Gentrificación en México: ¿qué es, cuáles son sus causas y a quiénes afecta?
Para entender mejor
Luego de la protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México el pasado 4 de julio, en redes sociales surgió un debate sobre las causas y los responsables de este problema, entre cuyas consecuencias están el alza del precio de la vivienda y el costo de vida, la falta de acceso a un hogar y el desplazamiento de personas lejos de su lugar de origen.
Este fenómeno se hizo más visible tras el impacto de la pandemia de Covid-19 en 2020 y a raíz de la llegada de más nómadas digitales al país. Lo que causó el alza de los precios de la renta de viviendas, especialmente en zonas céntricas de la ciudad, así como el aumento de los espacios destinados a alojamientos temporales en plataformas digitales como Airbnb.
Para entender mejor: ‘No nos alcanza’: ¿Por qué es tan difícil comprar o rentar una casa en la CDMX?
¿Qué es la gentrificación y cuáles son sus causas?
La gentrificación inicia cuando un barrio o zona de la ciudad habitada por poblaciones de menores ingresos es revalorada por grupos con mayor capacidad económica que la población originaria. Conforme llegan nuevos habitantes, el entorno se va modificando, con mejoras en los servicios públicos y transporte, así como una mayor oferta de servicios privados, pero esto eleva los costos de vida y genera desplazamiento de la población originaria, de acuerdo con Carla Escoffié, especialista en materia de vivienda.
“La gentrificación por definición implica que se va a desplazar a una población de una zona para beneficiar a otro sector de la población. Entonces, no hay gentrificación positiva. Se puede mejorar la calidad de vida de un barrio, se puede mejorar los servicios, se puede mejorar los espacios públicos sin desplazar a las personas”, dijo Escoffié.
Las modificaciones en estos entornos se dan tanto por intervenciones estatales o como por privados, lo que provoca que estos espacios adquieran más plusvalía y se vuelva más atractivos para grupos sociales de mayor nivel adquisitivo y que deriven en la expulsión de habitantes con menores recursos, de acuerdo con Lorena Umaña Reyes, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM.
Esto además permite que sectores poblaciones con una mayor capacidad económica se apropien de lugares y construyan inmuebles destinados a personas de ingresos medios y altos, lo cual termina con el desplazamiento de la población originaria, generalmente con menores recursos, según explica Luis Alberto Salinas, investigador del Instituto de Geografía de dicha universidad.
Esto afecta principalmente a las personas que rentan su vivienda en dichas zonas, pues son más susceptibles al alza de precios, de acuerdo con un reporte de BBVA.
“Otras consecuencias se viven de puertas para adentro. Los vecinos no pueden hacer frente a la subida del alquiler, dejan de encontrar productos de primera necesidad cerca de sus viviendas o simplemente dejan de disfrutar de la vida de barrio que tenían antes. La única solución que encuentran es marcharse, normalmente a la periferia”, detalla.
¿Quiénes participan de la gentrificación?
Carla Escoffié destacó que las plataformas de alojamiento temporal y los nómadas digitales no son la principal causa de este fenómeno, por lo que afirmó que la gentrificación es una situación multifactorial donde se ven involucrados el déficit de vivienda, falta de políticas públicas y el aumento de los precios de la vivienda.
“La gentrificación se basa en la llegada de un grupo de personas con mayor poder adquisitivo a una zona. Entonces, esto se puede dar a través de distintos perfiles, pueden ser mexicanos, no sólo estadounidenses; no sólo los extranjeros gentrifican. La clave de la gentrificación es la desigualdad socioeconómica, no un tema de nacionalidad. Y lo mismo, las plataformas como el Airbnb no generaron la gentrificación ya existía”, señaló.
De la misma forma, la llegada de los nómadas digitales, trabajadores con mayor ingreso y que desempeñan sus actividades de forma remota, y la diversificación de plataformas de alojamiento temporal como Airbnb son elementos que participan en la gentrificación de algunas comunidades.
