
Una fotografía en la que aparece el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, junto a Ulises Sánchez Garibay, alias “El Inge” —entonces operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— volvió a circular en redes sociales a tres días del operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en el que murieron 25 elementos de la Guardia Nacional. Pero, ¿qué hay detrás de esta imagen?
En redes sociales circula la imagen de ambos personajes, incluso algunos usuarios sostienen que se trata de una foto reciente. Una de las publicaciones, por ejemplo, supera las 21,000 visualizaciones en X. Sin embargo, la imagen se remonta a hechos ocurridos en 2018 y 2021.
En la edición 2317 de Proceso —cuya portada llevó el título “Imparable, la incursión militar” y mostró al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador—, la periodista Patricia Dávila firmó el reportaje “El jefe del Estado Mayor de la Sedena, exhibido en un encuentro con ‘El Inge’”. En ese texto, del 28 de marzo de 2021, aparece la imagen que hoy vuelve a difundirse.
En primer plano se aprecia a Trevilla Trejo de espaldas intercambiando palabras con Sánchez Garibay, quien viste gorra y playera azul; a su costado permanece un policía federal. El reportaje señala que la fotografía se publicó por primera vez el 29 de junio de 2018 en La Rancherita del Aire, un medio local de Piedras Negras, Coahuila. En ese periodo, Trevilla Trejo ocupaba el cargo de comandante de la 43/a Zona Militar en Apatzingán, Michoacán.

“En enero de 2017 Trevilla fue nombrado comandante de la Guarnición Militar de la Plaza de Piedras Negras, Coahuila. De allí lo trasladaron a Apatzingán, donde fue fotografiado en diálogo con Sánchez Garibay, ‘El Inge‘, también operador financiero de Miguel Ángel Gallego, alías ‘El Migueladas‘”, se lee en la revista.
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En una carta enviada a Corona Martínez, entonces secretario de Seguridad del gobierno de Silvano Aureoles (2015-2021) en Michoacán, en julio de 2018, bajo el asunto de “Fuga de información”, Trevilla Trejo explica que la imagen fue tomada por un elemento de la policía michoacana y describe a Sánchez Garibay como “integrante de los extintos grupos de autodefensa”.
En sus palabras, la conversación que mantuvo con “El Inge” fue con el fin de indicarle los delitos en que incurren las personas que se oponen a la autoridad, tales como bloqueos a las vías de comunicación, resistencia a la autoridad, retención o secuestro, “en virtud de que momentos antes un grupo de civiles manifestaron inconformidad ante la presencia de personal militar en el área”.

Tras la publicación de Proceso, el entonces coronel de Infantería Juan José Montiel Maldonado —actual titular de la 24/a Zona Militar en Morelos— envió una postura institucional de la Sedena al director de la revista, Jorge Carrasco Araizaga, con fecha del 28 de marzo de 2021.
La carta retoma el origen de la fotografía. De acuerdo con ese posicionamiento, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán determinó que el policía Santos Camarillo López, adscrito al municipio de Gabriel Zamora, tomó la imagen con su teléfono celular, y “no personal militar”.
“Dicha fotografía fue publicada el 27 de junio de 2018 en una red social, misma que era utilizada por personal de la delincuencia organizada para desprestigiar a las autoridades”, señala la respuesta de la Defensa Nacional.
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Además, la misiva pormenoriza el envío de videos y fotografías, “en donde se observa el desarrollo de los hechos en presencia de todos los participantes en el evento y al policía Camarillo López, tomando la captura de referencia”.
A tenor de la Sedena, los sucesos ocurrieron de la siguiente manera:
El 26 de junio de 2018, pobladores de La Huacana, en Michoacán, retuvieron a personal militar que realizaba actividades. Por lo anterior, el general Trevilla Trejo se trasladó al entronque, que va hacia el poblado de Chauz, municipio de Múgica, para dar solución a la problemática referida, donde a su vez se encontraban reunidos más de 150 elementos de diferentes corporaciones (Policía Federal, Policía de Michoacán, Policía Municipal de Gabriel Zamora y personal militar adscrito a la 43/a. Zona Militar).

