¿Qué es la reforma judicial? Contempla elegir por voto popular a mil 600 jueces, magistrados y nueve ministros
La elección por voto popular de más de mil 600 personas juzgadoras, entre ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces. La creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que sustituya al Consejo de la Judicatura Federal, además de la inclusión de la figura de “los jueces sin rostro”, son algunas de las claves de la reforma al Poder Judicial de la Federación que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ya aprobaron la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
¿Cuáles y cuántos cargos se elegirán por voto popular?
La iniciativa de Morena plantea elegir por voto popular a 100% de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial de la Federación. Es decir, que así como la ciudadanía elige a legisladores o gobernantes, también acuda a las urnas para decidir quiénes serán ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de circuito, y juezas y jueces de distrito.
“Con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía”, menciona la Exposición de motivos de la iniciativa presentada inicialmente por López Obrador, y que luego adecuaron morenistas y aliados con su mayoría legislativa en ambas cámaras.
Una infografía del Gobierno de México para promover la reforma menciona que mil 633 magistrados y jueces serían electos en su circuito judicial.
Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023, al cierre de 2022 se registraron mil 647 magistrados (910) y jueces (737). México Evalúa parte de esta cifra para sumar el resto de los puestos elegibles por voto popular y calcular mil 686 cargos en juego y hasta 10 mil 152 personas candidatas.
Pero en conferencia de prensa el 12 de junio en el Senado de la República, Ricardo Monreal amplió esta cifra.
“Estaríamos hablando de aproximadamente mil 800 cargos, que es el total de servidores públicos que está planteado ir a elección, que son jueces, magistrados y ministros”, respondió ante los cuestionamientos.
Además, los cambios al artículo 116 constitucional plantean que las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados establecerán las condiciones para la elección por voto directo de jueces y magistrados también a nivel local.
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, al cierre de 2022 se reportaron 5 mil 25 servidoras y servidores públicos con el cargo de magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales. Es decir, las elecciones por voto popular implicarían miles de cargos y muchas más candidaturas.
Para saber más: Reforma al Poder Judicial del Plan C: cargos que habrían de elegirse y otras respuestas
¿Cómo sería el proceso de elección?
La iniciativa establece que el Senado de la República emitirá las convocatorias, y el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial postularán de manera paritaria hasta 10 personas aspirantes cada uno para el caso de ministras y ministros de la SCJN.
De manera que la próxima presidenta y las Cámaras de Diputados y Senadores donde Morena tienen mayoría postularían a 20 de 30 candidaturas.
Es el mismo proceso para elegir a magistradas y magistrados de Circuito, así como juezas y jueces de Distrito, sólo que cada uno de los tres Poderes postulará hasta dos personas de manera paritaria para cada cargo.
Se establece que un comité de especialistas revise las postulaciones, y luego el Senado remita el listado de candidaturas a las autoridades electorales. La reforma menciona al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que propone López Obrador, en lugar del INE, para que organice la elección.
Saúl Mercado, juez de Distrito en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con Residencia en Salina Cruz, considera que la elección por voto popular afectaría la independencia judicial.
“Nos parece que implica una injerencia en un aspecto primordial, que es la independencia judicial, y evidentemente esto trasciende a la defensa de los derechos humanos de los mexicanos e incluso de los propios juzgadores”, menciona Mercado.
Para el funcionario del Poder Judicial, la elección popular de estos cargos no garantiza que estos sean seleccionados con base en sus perfiles, sino de acuerdo con su popularidad.
“Se introduce este componente político en la designación de los jueces y ya no se trata de un aspecto de mérito a través de un concurso de oposición, sino que se dota de una cierta cuota de carácter político donde el Poder Legislativo va a palomear quiénes podrían participar en la elección”, agrega.
El abogado y consultor Nayib Nava coincide con Saúl Mercado en priorizar los perfiles de las personas juzgadoras. Está de acuerdo en que debe eliminarse el influyentismo del proceso de designación actual, pero considera que creer que esto se va a lograr a través del voto popular puede ser contraproducente.
“El poder judicial no tiene que equipararse con un poder de elección popular, porque al final sería someter a cada persona juzgadora al grupo o sector que los propuso. Esto no quiere decir que el actual proceso de selección es perfecto, sin duda debe modificarse, pero optando por el desempeño, carrera judicial y eliminando el influyentismo”, apunta Nava.
Durante las campañas, las y los candidatos tendrán derecho de acceso a radio y televisión y participar en debates. Sin embargo, estará prohibido el financiamiento público o privado y los partidos políticos no podrán realizar actos de proselitismo pero no hay más detalles de cómo se llevarán a cabo.
A pesar de esto, el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados advierten:
“La necesidad de asegurar votos o apoyo financiero durante las campañas electorales puede influir negativamente en el proceso de toma de decisiones, y también socavar la confianza pública en el sistema judicial”, de acuerdo con “Una amenaza a la independencia judicial: Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”.
