Aspirantes en Durango, Michoacán y SLP usurpan espacios de la diversidad sexual
En Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Michoacán aspirantes se postularon con acciones afirmativas para representar a la población de la diversidad sexual y de género. Sin embargo, públicamente algunas de ellas jamás se habían proclamado parte de la población LGBTQ+, y en algunos casos incluso tuvieron acciones o posicionamientos en contra de las identidades.
Hasta ahora, El Sabueso de Animal Político detectó el caso de una candidata del PAN a diputada federal en Durango, cuatro candidatos en San Luis Potosí del Partido Verde y del PRD que se autoadscriben al género femenino. Lo mismo pasó en Michoacán con cinco candidatos del PAN, cinco del PRI y uno de Morena; así como dos candidatos del Partido Verde en Tamaulipas.
Desde 2021, el INE instauró las acciones afirmativas, que son mecanismos que obligan a los partidos a postular a personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas de comunidades o pueblos indígenas y personas migrantes, con el fin de hacer posible la representatividad de todos en los puestos de poder.
Con el objetivo de no violar los derechos humanos y los derechos de participación política, las personas que contiendan a cargos con la acción afirmativa de diversidad sexual solo deben presentar una carta al INE para acreditar que son parte de dicha comunidad, según explica el acta de acuerdo del Instituto.
Sin embargo, algunos aspirantes han abusado de dichos términos. Rebeca Garza, integrante de Queertrans Centro de Estudios A. C. y funcionaria electoral, considera que esto más que un problema de normatividad es un problema de los partidos políticos, quienes se niegan a respetar estos espacios.
Candidata en Durango votó en contra del matrimonio igualitario, pero hoy quiere representar la diversidad sexual
La diputada local en Durango, Verónica Pérez Herrera, se dijo ofendida por los señalamientos de la colectiva LGBT + Rights Durango, que ha denunciado que usurpó una candidatura a diputación federal. De obtener el cargo, Verónica Pérez Herrera sería una de las tres diputadas de la Cámara de Diputados que representen la diversidad sexual, según la acción afirmativa aprobada.
“He sido atacada en estos días que si salí del clóset o no, en la Comisión Estatal del PAN siempre hemos defendido los derechos humanos, independientemente de su género o sexualidad”, así manifestó la diputada local y pidió respeto a su privacidad frente a medios locales.
Sin embargo, tanto la diputada como la bancada panista votaron en 2022 en contra de una modificación al código civil del Estado de Durango para hacer posible el matrimonio igualitario, un derecho establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De hecho, en lo que va de la legislatura LXIX del Congreso de Durango solo se ha discutido un tema relacionado a la población LGBT+ y Pérez no lo respaldó. Durante la sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2022, pidió la palabra, subió al estrado y negó que el matrimonio sea para dos personas del mismo sexo.
“No es indispensable desvirtuar la naturaleza de una institución pública y social como lo es el matrimonio”, sentenció. Después propuso que las parejas homosexuales tengan una “sociedad de convivencia”.
En su intervención también defendió la postura del partido al que representa. “La doctrina e ideología de Acción Nacional ha sido y siempre será en favor de la familia y en favor de la vida, y no por defender dicha postura se puede calificar de odio o de rechazo hacia lo distinto”, dijo.
En lo que va de la legislatura, la diputada no propuso ninguna iniciativa o modificación relacionada con los derechos de la población LGBT+, de acuerdo a una revisión a su primer informe de actividades —cuando obtuvo un permiso y en sustitución estaba Teresa Soto—, su segundo informe de actividades y la información disponible sobre actividades legislativas en el Congreso de Durango.
La candidata pudo ser denunciada ante el Organismo Público Local Electoral (Ople) de Durango o ante el Instituto Nacional Electoral por el uso ilegítimo de las acciones afirmativas y, de haberse comprobado, pudo costarle su postulación.
Sin embargo, las fechas para presentar denuncias ya pasaron, reconoció la maestra Aracely Frías López, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Durango. La candidata no fue denunciada por ninguna organización o ciudadanía en general.
La integrante del INE dijo que la candidata presentó todos los requisitos necesarios para contender, entre ellos, una carta donde reconoce ser integrante de la población (LGBT+).
Animal Político cuestionó al partido y a la candidata, pero hasta el momento de la publicación no hubo respuesta.
