Ni los mejores candidatos ni elección informada: Los argumentos por los que se busca invalidar parte de la reforma judicial
El proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que analiza la Reforma Judicial, propone invalidar diversas partes de dicha reforma tales como la elección de jueces y magistrados de circuito.
Este proyecto analiza las acciones de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024, que se presentaron contra el decreto de la Reforma Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024.
“No existen las condiciones mínimas democráticas que permitan una elección auténtica, dado que no existe certeza en el régimen de postulación de candidaturas y el sistema de listas masivas no permite la posibilidad de ejercer el voto de manera libre e informada”, señala la síntesis del proyecto publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este proyecto será discutido por el Pleno de la Corte el martes 5 de noviembre. En el Sabueso de Animal Político te explicamos los argumentos del ministro Alcántara Carrancá para declarar inconstitucional la elección de personas juzgadoras.
No hay garantía de que lleguen los mejores perfiles
Dentro del proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá, se destaca que el proceso de elección de jueces de distrito y magistrados de circuito, desde la integración de listas de candidatos hasta la elección popular, no garantiza la independencia judicial ni la división de poderes.
Primero, en la etapa de integración de listas de candidatos por parte del Congreso de la Unión, la Presidencia y la SCJN no se consideran requisitos para garantizar que llegue el candidato más preparado.
El documento subraya que los requisitos para acceder a una candidatura judicial no generan filtros para seleccionar candidatos por su calificación jurídica, mérito profesional ni por su compromiso con el Estado de Derecho.
“Un ensayo de tres cuartillas y cinco cartas de recomendación no son suficientes para garantizar que un aspirante sea un candidato idóneo para ocupar el cargo de Juez o de Magistrado. Estos elementos no ofrecen ninguna garantía para el Comité de Evaluación sobre la buena fama pública, la honestidad, ni la competencia de las personas aspirantes”, señala el argumento 483 del proyecto de sentencia.
En cuanto al requisito de contar con ocho de calificación de promedio general y nueve en la materia de especialización, el proyecto precisa que este requisito no permite evaluar a los aspirantes debido a la diferencia que existe entre los temarios y los grados de exigencia de cada centro de estudios.
“Una calificación no es representativa de prácticamente nada para demostrar la capacidad técnica de una persona. El requisito académico introducido no ofrece condiciones de evaluación objetiva de los aspirantes y, por lo tanto, abre la puerta para la elección subjetiva de los perfiles de las personas juzgadoras”, menciona el proyecto en sus numerales 485 y 487.
Alcántara Carrancá enfatiza que la reforma no contempla garantías sobre la conformación de los Comités de Evaluación, ya que solo establece que, a juicio de los Poderes, sean personas con reconocimiento en la actividad jurídica.
También, considera que los Comités de Evaluación son un filtro arbitrario debido a que no se establecen requisitos objetivos para conocer las cualidades que deberán tener los aspirantes y añade que es necesaria la aprobación política de los tres Poderes.
“No existe certeza para los aspirantes al cargo de las cualidades que resultarán, en última instancia, definitorias para alcanzar a ser incluido en las listas. No existe certeza para los candidatos sobre las maneras en que será equitativo hacer uso de los espacios públicos ni el tipo de contenido que podría ser objeto de promesa de campaña”, estipula el proyecto.
Ciudadanos tendrán que analizar miles de candidaturas
Sobre las elecciones, el proyecto de sentencia cuestiona que se realice la votación masiva de personas juzgadoras en una sola elección. Tomando como ejemplo el Primer Circuito judicial federal en Ciudad de México, el ministro destaca que solo en este circuito se elegirían 186 cargos y se tendrá que evaluar los perfiles de hasta mil 155 candidatos que compiten en el ámbito federal.
Esa cifra es 31 veces mayor a la cantidad de cargos que se votaron en la Ciudad de México en la elección federal del pasado 2 de junio, cuando se eligieron presidenta, jefatura de Gobierno, diputados locales y federales, senadurías y alcaldías.
Por ello, es poco probable que las personas puedan valorar de forma profunda las propuestas, trayectoria y perfiles de cada candidato.