De acuerdo con la Sedena, Sánchez Garibay se identificó como coordinador diplomático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el municipio de La Huacana y “líder del grupo de personas inconformes”; hecho que llevó al general a dialogar con él “en presencia de todos los representantes de las diversas autoridades” que se encontraban en el lugar. El objetivo, según esta misma carta, fue hacerle ver los delitos en que incurren los individuos quienes se oponen a la autoridad al impedir el libre tránsito en las vías de comunicación y al retener a personal de las Fuerzas Armadas.
En ese tenor, la Secretaría de la Defensa Nacional resaltó que, hasta ese momento, Sánchez Garibay no contaba con orden de aprehensión.
En su posicionamiento, la Sedena recordó que el 24 de julio de 2018 se emitió una orden de aprehensión contra Sánchez Garibay por el delito de homicidio. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que “El Inge” cayó detenido como parte de la Operación Limpieza de Tierra Caliente.

Según una nota de El Universal, presidió la asociación de productores de melón en el municipio de La Huacana. En 2013 se integró a los grupos de autodefensa que se alzaron en armas para desterrar a Los Caballeros Templarios y fue señalado como uno de los principales operadores de “El Migueladas”.
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El exmandatario alega ser inocente, mientras a las afueras de la Corte se congregaron manifestantes a su favor y una fuerte presencia policial.
Prisión de por vida.
Esa es la sentencia que un tribunal dictó contra el expresidente Yoon Suk-yeol, quien fue declarado culpable de abuso de poder y de planificar una insurrección en Corea del Sur.
En diciembre de 2024, el exmandatario declaró la ley marcial e intentó usar a las fuerzas armadas para ejercer control en el país.
Su intento de golpe duró sólo seis horas, pero puso a prueba la democracia y causó una crisis política, con su partido siendo derrotado en las elecciones siguientes.
En enero, los fiscales dijeron que “la ley marcial de emergencia, inconstitucional e ilegal de Yoon, socavó el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral… destruyendo de hecho el orden constitucional liberal democrático”.
La pena máxima por organizar una insurrección en Corea del Sur es la condena a muerte o cadena perpetua. El Ministerio Público había solicitado la primera.
Durante la audiencia hubo una enorme presencia policial, así como manifestaciones en apoyo al político, en una muestra de lo polarizada que está la sociedad surcoreana en torno a este caso legal.
La ley marcial que declaró Yoon suspendía el Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos, e imponía la censura a los medios de comunicación.
Él niega los cargos en su contra.
En el juicio, según la agencia de noticias Reuters, el también exfiscal argumentó que tenía autoridad presidencial para declarar la ley marcial y que su acción tenía como objetivo dar la voz de alarma sobre la obstrucción del gobierno por parte de los partidos contrarios a su administración.
Yoon ya está cumpliendo condena por otra sentencia relacionada con la ley marcial. Aún enfrenta dos juicios más relacionados con ella.
Nacido en Seúl en 1960, Yoon ganó notoriedad en el país gracias a una larga carrera de fiscal en la que se ocupó de algunos casos destacados de corrupción, como el que salpicó en 2016 a la entonces presidenta Park Geun-hye.
Presentándose como un azote contra los delitos contra el patrimonio público y un “antifeminista” en un momento en el que la sociedad surcoreana parecía muy dividida en torno a cuestiones de género, Yoon desembarcó en la política y fue el candidato del conservador Partido del Poder Popular en las elecciones de 2022.
En los comicios, el político derrotó por un margen inferior al 1% a su rival Lee Jae-myung, del izquierdista Partido Democrático.
Yoon se benefició del rechazo generalizado a la gestión anterior de Mon Jae-in, del Partido Democrático, y alcanzó la presidencia tras una campaña centrada en sus promesas de combatir la corrupción.
El voto de los jóvenes varones atraídos por sus promesas de frenar lo que Yoon considera excesos feministas fue otra de las claves de su victoria electoral.
Según le dijo a la BBC Don S. Lee, profesor de Administración Pública de la Universidad Sungkyunkwan, en Seúl, había “grandes esperanzas” entre sus votantes de que el nuevo gobierno liderado por Yoon “perseguiría valores como la ética, la transparencia y la eficiencia”.
Pero esas expectativas se vieron en gran medida defraudadas por los escándalos en los que se vio envuelto el gobernante y sus allegados.
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