La justicia y sus (muy limitados) datos
Desde 2013, México Evalúa ha publicado Hallazgos evaluación y seguimiento del sistema penal en México, el reporte más completo sobre la procuración de justicia penal en el país. Es un proceso largo que comienza en los primeros meses del año con la definición de la estructura del análisis y el envío de solicitudes de información —tan solo este año fueron más de 500—. Continúa con el análisis de información cuantitativa y cualitativa, y culmina con la interpretación de resultados orientada a hacer el tema accesible para cualquier audiencia. Así, después de más de diez años, hemos identificado cuáles son los problemas estructurales en la forma en que el sistema produce, gestiona y publica sus datos.
Realizar reportes de seguimiento al sistema de justicia penal mexicano es un ejercicio democrático necesario, pero sumamente desafiante. Su complejidad y sus barreras fragmentan y dificultan su investigación. Los resultados revelan no sólo el estado del sistema de justicia, sino las limitaciones para analizarlo.
Con motivo de la próxima publicación de Radiografía del sistema de justicia penal de México Evalúa, compartimos aquí los siete retos que las autoridades deben atender para un mejor análisis y evaluación del sistema de justicia penal en México.
Reto 1. Disponibilidad limitada de información pública
Actualmente las dos principales fuentes abiertas de información en temas de justicia son: dos censos del INEGI —Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) y Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE)— y los datos por delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Comparando el sector justicia con otros ámbitos, son muy pocas las fuentes abiertas. Ello restringe los ejercicios de análisis independiente y debilita los mecanismos de rendición de cuentas.
Si bien los censos cubren dos partes importantes del proceso penal, quedan vacíos que únicamente se pueden obtener mediante solicitudes de acceso a la información. Sin embargo, esto se ha limitado aún más, sobre todo a partir de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Estas lagunas informativas se presentan sobre todo al hacer análisis por delitos, un examen crucial para definir políticas públicas encaminadas a abordar fenómenos criminales concretos.
Reto 2. Recorte de las fuentes de información
En 2025 recibimos la noticia de que la base de datos del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal (MES), de la Secretaría de Gobernación, se dejó de actualizar porque no es prioridad para la actual administración. Ni siquiera se puede entrar al sitio donde publicaban indicadores estratégicos. A lo largo del tiempo, bases de datos y reportes oficiales han dejado de actualizarse o han desaparecido por recortes presupuestales, reestructuraciones administrativas o cambios de prioridades institucionales. Esta inestabilidad en las fuentes limita los análisis a través del tiempo con los que se podrían identificar patrones relevantes.
Reto 3. Periodicidad en la publicación de la información
En muchos casos, los datos se difunden con uno o incluso dos años de retraso. Por ejemplo, apenas en noviembre de 2025 se publicaron los datos de los tribunales de 2024. Este desfase limita su utilidad para la toma de decisiones oportunas y basadas en evidencia. Asimismo, la periodicidad anual limita mucho el tipo de análisis que se les puede aplicar, dejando fuera la posibilidad de hacer evaluaciones de impacto o de modelos que ahonden en causalidad.
Reto 4. Datos sin homologación
Sorprendentemente, cada fiscalía y cada tribunal define, clasifica y registra la información de manera distinta. No hay un formato único en para llevar el registro de carpetas de investigación ni de causas penales, cada entidad lo hace como mejor le acomode. Tampoco ha fortalecido sus capacidades institucionales con personal que, además de apoyar en sistemas informáticos, pueda analizar la información para definir políticas institucionales. Quienes recopilan la información suelen ser ingenieros en sistemas o personal administrativo (sin ningún conocimiento especializado en temas penales o políticas públicas en general), y su labor se limita a sistematizar los casos en archivos de Excel. Incluso algunos estados nos han reportado que no llevan ningún registro digital de sus carpetas de investigación. Es el caso de Morelos, donde su trabajo todavía se fundamenta en expedientes de papel.
Reto 5. Calidad de los datos
Con todo lo anterior, no es sorpresa que la mayoría de los datos no pasen procesos de validación ni verificación que aseguren su veracidad y calidad. Errores de captura, campos incompletos, inconsistencias internas y cambios metodológicos sin documentar impactan la confiabilidad de la información y obligan a destinar esfuerzos significativos a procesos de limpieza y transformación de datos. Por ejemplo, en reiteradas ocasiones lo que fiscalías y tribunales nos reportan en sus respuestas a nuestras solicitudes de información, no coincide con lo que reportaron al INEGI.
