México acumula 16 sentencias de la Corte IDH; destacan casos de violencia de género, desaparición forzada y prisión preventiva
“Existen similitudes en las violaciones de derechos humanos de las que el Estado mexicano es responsable: la participación de miembros del Ejército, las agresiones sexuales contra mujeres y la deficiencia del sistema jurídico del país, o bien, la impunidad que protege a los agresores”, asegura Santiago Aguirre Espinosa, exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El 16 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) declaró como responsable al Estado mexicano por la violación y tortura —ejercida por miembros del Ejército— de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años.
Aunque este caso sucedió en 2007 y la mujer falleció a causa de las graves lesiones y la falta de atención médica, 18 años después de las agresiones, la Corte IDH ordenó al gobierno de México implementar medidas de reparación y garantías de no repetición.
Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que su gobierno cumplirá con este fallo y recalcó: “Fue en el periodo de Calderón, hay que recordarlo”. No obstante, la Corte IDH ha condenado a México por unos 16 casos contenciosos, de los cuales nueve han sido sentenciados durante gobiernos morenistas.
¿Cómo saber si una noticia es falsa? El Sabueso pone en tus manos este documento contra la desinformación
¿Qué significa que la Corte IDH responsabilice a un Estado?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal regional de protección de los derechos humanos que tiene la mayor jurisprudencia para ejercer una decisión jurídica obligatoria que determina si un Estado ha violado derechos humanos que son reconocidos por la Convención Americana como el derecho a la vida y a la integridad personal.
En las sentencias, la Corte IDH establece la responsabilidad internacional del Estado, ordena medidas de reparación para las víctimas —como indemnizaciones, atención médica y disculpas públicas— y exige cambios en las leyes, políticas o prácticas para evitar que las violaciones se repitan.
Cabe destacar que las sentencias que emite este tribunal son definitivas e inapelables y los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a cumplirlas. México es parte desde el 24 de marzo de 1981 y entró en vigor el 24 de abril del mismo año.
De acuerdo con una revisión realizada por El Sabueso, desde 2004 la Corte Interamericana ha emitido al menos 16 sentencias en las que ha declarado responsable a México por violaciones graves a derechos humanos como desapariciones forzadas, tortura, violencia de género, fallas en el acceso a la justicia y el uso indebido de la prisión preventiva oficiosa.
“Que la presidenta Sheinbaum se refiera a estos casos como un pasado superado que solo ocurrió en el mandato de Calderón cuando las violaciones de derechos humanos son un tema recurrente advierte que, como en el caso de Ernestina, aún existen muchos que a menudo son propiciados por la militarización”, señala Santiago Aguirre Espinosa.
Te puede interesar: Recomendaciones de CNDH no atienden causas de violaciones graves a derechos humanos; gobiernos de Morena tienen 5 en el último año
Violencia de género, un factor común entre las sentencias a México
Entre las sentencias al Estado mexicano resaltan agresiones relacionadas con violencia de género como el caso de Ernestina Ascencio o el de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, en el que 11 mujeres fueron detenidas de manera arbitraria, torturadas y violentadas sexualmente por policías durante un operativo en esta localidad del Estado de México en 2006.
Posteriormente, el 28 de noviembre de 2018 la Corte IDH sentenció a México por violar diversos derechos como el de las mujeres a vivir libres de violencia, al reconocer que la violencia sexual fue utilizada como un método de castigo e investigación en este caso. Además, argumentó que las indagaciones posteriores fueron deficientes y ordenó medidas de reparación y garantías de no repetición.
“Los casos en los que los agresores son militares recalcan el peligro de la militarización del país, pues el poder de estos se ha convertido en un elemento fundamental para agredir a la población más vulnerable y su participación también exige una mayor garantía de imparcialidad a la hora de condenar a los agresores”, señala Julia Suárez, integrante de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos.
A tan solo tres días de que se declarara al Estado mexicano responsable de las violaciones a la señora Ernestina, nuevamente la Corte IDH lo responsabilizó por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, una madre de 17 años que trabajaba en una maquila en Ciudad Juárez.
La Corte IDH también culpó al gobierno de México por la falta de prevención de los ataques y amenazas que sufrió Norma Andrade en la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija, así como por las vulneraciones a los derechos de los hijos de Lilia Alejandra.