Otra de las causas de esta situación es la turistificación de algunas zonas urbanas, lo cual provoca cambios en las costumbres y la aparición de comercios destinados a la población con mayores ingresos. El análisis realizado por BBVA destacó que los pobladores originarios se ven afectados por el aumento de precios en la zona y en la falta de acceso a productos de primera necesidad.
“Se ha identificado que la gentrificación se desarrolla principalmente en los estados del centro del país y en regiones turísticas del noroeste, centro-occidente y suroccidente. Las principales clasificaciones observadas incluyen la gentrificación comercial, transnacional, empresarial, rural, alimentaria, verde, de sensibilidad, cultural y post-catástrofe.
“Estos territorios, ricos en recursos naturales y culturales, han generado una mayor movilidad turística, lo que ha intensificado los procesos de gentrificación y la exclusión de sectores socioeconómicos más vulnerables”, explicó el estudio Gentrificación En México: Un Análisis Sistemático Para Profundizar Su Comprensión En El Contexto Urbano.
¿Qué zonas se han sido afectadas por la gentrificación en México?
Durante la conferencia del 7 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en colonias como la Condesa y la Roma en la Ciudad de México existe mucha especulación inmobiliaria derivada de las rentas y plataformas como Airbnb.
Aunque la respuesta de la presidenta se da tras la protesta en la Ciudad de México, este fenómeno está presente en distintas ciudades del país como Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y Mérida.
Esto se da a la par de falta de espacios de vivienda en todo el país. Como te contamos, el déficit de vivienda en México asciende a 1.2 millones de unidades en 74 zonas metropolitanas. Además, la tendencia de la producción no ha logrado satisfacer las necesidades habitacionales de la población, ya que el crecimiento anual promedio de las viviendas particulares es más bajo que el crecimiento de los hogares.
Mientras que la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) de 2020, la última disponible, destacó que 3 millones de viviendas en el país son rentadas por no tener acceso a crédito o no tener recursos y sólo 54% de ellas cuenta con un contrato de renta. En el caso de la Ciudad de México, 46% de las viviendas particulares son rentadas por falta de financiamiento.
Esto también ha impactado a los precios de la vivienda. Según un análisis de BBVA, los precios de renta y compra de vivienda en México aumentaron más que los ingresos de las personas. Entre 2016 y 2022, los precios de venta de un inmueble crecieron 58.4% y el de la renta aumentó 16.5%, mientras que el ingreso laboral solo incrementó 4.1%. A esto se suma que 1.7 millones de hogares tienen un sobrecosto, lo que afecta a entidades como Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Hidalgo y Puebla.
Por otro lado, datos del Sistema Hipotecario Federal (SHF) muestran que entre 2019 y 2025 el precio de la vivienda promedio a nivel nacional pasó de 1 millón 071 mil 235 a 1 millón 859 mil 043 pesos, un alza de 73.5%. Mientras que en la Ciudad de México, donde se ubica el precio promedio más elevado, el alza fue de 25.23%, al pasar de 3 millones 087 mil 111 a 3 millones 866 mil 210 pesos.
Mientras que para las rentas, un reporte de la plataforma Inmuebles24, publicado en febrero de 2025, muestra que los precios aumentaron 13.5% en el último año en la Ciudad de México. Además, los precios promedio de la renta se encontraban en 14 mil pesos en diciembre de 2018 y pasó a 19 mil pesos en febrero de 2025, según el portal.
Necesario impulsar políticas públicas en materia de vivienda
En respuesta a la protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que buscará, junto con el gobierno de la Ciudad de México, mecanismos para evitar la expulsión de la población original de las comunidades.
Además, adelantó que colaborará con el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para encontrar mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida.
Mientras que, el gobierno capitalino se dijo en contra de la gentrificación y sus consecuencias. Además, mencionó que se han impulsado políticas públicas en materia de vivienda, tal como créditos accesibles para el mejoramiento y construcción de viviendas, así como rentas asequibles.
