2026: las políticas de seguridad que ya no pueden esperar
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 puso el acento en ejes ya conocidos: programas sociales, contención militar del delito y coordinación interinstitucional. No obstante, dejó fuera políticas clave que podrían marcar una diferencia real en la reducción sostenida de la violencia.
En 2026, el Mundial, la renegociación del T-MEC y la visión intervencionista de la política exterior de Trump son acicates y una ventana de oportunidad para corregir estas ausencias. El objetivo es fortalecer la capacidad del Estado en tres frentes estratégicos: el fortalecimiento policial, una visión regional de la violencia y una política integral frente a la crisis de personas desaparecidas. Sin embargo, será un año corto, ya que en septiembre inicia el proceso electoral 2027, lo que politizará todo intento de avance técnico en materia de seguridad pública. El tiempo apremia.
Fortalecimiento policial: la fuerza de los estados y municipios… olvidada
La omisión más evidente de la estrategia actual es el fortalecimiento de las policías locales. Sin policías municipales y estatales profesionales, bien pagadas y con capacidades reales de investigación y proximidad social, no existe política de seguridad sostenible. Si bien la Federación puede reaccionar y contener espirales de violencia en alguna entidad, cuando las Fuerzas Armadas abandonen dicha entidad, ésta debe contar con elementos policiales que le permitan adueñarse del territorio y evitar la recaptura por parte de las organizaciones.
La evidencia señala que los territorios con corporaciones policiales estables, con mandos profesionales y controles internos efectivos, logran mejores resultados que aquellos que dependen casi exclusivamente de fuerzas federales. En 2026 debemos transitar a políticas concretas en materia policial. Éstas pueden resumirse en tres acciones: 1) homologar estándares de reclutamiento y de condiciones laborales; 2) desarrollar la carrera policial —lo que implica invertir en salarios y prestaciones como mecanismo para incentivar la permanencia de los elementos en las corporaciones—, y 3) fortalecer a las unidades de análisis criminal e investigación básica.
Por ahora es complicado hablar de manera seria de estos instrumentos de política pública si los municipios y los estados no cuentan con diagnósticos y métricas que permitan saber siquiera cuál es el número óptimo de policías que requieren para atender la demanda de seguridad. La presencia policial que requiere Michoacán no se parece a la de Tlaxcala, no solamente por su extensión territorial, sino por los mercados ilícitos que las organizaciones disputan.
Visión regional de la violencia: no más contagio entre entidades
Otro vacío crítico es la falta de una visión regional de la violencia. La estrategia nacional sigue operando, en los hechos, bajo una lógica administrativista y reactiva por entidad federativa. Mientras tanto, el crimen organizado se desplaza por corredores, mercados ilícitos y regiones funcionales que no respetan fronteras políticas.
La consecuencia ya la conocemos. Intervenciones intensivas en un estado desplazan a los grupos criminales hacia entidades vecinas en las que se resguardan, sin reducir la violencia. De acuerdo con el reporte mensual de Violencia y Pacificación de México Evalúa, este fenómeno se observa con claridad en la región de Tierra Caliente y en el noreste del país a partir de la ruptura del cártel de Sinaloa.
En 2026 se puede implementar una adecuada visión regional sin crear nuevas burocracias. Una acción concreta es convertir las actuales mesas estatales de seguridad en mesas operativas entre estados colindantes con alta violencia, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco y Michoacán o Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.
Hoy estas mesas existen, pero funcionan de manera aislada y con diagnósticos fragmentados. El cambio no es institucional, sino operativo: compartir inteligencia en tiempo real, definir objetivos regionales medibles (reducción de homicidios, desarticulación de células específicas) y ejecutar operativos simultáneos que impidan el desplazamiento del crimen de un estado a otro. Con metas comunes, responsables claros y evaluación trimestral, la cooperación regional dejaría de ser retórica y se convertiría en una herramienta para romper equilibrios criminales que hoy se sostienen precisamente por la fragmentación institucional.
Personas desaparecidas: del discurso a la política pública
La crisis de personas desaparecidas sigue siendo tratada como un problema colateral, cuando en realidad es uno de los indicadores más graves de la descomposición social y del debilitamiento del Estado de derecho.
A esta omisión se suma una forma persistente de violencia institucional contra los colectivos de madres buscadoras. Las hostilidades, ejercidas desde el propio Gobierno, van desde la descalificación pública y la criminalización simbólica, hasta la simulación administrativa y el abandono operativo. El Estado ha optado por administrar el problema de la desaparición de personas antes que resolverlo, trasladando a las familias la carga material de la búsqueda.
