¿Fortalecimiento institucional con exclusión del talento docente?
Cada día, millones de niñas y niños mexicanos llegan a las aulas para aprender, desaprender, desarrollar habilidades y comprender el mundo que los rodea. La calidad de esa experiencia depende en gran medida de quién guíe su educación. Decidir cómo seleccionar a quienes enseñan a las nuevas generaciones es, por tanto, una decisión que moldea el destino del país.
El pasado 6 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó por unanimidad una ley que otorga prioridad de ingreso al magisterio a las y los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de los Centros de Actualización del Magisterio (CAM). La resolución se sustentó en el argumento del “fortalecimiento institucional”, incluso por encima de los principios de igualdad de condiciones que establece el artículo 3 constitucional. El ministro ponente Irving Espinosa Betanzo fundamentó su decisión en las intenciones expresadas en la iniciativa de reforma educativa de 2019: la revalorización del magisterio. Surge la pregunta de si estos criterios garantizan la calidad en la preparación de las y los docentes.
Un criterio de fortalecimiento que genera exclusión
Para el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, esta resolución representa lo que él llama “la mera recuperación del viejo y peligroso espíritu del legislador”. Se refiere a un método de interpretación constitucional donde el alcance de las normas depende de cómo las y los ministros infieren intenciones políticas en lugar de analizar la Constitución y sus principios.
Así, se deja de lado el interés superior de la niñez, y se confunden dos objetivos inconexos: asegurar que las escuelas normales, UPN y CAM sean atractivas como trampolín profesional y fortalecer su capacidad académica. El riesgo es que el privilegio de acceso no se acompañe de políticas que garanticen mejoras en infraestructura, programas de estudio y capacitación docente en las instituciones formadoras de maestros.
Con esta decisión, la Corte transforma el mandato de fortalecimiento institucional en una garantía de contratación. Ello disminuye la competitividad y los estímulos para una mejor preparación. A cambio, se otorga un esquema de protección administrativa que evita problemas políticos al actual Gobierno.
La ingeniería del proceso de admisión docente: cómo opera la USICAMM
Para entender la gravedad del fallo, es necesario observar cómo operan las convocatorias de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). A grandes rasgos, el proceso es lineal: las personas interesadas presentan evidencias, diagnósticos y acreditan cursos para sumar puntos. Los resultados se organizan de mayor a menor puntaje y las plazas se entregan a quienes obtienen las calificaciones más altas.
Sin embargo, una posible implicación del fallo de la SCJN es que ahora se generen dos bloques de aspirantes: la “lista 1” (normalistas públicos y egresados de UPN y CAM) y la “lista 2” (provenientes de universidades públicas y privadas). Se podría agotar la totalidad de la primera lista antes de ofrecer una sola plaza a la segunda.
La investigación de Bedoya, de Hoyos y Estrada sobre la reforma educativa previa en México encontró que los sistemas basados en el mérito mejoran directamente el aprendizaje del estudiantado. Por el contrario, favorecer el origen institucional sin asegurar la calidad de las escuelas de maestros debilitan los mecanismos que aseguran que las y los mejores profesionales lleguen a las aulas.
La contradicción entre discurso y recursos
Para determinar si esta medida de la SCJN contribuye a la meta de “fortalecer las instituciones formadoras de docentes”, conviene revisar qué tanto ha invertido el Estado a ese fin. Entre 2018 y 2026, el presupuesto de la UPN disminuyó 15.6 % en términos reales (ver gráfica 1), mientras que el destinado a educación normal —por ejemplo, en la Ciudad de México— cayó 21.2 % (ver gráfica 2). El gasto por docente en desarrollo profesional se desplomó 77.4 %, pasando de poco más de 400 pesos a menos de 100 pesos por docente.
Estas cifras plantean una pregunta incómoda sobre la coherencia entre la normativa aprobada y las decisiones presupuestales. No se puede asumir que alcanzaremos el máximo logro de aprendizajes que prescribe la Constitución, si se debilita financieramente a quienes forman a las y los maestros. La excelencia no se construye con resoluciones judiciales, sino con inversión sostenida que permita a las instituciones robustecer programas académicos que aseguren que las personas egresadas son las mejores.
Una propuesta para conciliar equidad y excelencia
La decisión de la Suprema Corte puede representar un retroceso si no se fortalecen las instituciones que forman a los docentes. Con la intención declarada de “revalorización del magisterio”, se han puesto las condiciones para regresar al proteccionismo laboral, que confunde mérito con afiliación institucional.
Una alternativa ante esto sería establecer un rango o puntaje sobresaliente en las evaluaciones de ingreso. Bajo este esquema, cualquier aspirante que lo alcance se integraría a una lista de asignación inmediata, sin importar si proviene de una institución pública o privada, o si las unidades administrativas tienen otras prioridades.