Aunque esta no es la primera vez que se anuncian medidas ante este problema. El año pasado, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, afirmó que las rentas de inmuebles han aumentado ocho veces más que el salario general entre 2007 y 2023 en la Ciudad de México.
Ante ello, la Ciudad de México aprobó dos reformas para limitar el hospedaje en plataformas como Airbnb, prohibir el uso de inmuebles de programas de vivienda social y reconstruidos por el sismo de 2017 con estos fines y estableció que las rentas no podían aumentar más que la inflación.
Sin embargo, cabe destacar que en 2022, cuando era jefa de gobierno, firmó una alianza para promover a la CDMX como “capital del turismo creativo” y destino para “nómadas o trabajadores digitales” con Airbnb y la Unesco, donde negó que este acuerdo incremente el precio de las rentas.
Incluso, el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, reconoció las consecuencias de este fenómeno. El documento refiere que la capital del país expulsa 23 mil hogares anualmente debido a la falta de opciones crediticias y otros mecanismos para acceder a una vivienda formal.
Pero esta población continúa realizando actividades laborales en la entidad, por lo que aumentan los tiempos invertidos en movilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México.
“La creciente regeneración de inmuebles, con estilos arquitectónicos nuevos en barrios de valor patrimonial, con zonas de alta accesibilidad a servicios y oportunidades, ha generado procesos de gentrificación (expulsión de moradores originales) que tienen como base la alta valoración económica del suelo y la llegada de población que no se interesa por la preservación cultural y patrimonial, ni la riqueza de la mixtura social y económica que existía”, indicó el programa de ordenamiento.
Por otro lado, Escoffié subrayó que la gentrificación también es resultado de una política fallida en materia de vivienda en los últimos cincuenta años. Pese a que hay avances en esta materia, la especialista mencionó que aún faltan abordar otras situaciones, tales como bancos de suelo, proyectos de vivienda estratégicas, desalojos forzados, cooperativas de vivienda, entre otras.
“Hay que revisar esa regulación y ver hasta dónde ha funcionado y que le falta y seguir trabajando. Hay ejemplos en otras ciudades del mundo; Barcelona tiene ejemplos de esto donde ha crecido también la gentrificación y el aumento de las rentas. Entonces, hay que vernos mecanismos que permitan recibir visitantes y al mismo tiempo no se generen estos mecanismos de gentrificación”, señaló la presidenta en su conferencia de prensa del 7 de julio.
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La tasa de suicidio en Chile en 2024 llegó a alrededor de 10.5 muertes por 100 mil habitantes, cuatro puntos por sobre la tasa de fallecimientos por homicidios en ese mismo periodo. Pero, ¿cómo se caracteriza este complejo problema de salud pública en el país sudamericano?
“No sé si ustedes saben que en Chile hay más suicidios al año que homicidios. En Chile se suicida más gente que la que muere en condiciones o víctima de la delincuencia”, dijo el presidente Gabriel Boric semanas atrás.
La afirmación, que podría ser simplemente un dato de salud pública, no lo es si se considera el contexto en el que se dijo: una campaña electoral donde la principal preocupación de los chilenos es la inseguridad.
“Los dos, por cierto, son terribles, no se trata de que una valga más que la otra, pero de una se habla mucho, de la otra se habla poco. Y por eso es importante hablar muy firme y muy fuerte de salud mental, es para cuidarnos, es para cuidarnos entre todos”, agregó Boric.
La sensación de inseguridad ha aumentado en los últimos años en ese país, entre otros factores, por el incremento de los niveles de violencia en delitos comunes como el robo y la reciente presencia de grupos criminales como el Tren de Aragua.
La contracara de aquello es que las cifras de delitos violentos han ido a la baja respecto del año pasado, según datos del Ministerio de Seguridad Pública de Chile.
