2026: las políticas de seguridad que ya no pueden esperar
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 puso el acento en ejes ya conocidos: programas sociales, contención militar del delito y coordinación interinstitucional. No obstante, dejó fuera políticas clave que podrían marcar una diferencia real en la reducción sostenida de la violencia.
En 2026, el Mundial, la renegociación del T-MEC y la visión intervencionista de la política exterior de Trump son acicates y una ventana de oportunidad para corregir estas ausencias. El objetivo es fortalecer la capacidad del Estado en tres frentes estratégicos: el fortalecimiento policial, una visión regional de la violencia y una política integral frente a la crisis de personas desaparecidas. Sin embargo, será un año corto, ya que en septiembre inicia el proceso electoral 2027, lo que politizará todo intento de avance técnico en materia de seguridad pública. El tiempo apremia.
Fortalecimiento policial: la fuerza de los estados y municipios… olvidada
La omisión más evidente de la estrategia actual es el fortalecimiento de las policías locales. Sin policías municipales y estatales profesionales, bien pagadas y con capacidades reales de investigación y proximidad social, no existe política de seguridad sostenible. Si bien la Federación puede reaccionar y contener espirales de violencia en alguna entidad, cuando las Fuerzas Armadas abandonen dicha entidad, ésta debe contar con elementos policiales que le permitan adueñarse del territorio y evitar la recaptura por parte de las organizaciones.
La evidencia señala que los territorios con corporaciones policiales estables, con mandos profesionales y controles internos efectivos, logran mejores resultados que aquellos que dependen casi exclusivamente de fuerzas federales. En 2026 debemos transitar a políticas concretas en materia policial. Éstas pueden resumirse en tres acciones: 1) homologar estándares de reclutamiento y de condiciones laborales; 2) desarrollar la carrera policial —lo que implica invertir en salarios y prestaciones como mecanismo para incentivar la permanencia de los elementos en las corporaciones—, y 3) fortalecer a las unidades de análisis criminal e investigación básica.
Por ahora es complicado hablar de manera seria de estos instrumentos de política pública si los municipios y los estados no cuentan con diagnósticos y métricas que permitan saber siquiera cuál es el número óptimo de policías que requieren para atender la demanda de seguridad. La presencia policial que requiere Michoacán no se parece a la de Tlaxcala, no solamente por su extensión territorial, sino por los mercados ilícitos que las organizaciones disputan.
Visión regional de la violencia: no más contagio entre entidades
Otro vacío crítico es la falta de una visión regional de la violencia. La estrategia nacional sigue operando, en los hechos, bajo una lógica administrativista y reactiva por entidad federativa. Mientras tanto, el crimen organizado se desplaza por corredores, mercados ilícitos y regiones funcionales que no respetan fronteras políticas.
La consecuencia ya la conocemos. Intervenciones intensivas en un estado desplazan a los grupos criminales hacia entidades vecinas en las que se resguardan, sin reducir la violencia. De acuerdo con el reporte mensual de Violencia y Pacificación de México Evalúa, este fenómeno se observa con claridad en la región de Tierra Caliente y en el noreste del país a partir de la ruptura del cártel de Sinaloa.
En 2026 se puede implementar una adecuada visión regional sin crear nuevas burocracias. Una acción concreta es convertir las actuales mesas estatales de seguridad en mesas operativas entre estados colindantes con alta violencia, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco y Michoacán o Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.
Hoy estas mesas existen, pero funcionan de manera aislada y con diagnósticos fragmentados. El cambio no es institucional, sino operativo: compartir inteligencia en tiempo real, definir objetivos regionales medibles (reducción de homicidios, desarticulación de células específicas) y ejecutar operativos simultáneos que impidan el desplazamiento del crimen de un estado a otro. Con metas comunes, responsables claros y evaluación trimestral, la cooperación regional dejaría de ser retórica y se convertiría en una herramienta para romper equilibrios criminales que hoy se sostienen precisamente por la fragmentación institucional.
Personas desaparecidas: del discurso a la política pública
La crisis de personas desaparecidas sigue siendo tratada como un problema colateral, cuando en realidad es uno de los indicadores más graves de la descomposición social y del debilitamiento del Estado de derecho.