“El diseño constitucional propuesto tiene un efecto antidemocrático al establecer un sistema que por sus características intrínsecas no permite votar de manera informada. El voto informado es un elemento indispensable de las elecciones auténticas”, menciona el proyecto.
Aunado a ello, enfatiza que los ciudadanos no podrán contar con información elemental ni confrontar de manera individual los candidatos para un órgano jurisdiccional específico, por lo que concluye que no existen condiciones para que las personas puedan formar su criterio de manera libre e informada.
Remoción de juzgadores y disminución de percepciones atenta contra independencia judicial
El proyecto de sentencia propone declarar inconstitucional el artículo segundo transitorio del Decreto de la Reforma Judicial debido a que vulnera la división de poderes, la independencia judicial y el acceso a la justicia.
Ese apartado menciona que las y los juzgadores en funciones pueden llegar directamente a las listas de candidatos, a menos que declinen su participación en las votaciones o busquen contender para otro cargo.
Si no resultan electas, las personas juzgadoras concluirán su labor cuando tomen protestas los nuevos jueces y magistrados, el 1 de septiembre de 2025.
Según el análisis del ministro González Alcántara, esto va contra la garantía de inamovilidad del cargo, es decir, que exista estabilidad en el cargo, un proceso de ascenso adecuado y la prohibición de despido injustificado.
En ese sentido, sostiene que no hay justificación para remover a personas juzgadoras de su cargo ni obligarlas a participar en un proceso de elección. Por ello, pretende evitar que jueces y magistrados sean removidos de forma masiva por la entrada en vigor de la reforma constitucional.
“(Que) sólo puedan ser removidas mediante sanciones disciplinarias o penales establecidas de forma previa y clara, a través de un mecanismo que cumpla con el debido proceso”, añade.
El proyecto del ministro González Alcántara Carrancá señala que los jueces y magistrados fueron nombrados por un periodo fijo, el cual no incluía ninguna elección. Ante esta situación, subraya que el artículo transitorio implica la remoción directa y someterlas a un ejercicio diferente a las condiciones por las cuales ellos llegaron a su puesto.
Y la participación en la elección no equivale a un ejercicio de ratificación, sino a concursar por un nuevo cargo, después de una remoción implícita de todas las personas juzgadoras.
Al mismo tiempo, la reforma establece la reducción de las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales locales que estén en funciones al momento de la entrada en vigor del decreto.
Sin embargo, el ministro destaca que disminuir la remuneraciones de las personas juzgadoras puede generar presiones sobre sus resoluciones, por lo que se afectaría la independencia judicial y la división de poderes
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Tras varios años de búsqueda, Yanette Bautista logró hallar los restos de su hermana. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado que la Justicia actúe contra los responsables.
El primer recuerdo que Yanette Bautista tiene de su hermana, Nydia Erika, es de aquella vez cuando en un lugar apartado y campestre fueron sorprendidas por su padre, a quien no veían desde hacía meses.
“Tendría unos 5 años y ella 7. La alegría compartida de ver a mi padre, quien vivía en Venezuela y pasaba mucho tiempo del año fuera de la casa, es algo que recuerdo siempre”, cuenta Yanette.
Ella también recuerda exactamente la última vez que vio a su hermana: fue casi tres décadas después, en el cementerio de Guayabetal, una población ubicada unos 50 kilómetros al oriente de Bogotá, la capital de Colombia.
“Eran pedazos de huesos, pero entre ellos estaba el crucifijo que le había dado mi mamá. Así supe que era ella”, señala Yanette.
Tres años antes, el 30 de agosto de 1987 su hermana había sido desaparecida por el ejército colombiano. Entonces Yanette dejó su vida de secretaria ejecutiva para dedicarse por completo a buscar a Nydia Erika.
“Las mujeres somos las únicas que buscamos a los desaparecidos. Si no lo hacemos nosotras, nadie los busca”, señala.
