Para la elección por voto popular de las personas juzgadoras tras la reforma judicial, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben instalar cada uno un Comité de Evaluación que será clave en la definición de aspirantes, porque se encargará desde la inscripción hasta la selección de postulaciones.
Según la reforma aprobada, los comités deben estar integrados el 31 de octubre; tanto la presidenta Claudia Sheinbaum y legisladores morenistas como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña ya están definiendo a quiénes propondrán para integrarlos.
“Antes de eso estaríamos dando a conocer los cinco nombres”, dijo Sheinbaum en la conferencia de prensa del 22 de octubre.
En El Sabueso te explicamos a detalle cómo se integrarán estos comités, cuáles serán sus tareas y cuál será el proceso para definir a aspirantes a personas juzgadoras:
El artículo 500 de la iniciativa de Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales que envió Claudia Sheinbaum y que ya fue aprobada establece que los Comités de Evaluación estarán integrados con paridad de género por cinco personas de prestigio con al menos cinco años en la actividad jurídica.
Deben contar con nacionalidad mexicana, un título de licenciatura en Derecho con antigüedad mínima de cinco años, y no haber sido condenados por algún delito.
Además se estableció la limitante de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos tres años anteriores a la designación, sin ahondar en quienes militan o simpatizan con partidos políticos.
Al respecto, la abogada Jesika Alejandra Torres criticó que esta medida no garantiza neutralidad e imparcialidad de quienes integren los comités.
“Sin embargo, como se integran de forma colegiada, es decir, no son unipersonales, se pueden generar consensos y contrapesos”, añadió sobre los Comités de Evaluación.
La también maestra en Derecho comentó que la creación de Comités de Evaluación ya se ha realizado para otros procesos, como la selección de consejeras y consejeros en instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Cámara de Diputados.
La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista disputa entre el diputado Ricardo Monreal y el senador Gerardo Fernández Noroña por las cinco personas que integrarán el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Sin embargo, el primero reclamó tres de las plazas y el segundo le dijo que el Senado de la República “lleva la mano” en el procedimiento.
“Nuestro compañero y amigo Ricardo Monreal quería tres de las cinco personas que van a evaluar”, declaró Noroña.
El senador también se comprometió a que los perfiles que integren el Comité de Evaluación del Poder Legislativo sean los ideales.
“Yo creo que no es un tema de cuota, es ponernos de acuerdo con los perfiles, que sean de muy alto nivel, que sean gente muy prestigiada en el área del derecho de tal forma que el mensaje sea muy poderoso hacia la ciudadanía porque esperan un comité faccioso, un comité de compañeros militantes, cuadros del movimiento, no, no es la intención”, dijo.
Por su parte, el 22 de octubre Monreal publicó en sus redes un video en el que habló de la idoneidad de todos los perfiles. Y, según un comunicado de la Cámara de Diputados, el próximo martes 29 se votarían en el Pleno las propuestas, para ver si alguna de ellas logra la mayoría calificada.
“La idea es recibir propuestas en la Junta de Coordinación Política, con lo que respecta al Poder Legislativo y sacar los mejores perfiles, que serán quienes evalúen a los aspirantes a estos puestos que serán sometidos al sufragio directo”, pronuncia.
Los Comités de Evaluación publicarán, dentro de los 15 días naturales posteriores a su integración, las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones, para la elección de personas juzgadoras.
Las convocatorias deben incluir las etapas, fechas y plazos aplicables al proceso de inscripción, evaluación y selección de postulaciones por el Comité. También los mecanismos, formatos y otros medios de contacto para inscribirse.
Los Comités tienen que contar con una metodología de evaluación de idoneidad de las personas aspirantes para el desempeño de los cargos de elección por voto popular.
Después del plazo para inscribirse en la convocatoria, que comprende del 5 de noviembre al 24 de noviembre de 2024, los Comités de Evaluación integrarán y publicarán a más tardar el 14 de diciembre de 2024 la lista de las personas aspirantes que hayan participado en la convocatoria y reúnan los requisitos para ser elegibles.
