
Uno de los puntos de reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador es que los consejeros del INE y los magistrados electorales sean elegidos mediante el voto de la ciudadanía. Según el mandatario, esto sería democracia y así se evitaría que la “cúpula partidista o los partidos” controlen la designación de los funcionarios.
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Pero lo que el presidente omitió explicar en la mañanera del 6 de noviembre es que, aunque en efecto propone una jornada electoral cada seis años a partir de 2023 para elegir a los principales funcionarios del instituto y del Tribunal Electoral, en su iniciativa establece que los candidatos sean propuestos por el Poder Legislativo (ahora con mayoría de Morena), el titular del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es decir, sí habría una intervención partidista cuando el Congreso proponga una lista de 20 aspirantes a consejeros —10 por cada cámara mediante votación calificada—, además de que el propio presidente podría proponer a otra veintena, con el riesgo que han señalado especialistas de que al hacer campaña las y los aspirantes busquen apoyo de fuerzas políticas.
Otro punto es que con el esquema que propone López Obrador se omitiría el proceso de selección por el que hoy atraviesan las personas que aspiran a ser consejeros y consejeras electorales, lo cual incluye examen de conocimientos y entrevistas, en las que se busca que demuestren su preparación académica para ocupar el cargo.
“El proceso de selección de las consejerías electorales y de las magistraturas electorales podría cambiar o conducirnos a cambiar la naturaleza de un constitucional autónomo como es el INE”, explica la especialista Jessika Velazquez, que también advierte que este cambio podría significar que el Instituto Electoral se convierta en un órgano de la administración pública y, con ello, sea una autoridad subordinada al Ejecutivo.
“¿Por qué no quieren que elija el pueblo a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral? ¿Por qué los va a elegir la cúpula partidista o los partidos? ¿Por qué no los eligen los ciudadanos, qué eso no es democracia, por qué le tienen miedo al pueblo?”, cuestionó el presidente.
En su iniciativa, se propone reducir de 11 a siete el número de consejeros que integren el nuevo instituto que sustituya al INE, y que estos sean electos por voto popular a partir del 2023, al igual que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Para lograrlo, se propone la conformación de listas de candidatos propuestos por el Poder Legislativo, el titular del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 10 por cada poder, de manera paritaria.
En el caso de los consejeros del nuevo Instituto, se propone que cada Poder de la Unión proponga a 20 candidatos; mientras que en el caso del TEPJF cada poder presentaría listas de 10 aspirantes.
Para ello, cada seis años se realizaría una jornada electoral. Específicamente esto ocurriría el primer domingo de agosto.
Las personas candidatas tendrían derecho a hacer campaña en radio y televisión, así como a participar en debates organizados por el mismo instituto.
Se indica en la iniciativa que los partidos no podrán realizar actos proselitistas a favor o contra de los candidatos, aunque en procesos como los de las consultas populares recientes, donde también había restricciones, sí se registraron casos de intervención partidista.
Con el sistema que se propone, la persona que más votos gane se convertiría en el presidente del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Uno de los problemas que Jesika Velazquez ve en este cambio es que “actualmente los consejeros electorales son electos por una serie de etapas”, donde se busca garantizar su profesionalización.
“Actualmente, para ser consejeros les hacen un examen general de conocimientos, les hacen un examen en materia electoral, para saber que realmente tengan estos conocimientos no solamente generales, como son comprensión de lectura, matemáticas, etcétera, sino también que tengan estos conocimientos en materia electoral”, explica Velazquez.
La especialista también señala que para ocupar este tipo de cargos no solamente se requiere conocimiento general o académicos “sino también de la profesionalización de lo que implica el garantizar elecciones libres, democráticas, que sean seguras, y que lleguemos a buen puerto. En donde se vea la voz de todas y todos, y para eso realmente sí se requiere un tecnicismo de cada una de las partes”.
Por ejemplo, la consejera Dania Revel explicó en su cuenta de Twitter que, para que ella obtuviera el cargo que actualmente ocupa como consejera electoral del INE, primero tuvo que pasar por todo un proceso que incluye la evaluación del comité técnico evaluador.
¿Cómo se designa a las y los #ConsejerosElectorales del @INEMexico?🤔
El procedimiento se encuentra en el artículo 41, Base V de la #CPEUM. Así, somos designadas y designados por las 2/3 partes de las y los miembros presentes de la @Mx_Diputados.Acá les cuento más al respecto👇🏾
— Dania Ravel (@DaniaRavel) November 7, 2022
Los consejeros electorales son electos actualmente con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el procedimiento descrito en el artículo 41 Constitucional.
