Comités de Evaluación: cómo se conforman y por qué su papel es clave para elegir a las candidaturas al Poder Judicial
Para la elección por voto popular de las personas juzgadoras tras la reforma judicial, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben instalar cada uno un Comité de Evaluación que será clave en la definición de aspirantes, porque se encargará desde la inscripción hasta la selección de postulaciones.
Según la reforma aprobada, los comités deben estar integrados el 31 de octubre; tanto la presidenta Claudia Sheinbaum y legisladores morenistas como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña ya están definiendo a quiénes propondrán para integrarlos.
“Antes de eso estaríamos dando a conocer los cinco nombres”, dijo Sheinbaum en la conferencia de prensa del 22 de octubre.
En El Sabueso te explicamos a detalle cómo se integrarán estos comités, cuáles serán sus tareas y cuál será el proceso para definir a aspirantes a personas juzgadoras:
¿Quiénes pueden integrar los Comités de Evaluación?
El artículo 500 de la iniciativa de Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales que envió Claudia Sheinbaum y que ya fue aprobada establece que los Comités de Evaluación estarán integrados con paridad de género por cinco personas de prestigio con al menos cinco años en la actividad jurídica.
Deben contar con nacionalidad mexicana, un título de licenciatura en Derecho con antigüedad mínima de cinco años, y no haber sido condenados por algún delito.
Además se estableció la limitante de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos tres años anteriores a la designación, sin ahondar en quienes militan o simpatizan con partidos políticos.
Al respecto, la abogada Jesika Alejandra Torres criticó que esta medida no garantiza neutralidad e imparcialidad de quienes integren los comités.
“Sin embargo, como se integran de forma colegiada, es decir, no son unipersonales, se pueden generar consensos y contrapesos”, añadió sobre los Comités de Evaluación.
La también maestra en Derecho comentó que la creación de Comités de Evaluación ya se ha realizado para otros procesos, como la selección de consejeras y consejeros en instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Cámara de Diputados.
Monreal y Noroña en desacuerdo por integración de Comité
La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista disputa entre el diputado Ricardo Monreal y el senador Gerardo Fernández Noroña por las cinco personas que integrarán el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Sin embargo, el primero reclamó tres de las plazas y el segundo le dijo que el Senado de la República “lleva la mano” en el procedimiento.
“Nuestro compañero y amigo Ricardo Monreal quería tres de las cinco personas que van a evaluar”, declaró Noroña.
El senador también se comprometió a que los perfiles que integren el Comité de Evaluación del Poder Legislativo sean los ideales.
“Yo creo que no es un tema de cuota, es ponernos de acuerdo con los perfiles, que sean de muy alto nivel, que sean gente muy prestigiada en el área del derecho de tal forma que el mensaje sea muy poderoso hacia la ciudadanía porque esperan un comité faccioso, un comité de compañeros militantes, cuadros del movimiento, no, no es la intención”, dijo.
Por su parte, el 22 de octubre Monreal publicó en sus redes un video en el que habló de la idoneidad de todos los perfiles. Y, según un comunicado de la Cámara de Diputados, el próximo martes 29 se votarían en el Pleno las propuestas, para ver si alguna de ellas logra la mayoría calificada.
“La idea es recibir propuestas en la Junta de Coordinación Política, con lo que respecta al Poder Legislativo y sacar los mejores perfiles, que serán quienes evalúen a los aspirantes a estos puestos que serán sometidos al sufragio directo”, pronuncia.
¿De qué se encargarán los Comités de Evaluación?
Los Comités de Evaluación publicarán, dentro de los 15 días naturales posteriores a su integración, las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones, para la elección de personas juzgadoras.
Las convocatorias deben incluir las etapas, fechas y plazos aplicables al proceso de inscripción, evaluación y selección de postulaciones por el Comité. También los mecanismos, formatos y otros medios de contacto para inscribirse.
Los Comités tienen que contar con una metodología de evaluación de idoneidad de las personas aspirantes para el desempeño de los cargos de elección por voto popular.
Después del plazo para inscribirse en la convocatoria, que comprende del 5 de noviembre al 24 de noviembre de 2024, los Comités de Evaluación integrarán y publicarán a más tardar el 14 de diciembre de 2024 la lista de las personas aspirantes que hayan participado en la convocatoria y reúnan los requisitos para ser elegibles.
“Las candidaturas que hayan sido rechazadas podrán impugnar esa decisión ante el Tribunal Electoral o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, establece el artículo 500 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales.