En una de sus recientes entrevistas, otorgada a Revista La Nación, la candidata dijo que de llegar al curul su prioridad será el tema de salud y el regreso de las guarderías. En una revisión de su contenido en redes sociales se encontró que la candidata prioriza hablar temas sobre violencia de género.
Para entender mejor: ¿Cómo se eligen los diputados y se define a los ‘pluris’?
Candidatos hombres en San Luis Potosí se registran como del género femenino
Candidatos del Partido Verde y del PRD para la presidencia municipal se postularon como mujeres para poder calificar a las candidaturas bajo la acción afirmativa de la diversidad sexual, pero previo y durante su campaña se identifican como hombres.
En todos los casos de los candidatos, los dictámenes de paridad ya fueron aprobadas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPAC SLP).
Se trata de los candidatos abanderados por el Partido Verde, José Reyes Martínez Rojas por el municipio de Venado, Daniel Alfonso Zavala de la Rosa para Villa de Arista, y Roberto Carlos Medina Hernández para Vanegas. Además de Saulo Morales Guerrero, promocionado por el partido del PRD, para la presidencia municipal de Ahualulco.
Dentro de los acuerdos sobre el cumplimiento de la paridad de género en el registro de candidaturas de los partidos, hay una lista de las candidaturas y se puede ver que los candidatos registraron ser hombres de nacimiento e identificarse en su género como mujeres.
Sin embargo, previo y durante su promoción para contender por el cargo se refieren a sí mismos como “candidatos”.
En el mes de marzo, en el marco del día internacional de la mujer, José Reyes Martínez Rojas realizó una publicación para desear a las mujeres un amor sano y firmó su publicación como “amigo”.
Mientras Daniel Zavala, en el mes de enero, al realizar su registro a la precandidatura, publicó una foto donde se denomina “precandidato”. Lo mismo ocurrió con Roberto Carlos Medina Hernández y Saulo Morales Guerrero, en el mes de marzo, cuando hicieron público su registro como “candidato”.
El Sabueso revisó sus perfiles en redes sociales, boletines y noticias donde fueran citados, pero no se encontró que previo a su candidatura se identificaran como mujeres o como parte de la comunidad LGBTQ+. En cambio, se muestra que se identifican como “candidatos”.
En los documentos se indica que las candidaturas se registran dependiendo del género al que se autodescriben, por lo cual en el sistema estos candidatos fueron registrados como mujeres.
Esto, acorde a los criterios emitidos en una sentencia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la cual se manifestó que la “autoadscripción sexo-genérica” es suficiente para que las autoridades electorales queden obligadas a registrar a la persona bajo el género en el que se autopercibe.
Contactamos a José Reyes Martínez, quien se refirió a sí mismo con pronombres masculinos con expresiones como “estoy abierto” y dijo que aprovechó “todas las facilidades que nos brindaron para que se generaran las oportunidades para todas y todos”, y que él cumplió con todos los lineamientos que solicita el Ceepac y el INE. No obtuvimos respuesta de Daniel Zavala de la Rosa y no pudimos localizar a Roberto Medina ni a Saulo Morales.
El Sabueso habló con la consejera Zelandia Bórquez Estrada, presidenta de la Comisión de Género e Inclusión de San Luis Potosí, quien nos explicó que a partir del 2022 hay una nueva ley electoral en el estado con la cual se pide cumplir con una cuota de diversidad sexual.
Nos confirmó que de acuerdo con la sentencia del TEPJF, lo único que ellos deben hacer es confirmar que las cuotas se cumplan, revisando únicamente el género con el cual las personas se autoadscriban.
Por lo tanto, si se registran de género femenino se contará como una candidatura dada a una mujer. Excepto en las postulaciones de personas no binarias, estas no se pueden destinar a los espacios que son para mujeres.
En Michoacán candidato denuncia a su partido por proponer autoadscripción para contender
Emiliano Calvo Calderón, excandidato al municipio de Quiroga en Michoacán, reveló que su partido, Movimiento Ciudadano, le propuso firmar una carta de autoadscripción para asegurar que se identifica como mujer y así poder seguir en la contienda electoral, luego de que el Instituto Electoral de Michoacán determinó que la candidatura era para una mujer.
“La segunda opción que nos sugerían (desde el partido) es que todos los miembros de la planilla del género masculino firmaran el anexo número 9, que era un escrito de autoadscripción a la población LGBT”, contó el excandidato a medios locales de comunicación.