A esta omisión se suma una forma persistente de violencia institucional contra los colectivos de madres buscadoras. Las hostilidades, ejercidas desde el propio Gobierno, van desde la descalificación pública y la criminalización simbólica, hasta la simulación administrativa y el abandono operativo. El Estado ha optado por administrar el problema de la desaparición de personas antes que resolverlo, trasladando a las familias la carga material de la búsqueda.
En ese contexto, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas ha funcionado más como un marco declarativo que como una herramienta eficaz. El protocolo estandariza procedimientos, pero no garantiza capacidades: no asegura personal suficiente, presupuesto, acceso real a bases de datos ni coordinación efectiva entre comisiones de búsqueda y fiscalías. Tampoco corrige la subordinación de la búsqueda a la lógica penal de las carpetas de investigación, ni establece consecuencias claras para las autoridades que incumplen. Así, la búsqueda se fragmenta, se vuelve burocrática y termina reducida a reportes y formatos que se ciñen al requisito, pero fallan en resultados.
La oportunidad para 2026 está en romper con un enfoque meramente procedimental y, también, con la dependencia acrítica del homicidio doloso como principal indicador de violencia. En amplias regiones del país, este dato ha dejado de reflejar la dinámica real del control criminal del territorio: cuerpos que no aparecen no cuentan como homicidios, aunque el ejercicio de la violencia sea el mismo.
Las desapariciones forman parte de una estrategia deliberada para reducir visibilidad, disciplinar comunidades y administrar el miedo sin detonar alertas estadísticas. Persistir en medir la violencia únicamente a partir de homicidios no sólo distorsiona el diagnóstico, sino que incentiva la simulación.
Por ello, en 2026 resulta indispensable unificar criterios de clasificación y registro entre homicidios, desapariciones y hallazgos forenses, de modo que los datos sean comparables y permitan análisis territoriales consistentes. Se debe, además, fortalecer a las comisiones de búsqueda con recursos reales y autonomía operativa. Vincular la política de desapariciones con la estrategia de combate al crimen organizado no es opcional, es imprescindible. Las desapariciones son un problema humanitario, una expresión de economías criminales y de la erosión del Estado en amplias regiones del país.
2026: Las oportunidades que no deben perderse
El año 2026 debe ser un punto de inflexión. La evidencia demuestra que sin fortalecimiento policial, sin una visión regional de la violencia y sin enfrentar de manera integral la crisis de personas desaparecidas, la estrategia de seguridad seguirá administrando la violencia en lugar de reducirla. La diferencia no está en diagnósticos adicionales, sino en voluntad política y capacidad de implementación.
Si la administración 2024-2030 aprovecha las oportunidades del año en curso, podrá heredar un andamiaje institucional sólido y robusto para continuar pacificando el país —una herencia institucional que el actual Gobierno no recibió al inicio de su mandato.
* Armando Vargas (@BaVargash) es coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua) y Yair Mendoza ( @yair_mendozacg) es investigador del mismo.
Cuba se enfrenta al colapso de una de sus fuentes clave de divisas —el turismo— mientras la crisis energética y la escasez de combustible se intensifican.
El turismo, una de las mayores fuentes de dólares de Cuba durante décadas, lleva tiempo en un declive que ahora se está agudizando.
La industria dejaba ingresos clave tanto para el gobierno como para cubanos de a pie y ahora está seriamente amenazada después de que muchos hoteles hayan cerrado y la llegada de visitantes sea cada vez menor.
Esto ocurre en un contexto crítico para la isla.
El país caribeño, de 9,6 millones de habitantes, perdió a su principal proveedor de petróleo tras la captura el 3 de enero del expresidente venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno garantizaba el envío de combustible a la isla.
Poco después, la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que envíen suministros energéticos provocó la suspensión de conexiones aéreas, cortes de electricidad y una escasez de gasolina que evoca recuerdos del Periodo Especial, la grave crisis económica que siguió a la caída de la Unión Soviética en 1991, entonces principal proveedor de petróleo de Cuba.
A esto se unen problemas crónicos para generar electricidad por deficiencias productivas, plantas termoeléctricas obsoletas y una matriz energética poco diversificada.
El racionamiento y las restricciones de gasolina comenzaron el 7 de febrero y las consecuencias se extienden a toda la población.
El gobierno socialista de Miguel Díaz-Canel, cada vez más asfixiado por la falta de divisas con las que importar alimentos o medicinas, tiene poco margen de maniobra con la parálisis del turismo.
