¿Qué es la reforma judicial? Contempla elegir por voto popular a mil 600 jueces, magistrados y nueve ministros
La elección por voto popular de más de mil 600 personas juzgadoras, entre ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces. La creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que sustituya al Consejo de la Judicatura Federal, además de la inclusión de la figura de “los jueces sin rostro”, son algunas de las claves de la reforma al Poder Judicial de la Federación que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ya aprobaron la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
¿Cuáles y cuántos cargos se elegirán por voto popular?
La iniciativa de Morena plantea elegir por voto popular a 100% de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial de la Federación. Es decir, que así como la ciudadanía elige a legisladores o gobernantes, también acuda a las urnas para decidir quiénes serán ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de circuito, y juezas y jueces de distrito.
“Con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía”, menciona la Exposición de motivos de la iniciativa presentada inicialmente por López Obrador, y que luego adecuaron morenistas y aliados con su mayoría legislativa en ambas cámaras.
Una infografía del Gobierno de México para promover la reforma menciona que mil 633 magistrados y jueces serían electos en su circuito judicial.
Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023, al cierre de 2022 se registraron mil 647 magistrados (910) y jueces (737). México Evalúa parte de esta cifra para sumar el resto de los puestos elegibles por voto popular y calcular mil 686 cargos en juego y hasta 10 mil 152 personas candidatas.
Pero en conferencia de prensa el 12 de junio en el Senado de la República, Ricardo Monreal amplió esta cifra.
“Estaríamos hablando de aproximadamente mil 800 cargos, que es el total de servidores públicos que está planteado ir a elección, que son jueces, magistrados y ministros”, respondió ante los cuestionamientos.
Además, los cambios al artículo 116 constitucional plantean que las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados establecerán las condiciones para la elección por voto directo de jueces y magistrados también a nivel local.
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, al cierre de 2022 se reportaron 5 mil 25 servidoras y servidores públicos con el cargo de magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales. Es decir, las elecciones por voto popular implicarían miles de cargos y muchas más candidaturas.
Para saber más: Reforma al Poder Judicial del Plan C: cargos que habrían de elegirse y otras respuestas
¿Cómo sería el proceso de elección?
La iniciativa establece que el Senado de la República emitirá las convocatorias, y el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial postularán de manera paritaria hasta 10 personas aspirantes cada uno para el caso de ministras y ministros de la SCJN.
De manera que la próxima presidenta y las Cámaras de Diputados y Senadores donde Morena tienen mayoría postularían a 20 de 30 candidaturas.
Es el mismo proceso para elegir a magistradas y magistrados de Circuito, así como juezas y jueces de Distrito, sólo que cada uno de los tres Poderes postulará hasta dos personas de manera paritaria para cada cargo.
Se establece que un comité de especialistas revise las postulaciones, y luego el Senado remita el listado de candidaturas a las autoridades electorales. La reforma menciona al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que propone López Obrador, en lugar del INE, para que organice la elección.
Saúl Mercado, juez de Distrito en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con Residencia en Salina Cruz, considera que la elección por voto popular afectaría la independencia judicial.
“Nos parece que implica una injerencia en un aspecto primordial, que es la independencia judicial, y evidentemente esto trasciende a la defensa de los derechos humanos de los mexicanos e incluso de los propios juzgadores”, menciona Mercado.
Para el funcionario del Poder Judicial, la elección popular de estos cargos no garantiza que estos sean seleccionados con base en sus perfiles, sino de acuerdo con su popularidad.
“Se introduce este componente político en la designación de los jueces y ya no se trata de un aspecto de mérito a través de un concurso de oposición, sino que se dota de una cierta cuota de carácter político donde el Poder Legislativo va a palomear quiénes podrían participar en la elección”, agrega.
El abogado y consultor Nayib Nava coincide con Saúl Mercado en priorizar los perfiles de las personas juzgadoras. Está de acuerdo en que debe eliminarse el influyentismo del proceso de designación actual, pero considera que creer que esto se va a lograr a través del voto popular puede ser contraproducente.