Y añade: “Son las mujeres las que buscan con valentía. Desafiamos las reglas de silencio y opresión impuestas por quienes hicieron desaparecer a nuestros seres queridos, y terminamos defendiendo los derechos de todas las personas. Por eso me quité los tacones y me los cambié por zapatos de trabajo para comenzar a buscar a mi hermana”.
Y en un país en el que se estima hay 80.000 personas desaparecidas por el conflicto interno, que se extendió durante cinco décadas, la labor de Yanette y de otras decenas de mujeres resulta casi indispensable.
“Desde que desapareció Nydia Erika me la pasé gritando: ‘Vivos se los llevaron, Vivos los queremos’”, relata la hermana.
“Pero no sabía que nos la pasamos buscando muertos”.
A pesar de los esfuerzos de Yanette y de las confesiones hechas por militares involucrados en el caso, la desaparición de Nydia Erika Bautista permanece impune.
Radio Cubana
La historia de Yanette y Nydia Érica tiene su origen en la violencia. Y en el amor.
El padre de ambas era un militante a ultranza del Partido Liberal, que durante gran parte del siglo XX tuvo una feroz disputa con el Partido Conservador por el control del poder en Colombia.
Los años de mayor fragor se conocieron como los de “La Violencia”, que se estima dejó cerca de 100.000 muertos.
“Mi padre era liberal. Y un día fueron por él y le metieron varios balazos que lo dejaron malherido”, señala Yanette.
Se lo llevaron de urgencia a un hospital cercano. “Ahí trabajaba mi mamá como enfermera. Lo comenzó a cuidar y se enamoraron”.
Pronto, la suya se convirtió en una familia de seis hermanos que vivían en un barrio de clase media en Bogotá.
“Al poco tiempo nos dimos cuenta que Erika era la favorita de mi papá”, relata Yanette.
Cuenta que su papá se ponía junto a ella a escuchar la legendaria emisora Radio Cubana, en los inicios del régimen castrista en la isla.
“Creo que era su favorita porque leía mucho. Ella en una fiesta prefería sentarse a hablar de política que bailar”, dice.
La influencia política de su padre, los libros que leía y el ambiente de los años 60 modelaron el carácter militante de Nydia Erika.
“Estudió sociología en la Universidad Nacional. Allí fundó ‘El Aquelarre’, un periódico donde se discutían los temas sociales que aquejaban al país en la década del 70”, relata.
Fue en ese entonces que se unió a la guerrilla del M-19, un movimiento subversivo urbano que había nacido en los años 70. Ella operaba entre Bogotá y Cali.
“Ni a mis padres ni a mí nos gustó que lo hiciera. El ambiente del país no estaba propicio para pertenecer a un movimiento guerrillero, aunque su papel era más político que militar”, anota Yanette.
El temor familiar se volvió realidad: en 1986, fue detenida por miembros de la II Brigada, con sede en Cali, la tercera ciudad del país.
Fue torturada durante varios días hasta que un colectivo de defensores de los Derechos Humanos se acercó a las instalaciones del batallón y exigió su liberación.
Primera comunión
Yanette y Nydia Erika se mudaron juntas a un apartamento en el centro de Bogotá con sus hijos.
“Ella, a pesar de lo que le había pasado, siguió en la militancia. Recuerdo que al apartamento donde vivíamos juntas venían a visitarla muchos dirigentes del M-19”, dice Yanette.
A pesar de no tener convicciones religiosas, uno de los hijos de Nydia Erika decidió hacer la primera comunión. La fecha elegida fue el domingo 30 de agosto de 1987.
“Ese día fue acompañar a una amiga a coger el bus y nunca más volví a saber de ella”, recuerda Yanette.
Durante horas, tanto su Yanette como los otros miembros de la familia comenzaron una búsqueda frenética para poder hallar a Nydia Erika.
Pasaron las horas. Los días. Las semanas.
“No aparecía. Nadie sabía qué había pasado con ella. Nosotros suponíamos que tenía que ver con su militancia, y les preguntamos a los dirigentes y comandantes si sabían algo. Tampoco sabían nada”, recuerda.
Fue entonces el momento en que Yanette dejó su trabajo y se dedicó a buscar a su hermana por todo el país.
