2025: el año que lesionó gravemente a la justicia en México
Cerramos 2025 con la imagen que pinta de cuerpo entero el estado de la justicia en México: un juez de lo penal, recientemente electo por el voto popular, apuntando con una pistola a una mujer y a sus vecinos en Quintana Roo. ¿Cómo es que alguien capaz de ese amago de violencia ocupa el cargo de juzgar a otros, es decir, de impartir justicia?
La reforma judicial
Aunque la reforma judicial se anunció como la solución contra abusos de poder y corrupción, lo que se está demostrando es exactamente lo contrario. Si bien no se debe generalizar, lo cierto es que se abrió una puerta muy peligrosa: personas sin experiencia, con antecedentes delictivos, sin ética, sin compromiso con la justicia, que no pasaron por filtros estrictos y que más bien representan intereses políticos o abiertamente partidistas ahora son quienes tienen la justicia en sus manos. Una justicia que nos debía mucho y ahora puede ser aún peor.
2025 será recordado como el año en que se implementó una reforma judicial que implicó una purga contra todos los jueces del país —fueran o no buenos juzgadores—. Reforma que impuso una elección judicial en la que sólo una minoría del electorado participó y cuya jornada electoral se caracterizó por la trampa de los acordeones. Una elección de candidatos que implicó tómbolas en las que los cargos y la vida profesional de jueces de carrera rodaron por el piso del Congreso y que ignoró las diversas manifestaciones y voces que señalaron los riesgos de esta forma de escoger a nuestros jueces. Una elección que luego fue convalidada por el Tribunal Electoral, encargado de la “justicia” electoral.
La reforma al amparo
El año que cerramos también implicó una restricción al acceso a la justicia a través del amparo. No bastaba con tener jueces a modo o comprometidos con intereses partidistas, había que cerrar las vías para que ningún juez se atreviera a ir en contra del “interés común”, sobre todo si este interés se identifica con el de las autoridades. El interés del Estado sobre los derechos de las personas.
La prisión preventiva y los jueces sin rostro
Terminó 2025 y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación no resolvió el tema de la prisión preventiva oficiosa. Aún en contra de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las y los nuevos ministros no se han atrevido a resolver lo que en justicia corresponde: eliminar esta figura del marco jurídico mexicano por violar el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia.
En todo el mundo, las naciones democráticas utilizan la prisión preventiva para asegurar que los procesos judiciales se lleven a cabo, pero en ningún caso se impone de forma automática, como sí lo establece la Constitución mexicana para una lista de delitos. Una lista o catálogo que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón con siete categorías delictivas, y que en las dos últimas administraciones ha incrementado otras 15 (nueve en el sexenio 2018-2024 y seis en lo que va de la actual administración).
Todo ello a pesar de que, como se ha demostrado con datos, la prisión preventiva oficiosa no tiene efectos sobre la incidencia delictiva. Estados como Querétaro prácticamente no la aplican, y es una de las entidades con mejor percepción de justicia.
En el sentido opuesto, el homicidio doloso —que desde 2008 ha estado en ese catálogo— ha incrementado de 13 mil a 30 mil casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Es decir, los datos nos indican que la figura no impacta en el número de delitos que se cometen. En México no se pide que se elimine de plano la prisión preventiva, sólo se pide que se justifique en cada caso.
A pesar de ello, la Corte no se pronunció. De la misma manera, el Senado dejó sin dictaminar la reforma enviada por la Presidencia para implementar esta medida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Medida que, por cierto, fue incluida como parte de la reforma judicial a nivel constitucional.
Otra iniciativa violatoria del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa que se incluyó en dicha reforma es la figura de “los jueces sin rostro”. Personas juzgadoras cuya identidad permanecerá anónima bajo el argumento de la necesidad de protección ante casos de delincuencia organizada. El hecho es que en lugar de esta figura bastaría con activar la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, publicada en 2012. No obstante, el hoy exFiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, nunca la articuló en su mandato.