Díaz-Canel acusó a Trump de querer “asfixiar” la economía de Cuba, que está bajo embargo estadounidense desde 1962.
En un post del 5 de febrero en X, el presidente escribió: “La Revolución vuelve a enfrentar momentos difíciles como consecuencia del criminal empeño del imperio en doblegarnos, pero rendirnos no es una opción”.
Irse para no volver
Osmani (nombre ficticio, ya que prefiere resguardar su identidad por miedo a represalias) era uno de los 300.000 cubanos que trabajan en turismo. Se marchó hace dos semanas a Perú y no piensa volver.
Atrás deja una Habana donde la basura se acumula en esquinas, con filas para conseguir combustible y ahora casi sin turistas.
“Yo trabajaba en el sector gastronómico. Era barista en un café. Los cortes de luz no nos afectaron tanto porque el cableado que llega a los barrios de La Habana Vieja y Centro Habana es soterrado, no va por postes, y porque la tienda tiene una planta electrógena que funcionaba con combustible”.
Pero sin gasolina, no hay electricidad y ya no hay manera de hacer funcionar la máquina profesional de café. Tampoco hay casi carros por la calle o transporte público para ir a trabajar, dice a BBC Mundo.
“Antes de marcharme, empezó a haber semanas con máximo cinco o seis clientes. No cruzaba nadie la puerta. Poco a poco los turistas dejaron de llegar y con ellos, también se esfumaron los dólares”.
La industria turística cubana vive golpeada desde la pandemia y el desmantelamiento del aperturismo económico, por parte de Trump, que se dio entre Washington y La Habana durante la presidencia de Barack Obama.
En 2018, el país registró un récord histórico de 4,7 millones de visitantes e ingresos de US$2.782 millones.
Para 2023, la isla fue visitada por 2,4 millones de turistas que dejaron US$1.308 millones en las arcas.
Datos recogidos por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) registran en 2024 una llegada 2,2 millones de turistas, lo que supondría un descenso del 9% respecto al año anterior.
Y según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, en 2025 llegaron 1,8 millones de visitantes internacionales, un 18% menos.
“Los problemas del Sistema Eléctrico Nacional que ha experimentado la isla durante 2024 han tenido un impacto negativo sobre el turismo”, reconoció el informe de 2025 del ICEX.
Suspensión de rutas aéreas
Hace unos días, la crisis del combustible desencadenó una situación crítica: la falta total de queroseno de aviación Jet A1, imprescindible para la operación de las aerolíneas comerciales.
El anuncio del organismo de la aviación cubana provocó una reacción inmediata. Aerolíneas canadienses y rusas -los principales fuentes de turistas hacia Cuba- suspendieron vuelos tras repatriar a los pasajeros varados.
Esto provocará la cancelación de hasta 1.709 vuelos hasta abril, según datos de Cirium, una empresa de análisis de la industria de la aviación. Esa interrupción probablemente reducirá el número de visitantes en cientos de miles durante la temporada alta de invierno en el hemisferio norte.
“El colapso total del sector turístico cubano crearía una situación insostenible para la economía cubana y amenazaría su supervivencia”, dijo a la agencia de noticias Reuters Paolo Spadoni, economista de la Universidad Augusta de Georgia.
En las últimas semanas, ningún buque cisterna ha llegado a la isla, según confirmó la agencia AFP con varias fuentes especializadas en el monitoreo del transporte marítimo.
La aerolínea latinoamericana LATAM ofreció a los pasajeros afectados opciones como reembolso completo de los billetes o la posibilidad de cambiar el destino sin coste adicional a lugares como Cancún, en México, o Punta Cana, en República Dominicana.
Otras aerolíneas de Europa y Estados Unidos hasta ahora mantienen operaciones, pero algunas están ajustando rutas o evaluando paradas técnicas para repostar fuera de Cuba.
El personal de tierra de la compañía española AirEuropa en el aeropuerto de Madrid confirmó a BBC Mundo que, aunque la aerolínea mantiene la frecuencia casi diaria de sus vuelos a Cuba, sus aviones paran a repostar en Santo Domingo tras dejar a los pasajeros en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
“Sí, después de lo que ha salido en la prensa sobre la falta de combustible, nuestros vuelos van más vacíos”, aclaró una trabajadora de la aerolínea.