La agenda de seguridad ha estado en el centro del debate nacional en el marco de las elecciones presidenciales, cuyo balotaje se celebrará el próximo 14 de diciembre entre la comunista Jeannete Jara y el derechista ultraconservador José Antonio Kast.
Y, aunque en mucha menor medida, el tema de la salud mental también ha sido parte de la discusión. Jara ha puesto especial énfasis en el tema. Ella tiene una historia personal al respecto: su primer marido se suicidó poco después de haberse casado.
“Un fallecimiento por suicidio es un duelo casi eterno”, ha dicho.
En su programa de gobierno propone justamente fortalecer la estrategia de prevención del suicidio y la implementación de un nuevo modelo de atención de salud mental en urgencias.
Kast, por otro lado, tiene entre sus propuestas fortalecer el plan nacional de salud mental y dar apoyo principalmente a adultos mayores.
Una tendencia sostenida
La tasa de suicidio en Chile en 2024 llegó a alrededor de 10,5 muertes por 100.000 habitantes.
El número es un poco mayor al promedio mundial (≈9,0), pero se encuentra entre los más altos de América Latina, de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud de 2019.
Chile está por debajo de Uruguay, país que tiene de las tasas más altas de la región (21,35), pero por sobre países como México, Colombia o Brasil.
A la vez, tiene una tasa similar a las estimaciones para Europa, pero menor a la de Estados Unidos, la que ronda entre los 14 y 16 suicidios por 100.000 habitantes, de acuerdo a cifras del Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Más allá de la comparativa global, hace años y ya de manera sostenida se ha observado que el suicidio representa una mayor cantidad de muertes que los homicidios en el país, siendo la primera la principal forma de muerte violenta entre el 2018 y el 2024, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud de Chile.
“Esto implica que, pese a la creciente preocupación pública por la violencia interpersonal y el crimen, la violencia autoinfligida continúa representando una carga mayor desde la perspectiva de salud pública. En promedio, Chile enfrenta aproximadamente el doble de muertes por suicidio que por homicidio”, se lee en el Informe violencia autoinfligida e interpersonal, elaborado por el gobierno del país sudamericano.
En 2024 se registraron 1.984 suicidios, mientras que en el mismo periodo se registraron 1.207 víctimas de homicidios, lo que equivale a una tasa de 6,0 muertes por 100.000 habitantes.
“Eminentemente masculino”
De acuerdo a un estudio de académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, que indagó en la evolución histórica del fenómeno del suicidio en Chile (1920-2020), este ha ido aumentando significativamente en el porcentaje total de muertes en el país.
Si a inicios del siglo XX ocupaba una parte casi insignificante en el porcentaje total de decesos (0,2%), hoy se ubica en torno a un 2%.
El perfil de quienes más se suicidan hoy en Chile se concentra en la población masculina, algo que coincide con las tendencias mundiales.
Manuel Alberto Llorca, uno de los investigadores a cargo del estudio historiográfico del suicidio en Chile, explica a BBC Mundo por qué este es un fenómeno “eminentemente masculino”.
“En Chile el suicidio afecta principalmente a hombres. De cada cinco suicidios, aproximadamente cuatro los cometen ellos”, sostiene.
Llorca explica que esta brecha se da, por un lado, porque “los hombres tienden a ser más violentos, pero también tienen más acceso a armas letales, es decir, son más efectivos al momento de intentarlo, mientras que las mujeres lo son menos”.
“También los hombres consumen mucho más alcohol que la mujeres, lo que normalmente es un gatillante. El hombre recurre menos a atención psicológica y tiene menor tolerancia a la frustración, sobre todo, en países machistas donde se espera que sea el proveedor”, agrega.
Según el Ministerio de Salud de Chile, los hombres de 65 y más años se han mantenido como el grupo con mayor tasa de mortalidad desde 2004, con excepción de los últimos dos años, donde de acuerdo a números preliminares los hombres de los grupos de 40 a 64 años y de 20 a 39 se suicidaron más.
