Plan C: ¿cuál es la diferencia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial?
El Ministerio Público (MP) y las personas ministras y magistradas del Poder Judicial tienen funciones y facultades distintas; mientras que el MP investiga los posibles delitos, los integrantes del Poder Judicial se encargan –entre otras cosas– de juzgar y administrar justicia a través de sentencias.
Sin embargo, ante la reforma propuesta por el presidente López Obrador –que respalda su sucesora Claudia Sheinbaum– la confusión entre el MP y las personas ministras se ha visto reflejada en conversaciones de redes sociales.
La iniciativa, que forma parte del paquete de reformas conocido como Plan C, busca la elección por voto popular de quienes integran el Poder Judicial en una elección extraordinaria en 2025; la reducción de su tiempo en el cargo y de su salario, y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que sustituya al Consejo de la Judicatura Federal. Pero especialistas han advertido que estos cambios podrían ser contraproducentes.
“El poder judicial es el árbitro, es el que sabe las reglas y es el que aplica las sanciones, y esta reforma es matar al árbitro y seguir jugando”, advierte Noemi Campos, doctora en Derecho y profesora en el Tecnológico de Monterrey.
¿Qué es el Poder Judicial?
Actualmente, el Poder Judicial de la Federación está compuesto principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con sus 11 ministras y ministros; las magistrados y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las magistrados y los magistrados de los Tribunales de Circuito –Colegiados y Unitarios– y las y los jueces de Distrito. Como ya mencionamos, una de las reformas del Plan C se enfoca en que estos cargos sean electos por voto popular.
La especialista nos explicó que la SCJN es el máximo órgano en materia de administrar justicia, interpretar leyes, conocer y solventar conflictos; mientras que los Tribunales Colegiados de Circuito conocen de amparos directos (medios de defensa contra sentencias); y los de Apelación se encargan de revisión de juicios de amparo –medio de defensa contra leyes o actos de autoridades que violen derechos humanos–, o de asuntos que se hayan conocido antes por juzgados de distrito.
Al corte de agosto de 2023 había 428 Juzgados de Distrito en toda la República, según el Consejo de la Judicatura Federal. Ellos son quienes pueden conocer de todos los asuntos o especializarse en materia penal, civil, mercantil o de amparo.
¿Qué es el Ministerio Público?
El Ministerio Público de la Federación (MPF), mejor conocido como MP, se encarga de representar a la sociedad al investigar y llevar ante tribunales delitos de competencia federal, como delitos contra la salud, delitos electorales o delincuencia organizada.
Es decir, el MPF es el órgano que se encarga de la investigación y la acusación en los procesos penales federales.
El MP actúa bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual es la máxima autoridad en la procuración de justicia a nivel federal.
La Fiscalía se encarga de establecer estrategias en investigaciones federales, además coordina y supervisa las actividades del Ministerio Público Federal (MPF).
A nivel local, algunos estados cuentan con Fiscalías Generales. Estos órganos tienen su propio Ministerio Público.
Los MP estatales son responsables de la procuración de justicia a nivel local, donde investigan y persiguen delitos del fuero común dentro de su entidad federativa, como homicidios, robos, lesiones, entre otros.
La reforma propuesta no menciona nada sobre las fiscalías, hecho que han cuestionado algunos especialistas, como nos señaló en esta otra nota Saúl Mercado, juez de Distrito en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con Residencia en Salina Cruz.
“La legislación no deriva en la capacidad para tutelar derechos de mejor forma, no hay alguna precisión con respecto a qué va a suceder con las fiscalías”, menciona.
El Centro Prodh también coincide, pues advierte que “la reforma judicial, que abre la puerta a la elección indirecta mediante votación de jueces, magistrados y ministros, creando también un amenazante y omnipotente Tribunal de Disciplina Judicial, sin tocar quisiera a las fiscalías que son las instituciones que realmente provocan nuestro problema de impunidad”.
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Del tamaño de un carnet de identidad, lleva casi 20 años en circulación, pero su demanda se ha disparado desde que Trump asumió la presidencia.
“Llevándola encima me siento más segura”.
Así dice Verónica Velásquez, una inmigrante indocumentada originaria de Filipinas y residente en Los Ángeles, de una tarjeta roja del tamaño de un carnet de identidad que mantiene siempre en su cartera.
