Peligrosa crisis judicial
La crisis de la judicatura que han desatado los eventos de las últimas semanas ha adquirido una gravedad tal como para estimar que trascenderá a la elección del próximo 2 de junio, de suerte que puede afirmarse que no estamos ante una cuestión que se agote en la presente coyuntura electoral.
Una denuncia anónima presentada en contra de quien fuera ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado una fuerte sacudida. Desde luego, en este como en otros casos, la presunción de inocencia debe prevalecer; al mismo tiempo, la discusión de lo que ahí se describe no puede ignorarse en la conversación pública pues el relato de la denuncia es precedido por diversas versiones periodísticas en el mismo sentido —entre éstas destaca el libro de Hernán Gómez Bruera, con quien desde aquí nos solidarizamos, pues enfrenta ahora una acción legal amedrentadora precisamente por traer a la luz esta y otras tramas judiciales—. El hecho de que, además, el expresidente de la Corte haya renunciado apenas hace unos meses al máximo tribunal para sumarse inmediatamente después a una campaña presidencial también impide desestimar, sin más, la denuncia.
Adicionalmente, como han destacado diversas voces, la denuncia en cuestión importa porque podría indicar que por primera vez un grupo importante de jueces, juezas, magistrados y magistradas estarían dispuestos a dar a conocer mecanismos internos de coacción y presión, sin atarse al espíritu de cuerpo —o a la falta de convicción cívica— que siempre ha conducido a que, en instituciones como esta, los señalamientos sobre tales patrones se expresen sólo en voz baja y no lleguen nunca a formalizarse.
Dada la gravedad de lo denunciado, desde luego se debía abrir la investigación correspondiente y, siendo indudable el interés público del asunto, es ingenuo pensar que un procedimiento de esta naturaleza podía permanecer en la confidencialidad por mucho tiempo en un país como el nuestro.
Sin embargo, que la existencia de esta denuncia se haya dado a conocer a partir de la filtración de la misma y del acuerdo admisorio en medio del periodo electoral que vivimos, sin duda lesiona el proceso, pues esta circunstancia previsiblemente será usada para asignar a la investigación un carácter político.
Por lo pronto, en respuesta a esta filtración ya se ha amagado con iniciar juicio político a la actual ministra presidenta de la SCJN, una situación carente de precedentes y en extremo preocupante al ser respaldado por la fuerza política que podría detentar la mayoría calificada en el Congreso.
La conjunción de estas circunstancias inéditas da cuenta de que se ha abierto un escenario grave, que no tiene antecedentes análogos y que trasciende a la coyuntura electoral inmediata. Bien puede decirse que el conflicto iniciado, teniendo en el horizonte una posible reforma judicial —que será regresiva si se basa en la propuesta hecha pública el 5 de febrero de 2024 por el actual Titular del Ejecutivo—, genera una crisis judicial sumamente preocupante y de pronóstico reservado.
Por ello, es esencial que las investigaciones abiertas —tanto por la denuncia, como por la filtración— sean sustanciadas a la brevedad, con la máxima solidez y transparencia. También importa, en este marco, que los actores involucrados detengan la escalada de descalificaciones, acciones legales y denuestos, tan estridentes como personalizados, que podrían contribuir a acelerar la aprobación de una reforma judicial incluso más lesiva que la anunciada, queriéndolo o no.
Al mismo tiempo, es esencial reiterar que los numerosos aspectos necesitados de cambio profundo en la judicatura, que afloran en el marco de esta denuncia —y que, hay que insistir, se presentan de peor forma en la mayoría de los poderes judiciales locales—, confirman sin duda la necesidad de impulsar mayor rendición de cuentas y transparencia dentro de la judicatura. Discutir la reforma judicial parece ser ya ineludible, pese a que el factor principal de impunidad en México son las disfuncionales fiscalías que tenemos.
Pero justamente por eso es más que nunca necesario seguir señalando que la idea de elegir mediante votación ciudadana, directa o indirecta, a jueces, magistrados y ministros dista de ser una solución que por sí misma abone a mejorar la justicia o a revertir deficiencias como las que se están ventilando. Soslayar esta realidad, o no insistir en ella, fácilmente puede llevar a que la crisis que se ha desatado se capitalice para impulsar la propuesta de reforma que presentó esta administración, que sin duda pretende incrementar el control político sobre la maltrecha judicatura, más que fortalecer su papel como instancia garante de derechos.
