El Verde finalmente reconoce que contrató a 19 influencers, pero dice que solo le costaron 400 mil pesos
“Yo no le voy a ningún partido político. La verdad, ni me caen bien”, dijo Valeria Santos Licea, una influencer con más de 513 mil seguidores en TikTok en el primero de los 12 videos que hizo a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante el proceso electoral reciente.
Por tres de sus videos, según el Partido Verde, recibió solo 69 mil 600 pesos de la agrupación política, es decir, 23 mil 800 pesos por cada uno.
Ella no fue la única. El Partido Verde, en respuesta a una solicitud de transparencia, informó que pagó casi 400 mil pesos a 19 creadores de contenido en el primer cuatrimestre del 2024 por publicaciones a su favor y el de la hoy virtual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Estas cifras, sin embargo, contrastan con lo denunciado por otros influencers a los que el mismo PVEM les ofreció en el pasado sumarse a sus campañas.
Por ejemplo en 2015, cuando se conoció el primer gran caso de este tipo de promoción de “famosos” a favor de ese partido -entre los que tuitearon estuvo el entrenador Miguel Herrer-, el conductor Facundo dijo que le habían ofrecido hasta 2 millones de pesos por “tuitear dos cosas del Partido Verde”.
Además, aun cuando El Sabueso identificó a por lo menos 30 influencers con videos donde mencionan al Partido Verde y de ellos sólo 8 aparecen en la lista entregada por el grupo político. No se registran, por ejemplo, a creadoras con millones de seguidores como Mariana Grimaldi o Caeli.
Así que el gasto destinado a esta propaganda, en la que los influencers nunca informaron haber sido contratados por el Verde, es mayor a lo que se conoce hasta ahora.
Propaganda en periodo prohibido
“Sheinbaum durante su gestión implementó políticas concretas para abordar problemas ambientales”, señaló Paul Rebollar en la storie de Instagram por la que le pagaron 34 mil 800 pesos, el monto unitario más alto de lista entregada por el Partido Verde.
El partido dijo haber pagado, a través de la empresa CAPAT Servicios S.C., entre 5 mil 800 y 34 mil 800 pesos por cada video publicado del 20 de enero al 3 de abril de 2024. Esto coincide con el periodo de intercampañas, donde se prohíbe realizar propaganda electoral.
En ese lapso se reportó un total de 399 mil 330 pesos cobrados por promoción de los y las influencers, a pesar de que en febrero el Partido Verde declaró “la inexistencia de algún documento” que registrara estos pagos, y solo se dijo respetuoso de la libertad de expresión.
Los influencers publicaron los videos sin hashtags, etiquetas ni menciones de que se trataba de una colaboración financiada por el partido. Algunos incluso señalaron “no saber nada de partidos políticos”, a pesar de recibir algunos de los montos más altos por un sólo video.
Tal es el caso de Adriana Carballo, quien cuenta con más de 8 millones de seguidores en TikTok y recibió 23 mil 200 pesos por el video donde habla de la no prescripción de delitos sexuales.
Después del caso de 2015, el PVEM volvió a ser multado en 2021 -al igual que 76 celebridades involucradas- por la difusión de propaganda en periodo de veda electoral. En el caso del partido, la sanción ascendió a 118.5 millones de pesos.
¿Cuánto recibió cada uno del Partido Verde?
El partido asegura haber pagado sólo 25 videos, con los que señala que agotó el presupuesto de los dos contratos con CAPAT Servicios S.C.
Uno por 246 mil 790 y otro de 152 mil 540 pesos para su promoción y la de Sheinbaum, respectivamente. A pesar de que la vigencia de los contratos se extiende hasta finalizar el año.
Los 19 influencers contratados por el Partido Verde se dividieron en dos campañas: una con promoción institucional y otra a favor de Claudia Sheinbaum.
Y en varios de los casos, como el de Santos Licea, Jeff Mejía, Paul Rebollar y Dayana Navarro, se identificó que publicaron más videos de los que el partido reportó como pagados.
Para realizar promoción a favor de la virtual presidenta de México, pagos a 11 influencers
Paúl Rebollar fue quién más dinero recibió con 34 mil 800 pesos pagados por un sólo video, pero le siguieron Fer Zamora, Alondramtv, Melissa Ruiz, Jeff Alexander Mejía, Abel Robles y Derek GTR, con montos de 11 mil 600 por cada publicación.
En la campaña institucional participaron Santos Licea, con el pago más alto con 69 mil 600 pesos por tres TikToks; seguida de Adriana Carballo, Paul Rebollar, Dayana Navarro y Aranza Cesari, quienes cobraron 23 mil 200 pesos por una sola publicación.
El Sabueso solicitó también otras de las relaciones impresas que la empresa entregó al partido, pero hasta ahora sólo se ha informado de éstos influencers contratados entre finales de enero e inicios de abril.
Además de este caso de los influencers, para el periodo electoral 2023-2024 el Verde incurrió en prácticas como enviar a la ciudadanía mensajes de texto y contratar llamadas telefónicas para promocionar a sus candidatos, a pesar de que esto vulnera las normas de protección de datos personales.
Y recientemente te contamos que dio contratos por al menos 28 millones de pesos a la empresa detrás del canal Badabun, Creación y Difusión de Contenido Web SA de CV., que publicó spots con desinformación política.
Con la lista del Partido Verde sumarían por lo menos 41 creadores de contenido que realizaron videos promocionales de sus iniciativas, 30 de ellos identificados por El Sabueso entre febrero y finales de mayo.
Además de los ya mencionados también incurrieron en estas prácticas: Julian Palomera, Andrea Lunaro, Ivan Ochoa, Nicole Curiel, Marha Briano, Ingrid Aver, Mariana Grimaldi, Jihu, Olga Bathory, Suriel Rangel, Caeli, Bridget Gonzalez, Johana Fadul, Yair Rueda, Brenda Zambrano, Ced Mejía,Soy Alev, Henrique RIvas, Xavi de la Mora, Abel Robles Cortes, Mike Sánchez, Lau Mayagoitia, Estef Coppola y Jess Moranchel.
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El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales y rezan en vigilia por Miguel Uribe Turbay.
Este senador de 39 años del partido Centro Democrático permanece grave en esa clínica tras ser baleado este sábado durante un acto político en Bogotá.
Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
La polémica reforma laboral
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
“Retórica violenta”
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Un pasado traumatizante
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
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