Esta propuesta no elimina el criterio de preferencia para las normales públicas, siempre y cuando sus egresados y egresadas coincidan con los perfiles más destacados. De esta manera se genera un incentivo real para la mejora institucional, empujando a las escuelas normales, UPN y CAM a competir por la calidad de sus egresados, en lugar de depender de plazas aseguradas. Al robustecer la capacidad académica y de investigación educativa para mejorar la formación de formadoras y formadores, finalmente se estaría logrando el objetivo de fortalecimiento institucional.
Hacia una verdadera revalorización docente
El Estado debe atender su responsabilidad de financiar de manera sostenida la formación docente. El interés superior de la niñez debe ser la brújula y no consideraciones políticas o gremiales. La resolución unánime de los nuevos ministros de la Corte preocupa no sólo por la lógica política que la guió, sino por sus consecuencias. Con esta decisión, se aleja aún más la posibilidad de construir un sistema educativo que atraiga a las personas mejor preparadas e innovadoras, que logren el máximo aprendizaje de sus estudiantes.
* Marco Antonio Fernández Martínez es director de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad y profesor-investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, ambas del Tec de Monterrey. Coordina, además, el programa de Educación y Anticorrupción en México Evalúa. Ana Gabriela Nuñez y Javier Patiño García son investigadores de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad. Éste último es también investigador asociado de México Evalúa. Los autores agradecen las observaciones de Sandra Reyes, Roberto de la Rosa, Daniel Hernández y Karla Contreras.
Mientras que en el oficialismo consideran que la nueva regulación modernizará las relaciones laborales, los mayores críticos la asocian con la esclavitud.
Argentina se dirige hacia una reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei que apunta a redefinir las condiciones de trabajo en el país, una iniciativa que el gobierno define como “modernización” de las relaciones laborales y los críticos califican de “esclavista”.
Este jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que, una semana antes, ya habían aprobado los senadores.
Sin embargo, un artículo que causó polémica respecto a las licencias por enfermedad fue eliminado por el oficialismo en la votación en la Cámara Baja, por lo que el texto deberá volver al Senado para convertirse en ley, algo que se da por descontado.
El debate de este jueves se produjo en medio de un paro general convocado por la Central General de los Trabajadores (CGT) -la principal central sindical del país- y movilizaciones en la Plaza de los Dos Congresos, donde sesionaban los diputados.
Entre las propuestas que más controversia causan está la extensión de la jornada laboral en un máximo de hasta 12 horas por día, el cálculo de las indemnizaciones por despido y las restricciones de las licencias médicas.
Milei propuso un cambio legislativo que, para amplios sectores, implica un debate pendiente en Argentina, un país de larga tradición sindical y amplios derechos laborales que muchos consideran letra muerta.
“Nuestra legislación laboral se consolidó en la década de 1970 y refleja un mundo distinto, un modelo laboral de empleados de cuello blanco y obreros fabriles”, explicó a BBC Mundo el catedrático en Derecho Laboral Miguel Ángel Maza.
Hoy el país enfrenta una cifra histórica de informalidad, con casi la mitad de los trabajadores sin derechos laborales garantizados.
Esta cifra representa casi 6 millones de personas que no tienen derecho a la cobertura de salud, las licencias por enfermedad, las indemnizaciones por despido ni los aportes de jubilación.
Entre los menores de 29 años, la tasa de empleo informal alcanza a casi 6 de cada 10, y esta cifra es todavía más alta para las mujeres jóvenes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La precarización laboral ha ido en aumento en los últimos 13 años, con más trabajadores en relación de dependencia encubierta o, simplemente, sin ningún tipo de formalidad, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y la Encuesta Permanente de Hogares.
Estas son las principales claves en el centro del debate.
1. Las propuestas de la reforma
Entre los principales ejes de la reforma, el gobierno propone habilitar la ampliación de la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas sin necesidad de pagar horas extra, siempre y cuando se respete el descanso de 12 horas y no se supere el tope semanal legal de 48 horas.
Para ello, creará un banco de horas extra para cada empleado, que la empresa podrá compensar con horas o días libres en lugar de dinero.
“No es el ideal, pero la realidad es que mucha gente trabaja más de 8 horas, muchísima gente, y no siempre pagándoles horas extras”, dijo el catedrático Maza.
El gobierno sostiene que los trabajadores podrán negociar, por ejemplo, trabajar de lunes a jueves más horas cada día y tener libres los viernes.
El proyecto permite que los salarios sean pagados en moneda nacional o extranjera, en una economía donde el dólar tiene un gran protagonismo, y también una parte en “especie, habitación o alimentos”.
Además, se incorpora el concepto de “negociación dinámica” del salario.
Este punto implica que un empleador cuenta con un mayor margen de maniobra para negociar nuevas condiciones posteriores a la firma del contrato.
Por otro lado, se redefine la fórmula de cálculo de las indemnizaciones por despido al acotar lo que se entiende por la remuneración del trabajador.
De aprobarse la medida, quedarán excluidas del cálculo las vacaciones, los premios y otros conceptos que no formen parte del sueldo mensual.
