Crece lista de influencers que promueven a Sheinbaum, Harfuch y al Partido Verde; ahora también destinan 1.5 mdp en FB
La lista de influencers que publican videos a favor del Partido Verde crece y a esta estrategia se sumaron -en estos primeros tres meses del año- canales en Facebook que han gastado al menos 1.5 millones de pesos en hacerle publicidad a este partido, aparentando ser medios de comunicación.
El Partido Verde no reconoce esta publicidad como un gasto de promoción electoral y no lo reporta al INE.
En el periodo de intercampaña El Sabueso ubicó al menos 9 cuentas de creadores de contenido publicitando al Verde en TikTok e Instagram, y ahora la lista subió a 14 personajes identificados, cuya cuenta no está enfocada en contenido político y que comenzaron a destacar con más videos a ese partido así como a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, candidatos de su aliado Morena.
Influencers no aclaran la situación
Consultado al respecto vía la plataforma de Transparencia, el PVEM informó que no tiene “algún documento que indique monto económico entregado a alguna personalidad por emitir alguna opinión sobre el Partido Verde Ecologista de México”.
También se les pidió un comentario vía telefónica, sin que se haya obtenido una respuesta.
Como Animal Político informó el dia 23 de febrero, los influencers Adriana Carballo, Paul Rebollar, Dayana Navarro, Santos Licea, Aranza Cesari, Mich Zepeda, Andrea Lunaro, Julián Palomera e Iván Ochoa fueron los primeros en publicar contenido a favor del Partido Verde.
Ahora, El Sabueso identificó otros cinco creadores de contenido, así como nuevos contenidos propagandísticos de algunos influencers antes mencionados. Los nuevos influencers identificados fueron: Mariana Grimaldi, Ingrid Aver, Martha Briano, Nicole Curiel y Jihu.
También se les contactó, sin que hasta el momento quisieran hacer un comentario.
Entre el 12 y 20 de marzo de 2024, El Sabueso identificó nueve publicaciones de ellas y ellos a favor de Omar García Harfuch y un video a favor de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
Todos los contenidos publicados en Instagram y TikTok cuentan con las mismas características: videos cortos, resaltando las propuestas y candidatos del PVEM, y sin etiquetar al partido.
El 12 de marzo de 2024, la influencer Mariana Grimaldi dijo en una de sus historias en Instagram que “Claudia Sheinbaum plantó 40 millones de árboles y plantas para ayudar a la biodiversidad en la Ciudad de México”, siendo que la mayoría de su contenido es humorístico y no se enfoca en política.
Mientras que el usuario Jihu publicó “Omar García está con el Partido Verde. Como secretario de seguridad tuvo buenos resultados” y el artista Julian Palomera señaló que los delitos de homicidio doloso y de robo de autos bajaron debido al trabajo de “Omar García Harfuch del Verde”.
En TikTok, Andrea Lunaro señaló que el ex secretario de seguridad de la Ciudad de México logró reducir los niveles de inseguridad y destacó que “tiene una capacidad de adaptación a largo plazo en la política”.
Una fuente anónima dijo a El Sabueso para la nota previa sobre el tema que fue contactada por mensaje directo en redes sociales para proponerle una campaña con videos donde se mencionara al Partido Verde, pero se le solicitó que el pago fuera a la cuenta de una tercera persona.
El Verde ha sido sancionado en repetidas ocasiones por actos como estos. En la jornada de 2015, diversos personajes del espectáculo y los deportes publicaron mensajes a favor del partido en Twitter, aunque se estuviera en periodo de veda.
Mientras que en 2021, un total de 104 influencers, artistas y creadores de contenido volvieron a compartir mensajes en apoyo al partido y llamando al voto a través de Instagram.
Tras una investigación, el Consejo General del INE impusó como sanción que el Partido Verde pagara una multa por 40 millones 933 mil 568 pesos, además de interrumpir su propaganda electoral en medios de comunicación por un año completo.
Canales de FB gastan 1.5 mdp en propaganda a favor del PVEM
“Ley del Partido Verde exige a los edificios gubernamentales reducir el consumo de AGUA”, dice una publicación de la página La Era Digital que destinó 2,399 pesos en dos anuncios para promocionar al PVEM entre el 28 y 30 de enero.
En total se identificaron al menos 10 páginas que comenzaron a publicitar desde enero a este partido, a Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch. Hasta el 16 de marzo habían gastado al menos 1 millón 590 mil 191 pesos en estos anuncios.
Estas páginas son: Portales Informativos, Diario El Vigilante, Periodico El Guardián, El Sendero Informativo, Diario El Estruendo, Gaceta Informativa, Noticias Centinela, La Letra Grande Noticias, El Surrealista y La Era Digital.
Estos canales simulan ser medios de comunicación, tienen sitios web que no muestran datos de autor o dirección, no hay respuestas de los número telefónicos que ofrecen y utilizan la misma base de correo electrónico : contacto@laeradigital.com.mx, contacto@elsurrealista.com.mx, contacto@lasnoticiascentinela.com, etc.
Además, todas las páginas publicaron videos cortos que muestran spots a favor del PVEM y resaltan las cualidades de los ex funcionarios capitalinos. “¿Sabes por qué la candidata a la presidencia de la república por el Partido Verde Claudia Shienbuam es DOCTORA? ¡Haz clic aquí para que te enteres!”, menciona una publicación.
A detalle, pautaron 42 publicaciones a favor de las propuestas del Partido Verde con un monto de 728 mil 399 pesos; 44 videos a favor de García Harfuch con una inversión de 627 mil 500 pesos y 48 mensajes a favor de Sheinbaum con 234 mil 292 pesos.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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