“El poder judicial no tiene que equipararse con un poder de elección popular, porque al final sería someter a cada persona juzgadora al grupo o sector que los propuso. Esto no quiere decir que el actual proceso de selección es perfecto, sin duda debe modificarse, pero optando por el desempeño, carrera judicial y eliminando el influyentismo”, apunta Nava.
Durante las campañas, las y los candidatos tendrán derecho de acceso a radio y televisión y participar en debates. Sin embargo, estará prohibido el financiamiento público o privado y los partidos políticos no podrán realizar actos de proselitismo pero no hay más detalles de cómo se llevarán a cabo.
A pesar de esto, el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados advierten:
“La necesidad de asegurar votos o apoyo financiero durante las campañas electorales puede influir negativamente en el proceso de toma de decisiones, y también socavar la confianza pública en el sistema judicial”, de acuerdo con “Una amenaza a la independencia judicial: Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”.
Reducir cargos y salarios
La iniciativa pretende reducir a un “periodo de tiempo razonable” algunos cargos. Por ejemplo, la SCJN pasa de tener 11 a nueve ministros que ya no estarán en el cargo 15 sino 12 años; y se reducen de nueve a seis años los mandatos para los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal y de las salas regionales, votación que podría coincidir con la elección presidencial.
“Al sincronizar los mandatos judiciales con el ciclo electoral de la elección presidencial, la propuesta de reforma permitiría que las preferencias políticas y partidarias que dominan a esta última influyan también en la elección de jueces y juezas”, señala “Una amenaza a la independencia judicial: Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”.
Por una parte, los mandatos más cortos, debilitan el sistema de justicia. En un país donde los expedientes judiciales tardan años en resolverse “vamos a estar renovando a las partes más importantes del poder judicial de golpe, perdiendo el escalonamiento que garantiza la continuidad en la impartición de justicia”, señala México Evalúa.
Por otra, reducir los salarios para que los ingresos de funcionarias y funcionarios también afectaría la independencia económica del Poder Judicial, según Saúl Ramos.
“Las personas juzgadoras estamos limitadas a esta actividad para dedicar tiempo completo a la impartición de justicia. Una de las garantías es que contemos con un salario digno y suficiente para evitar cualquier posibilidad de una conducta indebida para obtener ingresos extraordinarios”, añade Saúl Ramos.
Tribunal de Disciplina Judicial en lugar del Consejo de la Judicatura
La propuesta de reforma constitucional contempla también la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial dentro del Poder Judicial de la Federación, que reemplazaría al actual Consejo de la Judicatura Federal.
Actualmente este órgano se encarga de resolver sobre la designación, la adscripción, la ratificación y la remoción de magistrados de Circuito y jueces de distrito. El Consejo de la Judicatura continuará con sus facultades hasta que sea creado el nuevo tribunal y sus consejeros concluirán sus funciones cuando tomen protesta las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
Los especialistas entrevistados por El Sabueso coinciden en la necesidad de cambiar al actual Consejo de la Judicatura Federal, mas no de eliminarlo.
“Yo creo que lo más viable es perfeccionarlo. Si se tiene que crear un órgano interno de control para el Consejo de la Judicatura, se tendrá que crear, pero sin desmantelarlo y sin iniciar desde cero”, sostiene el abogado Nayib Nava.
En la reforma se establece que la disciplina del personal del Poder Judicial estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Ante este órgano se podrían denunciar hechos cometidos por funcionarias y funcionarios que pudieran ser sancionables para que los investigue.
Jueces sin rostro
Legisladores de Morena atendieron la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de incorporar a la reforma la figura de los “jueces sin rostro” ante casos de delincuencia organizada. Esto aunque especialistas alertaron sobre los malos antecedentes de la aplicación de este esquema en otras naciones.
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El presidente llega a los 100 días de su segundo gobierno con varias medidas encaminadas, pero encuentra obstáculos a algunos impulsos reformistas.