“Aunque las sentencias sobre estos casos llegan tarde, aún son necesarias, pues envían un mensaje de reconocimiento a la búsqueda de justicia, las demandas y las exigencias de las víctimas a pesar de que, comúnmente, son sujetas a desacreditaciones y vulneraciones a sus derechos durante los procesos judiciales en México”, afirma Simón Hernández León, maestro en Derechos Humanos.
Te puede interesar: Pese a dos Alertas por Violencia de Género, el Edomex continúa siendo el estado más peligroso para las mujeres en lo que va de 2025
La contradicción de la prisión preventiva
Otras sentencias como las de los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez establecen que la prisión preventiva oficiosa —cuando se aplica de manera automática— es incompatible con la Convención Americana porque impide el derecho a un análisis judicial individualizado. Pero este argumento es contrario al pensamiento morenista que ha defendido esta medida cautelar como un instrumento indispensable para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad pública.
En el caso Tzompaxtle Tecpile, la Corte declaró responsable a México por detener y aplicar prisión preventiva sin sustento legal a tres hombres que fueron detenidos el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz luego de que una patrulla realizó una revisión y detectó elementos que consideró “incriminantes”.
Mientras, el Estado mexicano también es responsable de violar la libertad e integridad personal y la protección judicial de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes fueron torturados durante su arraigo con el objetivo de obtener confesiones en relación con el homicidio de la regidora María de los Ángeles Tamés Pérez, ocurrido en 2001.
Pese a estas violaciones, desde que inició su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso diversas reformas para priorizar un enfoque de control penal y seguridad sobre los estándares internacionales de derechos humanos y mantuvo su postura incluso frente a críticas de organismos nacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte IDH.
Sheinbaum ha mantenido una línea de continuidad con la visión de su antecesor al respaldar la vigencia de la prisión preventiva oficiosa y no ha planteado su eliminación ni una reforma para ajustarla a los criterios exigidos por la Corte Interamericana. “Prácticamente, la totalidad de las instituciones mexicanas defienden una medida violatoria de derechos humanos”, asegura Simón Hernández León.
“Lejos de ayudar a combatir la impunidad, esto ha provocado una nueva práctica de extorsión en la que se detiene a la población más vulnerable y se le extorsiona con ir a prisión”, continúa Simón Hernández León. “Es cierto que hay más personas en las cárceles como afirma el gobierno, pero esto no significa que sean culpables de los delitos que se les acusa”, complementa.
Te puede interesar: Detenciones y prisión preventiva oficiosa: la población privada de la libertad crece 7 % en el primer año de Sheinbaum
Desapariciones: la deuda que pasa de gobierno en gobierno
Ante la crisis de desaparecidos en México, la Corte IDH también ha emitido sentencias para responsabilizar al Estado por su deficiencia al resolver estos casos. La primera fue la sentencia González Méndez, que acusa la detención y desaparición de un joven indígena tzotzil originario de Chiapas, estado marcado por la militarización y la persecución contra comunidades indígenas tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1999.
A este caso se une una sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 en la que la Corte IDH también declaró responsable al gobierno de México por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, ocurrida en diciembre de 2009 en Buenaventura, Chihuahua.
Aunque estas sentencias corresponden a casos antiguos, el primer año del sexenio de Sheinbaum marcó un nuevo récord de desapariciones en México: cada día, 40 personas no regresan a sus hogares, un promedio de 1.6 cada hora. Hasta el 1 de octubre de 2025, desaparecieron 14,765 personas en el país, 16 % más que en el último año de López Obrador, reporta la organización A dónde van los desaparecidos.
Uno de los casos recientes es la desaparición de Ana Amelí García Gámez, una joven desaparecida en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco hace cinco meses. Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la joven al considerar que su caso presenta una situación de gravedad y urgencia ante los pocos resultados de las autoridades.
En la resolución 92/2025, la CIDH —organismo estrechamente ligado a la Corte IDH para la resolución de casos— argumentó que, “dada la seriedad de la situación que involucra la situación de una joven mujer en una zona donde operarían grupos criminales y donde existen antecedentes de personas desaparecidas, resulta relevante tener la mayor diligencia posible en el actuar estatal”.