El ejercicio de usurpación de acciones afirmativas también se presentó en otras candidaturas de Michoacán.
Se trata de cinco candidatos del PAN a presidencias municipales que se registraron como mujeres bajo la acción afirmativa de personas de la población de diversidad sexual, pero no se refieren a sí mismos con pronombres femeninos.
Son Héctor Ceja Suárez, Jorge Luis Estrada Garibay, Fernando Alvarado Range, Luis Manuel Campos González y José Antonio Ramirez, quienes aseguraron identificarse como mujeres, pero sólo usan pronombres masculinos.
Héctor Ceja, candidato por el municipio de Peribán, se definió como “precandidato” cuando se registró al cargo en las instalaciones locales del partido. Lo mismo ocurrió con Fernando Alvarado, aspirante a gobernar Cuitzeo, que se nombra como “candidato” en sus promocionales durante la contienda.
Luis Manuel Campos González, candidato a Yurécuaro, realizó una publicación para promocionarse definiéndose como un “hombre de trabajo y entregado a su familia”. Mientras Jorge Luis Estrada Garibay, candidato a Ecuandureo, hizo un video de presentación para la ciudadanía donde se nombró como “hijo”, “licenciado”, “abogado” y cerró con la frase “quiero ser tu presidente”.
En el caso de José Antonio Ramirez, en una publicación en Facebook promueve a la comunidad LGBT, pero no hay fotografías, videos o citas que muestren que se identifica con el género femenino. El último video subido a su perfil de Facebook es llamado por terceros “amigo”, sin reclamar un cambio en el pronunciamiento.
Del PRI pudimos comprobar al menos cinco candidatos que se registraron bajo el género femenino pero que se presentan como hombres.
Melitón Naranjo, el aspirante a la presidencia de Salvador Escalante, se presenta a sí mismo como “presidente”, Al igual que José Díaz Camarena, quien va para el municipio de Numarán. También “Polo” Martínez en Purépero, quién en un video en el que anunció su candidatura se refirió a sí mismo con pronombres masculinos.
Juan Carlos Loaiza candidato a Zamora y Filiberto Villagómez en Tzintzuntzan se autodescriben en masculino, presentándose como “candidatos”.
Y por parte de Morena, José Alfredo Magdaleno se promociona como “candidato a presidente de Tanhuato”, a pesar de que está registrado bajo el género femenino.
También sucedió en Tamaulipas
El Partido Verde también registró en Tamaulipas a dos candidatos de género no binario para diputación por representación proporcional: Alejandro Tadeo Hinojosa y como suplente a Jorge Adalberto Bocanegra.
Tampoco encontramos registros previos en redes sociales o páginas oficiales que muestren que antes de aspirar a la diputación en este proceso electoral formaran parte de la población LGBTQ+.
El Sabueso buscó a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de Tamaulipas, pero hasta el momento no ha dado una entrevista.
Colectivos denuncian la misma situación en Oaxaca
Este tipo de prácticas donde colectivos denuncian que los partidos abusan de los espacios destinados a la diversidad sexual, también han sido reportadas en Oaxaca y Guanajuato.
En Oaxaca, colocaron un tendedero frente al Templo de Santo Domingo de Guzmán, donde expusieron a candidatos que se han registrado bajo las acciones afirmativas de diversidad sexual y de personas con discapacidad, sin pertenecer a estas poblaciones. Hacen un llamado a la “inclusión, no simulación”.
Rebeca Garza nos explicó por qué se eligió la autoadscripción como requisito y cómo se podría fortalecer
Hablamos con Rebeca Garza, integrante de Queertrans Centro de Estudios A. C. y funcionaria electoral, quien nos dijo que las acciones afirmativas se han logrado gracias a una trayectoria de lucha de diferentes comunidades para obtener estos espacios, los cuales los partidos políticos se niegan a respetar.
Nos explicó que hay dos tipos de autoadscripción que requiere el INE para las acciones afirmativas: la certificada y la simple.
La primera es cuando se pide un documento de terceros —como un médico o una asamblea indígena— para certificar, por ejemplo, tu identidad como persona indígena o con discapacidad. La segunda se usa para comprobar que una persona sea parte de la diversidad sexual.
