraciones anteriores, incorpora mejoras relevantes en el flujo de información municipal hacia la federación. La coordinación intergubernamental sigue siendo el eslabón más débil de la política de seguridad y esta acción apunta en la dirección correcta.
No obstante, las dudas surgen con la propuesta de instalar casas u oficinas de la presidenta en varios municipios. La presencia simbólica es relevante, pero generaría menos efectos disuasivos que contar con policías municipales suficientes y profesionalizadas. Además, no se conocen con claridad las facultades que tendrían dichas casas en materia de seguridad.
En contraste, a un mes de iniciado el Plan, los resultados operativos sí son tangibles: 972 detenidos, 945 armas aseguradas, 23.1 toneladas de droga y 17 laboratorios de metanfetamina desmantelados. Sin embargo, los ataques con vehículos cargados de explosivos evidencian la resistencia criminal y los límites de la política social para competir contra estructuras violentas altamente sofisticadas.
En suma, el primer año de la administración Sheinbaum se caracterizó por una tensión constante entre urgencias nacionales y presiones externas, por estrategias reactivas frente a coyunturas críticas y por un incipiente reconocimiento de que la violencia requiere intervenciones hiperfocalizadas. Lejos de ser un periodo inercial, este año profundizó el giro ya visible desde los primeros 100 días: el tránsito de la omisión hacia una estrategia orientada explícitamente al debilitamiento de las operaciones del crimen organizado. Las políticas federales recientes han generado resultados operativos visibles —detenciones relevantes, decomisos, golpes logísticos— que dan cuenta de una mayor actividad estatal en territorios críticos. ¿Impactos en la violencia? Ese balance sólo podrá hacerse a mediano y largo plazo.
* Armando Vargas (@BaVargash) es coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua) y Yair Mendoza (@yair_mendozacg) es investigador del mismo.
El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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