TV Azteca, bajo concurso mercantil: estas son las deudas que arrastra Grupo Salinas
Como te contamos en esta nota, TV Azteca —propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego— anunció que recurrirá al concurso mercantil para llevar a cabo una reorganización financiera, corporativa y operativa. El objetivo es reestructurar sus pasivos y asegurar la continuidad de sus operaciones. Pero ¿cuál es el tamaño real de sus compromisos financieros?
Grupo Salinas es un conglomerado con presencia en servicios financieros, comercio especializado, telecomunicaciones y medios. En su estructura figuran empresas como Banco Azteca, Grupo Elektra y TV Azteca.
La mañana del jueves 26 de febrero, el grupo informó que TV Azteca cubrió en su totalidad los más de 5,063 millones de pesos que adeudaba al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por impuestos atrasados. Este pago solo corresponde a la deuda de la televisora con el SAT.
En un comunicado, la empresa precisó: “Se suma el pago de los impuestos al SAT el pasado mes de enero, que fue liquidado en su totalidad, lo que implicó otro impacto financiero significativo”.
Sin embargo, el grupo empresarial aún acumula 18 pagos pendientes con el SAT. La televisora, además, aún adeuda 10,100 millones de pesos a acreedores en Estados Unidos y 1,708 millones de pesos a Banco Azteca.
Cambios drásticos en la industria de la televisión, pago millonario en 2018 por licencias de transmisión, el impacto de la pandemia de covid-19 y el reciente pago inicial de los impuestos y adeudos fiscales al SAT son algunos de los factores que expone Grupo Salinas como detonantes para realizar una reestructuración financiera de sus pasivos.
El caso de TV Azteca
Respecto a la deuda de la televisora, el monto total no se conoce. De acuerdo con el diario Reforma, la empresa no ha publicado informes desde 2022. Al cierre de ese año, solo admitió que TV Azteca contaba con una deuda equivalente a 9,449 millones de pesos y “no existe garantía de que las condiciones de mercado permitirán refinanciar sus adeudos existentes al vencimiento”. Pero especialistas apuntan a que la cifra debe ser mayor.
En síntesis, TV Azteca no solo enfrenta pendientes fiscales. También ha sido objeto de demandas en Estados Unidos por obligaciones vinculadas con la emisión de bonos en 2017, equivalentes a 400 millones de dólares. El litigio con los tenedores de deuda, que comenzó tras incumplimientos registrados desde 2021, continúa activo. Con los intereses acumulados, el monto reclamado supera los 580 millones de dólares y se disputa en tribunales del Distrito Sur de Nueva York.
Cabe destacar que los acreedores en Estados Unidos acusan a la televisora de Salinas Pliego de retrasar los procesos legales. El juez Paul Gardeph debe emitir una respuesta el 27 de febrero sobre el inicio del juicio contra la televisora en Estados Unidos.
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En 2023, el diario The Wall Street Journal informó que un grupo de tenedores de bonos presentó una petición bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, con el propósito de que la empresa fuera declarada en bancarrota y quedara sujeta a un proceso de reorganización judicial.
De igual manera, la televisora del Ajusco ha afrontado conflictos con AT&T por un adeudo fiscal que, según la compañía estadounidense, el empresario Salinas Pliego dejó pendiente cuando vendió Iusacell en 2015.
Según el diario El País, la jueza Andrea Masley, a cargo del caso en Estados Unidos, ordenó al Grupo Salinas Telecom y a su propietario el pago de una fianza de 25 millones de dólares para cubrir los daños a AT&T Mobility Holdings B. V. y New Cingular Wireless Services.
La empresa estadounidense adquirió Iusacell en 2015 por 2.5 millones de dólares. En ese momento, la firma era el tercer proveedor de telefonía móvil en México, con más de 8 millones de usuarios; sin embargo, arrastraba una elevada deuda fiscal.
Una deuda fiscal de 18 pagos
En noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las empresas de Salinas Pliego debían cubrir al fisco un monto de 51,000 millones de pesos. No obstante, el 29 de enero de 2026 el Servicio de Administración Tributaria ahondó que Grupo Salinas pagaría 32,132 millones 897,658 pesos, en virtud de los beneficios previstos en el Código Fiscal de la Federación.