En la autoadscripción simple sólo se llena un formato, el cual puede ser libre, en donde la persona afirma que se considera como parte de alguna comunidad LGBTQ+ y pide que se le registre como tal.
Nos compartió que esto se decidió ya que el reconocimiento a nivel civil de la identidad de género no incluye documentos, además de que hay estados que no lo reconocen como un derecho. Por lo cual exigir un documento que lo valide vulneraría el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.
Por ello no cree que sea necesariamente un problema de la normatividad, sino más bien el que “los partidos políticos históricamente han demostrado su negativa por respetar y cumplir estos mandatos”. Esto no sólo ha pasado con la diversidad sexual, sino que los partidos buscan burlar la paridad de género y las acciones afirmativas en general, señala.
Garza considera que para obligar a los partidos a cumplir con estos requisitos se podría también exigir un curriculum del candidato o candidata, en donde se indique qué ha hecho a favor de la comunidad a la cual dice pertenecer.
Pero sobre todo, nos habló de la importancia de crear canales y mecanismos de diálogo con la sociedad civil organizada, para que de manera institucional y con lineamientos, las autoridades electorales puedan recibir observaciones de las mismas comunidades de las cuales los candidatos se dicen parte.
“La población interesada ya está, lo que falta es un vínculo normado que regule cómo vamos a participar con las autoridades electorales para acompañarlos”, afirmó Garza. Nos dio de ejemplo que en Oaxaca hay un activista quien ha estado pidiendo la lista de candidaturas con discapacidad y no se la han dado.
Además, considera que también se debe de tipificar la violencia política por identidad u orientación de género. Así como violencia política por capacitismo y racismo. Así, cuando alguien se haga pasar por una persona de diversidad sexual, indígena o con discapacidad se le podría acusar de violencia política.
La situación se replica en otras acciones afirmativas
Esta situación no es exclusiva en las candidaturas de diversidad sexual. También hay denuncias de casos similares en otras acciones afirmativas, por ejemplo, de las poblaciones indígenas y afromexicanas.
Como reportó El Sabueso con anterioridad, se ha impugnado el registro de al menos siete candidatos que supuestamente representan a poblaciones indígenas bajo el argumento de que no cuentan con tal representación y que, por tanto, no deben ser considerados como parte de las llamadas acciones afirmativas.
Hablamos con Yuteita Ramos Hoyos, Coordinadora General de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, quien nos dijo que estos casos dejan ver cómo las personas indígenas continúan siendo discriminadas.
“El hecho de que haya personas utilizando la acción afirmativa indígena es una expresión de racismo. Es como decir ‘por qué un indígena va a llegar a este espacio si yo lo puedo ocupar’ “, expresa Ramos.
También lee: Suman 13 quejas por candidaturas indígenas en elección 2024, ¿con qué criterios valida el INE a las y los aspirantes?
El 20 de abril, esta asociación denunció la “tendencia utilitarista de la identidad indígena a través de la autoadscripción calificada”. Señalando que muchos candidatos bajo estas acciones afirmativas no tienen un vínculo con sus comunidades o territorios, ni han promovido acciones a favor de estas.
Además, señalan casos en donde la autoadscripción calificada no fue expedida por asambleas comunitarias, sino por “autoridades municipales, locales, ejidales o de otro tipo de manera unipersonal y no colegiada”, a veces incluso de poblaciones diferentes a la cual dicen ser.
Mijane Jiménez, representante del pueblo afromexicano ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, también denunció casos de “usurpación de la identidad Afromexicana en las candidaturas”.
En específico, están señalando a Yesenia Galarza del PAN, y a Mario Moreno Arcos y Gabriela Bernal de MC, quienes se han postulado para senadurías por la cuota afromexicana en Guerrero.
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Desde 1948 hasta el actual conflicto en Gaza, analizamos la fuerte alianza entre Guatemala e Israel y cómo conviven hoy las comunidades judía y palestina en el país centroamericano.
Frente al constante bullicio de motocicletas, autobuses y vendedores ambulantes de la concurrida 7ª Avenida de Ciudad de Guatemala, un muro custodiado por agentes resguarda el templo de la comunidad judía en el país centroamericano.
Con un imponente tejado blanco cuyas aristas componen la estrella de David, Sharei Binyamin es la principal sinagoga de Guatemala, un pequeño país fuertemente vinculado a Israel desde que jugó un papel relevante en la fundación de ese Estado en 1948.