El oficialismo sostiene que en Argentina se ha conformado una “industria del juicio laboral” porque, ante una normativa difusa, los jueces determinaban montos por despidos que multiplicaban los salarios por decenas de veces, lo que incentivaba al empleado a recurrir ante los tribunales.
“Me parece razonable, porque es ponerle precisión al cálculo”, expresó Maza.
Relacionado a los despidos, el gobierno propuso crear un fondo con aportes del empleador, que podrá utilizar para pagar las indemnizaciones.
Ese porcentaje saldrá de lo que ya pagan de aportes patronales, por lo que no se les incrementarán los costos sino que el Estado recibirá menos dinero.
A su vez, el proyecto incrementa la lista de “servicios esenciales” que tienen fuertes restricciones al derecho de huelga al agregar al sector educativo y los servicios aduaneros, entre otros.
La reforma establece modificaciones en la ley de asociaciones sindicales. Las asambleas sindicales no deberán afectar el normal desarrollo de la empresa, deberán contar con autorización del empleador y el trabajador no cobrará por ese tiempo.
Por último, la reforma contempla beneficios fiscales para fomentar que las empresas contraten nuevos empleados.
Las firmas que incorporen a su plantilla personas desempleadas, autónomos o antiguos empleados públicos tendrán descuentos en el pago de las contribuciones patronales en los primeros cuatro años.
Por último, el artículo 44 del proyecto que fue eliminado por el mismo gobierno tras la primera votación en el Senado establecía que, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores cobren el 50% o el 75% del salario, según el caso. Hoy es del 100%.
2. Los motivos del gobierno
La reforma se da en un contexto de pérdida de puestos de trabajo calificado. El sector de la industria acumula una pérdida de casi 65.000 puestos en los últimos dos años, según la Unión Industrial Argentina (UIA).
Milei puso fin a las políticas proteccionistas previas, que definió como de empresarios que “cazaban adentro del zoológico”, y que encarecían los bienes para los argentinos.
Para el oficialismo, el problema viene de los gobiernos anteriores y considera que la legislación vigente no ayuda.
El gobierno entiende que el nuevo marco normativo generará más empleo formal, debido al menor costo que implicará para las empresas.
“Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina”, definió la Oficina del Presidente en un comunicado tras la media sanción en el Senado.
“Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo”, añadió.
El documento destaca que la iniciativa es “una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado”.
Ya Milei había insistido en varias oportunidades sobre la necesidad de actualizar la normativa que regula el trabajo en Argentina.
Previo a la sesión de Diputados, un acalorado debate se dio el miércoles en una comisión del Congreso donde participó Gabriel Buenos, director de asuntos corporativos de Rappi, la aplicación de envíos a domicilio, quien defendió la propuesta.
“Promovemos este tipo de discusiones. Necesitamos reglas de juego claras que permitan el desarrollo de la economía de plataformas”, sostuvo Buenos, según registró la prensa argentina.
3. Las críticas a la iniciativa
Uno de los principales cuestionamientos a los cambios es que equiparan el poder de negociación de las empresas con el de los trabajadores.
“La reforma tiene un defecto de fondo muy grave, muy peligroso. Esconde una creencia ideológica de que las relaciones laborales son relaciones comunes, que no hace falta un derecho del trabajo. Es no creer en la inferioridad del trabajador con respecto al empleador”, señaló Maza.
“El derecho laboral no es un invento peronista, nace de reconocer que el trabajador, individualmente, no puede negociar de igual a igual con el empleador”, añadió.
Para el especialista en derecho laboral, la nueva ley incentivará el despido de trabajadores, porque los empresarios no dudarán en utilizar el fondo específicamente creado para ello.
“Mi experiencia me dice que posiblemente no aumente el empleo después de la medida, porque la carga social no es el elemento más importante. En lo que se van a fijar los empresarios a la hora de contratar es si van a tener clientes y si el margen de ganancia les va a permitir sostener el negocio”, dijo.
La mayor regularización laboral, sostuvo, se logra con inspecciones.
El jefe del bloque opositor peronista Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo antes de la votación del jueves que “la ley es horrible y absolutamente inconstitucional”.
“Lejos de ser una ley que moderniza es una ley que atrasa y que no le agrega ningún nuevo derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. Al contrario, lo que hace es generar un proceso regresivo en materia de derechos nunca visto en Argentina”, agregó a Radio 10.
“Si avanzan contra los derechos de las y los trabajadores, avanzan contra la industria nacional y el futuro del país. Los derechos no se negocian”, sostuvo la CGT tras el llamado a huelga.
Los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa manifestaron su rechazo a la reforma.
“Estamos convencidos de la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo”, dijo en la red social X el gobernador peronista Axel Kicillof.
“Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral inestable”, agregó el gobernador.
Entre acusaciones cruzadas y visiones antagonistas del tema, los más escépticos creen que la reforma puede mantener la situación tal como está.
“No me parece una reforma que valga la pena, que vaya a cambiar las cosas, y esto es lo más lamentable”, concluyó Maza.
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