En ese contexto, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas ha funcionado más como un marco declarativo que como una herramienta eficaz. El protocolo estandariza procedimientos, pero no garantiza capacidades: no asegura personal suficiente, presupuesto, acceso real a bases de datos ni coordinación efectiva entre comisiones de búsqueda y fiscalías. Tampoco corrige la subordinación de la búsqueda a la lógica penal de las carpetas de investigación, ni establece consecuencias claras para las autoridades que incumplen. Así, la búsqueda se fragmenta, se vuelve burocrática y termina reducida a reportes y formatos que se ciñen al requisito, pero fallan en resultados.
La oportunidad para 2026 está en romper con un enfoque meramente procedimental y, también, con la dependencia acrítica del homicidio doloso como principal indicador de violencia. En amplias regiones del país, este dato ha dejado de reflejar la dinámica real del control criminal del territorio: cuerpos que no aparecen no cuentan como homicidios, aunque el ejercicio de la violencia sea el mismo.
Las desapariciones forman parte de una estrategia deliberada para reducir visibilidad, disciplinar comunidades y administrar el miedo sin detonar alertas estadísticas. Persistir en medir la violencia únicamente a partir de homicidios no sólo distorsiona el diagnóstico, sino que incentiva la simulación.
Por ello, en 2026 resulta indispensable unificar criterios de clasificación y registro entre homicidios, desapariciones y hallazgos forenses, de modo que los datos sean comparables y permitan análisis territoriales consistentes. Se debe, además, fortalecer a las comisiones de búsqueda con recursos reales y autonomía operativa. Vincular la política de desapariciones con la estrategia de combate al crimen organizado no es opcional, es imprescindible. Las desapariciones son un problema humanitario, una expresión de economías criminales y de la erosión del Estado en amplias regiones del país.
2026: Las oportunidades que no deben perderse
El año 2026 debe ser un punto de inflexión. La evidencia demuestra que sin fortalecimiento policial, sin una visión regional de la violencia y sin enfrentar de manera integral la crisis de personas desaparecidas, la estrategia de seguridad seguirá administrando la violencia en lugar de reducirla. La diferencia no está en diagnósticos adicionales, sino en voluntad política y capacidad de implementación.
Si la administración 2024-2030 aprovecha las oportunidades del año en curso, podrá heredar un andamiaje institucional sólido y robusto para continuar pacificando el país —una herencia institucional que el actual Gobierno no recibió al inicio de su mandato.
* Armando Vargas (@BaVargash) es coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua) y Yair Mendoza ( @yair_mendozacg) es investigador del mismo.
Mientras la atención internacional se centra en los cambios políticos que atraviesa Venezuela, para los venezolanos el aumento de precios es la preocupación más inmediata.
En un supermercado en el este de Caracas hace unos días me enfrenté con un dilema: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de manzanas?
Me pasó lo mismo cuando al tratar de adquirir mi desodorante habitual me di cuenta de que en la capital venezolana debía abandonar la fidelidad a un producto que he utilizado durante casi una década.
¿Por qué pagaría US$13 por un desodorante que en Londres cuesta 2,5 libras esterlinas (US$3,4)? ¿Y quién puede pagar en Venezuela US$10 por un kilo de manzanas?
Mientras la atención internacional se centra en el cambio de mando en Venezuela y en el giro del país tras el ataque de EE.UU. y la captura de Maduro, en las calles de Caracas una gran preocupación de los venezolanos vuelve a ser el costo de la vida, los altos precios y la economía del país.
En mercados y comercios de Caracas, los precios suben con enorme rapidez en un contexto marcado por la inestabilidad política y cambiaria y en un país marcado desde hace años por la inflación.
“Me siento más pobre hoy que en diciembre”, dice María Luisa, de unos 50 años, mientras compra hortalizas con su hija Sofía en el mercado de Chacao, en el este de la ciudad. “El dinero rinde menos ahora que hace un mes”, insiste.
Sofía explica que pasó parte del día buscando comida para su gata.
Afirma que a finales del año pasado costaba entre US$3,5 y US$4 el kilo, y hoy está en US$6.
“Cuesta casi el doble de repente”, se queja.
En el centro de Caracas se repite la historia. Con una gran cantidad de bolívares en la mano, que parecen mucho, pero en realidad valen poco, Yarilén, una pensionada de 55 años, afirma que además de la caída del poder adquisitivo, el volátil tipo de cambio es difícil de seguir en una economía que en los últimos años vivió una dolarización de facto.