Sin establecer en cuánto tiempo, dicha ley plantea que las impugnaciones sean resueltas dentro de un plazo que permita a las y los aspirantes participar en la evaluación de idoneidad, a más tardar el 31 de enero de 2025. En esta evaluación, los Comités podrán tomar en cuenta su perfil curricular, antecedentes profesionales y académicos.
Los Comités realizarán entrevistas públicas a las personas aspirantes que califique más idóneas a efecto de evaluar sus conocimientos técnicos para el desempeño del cargo y su competencia.
Poderes aprobarán candidaturas que elijan los Comités
Por último, los Comités seleccionarán los perfiles mejor evaluados en una proporción de 10 personas para cada cargo en los casos de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial
Y de seis personas para cada cargo en los casos de personas magistradas integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación, así como las personas juezas integrantes de los Juzgados de Distrito.
Sin embargo, la iniciativa propone que estas listas además se remitan a cada Poder de la Unión para manifestar su conformidad total o parcial con las candidaturas finalistas, previo a una insaculación o sorteo.
En el caso del Legislativo y el Judicial, la decisión se tomará por mayoría de dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados y el Senado, y la Suprema Corte respectivamente.
Durante la discusión en comisiones del Senado, el panista Ricardo Anaya reclamó que la propuesta de regulación permita a los Poderes decidir sobre las candidaturas.
“El Comité de Evaluación que tanto prometieron que era el que se iba a encargar de darle transparencia, de elevar el nivel de la contienda, ahora lo que define el Comité de Evaluación, los tres poderes que ustedes tienen, o control directo o mayoría para vetar antes de la insaculación”, dijo Anaya, según un comunicado.
Una vez que los Poderes determinen su conformidad sobre los listados, los Comités mediante insaculación pública ajustarán el número de postulaciones para cada cargo, plantea el artículo 500. En los artículos transitorios se marca que esto sucederá a más tardar el 6 de febrero de 2025.
Para ministras y ministros, y magistradas y magistrados de la sala superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, los listados podrán contemplar hasta tres personas candidatas por cargo.
Para la elección de personas magistradas integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación, así como las personas juezas integrantes de los Juzgados de Distrito, los listados podrán contemplar hasta dos personas por cada Poder para cada cargo.
Los listados depurados serán aprobados por los Poderes de la Unión y deben ser remitidos al Senado de la República a más tardar el 10 de febrero del año de la elección, que en este caso, será en junio de 2025.
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Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Quién se beneficia? ¿Es sostenible el boom agroexportador peruano?
Cómo empezó todo
El proceso que llevaría al desarrollo de la industria agroexportadora peruana comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori impulsaba profundas reformas liberalizadoras para reactivar a un país golpeado por años de crisis económica e hiperinflación.
“Las bases se sentaron al reducir las barreras arancelarias, promover la inversión extranjera en Perú y reducir los costos administrativos para las empresas; se buscaba impulsar a los sectores que tuvieran potencial exportador”, le dijo a BBC Mundo César Huaroto, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Al principio, la atención se centró en el sector minero, pero a finales de siglo ya aparece una élite empresarial que ve el potencial del rubro agroexportador”.
Pero no bastaba con leyes más propicias ni con la intención.
La agricultura a gran escala en Perú se había enfrentado tradicionalmente a obstáculos como la escasa fertilidad de los suelos de la selva amazónica y la accidentada orografía de la sierra andina.
Ana Sabogal, experta en ecología vegetal y cambios antrópicos en los ecosistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC Mundo que “la inversión privada de grandes agricultores, menos reacios al riesgo que los pequeños, facilitó innovaciones técnicas como el riego por goteo y el desarrollo de proyectos de riego”.
La solución del problema de la escasez de agua en el desierto permitió empezar a cultivar en una zona donde tradicionalmente no se había contemplado la agricultura y empezar a explotar sus particulares condiciones climáticas, que lo convierten en lo que los expertos describen como un “invernadero natural”.
“La zona no tenía agua, pero con agua se convertía en una tierra muy fértil”, indica Huaroto.
Todo eso, sumado a innovaciones genéticas, como la que permitió el cultivo local del arándano, posibilitó que Perú incorporara grandes extensiones de su desierto costero a su superficie cultivable, que se amplió en alrededor de un 30%, según la estimación de Sabogal.
“Fue un aumento sorprendente y enorme de la agroindustria”, resume la experta.