Reto 6. La escasa comunicación e interoperabilidad entre instituciones
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en el proceso penal intervienen: Policías, Fiscalías, Tribunales, Defensorías Públicas, las Unidades de Medidas Cautelares, los Centros de Justicia Alternativa, además de los centros de atención a víctimas e incluso los centros penitenciarios. Parecería obvio que estas instituciones deben trabajar de forma conectada e incluso tener algún sistema que integre sus operaciones. En la práctica, solamente el sistema de justicia del estado de Querétaro está interconectado mediante un sistema propio: Cosmos. En el resto de las entidades, las instituciones operan de forma aislada. Ello impide dar seguimiento a los casos a lo largo de todo el proceso penal y dificulta la medición integral de la impunidad y las fallas sistémicas.
Reto 7. Lenguaje altamente técnico
La barrera de lenguaje que enfrentan los ciudadanos contribuye al desinterés público por la justicia —que a diferencia de la seguridad, no suele percibirse como un problema inmediato o cercano—. Los datos que nos dicen algo del sistema de justicia penal deben traducirse en mensajes que comprenda la ciudadanía para que se involucre en ella. Pero a la vez, necesitan conservar el rigor técnico que requieren las instituciones para tomar decisiones de política pública.
La limitada investigación en este ámbito no es casual: responde a barreras institucionales que dificultan el análisis riguroso y constante a través del tiempo. Reconocer los retos es un paso necesario para transformar los datos en insumos útiles para la toma de decisiones públicas.
En ese sentido, la próxima publicación del reporte de Radiografía del sistema de justicia penal y el desarrollo de la plataforma Data Justicia buscan fortalecer la evaluación del sistema de justicia penal e invitar a las instituciones a mejorar sus prácticas en datos.
* Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa y Valeria Campuzano es investigadora en dicho programa.
El sistema de Salud de Ecuador está en crisis y los analistas estiman que tuvo mucho que ver en la derrota electoral del presidente Daniel Noboa en su consulta popular.
A Yawa Sumpa Puar Alexandra, de la comunidad indígena achuar, le entregaron el 29 de noviembre el cuerpo de su bebé en una caja de cartón. La niña de solo un mes había ingresado por un problema respiratorio la noche anterior en el Hospital General de Macas, en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago, y en unas pocas horas falleció.
La plantilla médica recomendó a la mamá buscar un ataúd, pero sola, a cientos de kilómetros de su comunidad y sin hablar bien español, su situación era de total desamparo. Aunque salió en busca de ayuda, como no llevaba dinero, tuvo que volver al hospital.
Ahí se encontró con el improvisado féretro que tuvo que cargar primero al parque principal de Macas donde salen las camionetas y los autobuses a Taisha, y luego las tres horas de viaje hasta esa ciudad de donde despegan las avionetas hacia la zona donde vive su comunidad, en plena Amazonía ecuatoriana.
“¿Cómo es posible que le dejen marchar así, con un bebé muerto en un cartón? Es doloroso ver cómo la manera en que nos tratan los médicos. Es indignante y muy triste porque somos humanos”, dice a BBC News Mundo el miembro comunidad achuar de Kaiptach que auxilió a la madre en un primer momento y tomó la fotografía.
Fue la municipalidad de Taisha la que finalmente la ayudó con un ataúd y con el vuelo de regreso a su comunidad.
“Es la familia la que tiene que traer el ataúd. El hospital no te la da. Eso es así en todo el país. Pero es verdad que sí son los encargados de hacer la gestión para pedir una donación a los municipios o a las prefecturas. Y para eso los hospitales tienen un área de trabajo social”, le cuenta a BBC Mundo Christian Sánchez Mendieta, periodista del diario El Mercurio.
El equipo de este diario había viajado en abril pasado a Morona Santiago después de que 10 niños murieran por leptospirosis, una enfermedad que se transmite por medio de las heces y orinas de roedores, pero con pronóstico favorable para el paciente si se le administran antibióticos.
“Son poblaciones que tienen costumbres completamente diferentes y viven en condiciones insalubres, pero siento que hay una especie de racismo contra ellos”, añade Sánchez Mendieta.
“Dada la gravedad de este hecho se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad”, informó el Ministerio Público de Salud luego de que se difundiera públicamente la foto de la madre y la caja con el cuerpo de su hija.
Pero la imagen tomada en Taisha, que levantó una oleada de indignación en todo Ecuador, se convirtió en un ejemplo dramático de una situación que supera las fronteras de la provincia de Morona Santiago: la crisis en la salud pública ecuatoriana.