Reducir cargos y salarios
La iniciativa pretende reducir a un “periodo de tiempo razonable” algunos cargos. Por ejemplo, la SCJN pasa de tener 11 a nueve ministros que ya no estarán en el cargo 15 sino 12 años; y se reducen de nueve a seis años los mandatos para los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal y de las salas regionales, votación que podría coincidir con la elección presidencial.
“Al sincronizar los mandatos judiciales con el ciclo electoral de la elección presidencial, la propuesta de reforma permitiría que las preferencias políticas y partidarias que dominan a esta última influyan también en la elección de jueces y juezas”, señala “Una amenaza a la independencia judicial: Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”.
Por una parte, los mandatos más cortos, debilitan el sistema de justicia. En un país donde los expedientes judiciales tardan años en resolverse “vamos a estar renovando a las partes más importantes del poder judicial de golpe, perdiendo el escalonamiento que garantiza la continuidad en la impartición de justicia”, señala México Evalúa.
Por otra, reducir los salarios para que los ingresos de funcionarias y funcionarios también afectaría la independencia económica del Poder Judicial, según Saúl Ramos.
“Las personas juzgadoras estamos limitadas a esta actividad para dedicar tiempo completo a la impartición de justicia. Una de las garantías es que contemos con un salario digno y suficiente para evitar cualquier posibilidad de una conducta indebida para obtener ingresos extraordinarios”, añade Saúl Ramos.
Tribunal de Disciplina Judicial en lugar del Consejo de la Judicatura
La propuesta de reforma constitucional contempla también la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial dentro del Poder Judicial de la Federación, que reemplazaría al actual Consejo de la Judicatura Federal.
Actualmente este órgano se encarga de resolver sobre la designación, la adscripción, la ratificación y la remoción de magistrados de Circuito y jueces de distrito. El Consejo de la Judicatura continuará con sus facultades hasta que sea creado el nuevo tribunal y sus consejeros concluirán sus funciones cuando tomen protesta las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
Los especialistas entrevistados por El Sabueso coinciden en la necesidad de cambiar al actual Consejo de la Judicatura Federal, mas no de eliminarlo.
“Yo creo que lo más viable es perfeccionarlo. Si se tiene que crear un órgano interno de control para el Consejo de la Judicatura, se tendrá que crear, pero sin desmantelarlo y sin iniciar desde cero”, sostiene el abogado Nayib Nava.
En la reforma se establece que la disciplina del personal del Poder Judicial estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Ante este órgano se podrían denunciar hechos cometidos por funcionarias y funcionarios que pudieran ser sancionables para que los investigue.
Jueces sin rostro
Legisladores de Morena atendieron la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de incorporar a la reforma la figura de los “jueces sin rostro” ante casos de delincuencia organizada. Esto aunque especialistas alertaron sobre los malos antecedentes de la aplicación de este esquema en otras naciones.
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Las pistolas impresas en 3D podrían convertirse en “el arma preferida” de delincuentes y extremistas violentos de todo el mundo, según ha declarado un experto a la BBC.
Estas armas de fuego caseras, imposibles de rastrear, se han recuperado en varios casos criminales recientes, incluyendo el presunto uso de un arma parcialmente impresa en 3D en el asesinato en Estados Unidos del CEO de United Healthcare, Brian Thompson.
BBC Trending ha investigado la propagación global de armas impresas en 3D a través de plataformas de redes sociales como Telegram, Facebook e Instagram y en sitios web que ofrecen guías de cómo hacerlo.
Las impresas en 3D, a menudo descritas como un tipo de arma “fantasma”, son armas de fuego imposibles de rastrear que pueden montarse con una impresora de ese tipo, planos descargables y algunos materiales básicos.
Diseñada para eludir las leyes de control de armas, la tecnología ha avanzado rápidamente en la última década, y los últimos modelos son capaces de disparar varios cartuchos sin que se rompan sus componentes de plástico.
Según Nick Suplina, de Everytown, una organización estadounidense de control de armas, las pistolas impresas en 3D podrían convertirse en el “arma preferida” de quienes planean actos violentos: “Los materiales han mejorado, el coste ha bajado y la facilidad de acceso a estos planos es máxima”, afirma.
La investigación de BBC Trending comenzó con anuncios de armas en Instagram y Facebook. En octubre de 2024, el Tech Transparency Project, una organización sin ánimo de lucro que supervisa a las empresas tecnológicas, encontró cientos de anuncios de armas -incluidas impresas en 3D y otras armas fantasma- que aparecían en las plataformas de Meta, violando sus políticas.
Meta se negó a comentar los hallazgos en ese momento. Varios meses después, BBC Trending descubrió anuncios de armas similares que seguían apareciendo como activos en la base de datos de anuncios de Meta.
Muchos de estos anuncios de armas dirigían a los clientes potenciales a canales de Telegram o WhatsApp. En Telegram, encontramos canales que mostraban diversas armas a la venta. Algunas parecían estar impresas en 3D. Una cuenta de Telegram con más de 1.000 suscriptores afirmaba enviar armas a todo el mundo.