Leonardo García Gámez, hermano de la joven desaparecida, afirma que esta medida cautelar era necesaria porque el gobierno ha sido incompetente en la búsqueda de Ana Amelí. “Es lo mínimo que los familiares de personas desaparecidas podemos reclamar y recibir, merecemos un gobierno que nos proteja y, al no tenerlo, los organismos internacionales salen en nuestra defensa”, concluye en entrevista con El Sabueso.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate todos los días de la desinformación que circula en redes, en el discurso político y en la vida cotidiana.
Relacionado
Un análisis de los detalles clave de la nueva estrategia de seguridad nacional del gobierno de Trump y sus implicaciones para Europa, América Latina y el mundo.
La Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump ha generado alarma entre los aliados más cercanos de Estados Unidos y marca un alejamiento dramático de los principios fundamentales de la política exterior estadounidense de décadas.
El documento de 33 páginas, divulgado por el gobierno hace unos días, presenta el mundo primordialmente como un escenario económico, resaltando los acuerdos bilaterales y el nacionalismo económico por encima del multilateralismo y la promoción de la democracia.
La estrategia refleja las “cepas más ideológicas” del gobierno de Trump, comentó el corresponsal de BBC News en el Departamento de Estado, Tom Bateman, en el podcast The Global Story del Servicio Mundial de la BBC.
Esta también tiene implicaciones para América Latina, tanto en cómo se relaciona Washington con los cada vez más numerosos gobiernos de derecha, hasta la nueva versión de la Doctrina Monroe, que reafirma a la región como el “patio trasero” de EE.UU.
Igualmente impactante es lo que el documento omite, sin casi una sola crítica hacia adversarios tradicionales como Rusia y China.
En cambio, reserva el lenguaje más cargado para con Europa, lo que dio pie a la preocupación a lo largo de las capitales europeas.
“Eliminación civilizacional”
Mientras que anteriores estrategias de seguridad nacional tendían a reafirmar los valores y prioridades compartidos de EE.UU. con los países europeos, este documento toma un giro diferente.
Europa será “irreconocible en 20 años a menos”, declara, por la acogida del continente a las instituciones multilaterales y sus políticas migratorias, que se han convertido en una influencia corruptora de la “identidad occidental”.
En esa sección, la estrategia crudamente declara que los estados de Europa enfrentan lo que llama la “eliminación civilizacional”.
Los líderes europeos han quedado, por lo menos en privado, “horrorizados” por el documento, dijo al podcast nuestro corresponsal en el Departamento de Estado.
“No están sorprendidos de que esta sea la postura ideológica de algunas partes del gobierno, pero verlo articulado dentro de un documento formal de política es bastante preocupante para ellos”, expresó.
Un “divorcio”
La reacción en Europa de lado y lado del espectro político no se ha hecho esperar.
El diario francés de izquierda Le Monde catalogó el quiebre como un “divorcio”, señalando que marca una ruptura histórica con la era posterior al final de la Segunda Guerra Mundial
“El divorcio está finalizado, pendiente de la división de bienes”, escribe el diario en su artículo.
Más diciente aún en términos de la prensa francesa, indica el corresponsal Tom Bateman, es el comentario del diario conservador Le Figaro sobre la aparente contradicción de lo que afirma el documento sobre lo que llama la “pretensión del no intervencionismo” por un lado y, por el otro, el intervencionismo explícito en el caso de los países europeos.
La estrategia textualmente indica la intención de EE.UU. de cultivar la resistencia de los partidos de oposición en los países europeos. Eso implica apoyo a partidos de extrema derecha como el AfD en Alemania, el Partido Reforma en Reino Unido, y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, entro otros.
Es un apoyo explícito a los movimientos políticos en Europa que abogan por un nacionalismo económico y una oposición férrea a la migración, que el documento tilda de “partidos patrióticos”.
El paralelo con América Latina
La estrategia hacia Europa sería una repetición de cómo ha accionado el gobierno de Trump en relación con América Latina, opina el corresponsal de la BBC.
En Argentina, por ejemplo, menciona el rescate económico que Trump aprobó para el gobierno de Javier Milei días antes de que su partido enfrentara elecciones legislativas que definirían el futuro de su proyecto político.
“Eso fue interpretado por los opositores (de Milei) como una evidente interferencia por Estados Unidos”, expresó Tom Bateman.
Ese apoyo se repitió antes de las recientes elecciones en Honduras, cuando Trump indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, que cumplía una condena de 45 años en EE.UU. por narcotráfico, al tiempo que manifestó su apoyo al candidato de derecha Nasry “Tito” Asfura.