Un tema político
El 16 de noviembre, 13 días antes de la muerte de esta niña en Macas, hubo una consulta popular en la que el presidente Daniel Noboa planteó cuatro preguntas a los ecuatorianos. En los cuatro interrogantes -que iban desde la convocatoria a una Asamblea Constituyente hasta el regreso de bases militares extranjeras al país- la gente dijo “No”.
El revés de Noboa sorprendió porque el mandatario gozaba de un nivel de popularidad del 52,7%, según una encuesta realizada por la empresa Cedatos en octubre, y porque ocho meses antes había logrado su reelección en una segunda vuelta con más del 55% de los votos.
Otra de las sorpresas fue una de las causas mencionadas al interior de Ecuador para explicar esta derrota: en un país acostumbrado casi exclusivamente a hablar de las crisis de inseguridad y de las muertes violentas, se mencionó la crisis de salud.
El desabastecimiento de medicinas y todo tipo de materiales médicos había llegado a niveles críticos a finales de septiembre, afectando incluso a medicamentos considerados básicos como la insulina, la morfina, la amoxicilina y fármacos contra el cáncer.
La situación obligó al gobierno de Noboa a declarar el estado de emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) -el que utilizan los trabajadores que contribuyen con su salario al sistema público- y en el Ministerio de Salud.
Solo en los últimos 20 meses, el país ha tenido cinco ministros de Salud, y tras esta inusual rotación, la cartera recae ahora en la vicepresidenta de la República, María José Pinto.
Una de las principal quejas del presidente de la Federación de Nacional de Médicos del Ecuador, Santiago Carrasco, es precisamente la falta de liderazgo técnico y la mala gestión derivada de la falta de conocimiento del sector de los dirigentes.
BBC Mundo se puso en contacto la presidenta de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Ecuador, Diana Blacio, de partido gobernante, pero no obtuvo respuesta.
“El presupuesto para salud ha sufrido recortes significativos: de US$3.219 millones en 2023 bajó a US$2.959 millones en 2024 y a US$2.798 millones en 2025”, explica a BBC Mundo María Verónica Iñiguez Gallardo, asambleísta por la provincia de Loja.
Según datos del Banco Mundial, en 2021 y 2022 también se redujo el monto destinado a los recursos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema sanitario. Esto incluye salarios de personal, compra de medicamentos e insumos, servicios básicos (luz, agua), mantenimiento de instalaciones, y administración.
Es decir, los costos para que los hospitales, clínicas y programas de salud funcionen día a día, sin incluir grandes inversiones en infraestructuras nuevas
Pero para Iñiguez Gallardo, lo más alarmante es la ejecución de esos fondos: “Hasta julio de 2025, solo se había utilizado el 34,6% del presupuesto de inversión, lo que significa que hospitales y centros de salud operan con recursos mínimos”.
Estantes casi vacíos
La asambleísta de Revolución Ciudadana, el principal partido de la oposición liderado por el expresidente Rafael Correa, indica que “el desabastecimiento de insumos y medicamentos es generalizado en todo el país. En septiembre, los hospitales públicos reportaban apenas un 45% de abastecimiento de medicamentos”.
Iñiguez Gallardo indica que, por ejemplo, en los hospitales Monte Sinaí y del Guasmo, los dos centros de salud más grandes de Guayaquil, la capital económica del país, la falta de insumos esenciales alcanzó el 80%.
“En otro hospital de Guayaquil, el Hospital Universitario, 18 recién nacidos murieron tras contraer infecciones asociadas a la atención sanitaria, producto de la reutilización de cánulas contaminadas, insumos cuyo costo es mínimo (US$1 aproximadamente)”, recuerda la asambleísta.
Juan, nombre ficticio de un especialista del Hospital General Monte Sinaí que no quiere ser identificado, describe la precariedad con la que trabajan desde hace un año:
“Si alguien se va a operar al hospital, tiene que traer todo. Faltan agujas, cánulas, hilos de sutura, sedantes, analgésicos. A veces no hay ni algodón o sábanas en las camas. Tenemos guardias de 24 horas pero ya no hay donde comer en el hospital porque a la gente de la cantina hace meses que no le pagan”.
“Ni siquiera podemos hacer exámenes de laboratorio, análisis de sangre, son servicios que prácticamente no funcionan por falta de pago”, le cuenta a BBC Mundo y añade:
“Como faltan muchas medicinas, las familias se ven obligadas a acudir a chulquero (prestamista) y tomar dinero con tasas de interés extremadamente altas y abusivas. O hacen eso o se les muere el familiar. La crisis de salud se extiende a todo el tejido social. Va más allá de la sanidad”.