En contraste con aquello, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud de Chile, la prevalencia de trastornos depresivos, por ejemplo, es mayor en mujeres que en hombres. Lo mismo si se mira el riesgo de tener una lesión autoinfligingida con intención suicida, la que es el doble en la población femenina respecto de la masculina.
En Chile también se ha reportado una disminución del suicidio entre adolescentes, aunque sigue encontrándose entre las primeras causas de mortalidad para la población entre 15 y 29 años, según el Ministerio de Salud.
La subsecretaria de Salud Pública de Chile, Andrea Albagli, explica a BBC Mundo la importancia que ha tenido la creación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que desde 2013 ha permitido institucionalizar una política específica a nivel estatal.
Bajo ese marco el país se fijó como meta sanitaria disminuir la mortalidad por suicidio entre los jóvenes, algo que dio resultados positivos.
“Tenemos una disminución general de la mortalidad por suicidio y, por sobre todo, una disminución mayor en la población joven”, señala Albagli.
Mayor riesgo en la vejez
A la vez, el país ha registrado un aumento en el riesgo de fallecimiento por suicidio entre la población masculina adulta y adulta mayor, y en particular en mayores de 80 años.
“Si uno mira la tasa de mortalidad por suicidio según sexo y según edad, que es otra manera de medir el riesgo específico, ahí te surge interesantemente otro grupo poblacional prioritario -y esto no solo ocurre en Chile sino que a nivel mundial- y es que es mucho mayor en población adulta mayor entre hombres”, explica Albagli.
La subsecretaria y psicóloga de profesión recalca que “la cifra es muy elocuente: para el periodo 2018-2022, la tasa de mortalidad acumulada en mujeres sobre 80 años fue de 1,4 por 100.000 habitantes, en el caso de los hombres de ese mismo tramo de edad fue de 31,1”.
“Si evalúas por sexo y por edad, no hay riesgo más alto que el riesgo de muerte por suicidio en población adulta mayor masculina”, agrega.
De acuerdo a la autoridad, uno de los factores de riesgo significativos entre la población de hombres adultos mayores es una mayor tendencia al aislamiento, la soledad, la ausencia de red de apoyo y la precariedad económica.
Si se mira el fenómeno desde una perspectiva geográfica, en tanto, se puede ver que las regiones del sur del país como Aysén, La Araucanía y Los Ríos exhiben tasas consistentemente superiores al promedio nacional en las últimas dos décadas, de acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Salud Pública.
El estigma y otros determinantes
“Las causas del suicidio son múltiples, ya que incluyen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales presentes a lo largo de la vida”, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre este fenómeno.
Está bien documentado en la experiencia comparada que las tasas de suicidio son mayores en países menos desarrollados.
A nivel mundial, se cometen unos 720.000 suicidios por año, y más de tres cuartas partes ocurren en países de ingreso bajo o medio, de acuerdo a la Organización Panamericana de Salud (OPS).
En el caso de los países de ingresos medios y altos, como ese el caso de Chile, la OMS ha informado sobre una relación entre el suicidio y los trastornos mentales, “en particular, la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, si bien el principal factor de riesgo es, con diferencia, un intento previo de suicidio”.
El organismo destaca que, sin embargo, muchos casos ocurren de forma impulsiva en situaciones de crisis derivadas de problemas económicos, desempleo, desigualdad, dolor crónico, suicidio de una persona cercana, exposición a la violencia, falta de acceso a los servicios de salud mental y el estigma.
Sobre ese estigma es que la administración del presidente Gabriel Boric ha enfocado su estrategia de prevención.
De hecho, en octubre pasado se lanzó la primera campaña comunicacional nacional dedicada a la salud mental. Con el lema “Estigmatizar cierra puertas. Abramos la conversación a la salud mental”, el gobierno chileno busca justamente generar mayor conciencia sobre la prevención del suicidio en ese país.