La renuncia del Fiscal
También en 2025 vimos renunciar por causas no graves al mencionado Fiscal General de la República. A pesar de que la Constitución establecía que debía durar en su encargo nueve años, en el séptimo, un día anunció que dejaba su puesto para tomar un cargo diplomático. La administración del Fiscal Gertz se caracterizó por extraditar y entregar a la justicia de otro país a integrantes de redes de delincuencia organizada, ante la incapacidad del órgano de persecución penal federal de probar los delitos cometidos en México. Una Fiscalía que cada año procesó menos casos federales y que se mostró indolente ante tragedias como el hallazgo del Rancho Izaguirre, centro clandestino de reclutamiento y desaparición forzada de personas, en Teuchitlán, Jalisco.
2025 fue un año difícil para la justicia mexicana. A pesar de ello, debemos buscar caminos que no nos cierren la puerta a la posibilidad de tener un país más pacífico a partir de la justicia y la disminución de la impunidad.
Nuestro mejores deseos o propuestas para 2026
En 2026 se tienen que sentar las bases normativas para que en 2027 se elijan por voto popular a aproximadamente 800 jueces federales y, en 25 entidades, a todos o hasta a un 75 % de los jueces estatales. El año que inicia es una oportunidad para reconocer las deficiencias más graves de la reforma judicial. Que al menos en la Constitución y en las leyes secundarias se establezcan estándares más elevados y legítimos para elegir mejor a las personas candidatas a cargos judiciales. Que los congresistas atiendan la recomendación de que la elección judicial de 2027 no sólo no debe partidizarse, sino que necesita separarse de la elección de cargos políticos de ese mismo año.
2026 podría ser el año para abrir una discusión de fondo y con pruebas sobre el impacto de la prisión preventiva oficiosa y de los “jueces sin rostro”. Podría ser el año en que desde múltiples ámbitos construyamos mejores salidas para la justicia en México. Para someter a exámenes de conocimientos, experiencia y ética, a quienes imparten justicia.
2026 es una puerta para reactivar la articulación de la persecución penal federal con las fiscalías estatales. Un año para recuperar el amparo como protección de la ciudadanía frente a actos o abusos de autoridad.
En fin… 2026 podría ser diferente y un poco más justo para México.
* Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
Cinco países de la región tienen cita en las urnas para elegir presidente en este año nuevo, incluidas dos de las mayores democracias latinoamericanas y hay indicios de que Trump podría intentar incidir otra vez en las urnas latinoamericanas.
Cinco países de América Latina prevén elegir a sus presidentes en 2026, incluidas dos de las tres mayores democracias de la región por número de habitantes: Brasil y Colombia.
Se espera que, en estos dos casos, los comicios se celebren bajo una fuerte polarización política y definan el poder que mantendrá a nivel continental la izquierda, que hoy gobierna desde Brasilia y Bogotá.
Pero esta vez una pregunta adicional sobrevuela las urnas latinoamericanas: ¿cuánto podrá influir en ellas una figura ajena a la región como el presidente de Estados Unidos?
Donald Trump demostró a lo largo de 2025 su voluntad de volcar el peso de su investidura (y del Tesoro de EE.UU.) en votaciones a lo largo del subcontinente.
Lo hizo en las legislativas de Argentina y en las presidenciales de Honduras, al apoyar a fuerzas de derecha y advertir que EE.UU. cortaría su ayuda financiera a esos países si las mismas eran derrotadas.
En ambos países, así como en Ecuador con la reelección del presidente Daniel Noboa en abril, las opciones respaldadas por Trump ganaron.
“A un nivel sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría, el gobierno de Trump y el propio presidente han puesto su dedo en la balanza para influir en los resultados electorales y los procesos políticos en América Latina”, dice Cynthia Arnson, una experta sobre la región en la Universidad Johns Hopkins de EE.UU., a BBC News Mundo.
Al comenzar el año nuevo, ya hay indicios de que Trump podría intentar incidir otra vez en las urnas latinoamericanas.
La duda, en todo caso, es si seguirá en racha favorable.
Las primeras del año
Además de Brasil y Colombia, está previsto que Costa Rica, Perú y Haití elijan presidentes y legisladores en 2026.