En los primeros 100 días de su segundo mandato, Donald Trump mostró que busca ampliar el poder de por sí descomunal que tiene como presidente de Estados Unidos.
Ha invocado una autoridad extraordinaria para diversos cometidos: desde remodelar el comercio internacional hasta deportar migrantes sin seguir necesariamente el debido proceso.
Con una catarata de órdenes ejecutivas firmadas en este lapso, el presidente quiere modificar el gobierno de EE.UU. a su gusto y reclama mayor influencia sobre los bufetes de abogados, las universidades y las reglas electorales de su país.
Trump ha indicado incluso que podría buscar un tercer mandato pese a que la Constitución le impone un límite de dos.
Pero Erica Frantz, una profesora de ciencia política en la Universidad Estatal de Michigan experta en autoritarismo, descarta que el apetito de poder de Trump sea mayor ahora que en su primer gobierno (2017-2021).
“Lo que es diferente es su capacidad para tener éxito en la búsqueda del poder”, dice Frantz a BBC Mundo. “Está siendo mucho más exitoso en marginar, silenciar o desmantelar a cualquier individuo, institución o grupo que potencialmente pudiera limitar su poder”.
Sin embargo, Trump 2.0 tampoco se ha salido siempre con las suyas. Y esto se debe en gran medida a tres obstáculos importantes con los que se ha topado hasta ahora:
1. La Justicia
Trump domina a su Partido Republicano, que a su vez tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso, por lo que el Poder Judicial es un contrapeso clave del presidente de EE.UU.
Los tribunales federales han suspendido temporalmente medidas polémicas de Trump, como su intento de terminar con la ciudadanía automática que la Constitución otorga a quien nace en el país.
Otro caso notorio en el que intervino la justicia es la deportación de un inmigrante al que Trump acusa de pertenecer a la pandilla MS-13.
Kilmar Abrego García fue enviado a una cárcel de El Salvador junto a otros inmigrantes pese a que un fallo judicial prohibía hacerlo. El gobierno primero dijo que se trató de un error administrativo y luego reivindicó la expulsión.
El asunto llegó a la Corte Suprema, que exigió al gobierno “facilitar” la liberación de Abrego García. Y, ante señales de que esto se demoraba, la jueza federal que supervisa el caso, Paula Xinis, acusó al Ejecutivo de actuar de “mala fe” por negarse a informar sobre el caso y ordenó una investigación inusual al respecto, que luego pausó por unos días.
El máximo tribunal de EE.UU. ha fallado sobre otras acciones del gobierno, por ejemplo al ordenarle que le avise con “tiempo razonable” a los migrantes venezolanos que quiere deportar, para que puedan desafiar legalmente su expulsión.
Pero también ha desactivado bloqueos que jueces de menor rango pusieron a medidas controversiales de Trump, como los despidos de personal y congelamientos de fondos en el gobierno.
Con una mayoría conservadora de seis jueces en nueve —tres de ellos nombrados por Trump—, la Corte Suprema será decisiva en varios de estos casos y, según Frantz, aún está por verse su voluntad de servir de control significativo al mandatario.
“Otros tribunales pueden desempeñar un papel importante, como lo están haciendo, en los intentos de hacer retroceder a Trump”, dice la experta. “Pero en última instancia, si la Corte Suprema cede, la puerta se abre de par en par para que siga la toma de poder y la democracia decaiga”.
2. Harvard
Una de las novedades del regreso de Trump a la Casa Blanca han sido sus esfuerzos para ganar influencia sobre algunas de las principales universidades de EE.UU.
El mandatario y sus asesores sostienen que buscan combatir el antisemitismo que hay en esas casas de estudios desde las protestas contra la guerra de Israel en Gaza.
Pero las exigencias que el gobierno ha hecho a las universidades, bajo amenaza de cortarles la ayuda financiera federal, van desde reformas internas hasta cambios en las políticas de admisiones, y según sus críticos comprometen la libertad académica.