Dicho proceso empieza con la publicación de una convocatoria pública emitida por la Cámara de Diputados. Luego se conforma un comité técnico de evaluación —con tres integrantes nombrados por la Jucopo, dos por la CNDH y dos por el INAI— que recibe la lista de los postulantes y evalúa que tan idóneos son para ocupar el cargo.
Al final, se obtiene una propuesta de cinco personas para ocupar cada vacante, y la Cámara de Diputados vota para designar.
La primera vez que se utilizó este método fue tras la reforma electoral de 2014, cuando los diputados eligieron a 11 consejeros del INE, incluyendo a su actual presidente, Lorenzo Córdova. Se les asignaron diferentes duraciones en el cargo para que la renovación del Consejo General fuera escalonada.
Según la propuesta presidencial, será el mismo INEC quien organice las elecciones y cuente los votos para elegir a sus propios funcionarios. También señala que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano que tendrá la facultad de resolver las impugnaciones, calificar el proceso y declarar los resultados.
La especialista advierte que en la Constitución Política, en el artículo 41, se establece que las elecciones populares solamente van a ser para la renovación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, esto a través de elecciones periódicas.
“Nos veremos en esta encrucijada de cómo el instituto va a ser juez y parte a la vez de la propia selección de sus mismos integrantes. Es importante que los organismos públicos autónomos, como el INE, sigan manteniendo esta independencia técnica, administrativa, financiera y normativa de funcionamiento que les permita desarrollar todas sus actividades de manera neutral como árbitro electoral”, señala.
“Lo único que los diferencia de un órgano de la administración pública es que son autónomos, que realmente trabajan de manera coordinada y no de manera subordinada”, destaca.
Otra de las aristas que todavía no quedan del todo claras es cómo se va a financiar este ejercicio. “¿Cómo se va a regular o no la participación de agentes externos como gastos de campaña en la fiscalización?”, cuestiona Velazquez.

Dos meses después de que Israel y Hamás acordaran la primera fase de un cese del fuego en Gaza patrocinado por Estados Unidos, el progreso hacia una segunda fase sigue estancado.
Israel y Hamás acordaron en octubre pasado una primera fase de un cese el fuego, apoyado por Estados Unidos, que dio esperanzas de un posible camino para terminar con la disputa armada en el territorio.
Dos meses después, Gaza permanece estancada en la primera fase. Está dividida en dos partes y con su población desplazada y viviendo entre ruinas.
Bajo la segunda fase del cese el fuego propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, tanto Israel como Hamás enfrentan difíciles decisiones.
Hamás necesita entregar sus armas e Israel debe retirar sus tropas en Gaza y transferir las responsabilidades de la seguridad a una fuerza internacional.
La formación de un gobierno para administrar Gaza es otro desafío por resolver, así como la búsqueda por parte de Israel del último rehén que queda por entregar, Ran Gvili.
Gvili, un agente de policía de Israel, fue secuestrado por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Hamás ha dicho que la búsqueda entre los escombros de Gaza no ha dado ningún resultado sobre su paradero.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha insistido que Hamás debe regresar a todos los rehenes -vivos o muertos- antes de que el acuerdo pueda seguir a su siguiente fase.
A los padres de Gvili, Talik e Itzik, se les dijo el año pasado que el agente no había sobrevivido.
“Ellos se robaron a nuestro hijo, ellos se lo robaron”, señala su madre a la BBC. “Ellos saben dónde está. Ellos solo están tratando de esconderlo o quedárselo. Están jugando con nosotros”, anota el padre.
La pareja cree que Hamás quiere mantener a su hijo como garantía para futuras negociaciones, tras el regreso de todos los demás rehenes.
Por su parte, funcionarios de Hamás le dijeron a la BBC que esas acusaciones son falsas y que Israel estaba tratando de evitar implementar el acuerdo.
Pero EE.UU. quiere avanzar hacia la segunda fase del cese el fuego, de acuerdo a los diarios Haaretz y The Times de Israel.
En una entrevista con la BBC, Gershon Baskin, un exnegociador israelí en casos de rehenes -particularmente en el acuerdo en 2011 por el soldado Gilad Shalit-, señala que Israel “no tiene muchas opciones” para posponer la segunda fase del acuerdo sobre Gaza.
Baskin dice que Trump ha sido “muy claro con su decisión” y le dirá a Netanyahu que “no hay espacio para la procrastinación”.