Allí nos reunimos con miembros de esta comunidad y entrevistamos a su director ejecutivo, Ilan López, para hablar de los vínculos entre estos dos países separados por 12.000 kilómetros en un contexto político marcado por el conflicto en Gaza.
A pocas calles de distancia, en una cafetería, nos encontramos con Jamal Hadweh, presidente de la Comunidad Palestina.
Aunque ambos líderes insisten en el respeto mutuo, difieren en sus visiones sobre la historia compartida entre Guatemala e Israel, y la especial relación que une a ambos países.
Esta lleva afianzándose casi ocho décadas desde la histórica votación en la ONU para la fundación del Estado de Israel hasta el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén, pasando por una controvertida cooperación militar durante el siglo XX.
Ahora, en un contexto internacional polarizado en torno a lo que ocurre en Gaza, Guatemala ha reafirmado su cercanía con Israel, aunque con algunos giros inesperados.
Analizamos cómo se forjó esta peculiar relación y de qué manera los acontecimientos recientes en Oriente Medio la están poniendo a prueba.
Un voto decisivo
El 29 de noviembre de 1947, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Guatemala fue uno de los 33 países que votaron a favor del Plan de Partición de Palestina, establecido por la Resolución 181.
Esto implicaba, en efecto, respaldar la creación de Israel bajo un sistema de dos Estados en el antiguo protectorado británico.
Gobernaba Guatemala en aquel momento Juan José Arévalo -padre del actual presidente Bernardo Arévalo- que había iniciado una reforma democrática tras décadas de autoritarismo
“Su gobierno consideraba el genocidio judío entre 1933 a 1945 una gran catástrofe y además creía que había que poner fin al colonialismo británico en Palestina. Por eso apoyó desde el principio la Resolución 181 que proponía dos Estados: el Estado judío y el Estado árabe palestino”, explica Mauricio Chaulón, historiador y antropólogo social de la escuela de historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Fue clave en el proceso la figura de Jorge García Granados, embajador de Guatemala ante la ONU e integrante del Comité Especial para Palestina, que trabajó arduamente para lograr los votos en la Asamblea General a favor de la partición, rechazada por los países árabes.
Israel no ha olvidado el empeño de García Granados, a quien dedica sendas calles en Jerusalén y en el área metropolitana de Tel Aviv.
El 14 de mayo de 1948 Guatemala fue el segundo país del mundo, por detrás de EE.UU. y delante de la Unión Soviética, en reconocer la existencia del Estado de Israel.
“Guatemala estuvo ahí, en el medio, entre las dos potencias mundiales. Reconoció a Israel y, desde entonces, ha tenido un lugar fundamental en la historia moderna del Estado de Israel”, afirma Ilan López, director ejecutivo de la comunidad judía guatemalteca.
En 1956 Guatemala se convirtió en uno de los primeros países en abrir una embajada en Jerusalén, reconociendo de facto la soberanía israelí sobre una ciudad cuyo estatus estaba en disputa.
La consolidación de la alianza
La estrecha relación entre Guatemala e Israel se consolidó de forma tan decisiva como controvertida en los años más duros del conflicto armado interno de Guatemala.
Tras el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Árbenz en 1954 y la consolidación de un Estado autoritario y anticomunista alineado con EE.UU., la cooperación entre ambos países se orientó al terreno militar.
“El Estado sionista israelí, que va a empezar a hacer un viraje hacia el anticomunismo también de una manera bastante fuerte dentro del contexto de la Guerra Fría, entabla con el Estado de Guatemala una relación directa dentro de esos gobiernos militares contrainsurgentes”, indica el historiador Mauricio Chaulón.
A partir de los años 1970 esta alianza se intensificó hasta convertir a Israel -ya convertido en toda una potencia mundial en defensa- en el socio clave de los gobiernos militares guatemaltecos.
“En Guatemala el conflicto armado interno había tomado una característica de una guerra sucia desde el Estado, con graves violaciones de los derechos humanos. Cuando el Gobierno de Jimmy Carter, más democrático, decide ya no dar más ayuda militar a Guatemala, esa ayuda militar de Estados Unidos la sustituye Israel”, explica el académico.