“Las candidaturas que hayan sido rechazadas podrán impugnar esa decisión ante el Tribunal Electoral o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, establece el artículo 500 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales.
Sin establecer en cuánto tiempo, dicha ley plantea que las impugnaciones sean resueltas dentro de un plazo que permita a las y los aspirantes participar en la evaluación de idoneidad, a más tardar el 31 de enero de 2025. En esta evaluación, los Comités podrán tomar en cuenta su perfil curricular, antecedentes profesionales y académicos.
Los Comités realizarán entrevistas públicas a las personas aspirantes que califique más idóneas a efecto de evaluar sus conocimientos técnicos para el desempeño del cargo y su competencia.
Por último, los Comités seleccionarán los perfiles mejor evaluados en una proporción de 10 personas para cada cargo en los casos de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial
Y de seis personas para cada cargo en los casos de personas magistradas integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación, así como las personas juezas integrantes de los Juzgados de Distrito.
Sin embargo, la iniciativa propone que estas listas además se remitan a cada Poder de la Unión para manifestar su conformidad total o parcial con las candidaturas finalistas, previo a una insaculación o sorteo.
En el caso del Legislativo y el Judicial, la decisión se tomará por mayoría de dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados y el Senado, y la Suprema Corte respectivamente.
Durante la discusión en comisiones del Senado, el panista Ricardo Anaya reclamó que la propuesta de regulación permita a los Poderes decidir sobre las candidaturas.
“El Comité de Evaluación que tanto prometieron que era el que se iba a encargar de darle transparencia, de elevar el nivel de la contienda, ahora lo que define el Comité de Evaluación, los tres poderes que ustedes tienen, o control directo o mayoría para vetar antes de la insaculación”, dijo Anaya, según un comunicado.
Una vez que los Poderes determinen su conformidad sobre los listados, los Comités mediante insaculación pública ajustarán el número de postulaciones para cada cargo, plantea el artículo 500. En los artículos transitorios se marca que esto sucederá a más tardar el 6 de febrero de 2025.
Para ministras y ministros, y magistradas y magistrados de la sala superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, los listados podrán contemplar hasta tres personas candidatas por cargo.
Para la elección de personas magistradas integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación, así como las personas juezas integrantes de los Juzgados de Distrito, los listados podrán contemplar hasta dos personas por cada Poder para cada cargo.
Los listados depurados serán aprobados por los Poderes de la Unión y deben ser remitidos al Senado de la República a más tardar el 10 de febrero del año de la elección, que en este caso, será en junio de 2025.
El gobierno de Justin Tradeau anunció un importante recorte a la entrada de extranjeros que buscan residencia. ¿Por qué lo hace ahora?
Canadá anunció un fuerte recorte del número de inmigrantes que permite entrar en el país en un esfuerzo por “frenar el crecimiento demográfico”, una decisión que supone un notable cambio en la política del gobierno de primer ministro Justin Trudeau.
Como parte de los cambios, el país norteamericano reducirá el número de residentes permanentes en 2025 a 395.000, lo cual es 21% menos de los casi 500.000 autorizados hasta ahora.
Trudeau dijo que su gobierno “no obtuvo el equilibrio adecuado” cuando reforzó la inmigración después de la pandemia, cuando el país buscaba hacer frente a la escasez de mano de obra.
El apoyo a la política de apertura también ha ido disminuyendo. Según las encuestas, existe una creciente preocupación entre los canadienses por la llegada de más inmigrantes y su impacto en temas como la vivienda y los servicios sociales.
La medida se suma a la ya anunciada reducción de la admisión de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales.
Este jueves Trudeau y el ministro de Inmigración, Marc Miller, anunciaron que habría recortes que limitarían la llegada de extranjeros a vivir al país.
El objetivo, dijo Miller, es fijar una meta menor de 365.000 nuevos residentes permanentes para 2027.
Esta reducción detendrá el crecimiento de la población en Canadá durante los próximos dos años, dijo Trudeau, lo que dará tiempo a las provincias para reforzar sus programas sanitarios y sus esquemas de vivienda.