De esa cifra, 10,400 millones 630,537 pesos fueron ingresados a la Tesorería de la Federación ese mismo día (equivalente al 32.36 % del total a cubrir). El monto restante, aclaró, “será cubierto mediante 18 pagos”.
Mientras, la empresa de Ricardo Salinas Pliego informó en un comunicado que, con el pago al fisco, se habría cubierto “absolutamente todo” lo que el SAT exigió a lo largo del litigio que sumó 20 años de controversia.
“En los últimos 20 años, nuestras empresas han pagado más de 300,000 millones de pesos en obligaciones fiscales. Nadie puede negar que cumplimos con México (…) A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”, puntualizó entonces.
El Sabueso solicitó la postura del SAT, que respondió: “No podemos dar información de los contribuyentes. En cuanto a pagos, el SAT no los recibe, sino la Tesofe”.
Por su parte, Grupo Elektra, conglomerado comercial y financiero propiedad de Salinas Pliego, reportó recientemente una pérdida histórica en el cuarto trimestre de 2025 tras el acuerdo para cubrir adeudos de impuesto con el SAT.
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De acuerdo con Bloomberg, la empresa registró una pérdida neta de 19,859 millones de pesos el año pasado. La compañía la atribuyó a un cargo por impuestos a la utilidad de 23,261 millones de pesos, relacionado con una provisión del impuesto sobre la renta (ISR) y créditos fiscales.
El resultado negativo de la firma dueña de las tiendas Elektra y de Banco Azteca supera en 70 % los 11,656 millones de pesos que reportó en el mismo periodo del año anterior. El desplome de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores profundizó el impacto. Se trata de la pérdida más alta desde 1996, según los registros del medio financiero.
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El crimen de Franco fue motivado por su resistencia contra una ley que legalizaría unos condominios en la zona oeste de Río de Janeiro.
Un tribunal en Brasil condenó este miércoles a cinco hombres implicados en el asesinato a tiros de la concejala Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, ocurrido en 2018 en Río de Janeiro.
Todos ellos ocuparon cargos en el gobierno del país sudamericano.
Y, de acuerdo con la policía, la ejecución se debió a la resistencia de la también activista y su agrupación, el Partido Socialismo e Liberdade, a un proyecto de ley que legalizaría los condominios en la zona oeste de la ciudad carioca.
Los barrios del área están controlados por milicias que explotan desarrollos inmobiliarios ilegales.
Los condenados son: Domingos Brazão, miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro; el exdiputado federal Chiquinho Brazão, hermano de Domingos; el mayor Ronald Alves de Paula, de la Policía Militar; y el expolicía militar Robson Calixto, asesor de Domingos.
El exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa, fue absuelto por el asesinato. Sin embargo, fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de obstrucción a la justicia y corrupción pasiva, por haber recibido dinero de la milicia para obstaculizar las investigaciones.
“El tema político se combinó con la misoginia, el racismo y la discriminación. Marielle era una mujer negra y pobre que estaba desafiando los intereses de los milicianos. ¿Qué mensaje más fuerte se podía enviar? Y en las mentes misóginas de los perpetradores, ¿a quién le importaría eso?”, señala un comunicado del ministro Alexandre de Moraes, relator del caso.
Los hermanos Brazão, señalados como los autores intelectuales, recibieron condenas de 76 años y 3 meses de prisión cada uno por doble homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictiva armada.
El cargo de tentativa de homicidio corresponde a que en el auto, que fue alcanzado al menos por nueve disparos, también viajaba la colaboradora de la concejala, Fernanda Chaves, quien sobrevivió al ataque.
Por su parte, Alves de Paula fue condenado a 56 años de prisión por doble homicidio y tentativa de homicidio, mientras que Calixto a nueve años de prisión por participación en asociación delictiva.
Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los hermanos Brazão
Los hermanos Brazão tienen una larga trayectoria en la política de Río de Janeiro.
