El “Plan C” frente a los derechos humanos
La confirmación, después de la elección, de que el partido en el poder detenta una contundente mayoría en el Congreso de la Unión, ha traído al centro del debate la discusión sobre el llamado “Plan C”. Vale la pena, en este contexto, recordar sus contenidos.
El presidente de la república presentó el 5 de febrero de 2024, en el marco de la conmemoración de la Constitución de 1917, un ambicioso paquete de reformas legislativas. Se trata de 18 iniciativas de modificaciones constitucionales y dos a la legislación secundaria.
Aún no contamos con una buena crónica sobre cómo se gestaron y diseñaron esas propuestas, y particularmente sobre qué tanto se dialogaron y acordaron con el equipo de la entonces candidata presidencial del partido en el poder, dato relevante para muchos de los debates del presente.
Pero al margen de lo anterior, importa decir que vistas desde la perspectiva de derechos humanos las iniciativas presentan algunos pasos en la dirección correcta, sobre todo en materia de derechos sociales y ambientales, al tiempo que incluye propuestas riesgosas para los derechos civiles y políticos.
En cuanto a lo primero, la propuesta en materia indígena es un avance. Reconocer a las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho público y elevar a la Constitución la consulta en materia indígena salda una añeja deuda, aunque la iniciativa dejó de lado aspectos importantes como la garantía de los derechos territoriales de las comunidades en relación con los recursos naturales, lo que han hecho notar voces indígenas muy autorizadas.
Por otro lado, la inclusión en una de las iniciativas de la prohibición de la minería a cielo abierto y del fracking es también una propuesta plausible para la garantía del derecho a un medio ambiente sano, que hay que celebrar. Igualmente, las iniciativas en materia de vivienda y salario mínimo amplían la garantía de los derechos sociales, lo mismo que las relativas a la salud y al régimen de pensiones, si bien estas últimas despertaron en su momento algunas preguntas respecto de su viabilidad financiera.
Ahora bien, respecto de los derechos civiles y políticos, son cinco las iniciativas que generan preocupaciones.
- La propuesta de seguir ampliando la prisión preventiva oficiosa, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya señaló la inconvencionalidad de esta figura.
- La propuesta electoral, que acota la representación proporcional y que abre a la elección mediante voto la designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral y magistrados electorales.
- La eliminación de organismos constitucionales autónomos, pues incluso aceptando que podría prescindirse de algunos de estos, en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y del Consejo Nacional De Evaluación de la Política Nacional (CONEVAL), su supresión va en detrimento de los derechos, pues ambas instituciones tienen mandatos relacionados con estos.
- La reforma judicial, que abre la puerta a la elección indirecta mediante votación de jueces, magistrados y ministros, creando también un amenazante y omnipotente Tribunal de Disciplina Judicial, sin tocar quisiera a las fiscalías que son las instituciones que realmente provocan nuestro problema de impunidad.
- La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), eludiendo el cumplimiento de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asegurando el fuero castrense a los elementos militares que la integren, ampliando las atribuciones de este cuerpo castrense para investigar delitos federales que involucran a civiles y abriendo la intervención militar en cualquier espacio de la vida pública, al reformar el muy importante artículo 129 constitucional, que ha permanecido intocado desde la Constitución de 1857.
Si bien, como se ha visto, hay aspectos positivos en el “Plan C”, estos quedan diluidos cuando se sopesa la gravedad de estas cinco reformas, sin que los resultados del 2 de junio por sí mismos lleven a dejar de expresar las preocupaciones que generan. Y es que vale la pena recordar que, cuando se trata de derechos humanos, apelar al argumento mayoritario no es suficiente: por ejemplo, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa no se vuelve compatible con los derechos humanos porque así lo apruebe una mayoría, como no ocurriría tampoco si una mayoría votara la reinstalación de la pena de muerte, restricciones en el derecho al voto o suprimir la libertad de expresión. Por eso, las encuestas no siempre son la mejor vía para decidir cuestiones relacionadas con los derechos.