BBC Mundo trató de contactar el Ministerio de Salud Pública porlos canales oficiales pero tampoco logró que alguien respondiera a estas acusaciones.
Otros pacientes que sufren estos días la escasez de medicamentos son los que necesitan diálisis o quienes padecen diabetes y necesitan una dosis diaria de insulina.
En Guayaquil, el 28 de noviembre, hubo una movilización para denunciar el desabastecimiento de insulina, que según diversas asociaciones se ha agudizado desde 2023 y que afecta tanto a farmacias privadas como públicas.
“Si me preguntas cómo hemos llegado a esta situación, creo que se debe tal vez a una mala gestión desde el Estado al hacer la provisión de las compras”, explica Lucía Mantilla, presidenta de la Fundación Diabetes Juvenil de Ecuador.
“Los diabéticos necesitan insulina todos los días. No es algo que puedas ponerte un día sí y otro no. Y ahora mismo, los miembros de la asociación nos cuentan que tienen que recorrer varias farmacias para encontrar un vial, que a veces lo reparten en dos días o tres”.
“Cuando un paciente diabético no se inyecta insulina esto puede derivar en valores altos de glucosa, que se puede transformar en una cetoacidosis. La cetoacidosis necesita una intervención hospitalaria y si no son atendidos, en el caso extremo pueden caer en un coma diabético”, agrega.
Desde la pandemia
Para varios expertos consultados, la pandemia de COVID-19 -que se ensañó especialmente con Guayaquil- aceleró el colapso del sistema.
“Hubo despidos de miles de profesionales de la salud y salieron a la luz varios casos de corrupción en la compra de insumos médicos”, cuenta Iñiguez Gallardo.
“La pandemia tuvo un gran impacto en Ecuador. Solo hay que recordar los ataúdes en las calles. El país implementó un sistema en el que reservó los hospitales públicos para atender el Covid y derivó al sector privado la atención del resto de patologías”, afirma Marcelo Bortman, ex especialista en Salud del Banco Mundial.
La fórmula suponía transferencias de fondos de los servicios públicos a las clínicas privadas para pagar la factura.
“Para que un sistema de salud sea fuerte, tiene que tener recursos humanos adecuados, estructura y el financiamiento suficiente. Obviamente los hospitales tienen que tener equipamiento y eso es cada vez más caro por la tecnología”, plantea Bortman y añade:
“La mayor parte de los de los presupuestos que tienen los sectores de salud en el mundo son en general para funcionamiento, pero no hay para mantenimiento ni para mejoras. Y con los años, si esas inversiones faltan, los servicios se van deteriorando y las capacidades también”.
Alta sin operación
El diario El Mercurio reportó estos días la historia de un paciente de 22 años ingresado en el Hospital José Carrasco Arteaga desde hace más de 20 días en la ciudad de Cuenca. Féliz Aurelio Suqui se cayó de un montacargas a 15 metros de altura mientras trabajaba.
Según el informe médico tiene entre otras cosas politraumatismo, es decir, muchos huesos rotos -incluidas tres vértebras-, y neumotórax (un colapso en los pulmones). Está en estado grave.
Cómo no hay materiales para la cirugía que necesita, el hospital sugiere darle el alta y que espere en casa los insumos para la operación que necesita.
Pero si la situación es mala en las ciudades, es peor en las zonas rurales.
“Los puestos de auxilio y los puestos de medicina general son muy poquitos en las zonas rurales. Hay que caminar cuatro horas por la selva. Son construcciones de madera que casi no tienen los elementos básicos”, describe el periodista Sánchez Mendieta.
A esto hay que añadir que los médicos en las áreas remotas “son casi siempre recién egresados de la universidad que están haciendo un año de medicina comunitaria”, expone Pablo Ponce, director del colectivo Violín Rojo, una asociación que trabaja con comunidades indígenas en Ecuador. En concreto, Ponce vive desde hace 5 años con los Achuar.
“Pero lo que se necesita es tener médicos contratados, especialistas, un médico general, un pediatra. En los puestos de salud de la zona no existe la forma de hacer un examen de sangre. No hay una garantía de electricidad”, argumenta.
Ese sistema, que deja las zonas rurales lejos de la zona de reparto de insumos o aleja a los especialistas fue la razón por la que Yawa Sumpa tuviera que llevar a su bebé al Hospital de Macas.
Y cuando creyó que la atención médica salvaría a su hija, se encontró con una crisis del sistema que solo le dejó una caja de cartón en las manos.
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