Las fuerzas israelíes habían indicado que los vehículos se acercaron sin luces que les permitieran identificarlos, pero un video grabado por uno de los paramédicos que falleció muestra lo contrario.
El ejército israelí reconoció que sus soldados cometieron errores en el ataque en el que murieron 15 trabajadores de los servicios de emergencia en el sur de Gaza, el 23 de marzo.
El convoy de ambulancias de la Media Luna Roja Palestina, un vehículo de las Naciones Unidas y un camión de bomberos de la Defensa Civil de Gaza fueron atacados cerca de Rafah.
Israel había afirmado inicialmente que las tropas abrieron fuego porque el convoy se acercó “sospechosamente” en la oscuridad, sin luces delanteras ni intermitentes. También había indicado que el movimiento de los vehículos no se había coordinado ni se había acordado previamente con el ejército.
Imágenes grabadas con un teléfono celular por uno de los paramédicos fallecidos muestran que los automóviles tenían las luces encendidas ya que respondían a una llamada para ayudar a unas personas heridas.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) insisten en que al menos seis de los médicos estaban vinculados a la organización Hamás, pero hasta ahora no ha proporcionado evidencia de eso. También admiten que no estaban armados cuando los soldados abrieron fuego.
El video, compartido originalmente por el diario estadounidense The New York Times, muestra los vehículos deteniéndose en la carretera cuando, sin ninguna advertencia, comienzan los disparos justo antes del amanecer.
En la grabación, que continúa durante más de cinco minutos, se escucha al paramédico Refat Radwan rezar sus últimas oraciones antes de que se puedan oír las voces de los soldados israelíes a medida que se acercan a los vehículos.
Un funcionario de las FDI informó a los periodistas el sábado por la noche que los soldados, previamente, habían disparado contra un vehículo en el que viajaban tres miembros de Hamás.
Cuando las ambulancias respondieron y se acercaron a la zona, los monitores de vigilancia aérea informaron a los soldados en el terreno del “avance sospechoso” del convoy, dijo.
Cuando las ambulancias se detuvieron junto al automóvil de Hamás, los soldados asumieron que estaban bajo amenaza y abrieron fuego, a pesar de no tener evidencia de que algún miembro del equipo de emergencia estuviera armado.
Israel admitió que su versión anterior en la que aseguraba que los vehículos se habían acercado sin las luces encendidas era inexacta y atribuyó ese reporte a los soldados involucrados.
El teléfono celular
El video muestra que los automóviles estaban claramente señalizados y que los paramédicos vestían uniformes reflectantes de alta visibilidad.
Los soldados enterraron los cuerpos de los 15 trabajadores bajo la arena para protegerlos de los animales salvajes, según el funcionario, quien afirmó que los vehículos fueron trasladados y enterrados al día siguiente para despejar la carretera.
Los cuerpos fueron descubiertos una semana después del incidente, ya que las agencias internacionales de ayuda, incluida la ONU, no pudieron lograr un desplazamiento seguro a la zona ni pudieron localizar el lugar.
Cuando un equipo de ayuda encontró los cuerpos, también descubrió el teléfono de Radwan, que contenía imágenes de lo sucedido.
El vocero militar israelí negó que alguno de los médicos hubiese estado esposado antes de morir y afirmó que no fueron ejecutados a quemarropa, como algunos reportes han indicado.
A principios de esta semana, un paramédico que sobrevivió al ataque declaró a la BBC que las ambulancias tenían las luces encendidas y negó que sus compañeros estuvieran vinculados con algún grupo militante.
Las FDI prometieron una “investigación exhaustiva” del incidente para “comprender la secuencia de los acontecimientos y la gestión de la situación”.
La Media Luna Roja y varias organizaciones internacionales piden una investigación independiente.
Israel reanudó sus bombardeos aéreos y su ofensiva terrestre en Gaza el 18 de marzo, tras el fin de la primera fase del acuerdo de alto el fuego y el estancamiento de las negociaciones para una segunda fase.
Desde entonces, más de 1200 personas han muerto en Gaza, según el ministerio de Salud del territorio, controlado por Hamás.
El ejército israelí lanzó una campaña para destruir a Hamás en respuesta a un ataque perpetrado en Israel, el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas mil 200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.
Más de 50 mil 600 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el ministerio de Salud de ese territorio.
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