Durante los gobiernos de Carlos Arana Osorio (1971-1974), Kjell Laugerud García (1974-1978) y Romeo Lucas García (1978-1982), Guatemala selló acuerdos con Israel que incluyeron venta de armas, municiones, aviones Aravá, helicópteros, sistemas de inteligencia y entrenamiento contrainsurgente.
La cooperación alcanzó su punto más intenso entre 1982 y 1983, durante la jefatura de Estado de Efraín Ríos Montt, una de las más sangrientas y oscuras del conflicto interno.
Además, señala el historiador, esta etapa añadió un tercer componente a la relación bilateral: el religioso.
Ríos Montt y otros miembros de su gobierno provenían del movimiento neopentecostal, lo que generó una identificación ideológica religiosa con el Estado de Israel, basada en interpretaciones bíblicas sobre el pueblo elegido y la Tierra Prometida.
Pese a la estrecha relación que unía a ambos países en aquel momento, y la dependencia guatemalteca de apoyo militar israelí, en 1980 el país centroamericano trasladó su embajada de Jerusalén a Tel Aviv en cumplimiento de una resolución de Naciones Unidas.
Tras casi cuatro décadas después, en 2018, Guatemala se convirtió en el segundo país, después de EE.UU., en reubicar su legación diplomática en Jerusalén.
La acción, marcada por el alineamiento de los entonces gobiernos de Jimmy Morales y Donald Trump, supuso para Guatemala romper con el consenso internacional de mantener las embajadas en Tel Aviv, y reforzar su vínculo político y simbólico con el Estado de Israel.
Unos años antes, en 2013, el gobierno de Otto Pérez Molina había reconocido en la ONU a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano”, lo que se considera una excepción en el alineamiento proisraelí de Guatemala.
Hoy ambos países mantienen una activa agenda de cooperación, reforzada con la puesta en vigor en 2024 de un tratado de libre comercio bilateral.
Guatemala exporta sobre todo productos agrícolas a Israel, que provee al país centroamericano de tecnología, farmacéuticos y maquinaria, entre otros productos, además de brindarle asistencia técnica en recursos hídricos, innovación o seguridad pública.
Ambos Estados también mantienen frecuentes intercambios educativos y culturales, así como programas de cooperación científica y transferencia tecnológica.
La comunidad judía y el sionismo cristiano
Emplazada en un complejo junto a canchas deportivas, un comedor y un extenso jardín, la sinagoga Sharei Binyamin, construida en 1959, resume más de un siglo de presencia de los judíos en Guatemala.
“La comunidad judía en Guatemala se fundó como institución hace 110 años, aunque hay evidencia de comunidades judías desde el siglo XVI, cuando escapaban de la Inquisición en España”, explica Ilan López.
El director de la comunidad, autodefinida como ortodoxa, sionista y moderna, asegura que “Guatemala siempre ha tenido una política abierta hacia la migración judía, lo que no es el caso de todos los países en América Latina”.
Sin embargo, la población de judíos apenas supera el millar, según estimaciones, en un país con aproximadamente 18,5 millones de habitantes, el más poblado de Centroamérica.
Pese a su reducido número, la comunidad judía asume un papel activo en la vida religiosa y política de Guatemala, algo que López señala como su principal rasgo distintivo.
A diferencia de otras comunidades judías del continente, con estructuras más cerradas por seguridad o tradición, en Guatemala los judíos mantienen intercambios constantes con otros grupos de la sociedad, e incluso su guardería está abierta a niños de familias de cualquier credo.
En todo caso, sus principales aliados son los cristianos evangélicos, que en Guatemala ya superan a los católicos en número de fieles, aproximadamente la mitad de la población.
López atribuye esta cercanía a una base doctrinal: para muchas iglesias evangélicas, el Antiguo Testamento es central y promueve “el amor y respeto al pueblo de Israel”.
“Tenemos una relación sumamente cercana con la Iglesia evangélica, en la que discutimos temas que tenemos en común: valores, la defensa del Estado de Israel, etcétera”, asegura.
Esa afinidad ha contribuido a que la reducida comunidad judía adquiera conciencia pública a través de actos interreligiosos, celebraciones y, sobre todo, los mensajes que los pastores evangélicos transmiten a sus fieles en cada sermón.
Las críticas de la comunidad palestina
No muy lejos de la sinagoga, nos reunimos en una cafetería de la capital con Jamal Hadweh, presidente de la Asociación Palestina Guatemalteca.