Trudeau afirmó que “los canadienses están justificadamente orgullosos” de su sistema de inmigración abierto, el cual ha contribuido a impulsar la economía del país y a construir comunidades con diversidad.
“Nuestro sistema de inmigración siempre ha sido responsable y flexible”, afirmó Trudeau. “Actuamos hoy debido a que en los tiempos difíciles en que intentábamos salir de la pandemia, atendiendo las necesidades de mano de obra y el crecimiento de la población, no conseguimos el equilibrio adecuado”.
Casi todo el crecimiento demográfico de Canadá el año pasado -alrededor del 97%- se debió a la inmigración, según datos federales.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo en el país ha aumentado hasta el 6,5%. Entre los jóvenes supera el 14%.
En el último medio siglo, Canadá se ha transformado en una nación multicultural.
Con una inmensa superficie habitada por solo 12 millones de personas tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno canadiense promovió durante las siguientes décadas políticas para atraer a extranjeros que poblaran el país y expandieran su economía.
Además de convertir a Canadá en una de las sociedades más multiculturales del mundo, la inmigración ha sido un motor clave de crecimiento al aportar talento y mano de obra a las empresas.
La nueva medida supone un cambio con respecto a décadas de políticas de inmigración abiertas, en las que Canadá ha confiado en los recién llegados para cumplir los objetivos de población y cubrir las carencias de mano de obra.
Desde que Trudeau fue elegido en 2015, su gobierno ha elevado los objetivos anuales de residentes permanentes de 272.000 a 485.000 este año. El mayor salto se produjo en 2021, tras la pandemia de covid-19.
Pero Trudeau y su gobierno han sido objeto de críticas por aumentar la inmigración sin reforzar los servicios sociales o la construcción de viviendas, que han enfrentado problemas por el rápido crecimiento de la población, según los economistas. Los servicios públicos como la sanidad también han tenido dificultades.
A principios de este mes, una encuesta del Instituto Environics, que ha seguido de cerca las actitudes de los canadienses hacia la inmigración desde 1977, reveló que el 58% de los entrevistados considera ahora que los niveles de inmigración son demasiado altos.
Según el instituto, los resultados sugieren que la opinión pública en el tema “ha pasado de ser aceptable (si no valiosa) a problemática”.
Los precios promedio de las viviendas en Canadá rondan los 700.000 dólares canadienses (US$517.400) y los alquileres han aumentado un 22% en los últimos dos años.
Pero los recortes a la inmigración también han sido criticados por grupos activistas, como la Red por los Derechos de los Inmigrantes, que escribió en una carta abierta a Trudeau y Miller diciéndoles que se está culpando injustamente a los extranjeros de la problemática.
“Los inmigrantes no son responsables de la crisis de la vivienda en Canadá, ni de la falta de empleo, ni de la inadecuada asistencia sanitaria u otros servicios públicos”, afirmaron.
El grupo añadió que estos problemas son más bien el resultado de “décadas de políticas federales y provinciales que han infrafinanciado y privatizado los servicios públicos”.
Desde hace meses, Canadá comenzó a implementar algunos de los cambios en la política.
Respecto a los trabajadores en empresas canadienses, sus patrones han tenido que reducir la cantidad de extranjeros temporales o demostrar que esos puestos no pueden ser ocupados por un residente permanente o un ciudadano canadiense.
Las sectores con más excepciones han sido los obreros de la construcción y el personal sanitario, pues ambos han enfrentado escasez de mano de obra.
A principios de este año, Miller también estableció un límite en el número de estudiantes extranjeros que admitiría Canadá durante los próximos años, lo que resultó en una disminución planificada del 35% en las aprobaciones de permisos de estudio.
Más de 800.000 estudiantes extranjeros vivían en Canadá en 2022, frente a 214.000 una década antes.
Esa medida también ha recibido críticas, en particular de algunas instituciones de educación superior de todo el país a quienes preocupa que disuada a los estudiantes de venir a Canadá en favor de otros destinos.
Algunas universidades alegaron que un límite supondría una pérdida de ingresos para sus instituciones.
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