¿Quién gana cuando el gobierno compra?

La competencia como motor del desarrollo vuelve al centro del debate público. Este mes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el estudio Mercados y desarrollo: cómo la competencia puede mejorar vidas. En él ofrece una coyuntura inmejorable para revisar cómo las reglas que diseñan los gobiernos inciden —para bien o para mal— en el crecimiento económico, la innovación y el bienestar social. El mensaje del BID es claro: cuando los mercados están cerrados, capturados o distorsionados por regulaciones mal diseñadas, los precios suben, la productividad se estanca y las oportunidades se concentran en unos cuantos. Cuando la competencia funciona, los beneficios se traducen en un uso más eficiente del dinero público, lo que a su vez promueve economías más dinámicas que entregan a los consumidores mejores bienes y servicios a menores precios.

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis del BID es que la falta de competencia en América Latina no es un accidente ni una fatalidad estructural. En buena medida, es el resultado de decisiones públicas. En la región abundan regulaciones que levantan barreras de entrada a nuevos competidores, excepciones amplias que favorecen la discrecionalidad de las autoridades, y marcos institucionales que permiten que los mercados se cierren en favor de ciertas empresas con poder monopólico. En este sentido, la política de competencia va más allá de la aplicación de las leyes antimonopolios, debe abarcar el análisis del diseño de regulaciones que incluyen los procesos de contratación pública.

Con esta convicción como punto de partida, México Evalúa aceptó la invitación del Tecnológico de Monterrey para formar parte en el Programa Socio Formador. Gracias a este convenio, estudiantes de licenciatura participaron en un proyecto inmersivo junto con sus profesores y el equipo de investigación de México Evalúa. El objetivo fue ambicioso y poco común en la formación universitaria tradicional: estudiar las mejores prácticas en materia de competencia económica y regulación.

El ejercicio partió de una premisa fundamental: las leyes no son sólo textos jurídicos, son diseños de mercado. Las reglas escritas definen incentivos, moldean comportamientos y determinan si un mercado será disputable entre muchos participantes o estará cerrado a solo unos cuantos.

El análisis combinó el enfoque jurídico con el económico, preguntando no sólo si las normas son legales, sino si promueven o inhiben la competencia, el emprendimiento, la innovación y el mejor uso del dinero público. En otras palabras, si los gobiernos estatales juegan a favor del crecimiento económico o si, por el contrario, frenan la economía mediante reglas que concentran el poder.

Ejemplo de caso de estudio: Yucatán

Los hallazgos son ilustrativos y preocupantes. En 2023, de 83,931 contratos estatales apenas 0.4 % se adjudicaron mediante licitación pública, a pesar de que debería ser el mecanismo ordinario. El hecho es que la redacción de la norma permite e incluso incentiva procedimientos con poca o nula competencia.

Entre los principales problemas identificados se encuentran las disposiciones que restringen quién puede participar. Así, el padrón de proveedores obligatorio contiene criterios poco claros y modificables discrecionalmente por las autoridades en turno. Hay además cláusulas que. mediante la aplicación legal de conceptos vagos como “circunstancias extraordinarias o imprevisibles”, facilitan justificar la no obligación de licitación para realizar adjudicaciones directas en la contratación pública. Tampoco se detectaron mecanismos efectivos para impugnar los fallos.

La OCDE advierte que excepciones mal definidas reducen el número de oferentes y facilitan la colusión, porque se termina contratando con el mismo grupo de proveedores. En Yucatán, la combinación de un sistema sin recursos de revisión y una cláusula amplia para evitar la licitación ayuda a explicar por qué un porcentaje ínfimo de los contratos se adjudicaron en 2023 mediante procesos abiertos.

Propuestas puntuales de mejora regulatoria

Primero, es fundamental formalizar y transparentar el padrón de proveedores. Si bien el objetivo del padrón es filtrar los riesgos, es necesario expedir el reglamento faltante y fijar los requisitos de manera clara y proporcionada para que no impida el paso a nuevos competidores.

Segundo, recuperar certeza jurídica. Es necesario permitir que las empresas puedan impugnar un fallo cuando consideren que hubo errores o arbitrariedad, y obligar a que la autoridad explique de forma clara y pública por qué eligió a un proveedor.

Tercero, acotar las excepciones. Definir con precisión qué es “extraordinario o imprevisible” y exigir justificación pública cuando se evite una licitación.

Finalmente, delimitar las preferencias locales. Se debe permitir la participación de proveedores extranjeros con capacidad de ofrecer mejores precios y calidad.

Un aprendizaje para todas y todos los participantes

Más allá del caso específico, el valor de este ejercicio radica también en el aprendizaje. Para los estudiantes, significó comprender de manera práctica el papel de los gobiernos como actores económicos relevantes a través del gasto público. Leer una ley dejó de ser un ejercicio abstracto para convertirse en el análisis de un mercado real, con efectos tangibles sobre hospitales, escuelas, seguridad y desarrollo regional.

En sus palabras: “A simple vista, las compras públicas pueden parecer un tema lejano, técnico, ‘de gobierno’. Pero detrás de ellas están los medicamentos de los hospitales, el mantenimiento de las escuelas, las patrullas que vemos en las calles y muchas otras decisiones que influyen en cómo vivimos y en la capacidad de un país para desarrollarse. Conforme avanzamos nos dimos cuenta que el derecho y la economía, a pesar de ser campos tan diferentes, están profundamente conectadas y que, en casos como éste, las leyes no son solo textos legales: son diseños de mercado. Por eso es tan importante que abogados y economistas trabajen juntos. Los primeros aportan certeza jurídica; los segundos, una evaluación de cómo esas reglas afectan la competencia económica y, por ende, el bienestar social”.

Para México Evalúa, el proyecto reforzó una convicción central: mejorar la competencia requiere construir capacidades, generar evidencia y formar nuevas generaciones de jóvenes que comprendan que el desarrollo económico también se juega en el diseño de las reglas.

En línea con el llamado del BID, avanzar hacia mercados más competitivos no es una discusión ideológica, sino una agenda práctica para mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Las compras públicas, bien diseñadas, pueden ser una palanca poderosa para lograrlo.

* Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. José Gabriel Olea, María Quintero, María Paula Vargas son alumnos de las licenciaturas en economía, derecho y relaciones internacionales, respectivamente, en el Tecnológico de Monterrey.