Elecciones 2024: cómo se eligen los diputados y se define a los ‘pluris’
En los comicios de 2024 se renovará la Cámara de Diputados, pero ¿hay tipos de diputados?, ¿cómo votamos por ellos? Te contamos al respecto.
La Cámara de Diputados está integrada por 300 diputados uninominales y 200 diputados plurinominales o también conocidos como ‘pluris’. A grandes rasgos, la diferencia entre los dos tipos de diputaciones tiene que ver con la forma en la que son seleccionados.
Los diputados representan a la ciudadanía y su misión es presentar reformas, crear leyes, proponer eliminación de leyes que ya no son funcionales, aprobar el presupuesto, vigilar el gasto público y votar para designar funcionarios públicos.
Para elegir a los diputados uninominales el sistema electoral divide en 300 distritos federales al país, de manera que cada distrito federal tenga un representante. El diputado de cada distrito federal tendrá mayor comunicación con los ciudadanos de su distrito y buscará promover leyes solicitadas en su distrito.
Los diputados uninominales son seleccionados con base en un voto directo y gana el candidato que obtenga más votos. A esta forma de selección se le llama mayoría relativa. Cuando se acude a la urna electoral, se otorga una boleta para elegir al diputado del distrito federal donde vives, y aparece el nombre de los candidatos al cargo y cuál es el partido político que los abandera.
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¿Cómo se eligen los diputados pluris?
Para elegir a los ‘pluris’, el sistema electoral divide al país en cinco circunscripciones: noroeste, noreste, centro, sureste y suroeste. En cada circunscripción electoral se eligen a 40 diputados ‘pluris’ para que exista una representación proporcional. En total suman 200 curules.
A diferencia de los uninominales, los diputados ‘pluris’ no aparecen en una boleta.
Los partidos políticos arman un listado de 40 candidatos ‘pluris’ por cada una de las cinco circunscripciones. Es importante el orden de su listado. Por ejemplo, si recibieron ocho curules, los primeros ocho nombres de su listado serán quienes quedan designados como diputados plurinominales.
El trabajo de los ‘pluris’ se centra en acudir constantemente a la Cámara de Diputados a realizar votación y analizar reformas. Son quienes dedican más tiempo a debatir, analizar e investigar sobre las posibles reformas.
La selección de los ‘pluris’ depende totalmente del número de votos que recibieron los diputados uninominales, también conocidos como de mayoría relativa.
“El ciudadano que vota (por un diputado de distrito), por ejemplo en Guadalajara, vota en un distrito, pero al mismo tiempo su voto forma parte de una circunscripción…. Se suman los votos de todos los distritos que están dentro de esta circunscripción. Así se calcula el porcentaje de cada partido y se asignan los 40 (curules) de esa circunscripción en proporción a los votos obtenidos por partido”, explica Andrea Bussoletti, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué pasa con las votaciones de diputados cuando hay coaliciones?
Cuando un candidato uninominal es parte de una coalición te puedes dar cuenta porque en la boleta electoral aparecerá su nombre varias veces y debajo el partido al que representa. Por ejemplo, quienes representan a la alianza opositora PRI, PAN y PRD aparecerán en la boleta tres veces.
Para elegir a ese candidato se puede seleccionar sólo una casilla con su nombre, dos casillas con su nombre o la totalidad de casillas con su nombre.
¿Hace alguna diferencia si marco una casilla o varias?
La respuesta es sí. Cuando marcas solo una casilla significa que estás votando únicamente por uno de los partidos que conforman la alianza, explica Pamela SanMartín, ex consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Si marcas por solo un partido, el voto cuenta para ese partido en concreto para efectos de la repartición de pluris”, detalla.
Cuando se seleccionan dos o la totalidad de casillas que conforman la alianza, “lo que pasa es que la totalidad de votos que reciban los tres partidos de coalición o los dos partidos de coalición se distribuyen en su totalidad”, agrega la ex consejera electoral.
En las elecciones de 2021, el partido de Morena obtuvo 77 curules de diputaciones plurinominales. Le siguió el PAN con 40, el PRI con 30, el Partido Verde con 28, el Partido del Trabajo con 26, Movimiento Ciudadano con 10, el PRD con 5 y otros dos diputados se desmarcaron de sus respectivos partidos políticos y ahora son independientes.
¿Por qué hubo una diferencia significativa entre los curules asignados a Morena y a sus aliados?
En palabras del profesor Andrea Bussoletti esto se debió a que “fue el partido más votado y con una ventaja muy considerable comparado con el PRI y con el PAN”, y la gente seleccionó ese partido y dejó en blanco la casilla de sus aliados.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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