La también española Iberia, por su parte, permite flexibilidad “para los clientes que necesiten cambiar sus planes de viaje” a Cuba en vuelos operados por Iberia, British Airways o American Airlines.
Peligran las remesas
Con la incertidumbre y las cancelaciones en los vuelos también están en peligro las remesas que llegan en avión.
Y es que a pesar de una breve reanudación, el último canal oficial para que las personas en el extranjero enviaran dinero a sus familiares en Cuba prácticamente desapareció en 2020, cuando Western Union suspendió las transferencias.
Desde entonces, los cubanos que reciben dólares desde Estados Unidos lo hacen gracias a quienes llegan en avión, que también traen medicamentos y otros artículos esenciales.
Antes del cierre de la famosa empresa de transferencias internacionales, los cubanos residentes en Estados Unidos enviaban fondos en aproximadamente 240.000 transacciones mensuales de Western Union, principalmente a la capital cubana.
Según un análisis de “Horizonte Cubano”, un proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, “una cantidad aproximadamente igual de fondos se transportaba a través de canales informales, por amigos, familiares o las llamadas mulas, personas que transportan efectivo y bienes a la isla”.
“Más caro vivir en Cuba que en París”
“La Habana Vieja está vacía, completamente vacía. Paseas por los sitios y parece que está muerto todo. Los guías turísticos no tienen clientes. No sé el turismo dónde estará. Yo no lo veo”, le dice desde Cuba a BBC Mundo un empresario francés que prefiere no revelar su identidad.
“Me cuesta más caro vivir en Cuba que en París. Hay de todo pero los precios son desorbitantes y tienes que zapatearte toda la ciudad para encontrar las cosas. Si tienes moneda extranjera puedes comprar gasolina para el carro, pero en el mercado negro el litro cuesta entre US$8 y US$10”, añade.
Hoteles nacionales e internacionales también están sufriendo cancelaciones y, pese a ser temporada alta, varias de las cadenas más relevantes reconocen el cierre parcial de sus instalaciones para adecuarse a los bajos niveles de ocupación.
“Ante la situación actual y para adecuarse a las limitaciones actuales en suministros y niveles de demanda, se ha implementado un ajuste en la disponibilidad hotelera, con la compactación temporal de algunas instalaciones, concretamente tres hoteles hasta el momento”, le dijo a BBC Mundo un portavoz de la cadena hotelera española Meliá, que cuenta con amplia presencia en la isla.
“Según las autoridades turísticas cubanas, hay disponibilidad de combustible para garantizar la operación normal de los hoteles que gestionamos”, añadió el vocero.
Sin embargo, el también gigante hotelero español NH anunció la pasada semana que había cerrado todos sus hoteles en Cuba.
Lo mismo sucede en hostales o casas particulares.
“De las 25 habitaciones que tenemos, como mucho tenemos ocupación en 10”, dice el trabajador de un hospedaje.
Desde el hotel 5 estrellas Iberostar Parque Central de La Habana reconocen también cancelaciones recientes que su personal las achaca “a la propaganda y la desinformación”.
“Ya no puedo más”
“Los problemas actuales también reflejan decisiones en política económica y asignación de recursos. Durante años, el país dirigió la inversión sin dar prioridad a la recuperación del parque termoeléctrico ni a la modernización de redes, a pesar del deterioro acumulado”, escribe Ricardo Torres Pérez, investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University, en “Horizonte Cubano”.
“En su lugar, se enfocó en construir hoteles de alto nivel que mantienen una ocupación constantemente por debajo del 30%”, añadió.
Osmani reconoce que en su cafetería para turistas ganaba unos US$15 al día. Un salario alto para cualquier trabajador en Cuba. “Trabajaba seis días a la semana de 8 de la mañana a 11 de la noche”, recuerda.
“Desde que desapareció el combustible, volver a mi casa en Siboney se convirtió en un infierno. Un día salí temprano, a las 7, y a medianoche todavía no había conseguido transporte. Me dije: “Ya no puedo más. Yo definitivamente me tengo que ir de aquí, porque ni siquiera puedo llegar a mi casa “.
“Yo tengo el dicho de que el que sepa sobrevivir en Cuba, puede vivir bien en cualquier lado. En Lima estoy solo. No conozco a nadie, pero saldré adelante”, concluye.
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