Llamada también know-your-rights card (tarjeta conozca sus derechos) o simplemente “la tarjeta roja”, recuerda a quien la tiene entre manos algunos de sus derechos constitucionales y le resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Disponible en 19 idiomas e ideada por la organización Immigrant Legal Resource Center (ILRC), lleva en circulación casi dos décadas.
Aunque su uso y demanda se han disparado desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, con la promesa, entre otras, de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Lista de derechos e instrucciones
Todo el que se encuentre en Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria, tiene ciertos derechos garantizados por la Constitución.
La tarjeta roja enumera algunos de los más relevantes para alguien que no tenga el permiso legal para residir en el país y corra el riesgo de ser deportado, como el derecho a permanecer en silencio recogido en la Quinta Enmienda o a no dejar entrar a la casa a un agente que no porte una orden firmada por un juez, tal como especifica la Cuarta Enmienda.
Usted tiene derechos constitucionales:
• No abra la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta.
• No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho a guardar silencio.
• No firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado.
• Si usted está fuera de su casa, pregúntele al agente si tiene la libertad de irse y si le dice que sí, váyase con tranquilidad.
• Entréguele esta tarjeta al agente. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta.
Su formato es una referencia a las tarjetas rojas que usan los árbitros en los partidos de fútbol para expulsar a los jugadores.
Y la idea de crearlas surgió en 2007, a raíz de una serie de redadas llevadas a cabo en entornos laborales que “aterrorizaron a la comunidad”, explican desde ILRC, que tiene su sede en la ciudad californiana de San Francisco.
La organización las distribuye directamente a otras entidades, que a su vez las reparten en escuelas, iglesias, clínicas o bancos de alimentos, y a abogados que trabajan con migrantes y solicitantes de asilo.
También ofrece la posibilidad de descargar el diseño a través de su página web, para que quien las quiera pueda imprimirlas y montarlas por su cuenta.
“Desde las elecciones (presidenciales del 5 de noviembre) nos han llegado pedidos para un total de nueve millones de tarjetas, más que el total de los 17 años anteriores”, informa la organización.
En una cara llevan la información en inglés, y en la otra la traducción a uno de los 19 idiomas disponibles, desde el español y el portugués, pasando por el árabe, el creole, el ruso y el ucraniano, hasta el vietnamita y el chino, como muestra del diverso origen de los inmigrantes que hoy por hoy están en riesgo de deportación en EE.UU.
Según un análisis del Centro de Investigación Pew en base a los datos más recientes disponibles, en 2022 había 11 millones de personas indocumentadas en EE.UU., el 23% de los inmigrantes y un 3,3% del total de la población.
En torno a cuatro millones eran originarias de México, 1,9 millones nacieron en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica – El Salvador, Honduras y Guatemala, y los provenientes de Venezuela pasaron de ser 55.000 en 2007 a más de 270.000 en 2022.
Y también hay amplias comunidades originarias de otros continentes, como por ejemplo 750.000 residentes no autorizados que nacieron en India.
“Sencilla, pero de alto impacto”
Para muchos de estos inmigrantes sin papeles, hacer valer los derechos que recoge la tarjeta roja podría marcar la diferencia entre quedarse en el país o ser deportado, advierten activistas y abogados.
Por ello, organizaciones como TODEC, con sede en tres municipios de zonas rurales de California donde un alto porcentaje de trabajadores agrícolas son indocumentados, ha repartido hasta 500.000.
“Asegúrate de que portas siempre la tarjeta roja, para explicar y hacer cumplir tus derechos si llega a detenerte un agente migración”, dice la hoja informativa que suele repartir en comunidades con población en riesgo de ser deportada.
“Es una herramienta sencilla pero puede tener un alto impacto”, subraya Dalia Zetina, del Dream Project Center de la Universidad Coastline de Newport Beach, California.
“Además ayuda a quien lo lleva a sentirse más seguro a la hora de salir de casa o para ir al trabajo”, le dice a BBC Mundo.
“Probablemente te pongas nervioso si un agente te para. Así que solo tienes que agarrar la tarjeta y leerla, o entregársela directamente”, explica.