Muchos se inquietaron cuando la Universidad de Columbia aceptó en marzo varias demandas del gobierno, incluido un cambio de supervisión en su departamento de Medio Oriente, para intentar mantener US$400 millones de fondos y contratos federales.
Sin embargo, en abril Trump y sus colaboradores chocaron con una institución que se negó a cumplir sus exigencias: la Universidad de Harvard.
“Ningún gobierno —sin importar qué partido esté en el poder— debe dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”, sostuvo el presidente de Harvard, Alan Garber, en un comunicado.
El gobierno congeló US$2.200 millones de fondos federales para esa universidad de élite, y podría hacer lo mismo con cerca de US$8.000 millones más.
Pero Harvard se mantuvo firme y presentó una demanda contra la administración de Trump, quien a su vez amenazó con quitarle la exención fiscal.
Joshua Sandman, un profesor emérito de ciencia política en la Universidad de New Haven, sostiene que Harvard no consiguió “proteger a estudiantes judíos de agresiones físicas, intimidación y acoso”.
Pero “Trump ha utilizado esto como pretexto para presionar a Harvard para que capitule y cambie su cultura y actitud liberal”, dice Sandman, que es experto en la presidencia de EE.UU., a BBC Mundo.
Tal vez otras universidades que evitaban confrontar a Trump en público hayan tomado nota de la actitud de Harvard ante la Casa Blanca.
La semana pasada, los líderes de más de 400 instituciones de enseñanza terciaria de EE.UU. emitieron un comunicado conjunto “contra la extralimitación gubernamental y la interferencia política sin precedentes que ahora ponen en peligro la educación superior estadounidense”.
3. El mercado (y la Fed)
Dos de los mayores retrocesos de Trump desde que asumió el 20 de enero están vinculados a un actor difícil de ignorar: el mercado.
La primera marcha atrás de Trump fue la tregua que anunció en su guerra comercial global, ante caídas extraordinarias en bolsas de valores y precios de bonos del Tesoro por el temor de los inversores al impacto de esa política en la economía.
“La gente se estaba pasando un poco de la raya, se estaban poniendo un poco nerviosos”, declaró el mandatario al anunciar en abril que suspendía por 90 días el aumento de aranceles a decenas de países excepto China.
Eso provocó cierto alivio en el mercado, pero Wall Street y los bonos volvieron a caer la semana pasada junto al dólar cuando Trump arremetió contra el presidente de la Reserva Federal (banco central) de EE.UU., Jerome Powell, por resistirse a sus reclamos de bajar las tasas de interés para impulsar la economía.
Trump llegó a pedir en redes sociales el despido de Powell, pese a que su labor es independiente, pero volvió a ceder tras otra reacción adversa del mercado a sus presiones.
“No tengo intención de despedirlo”, declaró el mandatario sobre Powell y el mercado volvió a dar señales de alivio.
Trump también sugirió que podría buscar una salida a la guerra comercial con China, ante advertencias empresariales de que los aranceles de 145% que anunció a importaciones de ese país podrían causar aumentos de precios y escasez de ciertos productos.
“145% es muy alto, y no será tan alto”, declaró Trump a la prensa, aunque China ha descartado negociar bajo coerción y tomó sus propias medidas de represalia comercial contra EE.UU.
Los analistas creen que el mandatario podría volver a cambiar sus posturas en cualquier momento, pero advierten que el mercado ya probó que puede doblarle el brazo.
“(Trump) es un empresario nato, así que claro que le importa cuando el mercado financiero —ya sea la bolsa, los bonos o las monedas— le pone el pulgar hacia abajo”, dice a BBC Mundo Arturo Porzecanski, un economista basado en Washington con experiencia en Wall Street.
A su juicio, también es significativo que Elon Musk anunciara que reducirá “significativamente” su participación en el gobierno de Trump después de que un informe mostró un desplome en los beneficios de su empresa Tesla, atribuido entre otros factores a sus actividades políticas.
“Lo que le saca la alfombra a Trump”, concluye Porzecanski, “es lo que pasa en los mercados”.
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