BBC Trending se puso en contacto con la cuenta, que se hacía llamar “Jessy”, para confirmar si estaría dispuesta a infringir la ley enviando armas impresas en 3D al Reino Unido. En menos de una hora, Jessy nos ofreció una Liberator o una Glock switch o interruptor Glock.
Un interruptor glock (también conocido como auto sear o disparador automático) es una pequeña pieza, a veces impresa en 3D, que convierte una pistola en un arma automática.
La Liberator, diseñada en 2013 por el “criptoanarquista” Cody Wilson, es la primera pistola impresa en 3D del mundo ampliamente disponible, capaz de disparar un solo tiro.
Jessy afirmó que podía pasar el arma de contrabando por la aduana del Reino Unido, pidió el pago de 160 libras (US$215) en bitcoin y luego sugirió una transferencia bancaria a una cuenta del Reino Unido que no pudimos rastrear.
Cuando más tarde nos pusimos en contacto con Jessy, identificándonos como la BBC, reconoció que la venta de armas en el Reino Unido es ilegal, pero no sonaba arrepentido.
“Llevo mi negocio, vendo algunas correas (jerga para referirse a las armas) online”, dijo.
No llevamos a cabo la transacción para comprobar las afirmaciones de Jessy. Aunque su actitud despreocupada sugería que podría tratarse de un estafador, su capacidad para anunciarse en Meta y operar en Telegram pone de manifiesto aparentes lagunas que los verdaderos traficantes de armas podrían aprovechar.
Al ser contactados, Meta dijo a la BBC que los anuncios que destacamos habían sido “desactivados automáticamente en línea con nuestras políticas”, y que la inclusión en su biblioteca de anuncios “no significa necesariamente que el anuncio siga activo o visible”.
Telegram dijo que la cuenta de Jessy había sido eliminada de forma proactiva por incumplir sus políticas.
Un portavoz añadió: “La venta de armas está explícitamente prohibida por los términos de servicio de Telegram y se elimina siempre que se descubre. Los moderadores facultados con IA personalizada y herramientas de aprendizaje automático supervisan proactivamente las partes públicas de la plataforma y aceptan informes para eliminar millones de piezas de contenido dañino cada día, incluida la venta de armas”.
Sin embargo, lo preocupante es que las personas que buscan armas impresas en 3D no necesitan comprarlas ya hechas a través de las redes sociales. Pueden montarlas ellos mismos. Modelos como la FGC-9 se diseñan utilizando únicamente plástico impreso en 3D y componentes metálicos reutilizados, sin necesidad de piezas de armas disponibles en el mercado.
“Básicamente, te conviertes en un aficionado de armas caseras”, afirma Rajan Basra, investigador del King’s College de Londres. Sin embargo, “no es tan fácil como imprimir una hoja de papel A4 en la impresora de tu oficina”.
Como ha informado previamente la BBC, hay sitios web que ofrecen guías gratuitas paso a paso y planos descargables para construir armas impresas en 3D.
Una de esas guías fue escrita por Matthew Larosiere, un abogado de Florida especializado en derechos de armas. Está asociado con la comunidad mundial a favor de las armas impresas en 3D, que cuenta con muchos miembros en EE.UU. que consideran el derecho a portar armas- consagrado en la Segunda Enmienda de su constitución- como un derecho humano.
BBC Trending le preguntó por qué comparte información para ayudar a la gente a construir un arma letal.
Él respondió: “Es sólo información. Son unos y ceros. El hecho de que la información tenga un uso que te incomode, lo entiendo y simpatizo con ello, pero eso no hace que sea correcto decir que es algo más que información”.
Preguntado por el riesgo de que esta “información” se utilice en un tiroteo o una masacre en una escuela, respondió: “Doy gracias a Dios de que eso no haya ocurrido”. Citó Myanmar como un país donde, en su opinión, las armas impresas en 3D han servido a una causa positiva.
Myanmar es actualmente el único caso conocido de uso de armas impresas en 3D en un conflicto militar activo. Se ha informado ampliamente del uso de la FGC-9 por parte de los combatientes de la resistencia contra la Junta Militar.
Pero, como descubrió Hnin Mo, del servicio birmano de la BBC, muchos de estos grupos han dejado de utilizar armas impresas en 3D. Esto a pesar de que las fuerzas de la resistencia produjeron cientos de FGC-9 en 2022 y 2023, las que cuestan más de diez veces menos que las ametralladoras en el mercado negro.
Los líderes rebeldes con los que habló Hnin Mo citaron el férreo control de la Junta Militar sobre las importaciones de materiales esenciales como el pegamento y el metal. Además, estos grupos disponen ahora de armas más convencionales, como lanzagranadas o ametralladoras.
El ejemplo de Myanmar demuestra las limitaciones de las actuales armas impresas en 3D para uso militar. Pero a nivel mundial, su difusión es evidente. Varios países están estudiando leyes para penalizar la posesión de planos.
También hay llamamientos para que los fabricantes de impresoras 3D bloqueen la impresión de piezas de armas, del mismo modo que las impresoras convencionales restringen la impresión de moneda. Pero está por verse si estas medidas pueden ser eficaces.
Con información adicional de Hnin Mo.
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