El centro para el que trabaja ha distribuído 700 unidades en la comunidad, en español, tagalo y vietnamita.
A la semana de la toma de posesión de Trump y en vista de las primeras redadas, María Fernanda García Castillo, nacida en EE.UU. de padres inmigrantes, decidió imprimir tarjetas y repartirlas en su entorno en Charlotte, Carolina del Norte.
“Supe de gente que no estaba yendo al trabajo porque vivían en un área con alta población latina y laboraban en sectores que están en el punto de mira de las autoridades migratorias, como la construcción”, le contó al medio local WCNC.
“Se me acabaron pronto y me di cuenta que la gente tenía muchas preguntas acerca de cuáles eran sus derechos”, así que decidió fundar Project Red Cards, para distribuir todas las que pudiera en tiendas, restaurantes, clínicas, lavanderías y otros puntos de su municipio y en localidades aledañas.
A kilómetros de allí, en el estado de Maryland, Marlon A. Cruz, un ingeniero de 23 años hijo de inmigrantes guatemaltecos, organizó este martes un taller para imprimir y montar 400 tarjetas rojas en 10 idiomas distintos.
Ahora pretende entregarlas entre la comunidad hispana del condado en el que vive, Prince George’s, en las afueras de Washington DC, le dice a BBC Mundo, y trabajar en red con organizaciones para ampliar su alcance.
Son solo unos ejemplos de los grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país que llevan semanas organizándose y ofreciendo la tarjeta como parte de una serie de recursos a la población en peligro de deportación.
También organizan talleres y sesiones informativas en centros comunitarios, escuelas e iglesias bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
Asimismo, existe una serie de aplicaciones para celular que contienen una información similar a la de las tarjetas rojas en audio, y que permiten a sus usuarios no tener que mediar palabra con los agentes migratorios.
“Yo lo llamo ‘cómo escapar del arresto'”
Mientras, funcionarios de la administración Trump han arremetido contra la actividad de ONGs y voluntarios, subrayando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo Thomas D. Homan, a quien el presidente nombró “zar de la frontera” y que está al frente de las operaciones de deportación.
También aclaró que eso no frenará las expulsiones, como ya lo ha dicho sobre las “ciudades santuario”, aquellas donde los funcionarios municipales no están obligados a colaborar con los agentes federales en materia migratoria.
“Nada impedirá que deportemos a migrantes criminales. Haremos el trabajo con su ayuda o sin ella”, aseguró en una entrevista en la cadena Fox News nada más ser elegido para el cargo, que asumió tras fungir como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esa fue una de las principales promesas de campaña de Trump y desde que asumió la presidencia ha ordenado redadas en todos los rincones del país, enviado aviones con deportados a Colombia o Venezuela, algunos tras haber estado detenidos en Guantánamo, y usado como países “puente” a Panamá y Costa Rica.
El nuevo gobierno ha hecho un gran despliegue mediático con las detenciones y las deportaciones.
A diario, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales y páginas web, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE publican imágenes de personas que han sido arrestadas, a veces a punto de subirse a un vuelo, encadenados de manos y pies.
Sin embargo, y aunque la seguridad nacional sea el argumento con el que el nuevo gobierno justifica las deportaciones y Trump y Homan insistan en que se están repatriando “delincuentes”, cifras obtenidas por la cadena NBC muestran que más del 40% de los detenidos no tenía antecedentes penales.
El medio encontró que de los 4.422 arrestados por el ICE en las primeras dos semanas de febrero, 1.800 (un 41%), no tenían ninguna condena ni cargos penales pendientes.
Ante ello, el temor a encontrarse con un agente migratorio se ha extendido como la pólvora entre los inmigrantes indocumentados y las familias con estatus mixto, en las que al menos uno de los miembros no tiene la residencia legal.
“Ni voy a salir de casa”, le decía a BBC Mundo José, quien lleva más de 25 años en el país pero no ha logrado regularizar su situación por haber cruzado la frontera desde México de forma ilegal, después de que el diario LA Times, en base a la filtración de un documento oficial del DHS, informara de unas posibles redadas masivas en Los Ángeles antes de que termine febrero.
En ese contexto de miedo, una herramienta tan básica como una tarjeta roja puede marcar la diferencia.
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