“Un negocio cobra en bolívares y el siguiente en dólares. Tienes que hacer las cuentas todo el tiempo en tu cabeza”, explica.
Crecimiento moderado y alta inflación
La economía venezolana está siendo impactada de nuevo por la inestabilidad política, que tradicionalmente ha elevado el precio del dólar, además de por la incapacidad ahora de vender su petróleo libremente, su principal producto de exportación, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y al bloqueo marítimo que impide a Caracas colocar crudo en el mercado negro con ayuda de una “flota fantasma”, como solía hacerlo desde que se impusieron las primeras sanciones en 2017.
Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en octubre, Venezuela cerró 2025 con una inflación de 548%.
La misma fuente preveía un crecimiento económico moderado de 0,5%, una cifra muy modesta considerando que el Producto Interno Bruto (PIB) del país es hoy casi un 80% menos al pico histórico de 2012 que logró impulsado por los altos precios del petróleo.
Estas proyecciones no tomaban en cuenta los eventos del 3 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a una cárcel de Nueva York, donde se espera que enfrente a la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Se espera una mejora de la situación
Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que quiere controlar y vender el petróleo de Venezuela, país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.
Pero un gran número de venezolanos se opone a la idea.
“Este es un país rico en petróleo, oro y minerales (…) Que vengan de afuera a tomar el control es como que alguien entre en tu casa sin pedir permiso”, le dice a BBC Mundo Sandra, quien vende helados para mantener a su familia.
A ella también le ha afectado el bolsillo la inestabilidad del país, y asegura que el temor a nuevos episodios de violencia hace que los venezolanos sean aún más cautelosos con los gastos.
“La gente trabaja con miedo. A tempranas horas ya todos están en su casa”, añade. “Yo quiero un cambio para el país, pero no así”.
Según el economista Jesús Palacios, la economía venezolana se enfrenta a corto plazo a desafíos como la galopante inflación y la presión cambiaria.
“La pérdida de poder de compra ya se sintió en diciembre y eso repercute en un menor ritmo de crecimiento”, le dice el profesor de la UCAB a BBC Mundo.
Señala además que la escasez de divisas por las trabas a la exportación petrolera y la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo han empujado a muchos comercios a subir precios incluso en dólares, generando inflación también en moneda extranjera.
El tipo de cambio oficial establece que un dólar cuesta unos 330 bolívares. Pero el cambio paralelo es mucho mayor y es el que se usa muchas veces como referencia para marcar precios, lo que ha sido denunciado por el gobierno como una herramienta de distorsión y especulación.
Palacio advierte que si no hay un ajuste de precios a la baja en dólares, Venezuela podría convertirse en uno de los países más caros de la región, e incluso del mundo.
Pero añade que hay expectativas de que la situación mejore tras los acuerdos petroleros anunciados por Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
“Probablemente en un par de semanas empiece a notarse un flujo de caja importante”.
“Constantemente rebuscándose”
José Guerra, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, concuerda.
“Los anuncios del presidente Trump han logrado crear expectativas favorables: el dólar paralelo ha disminuido más del 40% desde el día 8 de enero, cuando se hizo el anuncio, hasta el día 13 de enero. Y la brecha cambiaria se ha ido reduciendo”, le dice a BBC Mundo.
Oficialmente, el salario mínimo en Venezuela está fijado en 130 bolívares, lo que equivale a menos de un dólar, pero ambos economistas explican que la remuneración real tiende a ser algo mayor.
“El gobierno otorga bonos que hacen que el salario promedio esté entre US$60 y US$70, algo aún muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que para una familia de cuatro miembros estaba en US$470 por mes”, apunta Guerra, firme opositor al gobierno actual.
El economista Jesús Palacios añade que el venezolano común tiende a tener varios empleos y no depende tanto de su sueldo oficial, sino que busca actividades complementarias.
“Vende tortas, busca comprar algo y revenderlo. Está constantemente rebuscándose. Cerca del 60% de la población tiene actividades complementarias”.
Nadie en Venezuela quiere hablar abiertamente de la diferencia entre el bolívar oficial y el paralelo por miedo a repercusiones.
Pero es un tema que rige la economía actual.
Mientras tanto, la mayoría, vive buscando alternativas a productos básicos.
Pensativos, dan vueltas en los mercados de la capital venezolana comparando precios y preguntándose si pueden permitirse comprar lo que planeaban.
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