Señalado lo anterior, también hay que decir que no todas las preocupaciones sobre el avance del “Plan C” parten de premisas vinculadas al respeto de los derechos humanos. Es cierto que cuando las grandes industrias extractivas se inquietan por la posible prohibición del fracking, no lo hacen precisamente para preservar el Estado de Derecho.
El destino de las propuestas es aún incierto. Hoy se insiste en que el avasallante resultado electoral del 2 de junio debe interpretarse como un claro mandato para llevar adelante esta agenda. Simultáneamente, algunas voces destacan con sensatez que ese mandato podría interpretarse más bien como un respaldo para continuar el combate a la desigualdad económica, a lo que muchas de estas reformas ―y sobre todo las cinco propuestas preocupantes ya comentadas― no necesariamente contribuyen. El reciente volumen del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que analiza las reformas ayuda a dimensionarlo así.
En todo caso, habrá que ver cómo transcurre el próximo periodo de sesiones en el Congreso. Hasta ahora, el discurso de la virtual presidenta electa ha sido mesurado, aunque la idea de llevar a encuesta el diagnóstico sobre el poder judicial con preguntas inductivas ha levantado justificada preocupación. En este sentido, es destacable que en la agenda legislativa que se impulsará a partir de septiembre se haya incluido las modificaciones a la ley del ISSSTE por las que pugnaba el magisterio, el otorgamiento de pensión a las mujeres de 60 a 64 años, el programa de becas universales para todos los estudiantes de educación básica pública y la eliminación de la reelección de presidentes municipales y diputados. Todas estas medidas hacen parte de la agenda de la virtual Presidenta Electa, más que del llamado “Plan C”.
Para lo que viene, es deseable que no se soslayen las justificadas preocupaciones que para los derechos humanos generan particularmente estas cinco propuestas y que se abra espacio para discutir en serio los grandes problemas del país.
La violencia con armas de fuego es un fenómeno particularmente estadounidense que se no se presenta con similar magnitud en ningún otro país desarrollado. Para hacer frente a ese problema, el cirujano general de EU. ha decidido declararlo como una “crisis de salud pública”. Acá te explicamos por qué.
La mayoría de los estadounidenses o sus familiares han vivido incidentes relacionados con la violencia por uso de armas de fuego.
Ese es uno de los datos contenidos en un informe sin precedentes presentado por el cirujano general de EE.UU., Vivek Murthy, y en el cual se ha basado para declarar la violencia armada como una crisis de salud pública en ese país.
En el texto, Murthy explica que el objetivo de esta declaración es reducir el número de víctimas en ese país que lidera mundialmente las estadísticas de muertes por disparos.
Sugiere que un enfoque de salud pública podría ser efectivo y lo compara con la implementación de cinturones de seguridad en los automóviles y las advertencias sobre los riesgos de fumar cigarrillos.
Según expertos, el informe es simbólico y no obliga a cambiar las políticas sobre este tema en EE.UU., pero es un paso para frenar las muertes y cambiar el debate en torno a las armas en el país.
La crisis está impulsada, según el informe, por el aumento de homicidios relacionados con armas de fuego en la última década y de suicidios relacionados con armas de fuego en las dos últimas décadas.
A continuación, te mostramos la grave crisis de los últimos años a través de cinco cifras clave:
1. Primera causa de muerte en niños y jóvenes
Las muertes por armas de fuego en Estados Unidos han aumentado, alcanzando un máximo histórico en las últimas tres décadas en 2021.
Desde 2020, este tipo de violencia es la principal causa de muerte en niños y adolescentes de entre 1 y 19 años, superando las muertes por accidentes de tránsito, cáncer y sobredosis por drogas o envenenamiento.
En comparación con otros países, por cada millón de personas de entre 1 y 19 años, hay 36,4 muertes por armas en EE.UU.