Hadwed es cristiano, como la mayoría de los palestinos asentados en el país centroamericano, “más de 25.000 de varias generaciones, aunque en la comunidad tenemos inscritos a unos 7.000”, afirma.
Explica que el primer registro de un palestino en Guatemala data de 1882.
Desde entonces las llegadas se intensificaron con oleadas entre 1912 y 1926, y posteriormente con las migraciones de 1930, 1948 -fundación de Israel-, 1967 -Guerra de los Seis Días- y las décadas de 1980 y 1990, la mayoría cristianos de Belén, Betjala y otras localidades de Cisjordania.
Estas familias de tercera, cuarta e incluso quinta generación están muy integradas en la vida económica: “Son empresarios, gente que tuvo que ver con la construcción de Guatemala, familias que hoy siguen brillando en el comercio, en la industria, como empresarios”, subraya.
Al igual que la comunidad judía, la Asociación Palestina Guatemalteca representa a la comunidad y organiza actividades sociales, culturales y humanitarias en el país.
Sin embargo, la relación entre ambas es fría y distante.
“La comunidad judía aquí trabaja con la Iglesia Evangélica, trabaja para destruir a Palestina, para destruir la imagen de un Estado palestino”, responde Hadweh cuando le pregunto por el trato con sus homólogos judíos.
Como cristiano nacido en la llamada Tierra Santa, el representante de los palestinos critica el apoyo incondicional de los evangélicos al Estado de Israel.
“Ellos no van a venir a enseñarme mi religión cuando yo nací donde nació Cristo. Si hoy son cristianos es por la resistencia de mi pueblo a lo largo de siglos, cuidando las iglesias y el patrimonio en Tierra Santa, no por Netanyahu. Te lo digo claro y sin miedo: el evangélico aquí es muy ciego”, sentencia.
Gaza y Guatemala
El ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y el conflicto que desde entonces se desarrolla en Gaza han impregnado el debate público en Guatemala, cuya sociedad muestra una marcada polarización.
El apoyo incondicional al gobierno de Benjamin Netanyahu por parte de la extensa comunidad evangélica contrasta con el rechazo frontal de grupos de izquierda y estudiantiles, reflejado en ocasionales grafitis de protesta en el centro de la Ciudad de Guatemala.
Ilán López asegura que la crítica legítima al Estado de Israel “no solamente es aceptada, sino bienvenida” y recuerda que el gobierno de Netanyahu “hoy en día recibe una crítica importante de parte de los propios israelíes”.
Puntualiza, sin embargo, que “cuando se vandaliza el museo, entendemos que se cruza una línea”, en relación a las pintadas sobre Gaza que aparecieron recientemente en las paredes del Museo del Holocausto de la capital.
El conflicto también se deja sentir dentro de la comunidad judía: “tenemos grupos que están a favor del gobierno israelí, grupos que están en contra, y creo que eso es completamente natural”,
Aun así, sostiene que la comunidad coincide en un punto fundamental: “Siempre vamos a defender el derecho de Israel de existir, y parte de esa defensa es ser críticos cuando ocurren cosas con las que no estamos de acuerdo”.
La postura favorable al Estado de Israel que el gobierno de Guatemala ha mantenido históricamente no cambió demasiado con la guerra, salvo excepciones, como el apoyo del gobierno guatemalteco a una resolución de la ONU para reconocer al Estado palestino tras el 7 de octubre.
“Eso fue, de alguna forma, premiar el terrorismo”, censura el líder de la comunidad judía.
Del lado palestino, Jamal Hadweh se queja de que el gobierno guatemalteco “está comprometido hasta el fondo con Israel, porque tiene mucha presión de la comunidad cristiana y la comunidad sionista”.
“Guatemala tiene una muy buena amistad con Israel, pero hay cosas que no pueden ser. Si tu amigo está haciendo el mal frente a ti, tienes que pronunciarte, y Guatemala nunca se ha pronunciado cuando matan a niños y mujeres palestinos”, alega.
Así, en un país que acoge a palestinos y judíos desde hace más de un siglo, las diferencias entre ambas comunidades sobre el conflicto que las enfrenta en una tierra lejana parecen difíciles de reconciliar.
Los dos lados coinciden, sin embargo, en el posible motivo de la falta de diálogo: a su juicio, la postura del otro es demasiado extremista.
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