La primera de esas citas electorales es en el país centroamericano el 1º de febrero, cuando los costarricenses deberán escoger, además de a su jefe de Estado y dos vicepresidentes, a los 57 miembros de la Asamblea Legislativa.
Si ningún candidato presidencial supera el 40% de los votos en esa instancia, habrá una segunda vuelta el 5 de abril entre los dos más votados.
Calendario electoral de América Latina en 2026
Costa Rica: elecciones presidenciales y legislativas el 1º de febrero; eventual balotaje presidencial el 5 de abril.
Perú: elecciones presidenciales y legislativas el 2 de abril; eventual balotaje presidencial el 7 de junio.
Colombia: elecciones legislativas el 8 de marzo; primera vuelta de las presidenciales el 31 de mayo; eventual balotaje presidencial el 21 de junio.
Haití: elecciones generales el 30 de agosto; eventual balotaje presidencial el 6 de diciembre.
Brasil: Elecciones generales el 4 de octubre; eventual balotaje presidencial el 25 de octubre.
Los de Costa Rica tal vez también sean los primeros comicios con polémica del año en la región: el Tribunal Supremo de Elecciones pidió levantar el fuero del presidente, Rodrigo Chavez, por presunta intervención indebida en el proceso electoral, pero el legislativo bloqueó esa solicitud en diciembre.
Chaves, que niega haber actuado de forma incorrecta y tiene prohibida la reelección, goza de buenos índices de aprobación que pueden favorecer a la candidata de su partido para sucederlo, su exjefa de gabinete Laura Fernández.
La exprimera dama de centroizquierda Claudia Dobles, el diputado de ultraderecha Fabricio Alvarado en su tercer intento, y el exjefe de la caja de seguridad social Álvaro Ramos figuran entre otros posibles contendientes por la presidencia costarricense.
En Perú, una extraordinaria fragmentación política hace que las elecciones del 2 de abril sean impredecibles.
Hay un récord de al menos 34 candidatos inscritos para intentar ser el noveno mandatario peruano en una década. Y por ahora ninguno de ellos superaría la mitad de los votos en primera vuelta, según las encuestas, por lo que es probable que haya un balotaje presidencial el 7 de junio.
Entre los aspirantes figuran el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declarado simpatizante de Trump, y la derechista Keiko Fujimori, en su cuarto intento por alcanzar el cargo que ocupó su padre, Alberto Fujimori, fallecido en 2024.
Pero en Perú también prevén postularse a la presidencia desde un comediante hasta un exarquero de fútbol.
Y, en un clima de fuerte apatía política, con la seguridad pública al tope de las preocupaciones de los peruanos, quizás elijan a un virtual desconocido como ocurrió en 2021 con el maestro y sindicalista Pedro Castillo, quien al año siguiente fue destituido y detenido acusado de intentar un autogolpe de Estado.
Dos retos para la izquierda
En Colombia, el ciclo electoral de 2026 promete ser extenso y acalorado: el 8 de marzo son los comicios legislativos y las consultas interpartidistas para seleccionar candidatos presidenciales, el 31 de mayo la primera vuelta por la presidencia y, si nadie supera la mayoría absoluta de votos, habría un balotaje el 21 de junio.
Se perfilan dos bloques bien marcados, cada uno con varios precandidatos presidenciales.
Uno está vinculado al oficialismo de izquierda (con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero como posibles postulantes) y otro a la oposición de derecha (con Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia entre los precandidatos).
Sin embargo, pueden surgir más competidores por la presidencia de figuras como el centrista Sergio Fajardo, el conservador Miguel Uribe (padre del senador homónimo asesinado el año pasado), la exalcaldesa progresista Claudia López o el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella.
A la seguidilla de votaciones se añade la iniciativa impulsada desde el gobierno de Gustavo Petro de recolectar firmas para llamar a una asamblea constituyente, lo cual podría dar un envión extra a la izquierda en plena campaña electoral y es visto con recelo por la oposición.
Petro, que tiene vedada la reelección, registra altos índices de desaprobación, pero mantiene una base de respaldo firme de cerca de un tercio del electorado. Y ambos datos podrían incidir en la definición de su sucesor.