En Japón hay 0,3 muertes y en el Reino Unido 0,5 muertes en el mismo rango de edad.
Según el informe, desde 2022, un total de 48.204 personas han muerto por heridas relacionadas con armas de fuego, incluyendo suicidios, homicidios y muertes accidentales. Esto representa 8.000 muertes más que en 2019 y casi 16.000 más que en 2010.
Dentro de estas cifras, se estima que los suicidios han aumentado en un 20% en la población joven.
2. La mitad de la población ha experimentado violencia armada
En Estados Unidos, la violencia armada ha afectado de forma indirecta o directa a más de la mitad de sus habitantes.
El 54% de los adultos, o sus familias, han experimentado algún incidente relacionado con un arma de fuego, según datos de una encuesta nacional mencionada en el informe.
De este porcentaje, el 21% ha sido amenazado con un arma, el 19% tiene familiares que han muerto por un arma (incluyendo suicidio), el 17% ha sido testigo de un tiroteo, y el 4% ha disparado un arma en defensa propia o ha sido herido por un arma.
“Por cada vida que se pierde, hay dos personas que reciben disparos y resultan heridas y sufren consecuencias para su salud mental y física, familiares que lloran la pérdida de un ser querido, testigos de estos incidentes y millones de personas que leen y oyen hablar de la violencia armada todos los días en los periódicos”, dijo Murthy en una entrevista con la BBC el martes.
La crisis afecta entonces no solo a las víctimas, sino también a la comunidad alrededor. Una de las principales consecuencias es un declive en la salud mental.
La exposición a violencia armada puede contribuir a niveles más elevados de estrés y amenazar el sentido de seguridad en las personas. En comunidades donde hay un tiroteo o múltiples tiroteos, el uso de la sala de emergencia aumenta en un 50% por razones de salud mental después de los 30 días posteriores al incidente.
La preocupación constante por ser víctima de violencia armada es algo con lo que los estadounidenses deben convivir diariamente.
Seis de cada diez adultos en Estados Unidos dicen que se preocupan porque alguien de su familia o seres queridos sea víctima de la violencia armada. Más de un tercio de los adultos en el país experimenta estrés por la posibilidad de un tiroteo masivo y uno en tres adultos dice que el miedo les impedir ir a ciertos lugares o eventos.
La crisis, sin embargo, no afecta a todos de la misma forma. Las comunidades negras fueron las más afectadas en 2022 con el mayor número de homicidios por armas en todas las edades.
Entre los jóvenes que viven en las grandes ciudades de EE.UU., los jóvenes negros y latinos tienen hasta 7 veces más probabilidades de sufrir o ser testigos de violencia por armas.
3. El país rico con más muertes por armas de fuego
La tasa de mortalidad por armas de fuego es 11,4 veces mayor en Estados Unidos que en otros 28 países de ingresos altos, lo que convierte esta cuestión en un problema particularmente estadounidense.
A pesar de que Estados Unidos representa solo el 31% de la población total de los 29 países estudiados, el país acumula el 83,7% de todas las muertes relacionadas con armas de fuego en estos países.
El grupo más afectado siguen siendo los niños y jóvenes.
Las cifras son más dramáticas si se comparan los datos de esos países sobre muertes de jóvenes y niños de entre 0 y 14 años. En 2015, 9 de cada 10 niños que murieron por violencia armada vivían en EE.UU.
El número de tiroteos también va en aumento en EE.UU., aunque solo representan el 1% de las muertes relacionadas con armas. Según el Archivo de Violencia Armada (Gun Violence Archive), más de 600 tiroteos masivos ocurrieron cada año entre 2020 y 2023, en comparación con el promedio de menos de 400 de entre 2015 y 2018.
4. La mitad de las muertes no intencionadas ocurren en casa
Si bien tener un arma en casa es sinónimo de seguridad para muchos, las estadísticas prueban lo contrario.