El mandatario chileno ha jugado un rol activo en hablar del tema, haciendo público su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) e incluso abordando abiertamente una internación voluntaria en un hospital psiquiátrico antes de llega a la presidencia.
“Durante mucho tiempo el tema de la salud mental se ha vivido en silencio, con estigmas, de manera prejuiciosa, siendo que es parte esencial de la salud integral de toda la población. Si alguien está haciendo deporte y se fractura y se va a operar lo cuenta sin ningún problema…Pero si alguien estuvo internado en un hospital psiquiátrico, como yo, que estuve internado tres semanas en un hospital psiquiátrico voluntariamente, el solo hecho de decirlo como que provoca escozor”, dijo en septiembre pasado en la inauguración de un centro de salud primaria especializado en salud mental en la capital chilena.
Los desafíos pendientes
Pese a que en sectores del mundo académico y de la salud mental se ha valorado que el gobierno chileno tenga entre sus prioridades este tema, también advierten que hay muchos desafíos pendientes.
A la administración actual se le ha cuestionado por poner demasiado énfasis en el relato y no así en políticas públicas concretas.
“Aquí no ha habido ningún aumento significativo en inversión en términos de salud mental durante este gobierno. Y la atención psiquiátrica en el sector público sigue siendo bien miserable. Eso no ha cambiado en absolutamente en nada”, dice Llorca.
Esto último coincide con las conclusiones del último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, el que detectó que “en el sistema público de salud una mujer o un hombre adulto deben esperar 236 días -en promedio- para recibir atención psiquiátrica. Mientras que un niño, niña o adolescente tiene que esperar 292 días”.
“Se trata de situación que afecta la accesibilidad a ayuda, algo fundamental para garantizar el derecho a la salud mental”, agrega un reporte del organismo.
En su informe el INDH también advierte sobre el hecho de que “pese a los esfuerzos y compromisos del Estado de aumentar el presupuesto destinado a salud mental, existe poca claridad respecto de su progreso en relación con las necesidades existentes”.
En el 2025 el Estado de Chile destinó un 4,5% de su gasto público en salud a la salud mental, por debajo del 6% recomendado por la OMS, aunque por sobre lo que destinan en promedio los países a nivel mundial.
La académica de la Universidad de Chile y Directora del Centro Colaborador OPS/OMS para el Desarrollo, Capacitación e Investigación en Salud Mental, Olga Toro, ha advertido sobre los desafíos pendientes.
“Aun cuando se reconoce que hay más conciencia, persisten la barrera del estigma, el limitado reconocimiento de la participación de personas con experiencia vivida y los débiles mecanismos de coordinación intersectorial que disminuyen la efectividad de los esfuerzos públicos”, afirmó en octubre pasado.
Otro de los desafíos pendientes que reportan expertos es la falta de especialistas en el sistema de salud pública.
La subsecretaria Albagli asegura que la estrategia adoptada por el gobierno chileno ha tenido buenos resultados.
Para ella, poner el foco en el relato va en línea con la primera prioridad en materia de salud mental: terminar con el estigma social que lo rodea y que así las personas no teman a pedir ayuda.
De hecho, destaca que entre 2021 y 2025 la red pública de salud mental experimentó un aumento histórico en su actividad asistencial, con las prestaciones ambulatorias pasando de 3,2 millones en 2021 a 6,3 millones en 2024.
Asimismo, las hospitalizaciones psiquiátricas se incrementaron de 34.000 en 2021 a más de 50.000 en 2024.
Por otro lado, la autoridad recalca que el gobierno ha impulsado políticas específicas que han tenido resultados concretos. Entre otros, el establecimiento en 2023 de la Línea de prevención del suicidio *4141, la que opera 24 horas al día y ya suma más de 227.000 llamadas gestionadas y miles de personas conectadas con atención de salud.
Si tú o alguien de tu entorno piensa en el suicidio, busca ayuda. Puedes encontrar recursos de apoyo en este enlace.
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