El exnegociador, quien ha tenido un rol importante en la comunicación entre Israel y Hamás, añade que el tema del cuerpo del rehén que no ha sido entregado “no es suficiente razón” para demorar el inicio de una segunda instancia en el acuerdo.
El desarme de Hamás de un modo que resulte aceptable para ambos bandos es de lejos la barrera más grande para avanzar el cese el fuego hacia su siguiente fase.
Turquía ha pedido insistentemente ser parte de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), que será la encargada de desarmar al grupo islamista, de acuerdo al medio israelí Hayom.
Netanyahu ha sido claro en su intención de evitar que esto pase y cuenta con el apoyo de EE.UU., señala el medio.
Hasta el momento, ningún país ha anunciado formalmente que se unirá a las ISF.
De acuerdo a Baskin, Hamás tal vez aceptará “guardar sus armas” y posiblemente entregarlas a un gobierno palestino o a un tercer actor, pero no a Israel o EE.UU.
Y añade que EE.UU. sabe que el desarme de Hamás está vinculado al repliegue total de Israel en Gaza y que esto será difícil de lograr mientras las fuerzas israelíes permanezcan dentro de la Franja.
En este momento, Israel controla cerca del 53% de la Franja de Gaza.
Bajo la primera fase del acuerdo del cese el fuego, Israel aceptó un retiro parcial de tropas en el norte, sur y este de Gaza. El límite fijado se conoció como la “línea amarilla”
La segunda fase requiere un acuerdo mutuo de un nuevo repliegue del ejército israelí, mecanismos de desarme, reconstrucción y arreglos para un monitoreo internacional.
Estos temas son considerados sensibles, porque afectan directamente la seguridad de las localidades israelíes en la frontera con Gaza y el futuro de la presencia israelí en lo que se conoce como el Corredor de Filadelfia, un pedazo de tierra frente la frontera de Gaza con Egipto, que incluye el paso de Rafah.
Para el general Israel Ziv, un exmilitar israelí experto en operaciones, tanto Hamás como Israel están dudando en apresurar el avance hacia la segunda fase.
“Hamás no quiere perder el control y el lado israelí por razones políticas también quiere quedarse en Gaza”, dijo Ziv a la BBC.
De acuerdo con el militar, Trump es la única persona que puede forzar a ambos bandos, pero el tiempo se está agotando.
“Por estar esperando, creo que hemos perdido la oportunidad, porque Hamás se está reorganizando y está retomando fuerza”, añade.
Cómo formar el órgano administrativo de transición que gobernará Gaza en la siguiente fase es otro gran obstáculo.
Aunque el plan propuesto exige la formación de un gobierno tecnocrático palestino independiente, separado tanto de Hamás como de la Autoridad Palestina (AP), Israel sospecha que la participación de representantes de ambos grupos será inevitable.
Al gobierno israelí le preocupa que esto pueda habilitar a Hamás a conservar su influencia en las nuevas instituciones de gobierno, o provoque el regreso de la AP a Gaza.
Anteriormente, la AP ejercía un control limitado sobre partes de Gaza y Cisjordania, pero desde que Hamás tomó el control de Gaza, en 2007, solo ha gobernado partes de la Cisjordania ocupada por Israel.
El gobierno de Netanyahu rechaza cualquier participación de la AP o de Hamás y, en su lugar, exige una “entidad palestina neutral” para gobernar el territorio.
Al gobierno israelí también le preocupa que la segunda fase pueda significar “el comienzo real del establecimiento de un Estado palestino junto a Israel”, según Baskin.
Se espera que estos temas clave se traten en una reunión entre Netanyahu y Trump en Florida a finales de este mes.
El presidente estadounidense, quien negoció el alto el fuego en Gaza, tiene previsto anunciar la composición de la recién creada Junta de Paz para Gaza a principios del próximo año.
En su reunión con Trump, se espera que Netanyahu impulse el desarme de Hamás, bloquee su participación en cualquier futura administración de Gaza, asegure el despliegue del ejército israelí en la denominada zona de amortiguación e impida el despliegue de fuerzas turcas en la Franja, según detallan medios israelíes.
Trump, por otro lado, podría presionar a Netanyahu para que “ponga fin a las violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego”, apunta Baskin.
Y agrega: “Israel ha roto el alto el fuego más que Hamás”.
Desde el acuerdo del 10 de octubre, casi 400 palestinos han muerto y más de 1.000 han resultado heridos en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud, dirigido por Hamás.
El número de muertos en Gaza desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023 asciende a 70.665 personas, según el organismo.
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