Tener un arma en casa está asociado con un mayor riesgo de ser víctima de homicidio o suicidio para las personas que viven allí.
Según el reporte, en una situación tensa es más probable que se use un arma y esto puede llevar a consecuencias mortales. El suicidio, por ejemplo, puede ocurrir en cuestión de minutos u horas después de que se ha tomado esta decisión. El acceso a un arma puede transformar un episodio de crisis en un momento fatal.
El fácil acceso a las armas en casa y el mal almacenamiento, conllevan a muertes accidentales.
El 56% de las muertes no intencionadas por arma de fuego entre niños y adolescentes de entre 0 y 17 años ocurrieron en su propia casa entre 2003 y 2021. Esto se agrava cuando la mayoría de las armas se guardan cargadas o sin medidas de seguridad.
Aproximadamente dos tercios de los tiradores estaban jugando con el arma o enseñándosela a otros cuando se disparó.
Un arma desbloqueada en casa está relacionada con un riesgo más alto de suicidio o un disparo intencional entre niños y adolescentes. Las armas guardadas sin llave se encontraron más comúnmente bajo la almohada, en la cama, debajo del colchón o encima de la mesa de noche, lugares de fácil acceso para niños.
5. Alta preocupación por tiroteos escolares
El miedo y la preocupación por la violencia armada son constantes en los adolescentes, sobre todo cuando se trata de tiroteos escolares.
El 51% de los adolescentes entre 14 y 17 años están preocupados por la posibilidad de un tiroteo escolar y la mayoría de ellos han reportado que piensan en qué pasaría si una persona armada entra a su escuela o una escuela cercana.
Este miedo trae consecuencias.
El ausentismo escolar es una de las principales. Los adolescentes evitan asistir a clases porque no se sienten seguros. Un ejemplo son las secuelas tras la tragedia en la escuela de Columbine. Después de este tiroteo, se dobló el número de estudiantes que se ausentaron de clase porque temían por su seguridad.
La salud mental y el desarrollo de los niños también se ven afectados. Según el informe, la exposición en la infancia a ser testigo de incidentes relacionados con armas de fuego se ha asociado con mayores probabilidades de portar armas de fuego en la adolescencia. Además, la exposición acumulativa a violencia armada puede afectar el desarrollo y contribuir a la aparición de problemas mentales y de comportamiento.
“No tenemos por qué seguir por este camino y no tenemos por qué someter a nuestros hijos al horror continuo de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos”, afirmó Murthy.
Haciendo frente a la violencia armada
Murthy confía en que se pueda eliminar la politización de un tema que ha dividido a los legisladores y que, en su lugar, se logre concientizar a los estadounidenses sobre las consecuencias y las cifras.
Los defensores de que se avance en un uso más seguro de las armas se mostraron optimistas sobre el anuncio del cirujano general y lo consideran un paso hacia un cambio en la opinión pública sobre este asunto.
“No se trata de una cuestión política”, declaró a la BBC el Dr. Chethan Sathya, director del Centro de Prevención de la Violencia Armada de Northwell Health. “Se trata de comunidades más seguras, seguridad en el manejo de armas de fuego y prevención de la violencia”.
Sathya considera que el informe “legitima” un debate sobre el uso de recursos de investigación y salud pública para abordar el problema con soluciones de salud pública.
“Necesitamos una política y una estrategia con muchos matices diferentes para poder abordar esto de una manera que tenga sentido para todos los estadounidenses”.
Un gran paso tiene que ver con reconocer la magnitud del problema, según dice el reporte.
Aunque diez de las principales asociaciones médicas nacionales han respaldado el informe de Murthy, la reacción de los conservadores no ha sido positiva.
En sus redes sociales, la Asociación Nacional del Rifle, el grupo de presión armamentística más importante del país, respondió a lo que calificó de “extensión de la guerra de la Administración Biden contra los propietarios de armas respetuosos con la ley”.
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