Lo mismo se ha visto en Brasil, con los ataques de Trump contra los tribunales de ese país que condenaron al expresidente de corte “trumpista” Jair Bolsonaro por su intento de golpe tras haber perdido las elecciones en 2022.
El “corolario Trump” a la Doctrina Monroe
La nueva estrategia realza al continente americano, referido como el “Hemisferio Occidental”, como un principal foco de la política exterior de EE.UU.
El gobierno quiere “asegurarse… de que la región permanezca estable y suficientemente bien gobernada para evitar y desalentar la migración masiva hacia Estados Unidos”, lee el documento.
La estrategia introduce la idea de un “corolario Trump” a la doctrina Monroe, posicionando la táctica del gobierno como una secuela a la política del presidente James Monroe en el siglo XIX afirmando la primacía de EE.UU. en el continente americano y repeliendo la interferencia de los poderes coloniales europeos.
El gobierno considera esta renovada atención como necesaria para contrarrestar la influencia de China en América Latina, señala nuestro corresponsal, a pesar de que China no está mencionada directamente en el documento.
China ha logrado obtener demasiada posición económica en la región, según Trump, aunque su insinuación de que está “operando” el Canal de Panamá no es literalmente verdad.
Los recientes esfuerzos diplomáticos, incluyendo la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a países latinoamericanos a comienzos de año, son una señal de la intención de Washington de reafirmar su dominio tanto económico como estratégico en la región.
Aunque la estrategia no se extiende en la dimensión militar de esta política, la campaña de bombardeos aéreos contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y la presencia de múltiples acorazados y personal militar estadounidense frente a las costas de Venezuela subraya la amenaza del uso de fuerza militar.
Un deterioro anunciado
El deterioro de las relaciones entre EE.UU. y Europa ha sido aparente durante meses.
Una de las primeras señales de la actitud del gobierno de Trump hacia Europa se produjo en enero, cuando el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, emitió un cáustico ataque contra las democracias europeas, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que reprendió a sus líderes por ignorar las preocupaciones de sus votantes sobre la migración y la libertad de expresión.
Pero en la práctica, esta incómoda relación se ha desarrollado en otro escenario; la guerra en Ucrania.
El documento parece sugerir que Europa no ha entendido las dinámicas de poder que están en juego y que Estados Unidos debe invertir energía diplomática para estabilizar la región.
La Unión Europea está acusada de obstaculizar los esfuerzos de Washington por termina la guerra en Urania, según el documento, y que EE.UU. deber “restablecer una estabilidad estratégica hacia Rusia”, que a su vez “estabilizaría las economías europeas”.
El mensaje central es que Ucrania debería permanecer siendo un estado viable pero eso requiere reconocer la posición dominante de Rusia.
Donald Trump está “perdiendo la paciencia” con Europa y Ucrania, señala nuestro corresponsal.
“Está claro… la presión está sobre los europeos para que asientan a una postura que los ucranianos básicamente interpretan como una capitulación”, comentó en el podcast.
La tensión en torno a Ucrania ya se manifestó en momentos de alto perfil, incluyendo la reunión en el Despacho Oval de Trump y Vance con el presidente Volodymyr Zelensky en febrero, en la que tacharon al presidente ucraniano de “irrespetuoso” y “desagradecido”.
Los líderes europeos ahora enfrentan la realidad de que EE.UU. podría presionar para lograr un resultado mucho más preferencial para Moscú que para Kyiv.
Rusia recibió con beneplácito la Estrategia de Seguridad Nacional, describiéndola como “ampliamente consistente” con su visión.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional ya ha reconformado los debates en Washington y a lo largo de Europa.
Sus implicaciones para Ucrania, las relaciones EE.UU.-Europa y el orden global más amplio siguen desarrollándose.
Pero el documento deja una cosa inequívocamente clara: el gobierno de Trump pretende redefinir las prioridades de la política exterior de EE.UU. y espera que sus aliados se adapten a esa nueva realidad.
*Con información adicional del podcast The Global Story del Servicio Mundial de la BBC
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Trump dice que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”
- “America first, not America Alone”: por qué a Trump le interesa rescatar al gobierno de Milei (y las críticas que recibe dentro de EE.UU.)
- ¿Quiere realmente EE.UU. apoderarse del petróleo de Venezuela como denuncia el gobierno de Maduro?