Hoy, regiones como Ica o la norteña Piura se han convertido en grandes centros de producción agrícola y la agroexportación en uno de los motores de la economía peruana.
Qué consecuencias ha tenido
Según la Asociación de Exportadores ADEX, las exportaciones agrícolas representaron en 2024 un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, cuando en 2020 no era más que un 1,3%.
El impacto económico y ambiental ha sido notable y ambivalente.
Sus defensores subrayan que ha traído beneficios económicos, pero los críticos apuntan a sus costes medioambientales, como su elevado consumo de agua en zonas donde escasea y la población no tiene garantizado el suministro.
El economista César Huaroto dirigió un estudio para evaluar el boom agroexportador en la costa de Perú.
“Una de las cosas que encontramos es que la industria agroexportadora había actuado como dinamizador de la economía local, ya que incrementó el nivel de empleo de calidad en amplias zonas donde dominaba la informalidad, y se registró un incremento de los ingresos promedios de los trabajadores”, dijo.
Aunque esto no beneficia a todo el mundo por igual.
“A los pequeños agricultores independientes les cuesta más encontrar trabajadores porque los salarios son más altos y también tienen más dificultades en el acceso al agua que necesitan sus campos”.
Efectivamente, la agroexportación parece estar arrinconando las formas tradicionales de trabajar el campo y cambiando la estructura social y de la propiedad en amplias zonas de Perú.
“Muchos pequeños propietarios ven que sus campos ya no son rentables por lo que están vendiendo sus campos a grandes compañías”, indica Huaroto.
Sin embargo, según el mismo economista, “incluso muchos pequeños agricultores se mostraban satisfechos porque la agroindustria les había dado trabajo a miembros de su familia”.
El problema del agua
En los últimos años se cuestionan cada vez más los beneficios para el país del negocio agroexportador.
Pero la principal fuente de crítica es el agua.
“En un contexto de escasez hídrica, en que una parte importante de la población de Perú no tiene agua en su casa, el debate en torno a la industria agroexportadora se ha vuelto muy vivo”, señala Huaroto.
La activista local Charo Huaynca le dijo a BBC Mundo que “en Ica se está dando una disputa por el agua porque no hay para todos”.
En esta árida región la cuestión del agua es polémica hace tiempo.
Mientras muchos asentamientos humanos deben arreglárselas con la que llega en camiones cisternas y almacenarla para satisfacer sus necesidades, grandes áreas de cultivos destinados a la agroexportación tienen garantizada la que necesitan a través de pozos en sus fundos y acceso prioritario al agua de riego que se trasvasa desde la vecina región de Huancavelica.
“Se supone que está prohibido excavar pozos nuevos, pero cuando los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegan a inspeccionar las grandes explotaciones les niegan el acceso alegando que se trata de propiedad privada”, denuncia Huanca.
BBC Mundo solicitó sin éxito comentarios a la ANA y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú.
Huanca ve indicios de que el acuífero subterráneo que abastece gran parte del agua de Ica se está agotando.
“Antes bastaba con cavar cinco metros, pero ahora hay que llegar hasta 10 ó 15 metros de profundidad para que aparezca el agua”.
En Ica apenas llueve, por lo que gran parte del agua se obtiene bajo tierra.
“Los pequeños agricultores se quejan de que a ellos se les exige pagar grandes cantidades por el agua, mientras que las grandes explotaciones cuentan con reservorios y grandes piscinas que llenan y cuya agua luego optimizan con sistemas de riego tecnificado”, indica Huanca.
En esta región se cultivan las uvas con las que se produce el famoso pisco, el aguardiente cuya fama se ha convertido en fuente de orgullo nacional para los peruanos, pero incluso eso es ahora cuestionado.
“Hay quien critica que la uva es básicamente agua con azúcar y, si exportas la uva y sus derivados, estás exportando agua”, señala Sabogal.
En Ica, el reto es hacer sostenible el próspero negocio agroexportador con el medio ambiente y las necesidades de la población.
“Cada vez que hay elecciones se habla de este tema, pero nunca llegan las soluciones. Se debe resolver cómo se va a hacer la economía de Ica sostenible a largo plazo, porque si no hay agua la economía se va a caer”, pide Huanca.
El desafío, en realidad, lo es para todo el Perú agroexportador.
“La situación actual no es sostenible a largo plazo. Está muy bien que haya industria agroexportadora porque genera ingresos y divisas, pero siempre y cuando se destine la cantidad de agua requerida para la población y los ecosistemas”, zanja Sabogal.
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