“Nadie nos daba una respuesta. Fuimos a todas las entidades del gobierno, pero ni una sola pista. Nosotros teníamos claro que esto había sido una acción del ejército, pero no teníamos ninguna prueba”, señala.
Comenzaron a llamarla, a amenazarla. “Que no buscara más, me decían”.
Lo que sí ocurrió, detalla Yanette, es que se generó un movimiento de personas, de distintas organizaciones sociales colombianas, que comenzaron a seguir a Yanette en su empeño de buscar a su hermana.
En 1991, casi cuatro años después de la desaparición, alguien habló: el sargento Bernardo Alfonso Garzón, quien pertenecía al batallón número 20 de Inteligencia y conocía el destino de decenas de personas que fueron desaparecidas por el ejército nacional.
“Él nunca nos dijo nada de frente. Pero en una confesión, señaló que a Nydia la habían dejado tirada en la vía a Guayabetal”, dice.
Entonces comenzó la búsqueda en el terreno. Y efectivamente, uno de los administradores del cementerio de Guayabetal recordaba que tres años antes habían traído el cuerpo de una mujer que coincidía con la descripción de Nydia Erika.
“Hicimos la exhumación y ahí vi el crucifijo que le había dado mi mamá. También tenía la ropa que sabíamos que era suya”, recuerda.
Un examen confirmaría más tarde que ese era el cuerpo de Nydia Erika Bautista. Y 13 años después, debido a denuncias de que esos restos no pertenecían a Nydia Erika, la Fiscalía Colombiana confirmó su identidad medianteuna prueba de ADN.
Fosa común
Tras varias investigaciones, tanto Yanette como la familia pudieron saber lo que había pasado con ella.
Esa noche del 30 de agosto de 1987, miembros del ejército tomaron a la fuerza a Nydia Erika y, tras someterla a torturas, la asesinaron.
Posteriormente su cuerpo fue dejado en la carretera a Guayabetal, a la intemperie durante nueve días, hasta que fue hallado por dos personas que pasaban por el lugar.
“La enterraron como una NN. Nosotros por supuesto no sabíamos nada”, dice Yanette.
“Desde ese día dejé de gritar que nos devuelvan vivos a los desaparecidos. No tiene sentido. Los que hacemos esto, buscar a nuestros desaparecidos, solo buscamos personas muertas”, reclama.
Sin embargo, su lucha no terminó allí.
“A Nydia Erika la mataron personas del ejército nacional de Colombia. El Estado mató a mi hermana. Pero a pesar de que eso está claro, nadie ha pagado por su crimen”, dice.
En este sentido, la justicia colombiana ha dado varias vueltas. En 1995 un general y varios suboficiales fueron destituidos por el crimen de desaparición y asesinato.
Pero en distintas instancias judiciales y más por fallas en el proceso que por pruebas que exoneren a los militares, hasta el momento no se ha emitido ninguna condena en contra de las personas involucradas en la desaparición forzada de Nydia Erika.
Entonces, con la idea de continuar con su lucha, decidió crear la Fundación Nydia Erika Bautista, no solo para seguir el reclamo de justicia para su hermana sino también para ayudar a otras mujeres que buscan a sus desaparecidos.
“Somos las mujeres las que hacemos esta tarea. Sin las mujeres, Colombia no encontraría a sus desaparecidos. Por eso nos tenemos que apoyar entre nosotras”, anota.
Pero eso ha tenido un costo. Tras arrancar con la fundación, debió exiliarse durante siete años a Alemania debido a las amenazas que recibía por su trabajo de denuncia en Colombia.
Ahora, tras tres décadas de lucha, dice que es imposible no recordar a su hermana todos los días.
“Nosotros éramos padre y madre de nuestros hijos. Ellos no tenían papá y a sus hijos los considero mis hijos y ella trataba a los míos como suyos. Ese es un vínculo muy fuerte”, concluye.
Hasta el momento, a pesar de distintas condenas de la justicia local, ningún militar ha sido condenado por la muerte de Nydia Erika.
“Vamos a seguir luchando. Hasta el final”, promete Yanette.
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