Chiquinho Brazão, el hermano mayor, fue diputado federal por Río de Janeiro hasta su destitución en abril de 2025.
En octubre de 2023, fue nombrado por el alcalde de Río, Eduardo Paes, para la Secretaría Especial de Acción Comunitaria, pero dejó el cargo después de que el nombre de su familia fuera mencionado en el testimonio de Élcio Queiroz, expolicía militar arrestado y acusado de conducir el vehículo utilizado el día del asesinato de la concelaja.
Domingos Brazão, por su parte, mantuvo su cargo como miembro del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) hasta su condena, y recibió su compensación de 56.000 reales (más de US$10.000), incluso estando en prisión preventiva.
Exdiputado estatal y empresario de la industria petrolera, ganó sus primeras elecciones en 1996, convirtiéndose en concejal en Río de Janeiro.
Su base electoral es la zona oeste de la ciudad, cuna de las milicias del estado. En el año 2000, se postuló a la alcaldía, pero quedó en octavo lugar; su labor siempre fue regional.
En 2015 fue elegido miembro del Tribunal de Cuentas del Estado.
Controvertido, el nombre de Brazão fue incluido en un informe sobre milicias de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2007.
El asesor del Tribunal de Cuentas siempre negó las acusaciones de participación en delitos e irregularidades. Las atribuyó a disputas políticas, a la lucha por votos y a bastiones electorales.
Brazão admitió, sin embargo, haber asesinado a un hombre durante un debate legislativo en 2014.
“Sí, maté a alguien”, dijo Brazão, quien también reconoció haber sido arrestado por el crimen, pero afirmó haber sido absuelto, según el periódico O Dia.
“Pero eso fue hace más de 30 años, cuando tenía 22 años. Fue un matón que fue a mi calle, a mi casa, el día de mi cumpleaños, para confrontarme a mí y a mi familia. La justicia falló a mi favor”, afirmó en aquel momento.
En 2017, también fue vinculado a una presunta trama de sobornos, caso del que salió airoso.
Un exdirector de la Policía
Rivaldo Barbosa, exdirector de la Policía Civil de Río de Janeiro, asumió el control de la agencia un día antes de la muerte de Marielle.
Fue condenado por obstrucción a la justicia y corrupción pasiva por usar su cargo para proteger a los hermanos Brazão de las investigaciones.
Dirigió la policía entre marzo y diciembre de 2018, dejando el cargo tras la investidura del exgobernador Wilson Witzel.
Se destacó como jefe de policía en la década de 2010, desempeñándose como director de la División de Homicidios de 2012 a 2015. Su labor resultó en un aumento en la resolución de casos de homicidio en Río.
Barbosa fue nombrado jefe de la Policía Civil en 2018 durante una intervención federal en Río de Janeiro ordenada por el entonces presidente Michel Temer tras un aumento de la delincuencia durante el Carnaval.
En la primera fase de la investigación del caso de Marielle Franco, dijo que garantizaría una investigación exhaustiva y que el crimen no quedaría impune.
En una entrevista con GloboNews, la madre de Marielle, Marinete Silva, confirmó que el jefe de policía recibió a la familia después del crimen.
“Era un hombre que decía que era una cuestión de honor para él resolver este caso”, declaró.
El mayor Ronald y Robson Calixto Fonseca
El expolicía militar Ronald Paulo de Alves, conocido como el “mayor Ronald”, está acusado de vigilar a la concejala. Anteriormente había sido arrestado por su participación en la milicia en Rio das Pedras y sus alrededores, en la zona oeste de Río.
En 2004, recibió una condecoración del entonces diputado Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro por sus servicios al Estado.
Estaba destacado en el 22.º Batallón de la Policía Militar en el Complexo da Maré y fue condecorado por el parlamentario tras un operativo que abatió a tres delincuentes en la comunidad.
Robson Calixto Fonseca, conocido como Peixe, es un policía militar retirado y exasesor de Brazão en la legislatura de Río de Janeiro y posteriormente en el Tribunal de Cuentas.
Según una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, también está involucrado en las milicias de Río.
Con información de Wilson Tosta para BBC News Brasil.
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