Luego de las elecciones colombianas y antes de las brasileñas, Haití prevé celebrar sus primeros comicios en casi una década, en medio de una crisis humanitaria y la descomunal violencia desatada por bandas armadas.
El Consejo Electoral Provisional del país caribeño marcó el 30 de agosto para la primera vuelta y el 6 de diciembre para un posible balotaje. Pero advirtió que deberá haber un marco de seguridad y recursos financieros: sin esos requisitos, es probable que las elecciones haitianas vuelvan a postergarse.
En Brasil, la polarización política de cara a las elecciones del 4 de octubre es tal que una publicidad reciente de la marca de chanclas Havaianas llevó a un llamado de boicot de la derecha porque invitaba a iniciar el 2026 “con los dos pies” y no sólo “con el pie derecho”.
Todo indica que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará ser reelecto en una posición de ventaja frente a la derecha, que llega golpeada y dividida tras la condena en septiembre del exmandatario Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro indicó como precandidato presidencial a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro. Pero esto parece lejos de convencer a todo el espectro de derecha, donde se barajan posibles alternativas de postulantes como los gobernadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Ratinho Junior (Paraná) o Romeu Zema (Minas Gerais).
“Por los números actuales de las encuestas, esa división podría llevar a una victoria de Lula en la primera vuelta, sin precisar de un balotaje (previsto para el 25 de octubre). Eso sería inédito: las tres veces que Lula fue electo presidente, ganó en segunda vuelta”, dice el politólogo brasileño Maurício Santoro a BBC Mundo.
Pero recuerda que Lula cumplió 80 años en octubre, es el presidente de mayor edad en la historia de Brasil y, si bien parece gozar buena salud, cualquier eventual percance o enfermedad que le impida competir otra vez dejaría a la izquierda sin un candidato natural para sucederlo.
Una derrota del oficialismo en Brasil o Colombia dejaría a la izquierda latinoamericana aún más debilitada tras una reciente serie de triunfos conservadores en la región, el último de ellos del ultraderechista chileno José Antonio Kast el mes pasado para suceder al presidente izquierdista Gabriel Boric.
El factor Trump
Una de las claves por las que Lula logró revertir una caída en sus índices de aprobación el año pasado fue su fuerte enfrentamiento con Trump, observan expertos.
El presidente de EE.UU. impuso en julio aranceles y sanciones a Brasil para intentar detener el juicio contra su aliado Bolsonaro, pero Lula respondió que el suyo “es un país soberano con instituciones independientes que aceptará ser controlado por nadie”.
Al final, Bolsonaro fue preso, Trump y Lula hicieron las paces y EE.UU. desistió de buena parte de los aranceles productos de Brasil, cuyo presidente se presentó como defensor de los intereses nacionales.
“Brasil hoy es una gran paradoja”, observa Santoro. “Tal vez sea el único país del mundo donde Trump terminó amistándose con un presidente de izquierda y su interferencia en la política brasileña terminó beneficiando a un gobierno de izquierda”.
Por eso, quizás Trump busque influir en otros comicios de la región antes que en las brasileñas.
“De las elecciones que se celebrarán en 2026 en la región, ninguna es más trascendental que las de Colombia y Brasil”, observa Arnson desde EE.UU. “Ya hay indicios sutiles y no tan sutiles de apoyo del gobierno (de Trump) a la derecha colombiana”.
EE.UU. ha sancionado a Petro por presunta falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, algo que el presidente colombiano rechaza enfáticamente.
El pulso con Trump puede tener riesgos para Petro: el principal socio comercial de Colombia sigue siendo EE.UU. y cuatro de cada cinco colombianos cree importante que su candidato presidencial tenga buenas relaciones con Washington, según una encuesta reciente de Invamer.
Sin embargo, aún está por verse que efecto causaría Trump si decidiera apoyar abiertamente una opción electoral en ese u otros países de la región este año, como hizo con Argentina y Honduras en 2025.
Al menos en el caso de Colombia, advierte Arnson, “la interferencia política (de Trump) podría provocar una reacción adversa, tal como ocurrió en Brasil”.
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